Mientras los partidos democráticos, agrupados en torno al Frente Amplio evalúan −eso esperamos− las fallas y errores cometidos y se ponen de acuerdo en torno a una estrategia, en diversos foros y documentos promovidos por las organizaciones de la sociedad civil, involucradas en la actividad política, se discute acerca de la “unidad”.

No podía ser de otra manera, sociedad civil y unidad, son dos temas indisolubles, a pesar de que muchas organizaciones de la sociedad civil no se caracterizan por mantener en la práctica este concepto y son comunes las divisiones y enfrentamientos, aunque no tan cruentos como en las organizaciones políticas.

Uno de estos foros a los que asistí, contó con la presencia y experiencia del Padre Luis Ugalde SJ, y es precisamente en ese foro donde Ugalde esbozó una idea central, la que considero que imbuía toda su intervención y que sirve de título a este articulo: “el espíritu de encontrarse”.

El “espíritu de encontrarse” tiene que ser el motor, la clave, de cualquier unidad política que se intente en Venezuela; sin ese espíritu, no será posible salir del laberinto en el que ahora estamos; pero, como dije, si bien esa era la idea que impregnaba su presentación, no fue la única que expuso. Mi interpretación libre de sus planteamientos los resumo de la siguiente manera:

- Ugalde nos invita a rescatar la idea de que un cambio es posible; a pasar de la resignación a la esperanza; a que cada quien se active en lo suyo, en las actividades que le son propias; pero, nos advierte Ugalde, la esperanza no es ilimitada, infinita, se agota, tiene instinto de conservación, no es posible ponerla en cualquier cosa, para no desengañarnos, desilusionarnos, esperando el “salvador”, el “mesías”, el que nos salvará sin nosotros hacer nada distinto a lo que estamos haciendo, y cuando nada ocurra decir: “eso son los políticos, yo me voy del país”; no es una actitud de “todo o nada”, es una lucha política; por ejemplo, Pérez Jiménez se proclamó ganador de las elecciones fraudulentas que organizó en 1957, menos de un año más tarde estaba fuera del poder; con esa actitud de todo o nada, no hubiera caído tampoco el Muro de Berlín, que estaba bajo una dictadura policial, brutal, y nadie se imaginaba un año antes que podría caer de la manera en que cayó.

- Esa idea lo llevó a otra, a la necesidad de valorar la política, a dejar la “antipolítica”, que la definió como “un virus más perverso que el coronavirus”. La “antipolítica” implica que la sociedad renuncia a gobernarse; y recalcó: ciudadanía es política, ciudadanía no es “montones de gente”, es una sociedad vigilante y exigente y debe haber gente −dijo− especializada en la actividad política, lo que no significa que la sociedad civil renuncie a esa actividad, sobre todo al control de los políticos.

He recalcado también en diversos artículos que los políticos no llegaron de una galaxia lejana, están allí porque los ciudadanos los pusimos allí y por la comodidad de dedicarnos a nuestras tareas, a nuestros negocios, actividades profesionales, académicas y familiares, renunciamos a controlarlos y luego nos lamentamos de sus errores, como si no fueran los nuestros.

- Ugalde planteó que debe haber objetivos comunes para salir de la situación en la que nos encontramos, del régimen actual; y aunque los objetivos cada quien los viva de una manera distinta, que cada quien los aborde desde su propio lado, los resume, más o menos de la siguiente manera: Se trata de lograr un cambio político y social, donde lo económico es solo un aspecto más; hay que lograr ayuda humanitaria para los más necesitados; lograr elecciones libres que permitan ganar espacios, entre otros objetivos. Pero lo más importante, recalcó Ugalde, es que, si bien cada quien debe caminar desde donde está, desde su propio espacio, hay que entender que en Venezuela −en alusión directa al diálogo entre Fedecámaras y el Gobierno− no habrá una respuesta económica, no vendrán las inversiones que se necesitan con urgencia y cuantía, si no hay un cuadro político diferente.

Con respecto a ese diálogo Fedecámaras-Gobierno, Ugalde añadió: “¿Con quién van a hablar?” Y fue enfático en señalar que, si la conversación es sincera, hablar no es malo, lo malo es ser ingenuo; ¿cómo? y ¿para qué?, es el problema, hay que hablar con firmeza y claridad, pero todo diálogo ayuda. Y recordar, agregó, que el gobierno siempre va a jugar a nuestra división.

- En referencia más específica a la unidad, que muchos anhelamos y esperamos, Ugalde recalcó que hay que lograrla en lo fundamental −la salida del régimen− pero no se puede aspirar a tener todos los detalles completos para comenzar la carrera; no es ninguna tragedia, insistió, no coincidir en todo, además de que no es sano ni conveniente esperar eso en una sociedad plural.

- Por último, quiero referirme a lo señalado por Ugalde con relación al tema electoral, a sí se debe o no participar en unas elecciones para las que no hay garantías. Al respecto Ugalde señaló que las garantías hay que “arrancárselas” al régimen y nunca darán unas condiciones ideales. Por ejemplo, dijo, la Consulta Popular de diciembre pasado no tuvo presupuesto ni garantías ningunas, quienes las organizaban y participaban corrieron todo tipo de riesgos y se logró, fue un éxito y nadie tenía garantías de nada.

No quiero concluir sin recalcar en la idea del diálogo y la negociación, relacionándola con otra idea, que leí en estos días, de Daniel Asuaje (El Efecto Losinsky, El Universal, 17-02-2021) que se refiere al conformismo y la adaptación: “suscribimos…. la adaptación a las circunstancias, que no es lo mismo que conformismo, el conformista sobrevive, el adaptado encuentra cómo superar sus circunstancias…” Y ese es precisamente el reto en esta época en que por diversas vías se nos convoca al diálogo y la negociación.

Resumo, en mi criterio, el mensaje de Ugalde: Tarea del político es adaptarse a las circunstancias que le toca vivir, para influir los cambios en la dirección que desea. Como bien decía Ugalde: “hablar no es malo, lo malo es ser ingenuos”. Lo importante, entonces, es el “espíritu de encontrarse”

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Las redes sociales reventaron la semana pasada comentando la reunión entre los representantes de Fedecámaras y el régimen de oprobio. Bastante ha predicado este régimen que los empresarios son unos “bandidos explotadores”, “culpables de la crisis económica”, “promotores de las sanciones” y son los “responsables” de nuestros males, solicitando al pueblo apoyo “…para librarte de ellos...”, de esta manera ya se garantizaba la “demonización” del empresariado y de paso se ponía en desventaja al gremio empresarial, fortaleciéndose el régimen a sí mismo ante cualquier eventual negociación que se fuera a dar. Ha sido así durante veinte años y no es distinto ahora. Ni siquiera hace falta que algunos opositores ayuden a la diatriba, pero si lo hacen, tanto mejor para el régimen.

Sí, hay términos, ideas, conceptos, palabras, que tan solo pronunciarlas o evocarlas producen rechazo −elecciones, diálogo, negociación− y en algunos sectores, “unidad” es una palabra que produce un respingo. Estos términos y las acciones que implican son peligrosos anatemas e inmediatamente son “satanizadas”. Nada de raro tienen, entonces, las diatribas contra los empresarios.

Algunos olvidan que desde la infausta fecha en que se inició este régimen en 1999, hasta hoy, del país han desaparecido miles de empresas y se han perdido miles de fuentes de empleo, directas; y la empresa privada, a la cual representa Fedecámaras, ha sufrido una despiadada persecución por parte de todos los entes regulatorios del gobierno. Los organismos empresariales venezolanos, casi todas las cámaras, y desde luego sus llamados organismos cúpula −Fedecámaras, Conindustria, Consecomercio, Fedenaga, Fedeagro, etc. – han estado a la vanguardia del padecimiento y de la denuncia de las arbitrariedades del régimen y a la solicitud de libertades económicas para ejercer su actividad.

Pero, tenemos que evaluar y considerar cuales son los medios propios de lucha y resistencia de cada uno de los sectores del país que se oponen a este régimen de oprobio. Por ejemplo, los empresarios no se van a escribir la palabra “paz” en las manos pintadas de blanco, ni van a desfilar desnudos con el cuerpo cubierto de pintura azul, ni se van a enfrentar a la GNB armados de escudos de cartón y máscaras antigás, ni van a salir a tirarle piedras a la policía o a enfrentarse en las calles a los “colectivos” armados del régimen. Su actividad es un tanto más discreta. En nombre de las miles de familias de las que son responsables por su sustento, acudirán, pues es su deber, cada vez que los convoquen, supuestamente a hablar de los problemas del país, tratando de buscar allí una alternativa que les impida bajar las santamarias, pues para eso siempre hay tiempo. Por cierto, bajar las santamarias y antes de esa medida extrema, dejar de invertir, son las armas de las que dispone un empresario; supongo que eso no es lo que prefieren los que los critican por acudir a dialogar.

Los empresarios congregados en Fedecámaras saben bien que la libertad es la esencia de la democracia y es en libertad como se logra el desarrollo del país y la mejor forma de generar riqueza, para ellos y para todos; y es eso −democracia y producción en libertad− algo que está en sus estatutos desde hace más de 50 años, desde la Carta de Mérida de 1962. No hace falta que ningún asesor o analista se los recuerde. Seguro que el actual presidente del Organismo lo tiene bien presente, pues más de una vez lo han dicho, lo han puesto por escrito, se lo han entregado al gobierno en cientos de documentos, lo han declarado en las conclusiones de todas sus asambleas desde 1999, cuando comenzaron las sombras que hoy nos agobian. Rápido olvidan algunos que la casi salida de este régimen en abril de 2002 se debió en parte al paro cívico convocado, entre otros, por la CTV y Fedecámaras.

Pero ya sabemos que hay palabras “malditas”, términos “satanizados” y cualquiera que evoque uno de esos términos, se expone al rechazo agresivo, a que de inmediato se lo califique de “traidor” y “colaboracionista” por los modernos “Savonarola” de las redes sociales, la mayoría de los cuales nunca han pagado una nómina y no tienen la responsabilidad de mantener abiertas empresas que son el sustento de familias venezolanas. Los empresarios, dicen, recostándose de sus sillas y teclados, lo que quieren es “cohabitar” con el régimen y en el mejor de los casos los contemplan con conmiseración por no entender que “…lo que busca el régimen es ganar tiempo”, frase que, como un mantra, se repite desde hace años, sin que nadie haya explicado aun ¿Quién le quita el tiempo al régimen? ¿Quién se lo mide? ¿Quién se lo acorta?

Creo que es un error de juicio o de análisis pensar que la “premura” que pudiera tener el régimen por mostrarse amplio y dialogante en este momento es porque “necesita” tiempo y recursos económicos y financieros. Ciertamente el país, los venezolanos, necesitamos esos recursos para aliviar la ignominia en la que vivimos, pero el régimen, no. El régimen tiene −su cúpula, por supuesto− todo el tiempo que necesita y los recursos para mantenerse; solo la ambición los lleva a buscar más, para seguir dándole palos a la piñata, no es para resolver los problemas del país.

La estructura “clientelar” que creó y mantuvo Chávez, de corte populista, donde los pobres “sintieron” que eran tomados en cuenta, se agotó. Pero este régimen ya aprendió que esa “estructura” la puede sostener con mínimos recursos económicos y máxima represión, lo cual le sale más “barato” y les deja más para ellos. Los recursos claro que los busca, cuantos más, mejor, pero ahora son para mantener, para continuar el Festín de Baltasar, el reparto con sus aliados internos: Uno, el estamento militar, que es su verdadera cara, la verdadera esencia del régimen; dos, la burocracia gubernamental de la que forman parte muchos “fieles” militantes, no militares; y tres, para mantener esa otra estructura, también clientelar, la llamada boliburguesia y los bolichicos, que pasean, deambulan, por el país y sus bodegones, comprando y remodelando casas y haciendo alarde de sus fortunas; fortunas que invierten en “negocios”, no en empresas, no en industrias; algunos de ellos incluso lo hacen en el exterior, hay que decirlo, para regocijo de los países −y sus empresas y comercios− que reciben esas “inversiones”. Solo la “pandemia”, el cuidado y el temor que se tiene de ella en algunos países ha limitado algo ese derroche y trashumancia de nuevos ricos venezolanos que se venía dando desde hace algún tiempo.

Para eso hay recursos, que es lo que al régimen le importa, y para mantener su poder; poco le importa si no hay para resolver los problemas del país, al que se ha agregado la pandemia que comienza a hacer estragos más fuertes. Los empresarios no deben olvidar que ese agotamiento de los recursos y del “modelo” populista es lo que impulsa al régimen a buscar nuevamente el diálogo. Lo que verdaderamente preocupa al régimen, es que percole la duda en esa estructura clientelar que ha creado y que comience a debilitarse y termine resquebrajándose y cada quien comience a buscar su solución individual, sin preocuparse de los demás. Para mantener esa estructura es que el régimen necesita los recursos económicos y financieros y usará todo su poder de “diálogo” para lograrlo. Saben bien los empresarios que, si ahora el régimen acude a ellos, es para seguir exprimiendo al máximo al país.

Por eso los empresarios no deben descuidar el análisis de esta situación y si no los debe detener que se “satanice” el diálogo, lo que debe preocuparlos, para este proceso de negociación o de diálogo −y para todos los que vengan, pues vendrán más−, son tres cosas: Primero, estrechar los lazos con el resto de la sociedad civil, los partidos y la iglesia, pues en esto no hay solución individual, no remontar “vuelo” en solitaria soberbia y recordar siempre que se trata del “nos-otros”, del que tanto han hablado en sus reuniones y documentos; segundo, que no hay soluciones parciales y que solo en libertad y democracia se puede crecer y generar riqueza, sé que esto lo entienden bien, pues está en sus estatutos y entre sus principios desde hace muchos años; y tercero, reeditar esa alianza, que ya funcionó a principios de este siglo, una alianza efectiva entre empresarios y trabajadores, pues solo eso les permitirá fortalecerse y fortalecer el compromiso por una mejor calidad de vida para los trabajadores, por una mejor empresa y por un mejor país.

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La discusión acerca de si participar o abstenerse en el proceso electoral de gobernadores, que trata de abrirse camino, tropieza con serias dificultades. Por ahora se desarrolla en redes sociales o bien en algunas entrevistas o artículos de opinión en los pocos medios que la oposición todavía tiene para expresarse; pero esta carencia de medios para realizar la discusión no es la principal dificultad. La principal dificultad es la falta de interés de la población, en general y de la oposición en particular, por el tema.

Participar en un proceso electoral parece ser la última preocupación que tiene el ciudadano común, agobiado como está por la crisis cotidiana, por la carencia de todo, de servicios públicos, de gasolina, de alimentos a precios asequibles, de empleo. Frente a todo esto, pensar en elecciones no pareciera que tiene ninguna prioridad.

Los argumentos de esta discusión, a favor o en contra de participar, realmente no han variado mucho, casi todo lo que se podría decir, lo que se podría argumentar, ha sido dicho; no hay nuevos desarrollos que valga la pena repetir.

Solo debo constatar que, lamentablemente, lo electoral parece que solo es una preocupación de algunos líderes políticos y de algunos partidos. Años de campaña del régimen por restarle importancia al voto −campaña a la que algunos sectores opositores han contribuido− más la abstención en algunos procesos electorales importantes, finalmente han hecho mella en el ánimo de la población con respecto al voto como vía de solución a la crisis del país.

Las formas en que caen las tiranías son muy variadas, pero podríamos resumir en cuatro las vías por las que pienso que puede salir este régimen de oprobio.

- La primera es que se produzca algún “milagro” o acto de “iluminación” por el cual la élite en el poder decida retirarse y abrir la negociación para que se produzca un proceso de transición.

- La segunda alternativa es una combinación virtuosa de movilización popular interna −de todas esas protestas que hoy en día se dan por muy variados y justificados motivos− con una presión internacional que ahoguen al régimen y concluya en un quiebre del bloque hegemónico de poder, que los lleve igualmente a renunciar y a aceptar una negociación para salir de la crisis.

- La tercera posibilidad es obviamente un pronunciamiento militar o golpe de estado que deponga el régimen y abra el espacio para un proceso de transición.

- Y la cuarta alternativa −la tan esperada por muchos− es una intervención externa, de fuerza obviamente, que obligue al régimen a dejar el poder y se abra un proceso de transición.

Salvo que —en los dos últimos casos— los que depongan al régimen decidan aprovechar para “prolongar su estadía”, en todos los casos, más temprano o más tarde se concluirá en la organización de un proceso electoral para que el pueblo decida quien lo debe gobernar.

Por supuesto, sería un proceso electoral que reuniría todas las condiciones de los más exigentes puristas; como mínimo: No habría presos políticos; cesaría la intervención de los partidos y estos regresarían a sus directivas originales; los líderes serían rehabilitados y podrían regresar del exilio para participar en el proceso electoral que se realice; sería depurado el Registro Electoral; se llevaría a cabo el registro de los venezolanos en el exterior mayores de 18 años y por supuesto se les permitiría y facilitaría que puedan votar en las elecciones presidenciales; habría observación nacional e internacional de organismos especializados y multilaterales como la OEA, la UE, etc.; y se darían, en general, todas las condiciones que permitan unas elecciones libres, justas, equitativas y democráticas, tal como es la aspiración normal de cualquier venezolano.

Suponiendo que se resuelven todos los problemas de que adolece el sistema electoral venezolano y el nirvana electoral descrito sea posible, si es un proceso electoral libre, justo, equitativo y democrático, se supone que el PSUV, partido del actual régimen, podrá participar con su candidato, que aunque no sea el presidente actual, tienen otros candidatos con los cuales concurrir al proceso. Cabe preguntarse: ¿Estamos en la oposición preparados para concurrir a un proceso electoral en estas condiciones?, y más importante: ¿Estaremos en condiciones de derrotar al candidato del régimen?

Dicho en otras palabras, la dificultad real y más importante es cómo evitar que nos pase en Venezuela lo que ocurrió en Nicaragua con el sátrapa Ortega que después de ser derrotado el sandinismo militar y electoralmente, regresó al poder con mucha más fuerza y hoy está convertido en un tirano que amenaza con perpetuarse.

Si hacemos algunos números veremos que esta inquietud no es meramente retórica y ese 80% que las encuestas dicen que rechaza al régimen, se expresa en las urnas de una manera diferente. La abstención instalada en el país desde el año 2000, es de aproximadamente un 30%, que, bajo ninguna circunstancia, ni en los momentos electorales más eufóricos ha disminuido. Por su parte, el régimen con todos sus “trucos”, demagogia e intimidaciones, logra mover un caudal electoral, que en sus peores momentos, ronda el 20%. Los llamados “alacranes” y el sector chavista, no madurista y los exchavistas, podrán movilizar un 5% del electorado; eso nos deja un 45% para ganar esas elecciones, que en el mejor de los casos se realizarán no antes de un año, en el que pueden ocurrir muchas cosas. Y eso si logramos ir unidos con un solo candidato. La gran incógnita es si lograremos llegar a ese proceso unificados, con un solo candidato para que tenga alguna opción real de triunfo.

Mas concretamente, ¿Cuántos candidatos “opositores” se enfrentarán al candidato del régimen, llegado el momento que se den unas elecciones libres, justas, equitativas y democráticas? Seguramente habrá uno o varios candidatos −ya lo vimos el 6D− del sector “alacrán” u “oposición participacionista”, como algunos de ellos se autodenominan; y es probable que algún sector de la izquierda, exchavista o no madurista, concurra también con algún candidato; y no faltarán los oportunistas de siempre que se anotan en estos procesos electorales, cuando hay libertad de concurrencia.

¿Lograrán Henrique Capriles, Leopoldo López y María Corina Machado “disipar” sus diferencias para que alguno de ellos sea el candidato único opositor?, suponiendo además que no surja otro candidato de AD, PJ o UNT en la competencia, sino que estos partidos, y otros menores, apoyen al candidato unitario.

La unidad, entonces, no es un tema teórico, de principios o filosófico, sino algo realmente practico y de naturaleza política, de estrategia fundamental para lograr un triunfo electoral que permita reiniciar el regreso a la democracia.

La tarea primordial, ya lo hemos dicho en otro momento es la reconstrucción de la oposición, (https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2020/12/05/reconstruccion-opositora/) en cuatro áreas fundamentales: primero, la reconstrucción de los partidos políticos; segundo, la reconstrucción de la base de apoyo de la oposición democrática, es decir esos millones de personas y las miles de organizaciones de la sociedad civil y grupos muy activos en la resistencia al régimen, hoy ligeramente dispersos y desmoralizados; tercero, dirigir una acción específica hacia esa inmensa mayoría del país, que permanece más indiferente a la actividad política, que no se involucra y que incluso en determinados momentos ha apoyado la demagogia y el populismo del régimen; y cuarto, no descuidar y dedicar un esfuerzo importante a mantener contacto y relación con la comunidad internacional, que nos ha apoyado en estos dos últimos años y que comienza a dar señales de duda o “fatiga”.

Resumiendo, la tarea fundamental es la organización de la resistencia que durante más de 20 años se ha enfrentado al régimen y ha impedido que se consolide de manera definitiva un totalitarismo en Venezuela. En este contexto, la discusión acerca de abstenerse o participar en los procesos electorales que se presenten, adquiere otra perspectiva, pues la participación electoral tiene el doble papel que siempre se ha señalado: organizar a la oposición y defender el voto, que en algún momento volverá a tener un valor fundamental para restablecer la democracia.

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La fecha que hoy recordamos –23 de enero de 1958– y los momentos de reflujo político como el que vivimos, impulsan a la reflexión y el afloramiento de temas que estaban algo pospuestos por el fragor mismo de la lucha política. Entre estos están: el siempre subyacente tema de la unidad opositora, la discusión acerca de si participar o no en procesos electorales y el papel de la sociedad civil y los partidos políticos. Los dos primeros son de carácter más práctico, pero me ocupare del tercero el día de hoy, que tiene algunas facetas más teóricas y conceptuales.

La discusión acerca del papel de los partidos y sobre todo el de la sociedad civil, el de los ciudadanos, para decirlo de otra manera, es necesario ubicarlo en su contexto, que no es otro sino considerar que este régimen tiene ya veintiún años en el poder, impulsando una supuesta “revolución” que no solo ha destruido la economía del país, sino que además ha resultado ser un plan magistral para eliminar el equilibrio entre los poderes y desmantelar las instituciones democráticas.

Mal que bien existía en el país hasta 1998 una separación de poderes y un cierto balance entre ellos, hasta el punto que fue obligado a renunciar un Presidente de la Republica –en un país netamente presidencialista como lo es el nuestro– al haberle encontrado la Corte Suprema de entonces motivos para que fuera enjuiciado por el Congreso Nacional. Lo justo o apropiado de esa decisión es otro tema, pero todo eso ya es historia, pues ahora el llamado Poder Ejecutivo, el Presidente de la Republica, tiene secuestrados y controla todos los demás poderes, que actúan a sus ordenes y bajo su caprichoso mandato. Desde Miraflores se escribe el guión que todos los demás ejecutan, la partitura que todos tocan al unísono.

Entre todas las instituciones políticas contra las que han arremetido, los partidos políticos están entre los que han llevado la peor parte; y no es por casualidad, sino porque la tiranía sabe que son la base de la democracia. Es una mezquindad no reconocer que casi todo lo que tuvimos en la Venezuela moderna –y en el fondo por lo que seguimos luchando– en materia de instituciones, estado de derecho y democracia, lo debemos a la dinámica que introdujeron los partidos, con sus reformas sociales, sus luchas económicas y sus propuestas políticas e institucionales.

Eso lo sabía bien Hugo Chávez Frías y por eso, en su empeño por destruir a la democracia, inició su gobierno continuando el ataque despiadado a los partidos políticos, recogiendo y usufructuando más de 30 años de diatribas contra ellos, no siempre justificadas. Ese intento de eliminar los partidos cristalizó en la Constitución de 1999, en la cual ni siquiera se les nombra y expresamente prohíbe que sean financiados por el Estado. Algunos pensaron, erróneamente, que esto era un comienzo de liberación y depuración, cuando en realidad al quitarles el financiamiento público se los arrojó en manos de los grupos económicos que pudieran financiarlos y de cuya influencia se pretendía liberarlos. Con esa disposición, aún vigente, se hizo más dependientes, a los de la oposición, de intereses particulares que pudieran financiarlos y se favoreció indirectamente a los del Gobierno, porque son los únicos que pueden contar con los recursos del Estado, como hemos visto hasta la saciedad en estos veintiún años.

Durante los últimos seis años el régimen ha continuado con especial saña contra los partidos, con arremetidas y persecuciones a sus líderes, encarcelándolos u obligándolos a salir del país o refugiarse en embajadas. El CNE, otro de los órganos del régimen, desconoció a los partidos democráticos, los obligo a registrarse de nuevo, con un complicado y engorroso proceso, dificultando esa actividad y suspendiéndola cuando se percató que de todas maneras los partidos opositores lograrían hacerlo. Por su parte, la Contraloría, también órgano del régimen, inhabilitó a sus líderes; y la arremetida, que el régimen cree definitiva, fue completada desde hace dos o tres años, cuando el dócil Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) comenzó a dictar sentencias contra los partidos, tarea que concluyó el año pasado, interviniéndolos, designando a sus directivas y despojándolos de sus símbolos, recursos y sedes. Y, sin embargo, no han podido concluir con esa tarea, pues se encontraron con un obstáculo insospechado.

Simultáneamente con la llegada al poder de esta “revolución”, comenzó un proceso de resistencia al régimen. Resistencia con la que nadie contaba y que ha sido muy difícil de manejar y doblegar. Buena parte de ese factor de resistencia al régimen fue el surgimiento impetuoso de un actor inesperado: El ciudadano y la sociedad civil. Ciudadanos y sociedad civil, son actores, protagonistas indiscutibles, de este proceso de resistencia a una “revolución” que resultó ser un fraude.

El papel de la sociedad civil durante estos veintiún años ha sido clave; dio la cara, movilizó a la opinión pública, contribuyó a la discusión y no cabe duda que debe seguir participando; pero el salto modernizador hacia la plena democratización se produce solo por el auge de las organizaciones políticas y el fortalecimiento de las instituciones.

Pero esto es cierto sí, y solo sí, los partidos y sus líderes entienden ese proceso histórico, su papel en él y la necesidad de una renovación ideológica profunda. Pero esa afirmación axiomática, se ha convertido casi en un o mito ideológico, que a todos nos impulsa a compartirla. Pero el vacío que vivimos ahora parece evidenciar que esa renovación profunda y necesaria, de la que se habla, no ha ocurrido en los partidos políticos venezolanos; es todavía una tarea pendiente.

Por eso creo que la tarea política de la sociedad civil y los ciudadanos es fortalecer partidos, sindicatos, organizaciones gremiales y apertrecharse para después, para el nuevo Gobierno, para evitar que se retroceda a situaciones de inamovilidad política como las que tuvimos en los periodos anteriores. Por eso se ha hablado de un nuevo pacto político y social, para salir de este régimen de oprobio, pero para evitar también retrocesos que nos conduzcan de nuevo al punto en que nos encontramos ahora.

No todo lo ocurrido en los dos últimos años en el país es negativo, a pesar que no se logró el objetivo de salir de este régimen y reestablecer la democracia. La actividad de recolección de firmas del 12 de diciembre –que algunos ya empiezan a querer apropiarse como sus “voceros”– demostró la vitalidad que aún mantiene la oposición, constatamos que se cuenta con un “capital social” nada despreciable, con más de seis millones de participantes, tres de ellos de manera presencial, miles de activistas de cientos de organizaciones políticas y de la sociedad civil, a pesar de todas las arremetidas e intentos de intimidación por parte del régimen. Contamos, entonces, con dos componentes fundamentales, una sociedad que resiste y sus expresiones organizativas –partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil– como base para reconstruir y organizar la resistencia al régimen.

Durante mucho tiempo tuvimos poca capacidad de comprensión del momento político que vivíamos –los ciudadanos, me refiero–; ahora somos conscientes de que estamos enterrando todo un ciclo de la vida política venezolana. Encarnamos una realidad y una historia –me refiero al período previo a esta oscuridad iniciada en 1999– no denigremos de ella, ni la desconozcamos, pero tampoco la demos por completamente buena.

De este proceso de más de veinte años aprendimos muchas cosas sobre la política. Lo más importante, aprendimos como realmente es y no como la estudiamos en los libros o la contemplamos desde lejos. Nos servirá de mucho para la tarea que viene ahora: Construir una verdadera opción política, democrática, transparente y plural, que tenga como centro el respeto a la persona humana.

Esa es la enseñanza práctica que sacamos de este proceso y a la que hay que dedicar buenos esfuerzos.

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La oposición democrática es una fuerza capaz de organizarse, que resiste y que no está arrinconada por el régimen, eso quedó de manifiesto en la Consulta Popular del pasado 12 de diciembre.

Casi 7 millones de participantes en la Consulta, 3 de ellos de manera presencial, a pesar de todos los factores en contra, es un capital social importante, que no se puede despreciar, al que hay que agregarle los miles de activistas –de partidos políticos y de la sociedad civil– que estuvieron en los centros de recolección o recorriendo el país apoyando a los que querían expresarse; estas son las bases para reconstruir la organización de la oposición para enfrentar internamente al régimen.

No obstante, el 2021 nos encuentra con una oposición fragmentada, aparentemente –espero– sin brújula ni política compartida, que luce irreconciliable en sus diferentes posiciones, por más que compartan el objetivo de rescatar la democracia y salir de este régimen de oprobio.

Para analizar esa oposición, si hacemos un “mapa” político del país, en mi opinión, nos encontraremos con los siguientes grupos, distintos al oficialismo: Un sector constituido por los denominados “alacranes” e integrantes de la llamada “mesita de diálogo”; un sector “desprendido” del régimen, al cual se opone; y un sector al que podemos llamar “oposición democrática”.

El denominado sector de los “alacranes” o “mesita de diálogo” está conformado por individualidades y grupos que rompieron con la política unitaria de la oposición, aceptaron el despojo que hizo el régimen de los partidos democráticos, se apropiaron de sus nombres, directivas, recursos, símbolos y colores para participar en el proceso electoral parlamentario, sin poner condiciones, sin cuestionar el proceso y los resultados, e incluso algunos aceptaron las curules que el régimen les concedió, sin ni siquiera tener los votos para ser diputados. Son la oposición “leal”, la aceptable por el régimen, siempre que se mantengan en el rincón físico –y mental– en que los sumieron en la instalación de la irrita Asamblea Nacional que tomó posesión el pasado 5 de enero. Son una especie de parias u oportunistas de la política, que el régimen no considera “suyos” y tampoco se les ve como oposición.

Al que denomino el sector “desprendido” del oficialismo lo conforman individualidades o grupos, algunos de los cuales se han acercado a la oposición democrática y los podemos considerar parte de la misma; pero hay algunos en este sector que, si bien rechazan y se oponen al “madurismo”, no han roto ideológicamente con el chavismo y por lo tanto a estos últimos no los considero oposición, de la misma forma en que los otros lo son.

Por último, está el sector mayoritario y democrático; en él podemos distinguir dos posiciones o grupos, claramente determinados. Una mayoría que postula una opción unitaria, en tormo al Frente Amplio y al “gobierno interino”; y un sector con un discurso radical, que se basa en una supuesta intervención externa, de fuerza. Entre estos sectores hay coincidencias en objetivos y algunos insisten en que las diferencias son tácticas y no de fondo, pero no es eso lo que transluce a lo opinión pública y pareciera que es más importante sentar las diferencias, que encontrar puntos de coincidencia y de unión.

Comencemos por evaluar la propuesta del sector radical que, aunque minoritario sus seguidores son muy activos, sobre todo en redes sociales. La intervención externa que proponen ha sido matizada por ellos mismos, a tal extremo que en algunos casos aparece desfigurada, desdibujada, confusa, no terminan de definir de manera clara y univoca lo que postulan. Plantean una intervención externa, sin adherentes externos y asumen la doctrina de la responsabilidad de proteger –R2P– que no se ha implementado exitosamente en ninguna parte y menos se podrá en Venezuela mientras Rusia y China tenga capacidad de veto en la ONU. Esto me luce un tanto absurdo; pero sabemos que en política cuando se propone algo absurdo e imposible de realizar, nunca te equivocas, siempre tienes la razón, porque no hay manera de comprobarlo, precisamente porque es imposible de realizar. ¿Será que esto es lo que se persigue: tener, retóricamente, en la calle, una política que diferencie? ¿Será que es más importante tener razón –su razón– que cualquier otra cosa y disfrazar el rechazo, a la unidad, por ejemplo, con complicadas filosofías y argumentos de Perogrullo, con tal de justificar esa posición?

Concluyo el punto con una frase del periodista Alonso Moleiro, extraída de un artículo suyo del pasado mes de diciembre:

La tesis de la coalición internacional para restaurar la libertad en el país, presumiblemente militar, expresada en instrumentos como la Responsabilidad de Proteger, o las cláusulas de la Convención de Palermo, no pasan de ser esbozos generales e hipótesis de conflicto con muy pocos adherentes en el terreno internacional. (“María Corina Machado, una oposición de nicho”, La Gran Aldea, 16/12/2020)

El otro sector opositor, sin duda el mayoritario, se agrupa en el Frente Amplio y su estrategia fundamental es mantener la unidad, aunque no parece tener aun una opción clara para cruzar el desierto en el que se encuentra. Lo que está claro es que este sector por el momento ha desechado la vía electoral sin proponer tácticas alternativas o formas de hacer de la abstención un instrumento de lucha eficaz, que vaya más allá de una demostración poco activa e inoperante de rechazo al régimen.

¿Significa esto que es la vía electoral la vía fundamental para luchar contra el régimen? No, y no ha sido esta la vía que se ha seguido siempre; en momentos importantes –las parlamentarias en 2005 y 2020, las elecciones de alcaldes y presidenciales en 2018– ha sido la abstención la opción política fundamental. Pero, lo que está planteado, en este momento, es sí se va a continuar con esa política, ahora que tenemos por delante procesos electorales para elegir gobernadores y alcaldes y que –como hemos visto– serán llevados adelante de cualquier manera por el régimen. De lo que se trata es que evaluemos con cabeza fría la eficacia de esa opción, los resultados obtenidos, y que si nos vamos a seguir absteniendo, que no sea para confundirnos en la indiferencia con ese 30% que ni pincha ni hiede y que una buena parte se aprovecha de las prebendas del régimen o de sus enchufados. No se puede continuar con políticas de abstención como una posición pasiva, como ha sido hasta el momento, pues se sume al país opositor, muy numeroso, en un peligroso quietismo, que se confunde, como he dicho, con la indiferencia.

¿Significa esto que creemos en que saldrá el régimen con un proceso electoral en el que gane la oposición?, no parece que esto esté claro; hemos visto que en el 2015, cuando ganamos la Asamblea Nacional, el régimen desconoció ese resultado y anuló su actividad con decisiones judiciales írritas; lo vemos también cada vez que a un gobernador o alcalde le nombran un “protector” y lo despojan de recursos, atribuciones y hasta del espacio físico para ejercer su cargo; lo vemos también con la cantidad de trampas, abusos y fraudes que despliega el régimen cada vez que hay un proceso electoral. Lo que postulamos es que la electoral sigue siendo una oportunidad para organizar a la población, a los partidos, a la sociedad civil y para seguir demostrando al mundo y sobre todo a nosotros mismos que somos mayoría y tenemos capacidad de organizarnos. Nunca se sabe por dónde se va a romper el dique de contención. Comparto con muchos que esa es precisamente la base de la estrategia.

Sin embargo, a pesar de lo dicho más arriba, no todas las secuelas de haber participado en las elecciones de Asamblea Nacional en 2015 –y otras– fueron políticamente negativas; esos procesos nos dejaron también cosas positivas, organización política y cívica, reconocimiento internacional y demostración de nuestra capacidad de resistencia. No hay duda que hoy somos más los venezolanos, y más los habitantes de otras tierras, que estamos conscientes que solo un cambio político, profundo, que deje atrás como mal recuerdo este régimen de oprobio, es la única solución a la profunda crisis, al desastre que nos agobia. Pero se hace también necesario la adopción de políticas más activas, de las cuales debemos seguir hablando.

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El 2020 nos dejó varias secuelas con que lidiar en el año que se inicia. La pandemia de la Covid-19 no es el único mal que nos acecha. Otros dos «virus», muy perjudiciales nos afectarán gravemente en 2021: el autoritarismo y la antipolítica.

El «virus» del populismo, que está presente en nuestra historia desde hace muchos años ante la falta de recursos económicos con los que hacer demagogia y clientelismo, se trasmutó en un virus meramente autoritario que utiliza la fuerza sin disimulo, y ya como único recurso.

El régimen de facto ilegítimamente constituido ya controlaba el poder ejecutivo, tras unas elecciones presidenciales no reconocidas por la mayoría del país ni por la comunidad internacional. El régimen controlaba igualmente el poder judicial, encabezado por un Tribunal Supremo, de igual manera ilegalmente designado por una Asamblea Nacional moribunda – la electa en 2010 –, que finalizado su periodo legislativo, sin cumplir los requisitos formales y legales de convocatoria, designó magistrados varios de los cuales ni siquiera reúnen los requisitos constitucionales para ejercer esa función.

Finalmente, ahora, con menos del 20% del padrón electoral, logra hacerse con más del 90% de la Asamblea Nacional y controlar el poder legislativo, tras la elección de esa Asamblea en un proceso electoral espurio y viciado, con partidos inhabilitados y secuestrados por el régimen y que no reunió requisitos mínimos de equidad, justicia, democracia, razones por las cuales la oposición democrática se negó a participar y los países democráticos han desconocido sus resultados.

Pero el régimen, ahora desembozadamente autoritario y represivo, gobierna de hecho solamente apoyado por la fuerza de las armas, pues su apoyo popular es apenas un efímero porcentaje de la población, buena parte de la cual fue arrastrada a votar bajo chantaje o amenaza.

Pero, como dijimos, el 2020 cerró también, y esto es lo particularmente grave, con otro “virus”: un creciente sentimiento antipolítico cada vez más extendido en la población.

La antipolítica no es un fenómeno nuevo, tiene siglos en Venezuela, pero ha sido especialmente notorio desde los años 70 del pasado siglo y se ha visto exacerbada en años recientes por el fenómeno de los “indignados” de Europa y el movimiento “trumpista” en los Estados Unidos, en estos últimos cuatro años.

Algunos analistas del diario quehacer político, como Fernando Rodríguez ven a la antipolítica como una “rabiosa y dañina enfermedad” y la define tan certeramente que vale la pena repetir sus palabras:

“La practican mucho los muy acomodados burgueses que al fin y al cabo no tienen tiempo sino para gerenciar sus haberes. Los radicales fascistoides o nihilistas anárquicos. Los jóvenes que creen que la vida es suya. Profundos que tienen un destino creador que los exime de toda otra tarea. Columnistas que viven del mordisco y la patada. Culebras de las redes cloacales. Y así, así. Solo un líder iluminado, un político no político, que coincida con sus intereses y su desprecio de la omnipresencia y la diversidad del otro puede ocasionalmente despertarlos de su sueño perverso”. (El Nacional, 20 de diciembre de 2020)

Y al político, en el mejor de los casos se le ve como un mal menor, probablemente necesario, pero siempre censurable, criticable e “insultable”, valga la expresión; siempre allí, siempre presente, siempre a disposición para desahogarse contra él o como tema de burla y conversación.

Pero cada vez que tocamos este tema se nos dice que criticar las posiciones antipolíticas, antipartidos, es negarse a reconocer las fallas, los errores y las críticas. No. No se trata de negar la crítica, absolutamente necesaria y útil. De hecho, la política y las organizaciones políticas no crecen ni se desarrollan sin la crítica, sin el debate político, sin la discusión abierta. No se trata, tampoco, de negar los errores cometidos por un liderazgo opositor que obviamente no ha sido afortunado o no ha dado con las “claves” para conducir el descontento popular contra el régimen de oprobio que nos mal gobierna desde hace más de veinte años.

La dirigencia opositora ha tenido aciertos que se le deben reconocer y celebrar, pero ha cometido errores –seguramente más que los aciertos, pues de lo contrario no estaríamos aún bajo este régimen– que se le deben señalar y que deben ser motivo de análisis profundo. Pero la crítica, necesaria, indispensable, no puede servir de excusa para una predica disolutiva, corrosiva, que no busca superar situaciones sino hundirnos más en los desaciertos y errores. O bien para asumir posiciones “populares”, con las cuales estar sobre la ola y en el candelero político, sin méritos propios, sino a partir de los errores de los demás y las matrices de opinión creadas por otros.

En el campo de la vieja antipolítica –cuyos nocivos efectos hemos conocido y vivido como procesos de abstención, sin sacarle ningún provecho y sin otra expresión política de rebeldía– hay hoy en día una “variante” sutil, que puede ser muy nociva, ante la cual debemos estar alertas. Se trata de algunos “analistas” políticos, consultores, asesores, periodistas, generadores de opinión y ciudadanos “comunes” que, por redes sociales y grupos de WhatsApp, con el pretexto de la “critica” de la actividad política, aprovechan para descabezar a cuanto títere con cabeza y líder aparece en el escenario político. Culpan al liderazgo opositor no por sus errores y faltas, sino por todos los males del país, como si los males que padecemos millones de venezolanos no se debieran a un mal gobierno que tiene 21 años destruyendo al país.

Algunos, de estos “críticos” solapadamente promueven alguna opción sustitutiva, pero la mayoría se limitan simplemente al señalamiento de los errores, a resaltar las carencias, a la crítica demoledora del líder de turno, esté o no en “desgracia” ese líder, en una especie de molino de líderes o “liderofagia”, como lo llamara Tulio Hernandez (Liderofagia, Frontera Viva, 19 junio, 2020).

Resumiendo, el régimen en su fase tiránica y la antipolítica, que le hace el juego, son dos poderosos “virus” con los que la oposición y la sociedad venezolana tendrán que lidiar en 2021. Sobre esas tareas hablaremos la próxima semana.

Politólogo

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El tema de la semana obviamente es el análisis de los resultados de la Consulta Popular (CP) del 12 de diciembre que creo que nos sorprendió a todos por la magnitud de las cifras; al menos yo así lo reconozco, pues me temía un fracaso estrepitoso. El análisis de los resultados de la CP se ha convertido en un problema político, para unos, y emocional, para otros. Cualquier excusa o acontecimiento, importante o no, sirve para desviarnos de su análisis y perdernos en un mar de elucubraciones.

Pero para hacer el análisis del significado de ese acto es necesario poner las cifras en perspectiva y despejar algunas dudas.

De acuerdo al primer boletín del Comité Organizador, el 87% de las actas escrutadas arroja un total de más de 6 millones 500 participantes, 3,2 millones en Venezuela, 844 mil en el exterior y 2,4 millones por medios digitales. Eso significa, que una vez que concluya el conteo de todas las actas, la cifra podrá sobrepasar los 7 millones de participantes; una cifra similar, quizás ligeramente superior a la alcanzada en el evento similar del 16 de julio de 2017 y un millón y medio de participantes más que en el irrito proceso electoral del 6 de diciembre, aunque no son eventos comparables.

En cuanto al proceso digital, a pesar de las fallas de los dos primeros días, no tengo dudas que en los cuatro restantes se pudo haber alcanzado la cifra de 2,6 millones. Las dudas más importantes se han suscitado por el retraso en dar las cifras definitivas y por la cantidad de participantes en el proceso presencial. Veamos un resumen de ese proceso, según lo relatan algunos de los encargados de los Puntos de Recolección, y quizás eso ayude a disipar las dudas:

- Se dispusieron 7033 Puntos de Recolección, algunos de ellos tenían hasta 5 mesas.

- Al llegar un participante a la mesa del Punto de Recolección, se identificaba con su C.I, donde se verificaba la fecha de Nacimiento, llenaba sus datos en un Cuaderno de Recolección (Número de CI, Nombre y Firma) y se le entregaba una planilla para que la rellenara con su decisión, la cual depositaba en una urna.

- Finalizado el día se contaban las decisiones consignadas en las planillas rellenadas por los participantes, se hacía un acta y una imagen de esa acta, junto con la trascripción de los datos de los Cuadernos de Recolección, se enviaba a un Centro, donde se cotejaban con la base de datos de cedulados y se verificaban los errores y duplicaciones.

Como se puede apreciar por la rapidez del proceso de recolección de la voluntad de los participantes, no había dificultad en recoger la cantidad de participaciones presenciales que el Comité Organizador ha informado. Sin embargo, la mayor demora y dificultad está en la transcripción de la información y especialmente su transmisión al centro donde se totalizaba.

Imaginemos ahora a un voluntario o activista que fue un promotor itinerante por 5 días con su teléfono celular inteligente, para que la gente participara, que el sexto día fue miembro en un punto de recolección y que al final, todavía debía guardar saldo para poder cerrar el proceso y enviar la imagen de su acta física y transmitir todos los números y cédulas de su cuaderno físico, que podían llegar a ser hasta 500 participantes por punto de recolección, para que estos pudieran ser verificados y cotejados con la información digital para depurar errores y duplicados. Si no se lograba la comunicación, había que llevar hasta algún punto, la planilla física con toda la información de los participantes y el acta respectiva. Sumemos a esa dificultad los problemas de seguridad y movilización y nos explicaremos algunos retrasos en acopiar toda la información para después procesarla. El Comité Organizador de la CP no contaba con todos los recursos con los que cuenta el CNE, ni con un Plan Republica para custodiar y movilizar las actas y resultados. En este contexto, más bien creo que es de alabar que el mismo día se haya tenido escrutado el 87% de los resultados.

Con respecto a la participación presencial en el exterior, si hacemos una comparación con 2017, en ese año había 1,2 millones de posibles participantes en el exterior y se recogieron 700 mil firmas; ahora hay 2,5 millones de posibles participantes y se recogieron 800 mil, que si bien pudo ser más alta –habida cuenta la apatía, las restricciones a concentraciones en algunos sitios debido a la pandemia y el frío, que también fue un factor en los países del norte–, es explicable y no es una cifra despreciable.

Con respecto a la significación de estas cifras, el resultado hay que ponerlo en el contexto adecuado para entender su importancia; en la Consulta Popular no se contó con un órgano similar al CNE, que disponía de los recursos y la fuerza operativa del estado; ni con el plan república como operador logístico para resguardo, movilización y acarreo de participantes; ni con la CANTV desplegando operativos especiales de telecomunicaciones.

Por el contrario, la CP se vio afectada por la pandemia, por la falta de recursos, por el acoso de los colectivos armados y de las policías en estados y municipios, por los problemas de movilización del país, por falta de gasolina y alcabalas para interrumpir el desplazamiento; y con todo eso, se logró –yo creo– una importante cifra de respaldo de una oposición, que como muchos han señalado, tenía más de año y medio sin movilizarse, que está obviamente desmotivada hacia eventos que parezcan electorales, aunque este no lo era.

Se puede entender que existían dudas con relación a si una “Consulta Popular” era la medida más apropiada en este momento, si era la más eficaz, si sería exitosa dado el desánimo que se percibe en la oposición, producto de la misma situación de crisis y fatiga que vivimos, agravada por la precariedad de las comunicaciones cada vez más evidente, el aislamiento y todas las demás cosas que conocemos bien. Parecía claro que no estábamos en las mejores condiciones para una actividad política de movilización de esas características y todos teníamos dudas; pero allí están las cifras y ninguna otra opción –de las que están planteadas para salir de la crisis y rescatar la democracia– ha logrado una movilización popular semejante.

Los resultados obtenidos si bien no son como para lanzar cohetes, ni dejar de hacer las críticas y reflexiones sobre el proceso, hay que evaluarlos más allá de las cifras y me parece mezquino tildarlo de fracaso, porque los resultados no fueron mayores o más contundentes. Las cifras, cuyo análisis es importante para la planificación futura, deben relativizarse, pues parece que son lo de menos, porque lo importante fue la participación.

Hay un hecho irrebatible, la oposición logró movilizar a más de 7 millones de personas –se dice fácil– en Venezuela y en el exterior, a pesar del hostigamiento, el monopolio de los medios en manos del régimen, de las hordas de colectivos atacando Puntos de Recolección y de las no menos “hordas” de atacantes a la CP en redes sociales –supuestos opositores– con más odio y rencor hacia los organizadores y promotores de la CP que hacia el propio régimen. Ya quisieran algunos de los que aspiran liderizar a la oposición, contar con ese contingente humano en respaldo a su causa.

Y por último, ¿que se le va a decir a los 7,5 millones de Venezolanos que participaron en la consulta?, ¿Vamos a desconocer también a los miles de voluntarios y activistas que pusieron su esfuerzo y recursos propios por el éxito de la jornada? Y al resto de los millones de venezolanos, que sin importarles el riesgo de la pandemia ni las posibles agresiones, acudieron a participar, ¿les vamos a decir que su esfuerzo es despreciable porque a lo mejor sus líderes cometieron errores?

Merecen un mejor trato esos millones de venezolanos que simplemente fueron a decirle al régimen que rechazan su fraude electoral del 6D, que quieren elecciones libres, justas, competitivas, observadas internacionalmente y que quieren que se hagan los esfuerzos que sean necesarios por salir de este régimen de oprobio.

Siete millones de venezolanos, más los que dejaron de asistir al proceso del 6D, si es que son diferentes, es una base importante sobre la cual reconstruir una fuerza opositora. En la oposición nos debatimos en tres o cuatro opciones distintas con relación a la forma de rescatar la democracia en Venezuela; ese será el tema con el que iniciaremos 2021.

Esta es mi última entrega de este año, reanudaré mi actividad el 9 de enero de 2021; seguramente pasaremos en familia el final de este año –para el olvido– rodeados de paz y tranquilidad y deseando que el 2021 nos traiga mejores perspectivas. Feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo.

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La mejor imagen de lo ocurrido el pasado domingo 6 de diciembre, que tuvieron lugar las elecciones parlamentarias, es una caricatura de Edo, publicada en El Nacional digital el lunes 7, en el que aparece una urna electoral de color rojo y cuatro gatos, igualmente rojos, haciendo fila y el primero de ellos a punto de depositar su voto, por supuesto rojo, en la urna.

No cabe duda que el régimen logro lo que esperaba, con un espurio porcentaje de votos, que apenas supera el 15% del Registro Electoral, el partido de gobierno obtuvo 253 diputados, hasta el momento, faltando tres por adjudicar. Con eso se asegura la mayoría calificada que esperaba obtener –no hay sorpresas– que le permitirá aprobar los contratos que sus socios y cómplices internacionales necesitan, endeudar al país, vender activos de la República, aprobar cuantas leyes sean necesarias y hacer todas las tropelías que se les ocurran. Pero a pesar del logro de ese objetivo, la mejor palabra que describe lo ocurrido el domingo 6 de diciembre es: ¡Fracaso!

A pesar de todas las artimañas desplegadas, del abuso en el uso de los recursos del estado para comprar votos, de los chantajes y amenazas a la población –con dejar morir de hambre a quienes no votaran–, de los intentos desesperados a última hora para acarrear votantes a los vacíos centros de votación, que permanecieron ilegalmente abiertos por algunas horas más, nada funcionó, los electores no acudimos a votar.

El porcentaje de abstención, cercano al 76% –de acuerdo con cifras de los observadores electorales, que son desde luego más creíbles que las del CNE– es el más alto que se haya obtenido en cualquier proceso electoral efectuado en Venezuela desde 1958. Más alto incluso que el porcentaje de abstención de la irrita elección presidencial de 2018, que según el CNE fue del 53%; o el de los referendos constitucionales de 1999, cuando se decidió acudir a un proceso constituyente, que fue del 62%; o cuando se votó por la Constitución Bolivariana, que fue del 54%. Más alto también que el porcentaje de abstención del 30 de julio de 2017, cuando se eligió la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC), hoy execrada al olvido, que fue también del 54%.

No viene al caso reabrir la discusión acerca de lo acertada de la decisión opositora de abstenerse de participar en este proceso, lo cierto es que solamente acudieron a las urnas el 24% de los inscritos en el registro. Cuantos de esos que no acudimos fue por indiferencia o por seguir la línea política de la oposición democrática que llamó a no votar, no lo sabemos a ciencia cierta. Ese es precisamente el problema de la abstención. Podríamos especular diciendo que si el promedio de abstención histórico es del 35% –sacando algunas distorsiones, como la elección de la ANC y la elección presidencial de mayo de 2018– la abstención habría aumentado desde ese porcentaje del 35% al 76%, es decir 41 puntos, un incremento del 117%. ¿Son esos 41 puntos la magnitud que refleja al contingente opositor? Ojalá, pero es difícil confirmarlo o asegurarlo.

Lo cierto es que ya tenemos una cifra, más allá de las encuestas que circulan, del 76% de los venezolanos que rechazan a este régimen o que al menos no están dispuestos a movilizarse para algo tan simple como ir a depositar un voto para apoyarlo.

Ahora además de la discusión acerca del significado de esa cifra, hay también una discusión intensa acerca de sí debe tomarse en cuenta o no a los inscritos en el registro que están en el exterior y que en consecuencia no estaban habilitados para votar. No se sabe a ciencia cierta la magnitud de ese número de votantes, que algunos estiman en una cifra cercana a 2,5 millones, de los aproximados 5 millones que están en el exterior, pero creo que es una discusión que no tiene sentido.

Si aceptamos como buena esa cifra de 2,5 millones de venezolanos, que están en el exterior y que estarían en posibilidad de votar, porque son mayores de 18 años –aunque no necesariamente todos deben estar inscritos en el Registro Electoral– y la excluimos del Registro, éste baja a 17,5 millones de electores; el porcentaje de abstención sigue siendo el mismo y alta la cifra absoluta de los que no fuimos a votar. Pero además podemos asumir sin ninguna duda que la mayoría de los que están en el exterior, que no están vacacionando ni en viaje de negocios, se fueron del país buscando mejores condiciones de vida que aquí se les negaron; como quiera que sea, su ausencia del país es también un claro rechazo del régimen de oprobio venezolano que fue masivamente desaprobado el pasado domingo.

Pero para tener un cuadro completo de la situación política del país y del rechazo al régimen que nos mal gobierna, nos falta una cifra, la de la participación en la consulta popular, que está concluyendo hoy, 12 de diciembre, con la actividad presencial en cientos de sitios en Venezuela y en el mundo. Cuando la tengamos sabremos con mayor exactitud si el rechazo e indiferencia que la población venezolana demostró el domingo 6 de diciembre es solo al régimen y a los partidos “opositores” que le hicieron la comparsa, o es también un rechazo general a los partidos, a la política y a la oposición mayoritaria.

Esclarecer este punto será muy importante para trazarnos la magnitud de la tarea de reconstrucción política que tenemos por delante, porque ni modo pensar que nos vamos a quedar cruzados de brazos mientras se destruye el país. No lo hemos hecho durante los últimos 21 años, que hemos resistido y luchado contra el autoritarismo en precarias condiciones, no lo vamos a comenzar a hacer ahora.

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El domingo 6 de diciembre, con unas elecciones parlamentarias a su medida, cuyo resultado todos conocemos hace meses, el régimen concluye un capítulo de su estrategia de mantenerse en el poder a cualquier precio. Para ello requería recuperar el control de la Asamblea Nacional (AN), que perdió en 2015; ¡Y vaya si le ha costado trabajo recuperar la AN! ¡Ese es un logro que nadie le puede negar a la oposición democrática!

Desde el mismo mes de diciembre de 2015, cuando perdió el control de la AN, casualmente también un 6 de diciembre, hizo todo tipo de esfuerzos, la mayoría ilegales y abusivos, como es su característica esencial, para recuperarla. Creo que son todos bien conocidos y basta con enumerarlos, sin entrar en mayores detalles; comenzando por desconocer diputados electos, pasando por perseguir y allanar ilegalmente la inmunidad parlamentaria de otros, designando ilegalmente magistrados del TSJ –que acorralaron e “invalidaron” las decisiones de la AN–, eligiendo inconstitucionalmente una Asamblea Nacional Constituyente, que fue desconocida nacional e internacionalmente, y que al final desechó por su inutilidad e incapacidad de cumplir su tarea; trató igualmente de corromper diputados y logró comprar algunos para intentar una directiva paralela, apócrifa, que tampoco le dio resultado y al final, todo quedó en privar a la legítima AN de su sede y obligarla a legislar fuera del hemiciclo o de manera virtual, tras declararse la pandemia del Covid19.

Como nada de eso dio resultado, ante la firme resolución de los diputados de mantener sus curules y representación popular, el régimen finalmente apeló a “organizar” unas elecciones, asegurándose para ello una “oposición” a la medida y estimulando la no participación y abstención de la mayoría democrática.

Todo lo realizado para lograr una AN a su medida, le sirve también para su objetivo general de destruir la democracia. Democracia y dictadura –o gobierno totalitario o autoritario, escoja el término que más le guste, pues para efectos prácticos es lo mismo– son dos términos que se excluyen.

Lo único que Hugo Chávez supo hacer bien desde un principio fue montarse en el discurso populista de la “antipolítica”, tan de moda hoy con “indignados” dispersos por todo el mundo y se lanzó también por otra vía de ese virus populista: acusar a los políticos de “corruptos”, señalando que esos eran los que le “quitaban el pan al pueblo” y que él iba devolverle al pueblo lo que le habían quitado los políticos corruptos; él iba a “freír en aceite las cabezas de los adecos”… y acabar con los partidos corruptos… y lo hizo, prácticamente acabo con los partidos.

Desde luego Chávez, no acabó con la corrupción, la potenció. Pero si acabó con las instituciones, el congreso, los partidos –en la Constitución Bolivariana ni siquiera se les nombra y expresamente prohíbe que sean financiados por el Estado– modificó la composición del TSJ, cambio a capricho la constitución y los símbolos patrios, y un largo etcétera que no vale la pena volver a enumerar. Y esa tarea la continúa hoy su sucesor, designado por él, desconociendo a la AN, persiguiendo y encarcelando diputados y líderes políticos, inhabilitando a los partidos, quitándoles sus colores, símbolos, directivas y sedes y poniéndolos a formar parte del sainete de una elección parlamentaria, que al final está siendo desconocida también por una buena parte de la comunidad internacional democrática y una gran parte de la sociedad civil, no política, venezolana: Iglesias y confesiones religiosas, academias, universidades y movimientos estudiantiles, sindicatos y gremios, entre otros.

Pero esos cuatro puntos: tomar el control de la AN, intentar acabar con los partidos políticos y con la democracia –por parte del régimen–, el pronunciamiento en contra de la comunidad internacional democrática al respecto y la situación de caos económico, social y político en el cual el régimen ha sumido al país, forman la base de la agenda de la oposición democrática para recomenzar la tarea de reconstruir el país.

La agenda de la actividad de reconstrucción de la oposición democrática comprende moverse en múltiples escenarios. El orden no es indicativo de nada y no agota los innumerables temas posibles. Entre los más importantes puntos de dicha agenda, de lo más particular e interno a los más general y externo, se encuentran:

Primero, hay una tarea o área de actividad inmediata que es la reconstrucción de los partidos políticos; el régimen al destituirles sus autoridades legítimas, despojarlos de sus símbolos, colores, sede y recursos, pretendió acabarlos y utilizarlos para sus planes de dominación política; pero esto puede ser la oportunidad que se abre para iniciar o terminar el proceso de renovación y transformación interna de esos partidos, que sin duda es materia pendiente desde hace más de tres décadas. Una vez más sostengo que debemos ayudar y colaborar en la reconstrucción de los partidos, esencia del sistema democrático.

Segundo, hay una tarea de reconstrucción necesaria de la base de apoyo de la oposición democrática; de esa inmensa cantidad de personas –que se cuentan en millones–, los miles de organizaciones de la sociedad civil y grupos muy activos en la resistencia al régimen desde 1999, dispuestos siempre a defender sus derechos, que han marchado, protestado, manifestado, votado en elecciones y referendos, participado en recolección de firmas y un sin número más de actividades, bien conocidas todas.

Naturalmente las nuevas circunstancias políticas del país, con el régimen de nuevo controlando todas las instituciones, requiere de una planificación y propuestas de actividades políticas más seguras. Que permitan adquirir confianza a este sector que ha sido fiel a las directrices políticas, unas veces acertadas y otras no. Este sector, aunque por momentos luzca cansado y desmotivado, siempre se puede contar con él, pues sabemos que se puede reactivar en cualquier momento, si se logra dar con las ideas y las actividades a las que les encuentre sentido. Este es un sector ya ganado para la causa de la reconstrucción democrática del país y que se le debe brindar instrumentos organizativos, que le permitan canalizar su lucha y la disposición que ha demostrado de resistir a la dictadura.

Tercero, la oposición debe dirigir una acción específica a una inmensa mayoría del país, que permanece más indiferente a la actividad política, que no se involucra y que incluso en determinados momentos ha apoyado la demagogia y el populismo del régimen. Ese sector de la población está representado en varios millones de venezolanos, algunos de los cuales han cruzado las fronteras del país huyendo de la miseria o en la búsqueda de las oportunidades que aquí no tienen; pero otros permanecen en el país, muchos de ellos sumidos en la profunda crisis humanitaria, tratando de sobrevivir, a estos se les deben brindar propuestas, soluciones, metas a alcanzar y sobre todo una finalidad y un propósito por el cual entiendan que vale la pena seguir al liderazgo opositor

A ese sector, especialmente, se deben dirigir, debidamente “traducidas” para su comprensión, las propuestas del llamado Plan País, en el que trabajaron miles de personas, que contiene alternativas de solución para cada uno de los problemas que acogotan a los venezolanos, y que inexplicablemente no ha sido difundido de manera masiva, en un lenguaje que pueda ser comprendido por todos y expresado en términos suficientemente emotivos, capaces de entusiasmar a los venezolanos en los objetivos que se plantean. No olvidemos que entre estos están, los miles que todos los días, por los más variados motivos, protestan y manifiestan su descontento. Esa es una bandera política cuya organización la oposición no puede seguir ignorando.

Cuarto, la oposición debe dedicar un esfuerzo importante a mantener contacto y relación con la comunidad internacional –la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto, la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los derechos humanos, y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, y otros– que durante los dos últimos años han sido aliados y soporte de la Asamblea Nacional electa en 2015 y del gobierno interino designado en 2019.

Las dictaduras no salen solas, hay que empujarlas desde adentro y jalarlas desde afuera; siempre hemos sostenido que el factor crítico de éxito para resolver la crisis política en Venezuela es una presión de pinza, interna y externa, que obligue al régimen o le haga entender que su mejor salida es buscar una negociación para dejar el poder.

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Con mayor frecuencia vemos que analistas, periodistas, “opinadores” de oficio, y toda clase de personas influyentes –esos que hoy denominamos con el anglicismo de influencers– desgranan en prensa y redes sociales su preocupación acerca del futuro político, inmediato, de Venezuela. No es para menos, pues con la llegada de enero de 2021 se nos viene encima una muy complicada y difícil etapa.

Quien no lo haya hecho aún, es pertinente que se pregunte: ¿Qué vamos a hacer?, es decir, más concretamente: ¿Cuál será la estrategia de la oposición para enfrentar al régimen dictatorial, autoritario, que gobierna al país? La pregunta no es retórica y como ven, la personalizo, no va dirigida solo a los políticos, a los partidos, sino a todos los venezolanos que nos oponemos a este régimen de oprobio.

No creo descubrir la rueda ni inventar la pólvora al describir la situación con la que nos vamos a encontrar a partir de enero de 2021, pues muchos ya lo han hecho, simplemente la voy a resumir para que todos nos ubiquemos en la misma situación.

Comencemos por el lado del régimen; éste se dispone a elegir el 6D una Asamblea Nacional (AN) a su medida. Poco le importa cuantos concurran y voten en el proceso, su CNE siempre puede poner el número que le resulte más conveniente; como hizo con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que “acomodó” un número de votantes, con el único requisito de que fuera superior al de la consulta popular opositora efectuada dos semanas antes, el 16 de julio de 2017. Tampoco le importa mucho que a esa “elección” no concurra la oposición democrática; más bien todo su esfuerzo estuvo claramente dirigido a que no concurriera, para evitar riesgos innecesarios o verse en la necesidad de perpetrar un fraude mayor. Le basta y sobra con su oposición a la medida, la constituida por sus execrados aliados de la izquierda y los de la llamada “mesita”, que es improbable que puedan darle un “susto”, mucho menos sí para colmo van divididos en varios pedazos. Alguno de estos grupos, individualmente o “convenientemente”, lograrán alguna diputación, pero en un número que ni siquiera estará cerca de poner en peligro el objetivo del régimen de contar con los 2/3 de la futura AN.

Tampoco le quita el sueño al régimen no tener la aprobación de la comunidad internacional; después de todo tampoco la elección de la ANC y las presidenciales de 2018 la tuvieron, y allí está el gobierno de facto. Al régimen le basta con que sus aliados internacionales –Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua, Turquía, y algunos otros– reconozcan dicha Asamblea y acepten gustosos los acuerdos internacionales que ésta les va a aprobar, para dar “seguridad jurídica” y tapar todos los negocios y trapacerías que ahora están realizando.

El régimen, claramente, persigue tres objetivos importantes, ya ampliamente descritos, por eso apenas los menciono: uno, sacarse de encima la actual AN dominada por la oposición y que le aprobó un gobierno interino; dos, asestarle un golpe noble a la oposición democrática, que a partir de enero no contará con una representación parlamentaria ni con un gobierno interino que puedan ser reconocidos internacionalmente y tres, contar con una AN que, como ya señalé, facilite los negocios del régimen con sus socios internacionales

Del lado de la oposición, enero de 2021 se presenta poco auspicioso. La oposición, a pesar de ser la mayoría en el país, de acuerdo con la última medición electoral en la que participó y de acuerdo con todas las encuestas, permanece inmovilizada, desanimada, lamentándose de su suerte, totalmente postrada, desmoralizada y dividida.

Descontando la fracción que se anotó con el régimen para concurrir al proceso electoral –y que en consecuencia eligió “amoldarse” a sus exigencias, las actuales, electorales, y las futuras, que no sabemos a dónde la llevarán– la oposición se fragmenta en varios pedazos.

Desde el punto de vista organizativo vemos un primer sector, constituido por una gran mayoría que se agrupa en el llamado Frente Amplio, pero que no tiene una clara estrategia de acción y movilización. Hasta el momento ha decidido dos cosas: una, abstenerse de participar en el proceso electoral del 6D, cuyas consecuencias prácticas vimos más arriba; y la otra es emprender, al parecer sin mucho ánimo y no unánimemente, la tarea de organizar una “consulta popular”, sobre la que hay algunas dudas importantes y no se termina de tener claro sus aspectos organizativos, lo que compromete –a gran escala– sus probabilidades de éxito.

Hay un segundo sector, que algunos denominan o ven más “radical”, pero menos numeroso y representativo, aunque un tanto más ruidoso y activo en redes sociales, pero que parece resignado a esperar una improbable intervención internacional externa, que algunas veces han definido eufemísticamente de “fuerte”, denotando así su carácter aparentemente militar, pero que sin embargo inmediatamente niegan, preguntándose “quien ha dicho tal cosa…” Su tarea, en buena medida, se concreta en diferenciarse y criticar todas las iniciativas de la oposición mayoritaria, a la que obviamente aspira reemplazar en el tablero político.

En lo organizativo también, hay un tercer sector, constituido por los disidentes del llamado chavismo, que no terminan de romper con el supuesto “ideario” de Hugo Chávez Frías, pero que obviamente no se identifican con el actual régimen madurista; algunos de sus factores más significativos ya tienen más de un lustro de disidencia, pero tampoco ha sido fácil su plena incorporación al conjunto de la fuerza opositora.

Pero lo más grave es que fuera del marco organizativo de la oposición está la inmensa mayoría de ciudadanos comunes, del pueblo venezolano. Algunos, afiliados a organizaciones de la sociedad civil que, en el mejor de los casos, deambulan sin rumbo alrededor de los partidos; otros que rechazan a los partidos, con las ya clásicas consignas “antipolíticas” y “antipartidos”; otros, la gran mayoría, el peor de los casos, que permanecen inertes, desmovilizados, frustrados, apáticos, frente a la situación política del país, buscando desesperadamente una solución individual a sus penurias.

Afortunadamente, en este sector ciudadano y de la sociedad civil, hay una inmensa mayoría de ciudadanos que cada día se manifiesta y protesta por los más diversos y válidos motivos, con una motivación claramente política, pero poco precisa en su intención de orientarse y organizarse en contra del régimen y que en consecuencia es poco eficaz.

De esta manera, ante el panorama descrito, la “oposición mayoritaria” tiene varias tareas que llevar adelante, desde ahora y sobre todo a partir de enero de 2021. Una es interna; y me refiero a lo interno de cada organización, para concluir –o iniciar– sus procesos de renovación, volverse más democráticos y participativos, tarea pendiente desde hace varios años, que al no resolverse deja puertas abiertas y facilita que se produzcan las disidencias que vimos recientemente, que dio origen a los llamados “alacranes” y “mesitas”; otra tarea, también interna, de conjunto, es dirimir rápidamente o diferir las disputas internas por el control político de la coalición opositora, para lograr orientar y canalizar políticamente todas esas protestas espontáneas, diarias, que se producen en el país.

Sin embargo hay una importante tarea externa que llevar adelante y es la de continuar la relación con la comunidad internacional que ha venido apoyando desde hace un par de años al gobierno interino y que ahora se le hará más difícil concretar ese apoyo, al no contar con una representación parlamentaria, ni con un gobierno interino.

Para esa tarea son importantes dos elementos; uno de ellos se volverá cada vez más peligroso a partir de enero de 2021, fecha en la cual el régimen controlará todas las instituciones del estado, sus recursos, el sistema de justicia y carcelario, todo el aparataje represivo; me refiero a mantener la denuncia de las violaciones de los DDHH y la situación crítica en la que vive el pueblo venezolano por la compleja crisis humanitaria; el segundo elemento que en este contexto de inamovilidad en el que estamos inmersos no se debe despreciar y adquiere gran importancia es participar en la “Consulta Popular”, que más allá de la especulación o argumentación de su carácter vinculante con base en el Artículo 70 de la Constitución, su significado puede ser mostrar al mundo, a la comunidad internacional, a nosotros mismos y al régimen, que la oposición venezolana sigue viva, activa y en disposición de luchar contra la dictadura que la oprime.

En este contexto es importante que no olvidemos que 2021 es año electoral –de gobernadores, alcaldes, concejos, asambleas legislativas–- y que al llegar a la mitad del periodo del presidente usurpador, se abre la posibilidad, nuevamente, de un proceso revocatorio. Por eso es necesario abrir nuevamente la discusión: ¿Nos vamos a mantener en una posición abstencionista? ¿Vamos a luchar por unas elecciones justas, democráticas, imparciales, etc.? Son preguntas que a nadie gustan, pero es una realidad política que está allí, que se nos viene encima y a la cual habrá que dar respuesta.

Una vez más reitero mi posición que la oposición democrática tiene que aprovechar todas las oportunidades para alcanzar mayores niveles organizativos, que permitan mantener la presión, nacional e internacional, para llegar a una negociación que acabe con este régimen de oprobio.

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