Venezuela atraviesa un proceso de reinstitucionalización que representa una oportunidad histórica para reconstruir sus instituciones democráticas. También ofrece, por primera vez desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, la posibilidad de que la selección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se ajuste plenamente al modelo constitucional.

Nos encontramos atónitos con lo que ocurre en nuestro país y no es para menos. Como si el terremoto no hubiese sido suficiente, la crisis política se hace interminable, el dialogo se nos pone cuesta arriba y la incertidumbre permea la vida de todos y cada uno de nosotros. El papagayo se nos está enredando.

Lo ejemplifica Samaniego como un ratoncito que surgió de la montaña previa a los ruidos que hacía presagiar un volcán o algo por el estilo. De aquel aterrador estruendo solo salió un humilde ratón.

Más que una sustitución inmediata del Ejecutivo, la estrategia apunta a una cohabitación temporal entre distintas fuentes de legitimidad. Esta situación no es excepcional en procesos de transición.

La revisión comienza a petición de cuatro legisladores ante la falta de cuentas públicas, mientras el Tesoro asegura que el dinero ha llegado sin demoras al Gobierno de Delcy Rodríguez y que existe un sistema de vigilancia que no ha mostrado

La economía venezolana entró en una fase nueva después del doble terremoto del 24 de junio. No se trata de un colapso total, porque el petróleo, las exportaciones y parte del aparato urbano siguieron operando, pero sí de un cambio de régimen económico: el país pasó de una recuperación precaria apoyada en apertura parcial y petróleo a una economía de reconstrucción, con más inflación, más presión logística y menos margen para equivocarse.

A mi parecer, la situación de nuestro país es inmensamente grave en todas sus áreas; una figura representativa de cómo estamos podría ser un inmenso barril de pólvora de alta potencia, donde estamos sentados, con mecha muy corta.