A la memoria de Miguel Rodríguez Mendoza (1948-2021) gran venezolano, mejor amigo

La discusión acerca de participar o no en las próximas elecciones de gobernadores es un tema político aún en discusión. Para reflexionar al respecto me voy a valer de un tuit y su respectivo “hilo”, publicado en días pasados por Jesús Seguías, analista político y presidente de Datincorp, empresa de estudios y diagnósticos organizacionales.

Se trata de uno de sus acostumbrados tuits o artículos en el cual analiza algunos de los aspectos políticos del país. No hay nada nuevo o distinto en los planteamientos de este asesor en esta última entrega, en el sentido de que él ha sido siempre uno de los grandes defensores de la vía electoral −o detractores de la abstención, que es lo mismo− y así lo reafirma ahora.

Los tuits y artículos de Seguías, polémicos, son usualmente bien fundamentados, con argumentos, que suelen ser muy buenos y contundentes y con los cuales coincido, excepto cuando denigra y le carga la mano a la oposición, a los políticos y a los partidos; pero, en éste que hoy comento, hay que reconocer que no lo hace. (Quizás es porque quedó escaldado por su discusión reciente con la también periodista y analista Elizabeth Fuentes).

Veamos ahora punto por punto los argumentos de este analista:

· Es cierto, el fraude contra Andrés Velásquez es uno de los fraudes electorales comprobados en Venezuela; en las elecciones de gobernador de 2017, en el Estado Bolívar, se desconoció el resultado de la votación electrónica o de las máquinas y se “inventó” un conteo y actas manuales con las que se le arrebató el triunfo a Velásquez.

Pero no comparto tanto eso de que a Andrés Velásquez “lo dejaron solo en sus reclamos”; no creo que haya sido así y recuerdo el apoyo de varios partidos e incluso algunos dirigentes, que sin creer o haber participado en el proceso electoral, se desplazaron al estado Bolívar para apoyarlo. Más bien creo que Andrés Velásquez no fue lo suficientemente enfático y contundente en su reclamo, que era en su región, en su bastión político, donde él tenía más fuerza. A lo mejor fue por eso que dice Seguías que la diferencia entre los candidatos era menor de 5 puntos y por eso Velásquez desistió. No lo sé. Pero no creo que haya sido por falta de apoyo de la oposición.

· Totalmente de acuerdo con que la no juramentación de Juan Pablo Guanipa en el Zulia ese mismo año fue un error político; Guanipa ganó, como dice Seguías, en el estado “de mayor relevancia estratégica del país” y luego él, Guanipa, con su partido, Primero Justicia (PJ), tomaron una decisión política, para la que tenían sus razones, pero dejaron en la estacada a la gente que había votado por ellos; la gente votó para que Guanipa fuera gobernador, no para que mantuviera posiciones de principios, que para la gente suelen ser abstractas; de ese error, por cierto, a PJ y Guanipa en el Zulia les costará recobrarse.

· Sabemos que no basta ganar en las elecciones, que también es necesario defender el voto y además lograr que el voto sea “eficaz”, es decir que las personas que se elijan ocupen los cargos para los que fueron electos. Comparto lo que dice Seguías que por los momentos es imposible “hacer un buen gobierno” por lo que lo importante “no es tanto el poder que se gana sino el poder que se le arrebata al adversario”. Pero, no creo que eso sea lo que entiende la gente que vota por un candidato; a la gente no le basta con lo de “la recuperación de espacios”, eso es para los políticos; la gente podría estar dispuesta a apoyar y defender el voto, sí le dicen cómo −y si es factible hacerlo− pero, para que el candidato que elija ejerza su cargo y resuelva los problemas que lo afectan. Si eso no va a ser así, hay que explicarlo políticamente, con antelación y durante el proceso electoral, algo que no ocurre. La figura del “protector” es un fraude más, contra el que hay que luchar políticamente.

· También estoy de acuerdo con lo que dice Seguías que “… el CNE ha reconocido todos los resultados donde la oposición ha ganado”; es cierto, pero hay que matizar esa afirmación. El CNE y el gobierno reconocen los resultados electorales, pero ya sabemos que el triunfo se desconoce de muchas maneras: se nombran “protectores”, se le arrebatan funciones, se le niega recursos presupuestarios, y un sinfín más de artimañas del régimen para desconocer el voto popular cuando no los favorece. Y esos son temas que nunca están claramente definidos en la agenda de lucha política; los partidos y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en los temas políticos, nos limitamos a lo electoral.

Lo que no comparto en este punto es la afirmación de Seguías con respecto a que a Capriles se le hizo fraude en 2013. En ese proceso se hicieron muchas trampas −fraudes− de varios tipos, pero no creo que se haya alterado el resultado de la votación, aun cuando la diferencia fue muy estrecha; al menos, eso nadie lo ha podido probar. Lo de ese fraude creo que es una fantasía, en la que el propio Capriles al final también cayó y ahora anda diciendo que no reclamó ese resultado como una actitud responsable para evitar un baño de sangre; me parece que eso es alentar un mito: Capriles alentando un mito que lo favorece y otros alientan ese mito porque favorece su posición abstencionista o concuerda con su posición anti partidos y anti líderes opositores.

· En las elecciones de 2017 el CNE hizo también todos los fraudes a los que nos tiene acostumbrados −que no voy a repetir una vez más− pero ciertamente la oposición no perdió por eso; se perdió, como dice Seguías, por los errores cometidos, porque el exceso de confianza hizo que la oposición bajara la guardia y porque la gente se abstuvo masivamente. La abstención creo que fue la causa principal de que perdiéramos una cantidad considerable de gobernaciones que se hubieran podido ganar. ¿Por qué se abstuvo la gente?, ese es otro problema; ¿Fue por los errores? ¿Por la falta de unidad en algunas regiones? ¿Por la decepción de la “fracasada insurrección”, como la denomina Seguías en su tuit? ¿Por la decepción porque no se hiciera nada con los contundentes resultados de la consulta popular del 2017? ¿Por una mezcla de todos esos factores?, esto último es lo más probable; lo cierto es que la abstención fue muy alta.

· Por supuesto comparto la afirmación final de Seguías de que la “imperfecta ruta electoral” es la vía y cualquier otra es “realismo mágico” y abstenerse no es una opción útil, mucho menos si es una abstención pasiva como las que hemos tenido. Tras el fracaso o la abstención en las elecciones regionales de 2017, se llamó a la abstención en las elecciones municipales de diciembre de 2017, en las presidenciales de 2018 y en las de Asamblea Nacional en 2020; y por los vientos que soplan, tras los últimos documentos, el de los 40 partidos y el de la Asamblea Nacional 2015, posiblemente se llamará a la abstención en las regionales de 2021.

Recuperar ahora la confianza en el voto y en la vía electoral resulta una tarea ciclópea, que como dice un amigo: “por ciclópea que sea, habrá que insistir”.

Politólogo

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Hace dos semanas me referí al documento en el cual los partidos políticos acordaron reconfigurar la alianza unitaria y la construcción de una coalición más amplia – con otros partidos y con la sociedad civil – para lograr elecciones libres y ayuda humanitaria.

Tras lo que consideré un recibimiento un tanto frio −explicable por la situación política que vivimos en el país bajo una crisis humanitaria compleja, agravada por la pandemia−, debo comentar ahora que han comenzado a aparecer algunas reacciones.

A pesar de que tengamos algunas críticas y lamentemos lo que consideramos un retraso injustificable en definir una estrategia, algunos −entre los que me incluyo− recibimos con agrado el pronunciamiento y lo consideramos un paso importante para ir “enderezando las cargas”, en lo que reanimar y reorganizar a la oposición democrática se refiere.

Hay un sector importante entre los analistas, comentaristas y críticos de la oposición que se caracteriza por la “no reacción”; simplemente no se han dado por enterados acerca del pronunciamiento de los partidos; no lo comentan, ni para bien, ni para mal.

Hay otro grupo, el de los “repartidores”, los que siempre reparten por igual las culpas y las responsabilidades entre el gobierno y la oposición de los males que aquejan al país. Como si la oposición −particularmente el gobierno interino, que no tiene oficinas, ni funcionarios, ni presupuesto− tuviera la misma responsabilidad, frente al desastre de 22 años de políticas ruinosas que han destruido al país. Para este grupo, desde luego, ningún pronunciamiento opositor va a ser diferente o importante.

Hay un sector de los críticos que hablan de “oposiciones” en plural, que obviamente legitiman a la denominada oposición “alacrana” y en consecuencia lamentan cualquier pronunciamiento que no la incluya expresamente.

Hay otros que consideran que la oposición es una especie de “club”, que desde luego debe tener algunas reglas, dicen, pero se lamentan que no se haya esperado a que se ampliara el “club” para ir definiendo las reglas.

En cualquier caso, el pronunciamiento se dio, definió objetivos y prioridades y como ya hemos dicho, dejó pendientes algunas tareas; entre ellas, la de llevarlo a la discusión en todos los niveles, en partidos y organizaciones de la sociedad civil, de donde deben surgir las propuestas de acciones concretas, sobre las cuales se debe reconstruir la oposición.

No es esa, claro está, la única tarea pendiente, ni la única dificultad que encontramos en la tarea de reconstruir a la oposición democrática, como bien nos lo recuerda Ángel Oropeza en un artículo de prensa de hace dos semanas (“La exigencia clave”, El Nacional, 15 de abril de 2021), cuya lectura recomiendo. En dicho artículo Oropeza nos pasea, no solo por las “actitudes y conductas” presentes en el ámbito político que, en su criterio, dificultan esa tarea, sino también nos resume algunas de las actividades que se deben emprender.

Pero el avance más significativo en materia de ir perfilando una estrategia y una ruta de actividades para enfrentar este régimen y salir de la crisis, fue el documento dado a conocer esta semana, el 21 de abril, denominado: Manifiesto “Unión por el futuro, la democracia y el bienestar de nuestra nación” suscrito por 40 partidos y dado a conocer en un acto público por el propio Juan Guaidó, acompañado de representantes de los demás partidos políticos y diputados de la Asamblea Nacional 2015; acto del cual adoleció el anterior pronunciamiento del 6 de abril.

En este “Manifiesto”, que también se denominó “Manifiesto de Plataforma Unitaria”, no solo se amplía la base de partidos que lo apoyan, sino que se ratifica el planteamiento de la “unidad”, de manera enfática y como elemento fundamental y “estratégico insustituible”; se comprometen los partidos firmantes a alcanzar “mecanismos de consenso” en las decisiones; y ratifican la “vía electoral” para lograr “una salida política a la crisis”.

El documento amplió los objetivos marcados el 6 de abril −unidad, ampliación a otros partidos, elecciones libres y ayuda humanitaria− al señalar también como objetivos la “tan necesaria reconciliación nacional” y “lograr mayor apoyo internacional”, que creo que fue el logro más importante de la gestión del gobierno interino de Juan Guaidó, que es mezquino no reconocer.

Ese mismo día el Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL) emitió un documento en apoyo al “Manifiesto”, destacando algunos aspectos del mismo. Pero lo más significativo de este documento del Frente Amplio es el anuncio de la disposición de las organizaciones políticas que lo integran de iniciar un “ciclo de encuentros” a nivel regional −estadal y municipal−, con partidos y organizaciones de la sociedad civil, para difundir y compartir con todos los sectores sociales, “miembros y no del FAVL, su visión estratégica de lucha”, para “identificar los consensos mínimos estratégicos” que unen a todos los partidos y organizaciones de la sociedad civil.

Sobre el tema de las actividades a emprender está claro que no es éste el medio para detallarlas, pero es importante el pronunciamiento del FAVL y es una tarea para la sociedad civil, para sus organizaciones y para los ciudadanos, presionar para que esto se cumpla, pues como ya hemos señalado, la oposición se encuentra en una especie de reflujo, de adormecimiento general, en un largo y oscuro túnel del cual aún no se ve salida.

Agobiados como están millones de venezolanos en tareas de sobrevivencia ante la aguda crisis que vivimos en el país, ha ido creciendo el sentimiento de que ni el régimen, ni la oposición, responden a las demandas de gran parte de la población. Una de las metas de la oposición democrática es revertir ese sentimiento y convertirlo en la fuerza necesaria para lograr el fin de este oprobioso régimen.

Politólogo

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La semana pasada celebramos, comentamos y criticamos el pronunciamiento en el cual los partidos políticos de la oposición democrática ratificaron su compromiso de lograr una alianza unitaria y su propósito de construir o ampliar su coalición a un mayor número de partidos e incorporar a la sociedad civil para lograr unas elecciones libres y la ayuda humanitaria que demanda el país.

Debo reconocer que me ha decepcionado algo el “frio” recibimiento que ha tenido el documento. Esperaba mayores reacciones, más numerosas y fuertes, a favor o en contra, que las que he visto “circular” en redes sociales o en los artículos de opinión de los hoy llamados “influencers”. Quizás lo debamos atribuir a esa situación de la cual habla el Padre Ugalde en su más reciente artículo (“La hora de José Gregorio”, El Nacional, 15 de abril de 2021) y que lo lleva a invocar al Santo para implorarle el milagro que necesitamos para sacudirnos de esa “parálisis que nos mata”.

Concluí mi artículo de la semana pasada señalando que nos queda ahora una tarea pendiente: llevar la discusión a todos los niveles, en partidos y organizaciones de la sociedad civil, de donde surgirán las propuestas de acciones concretas, sobre las cuales reconstruir la oposición. No es esa, claro está, la única tarea pendiente, ni la única dificultad que encontramos en la tarea de reconstruir a la oposición democrática; pero, llegado a este punto debo abandonar el tema y dejarlo aún “pendiente” para una próxima ocasión, pues ahora se ha presentado otro, cuya urgencia merece nuestra atención.

Ya he dicho en otras ocasiones que, la de arremeter en contra de los ciudadanos y sus organizaciones, siempre ha sido una de las estrategias del régimen. Se ha valido para ello del TSJ, que a través de varias sentencias ha venido moldeando, “rebanando” y restringiendo, considerablemente, el concepto de sociedad civil e “interpretando” a su “estilo” la constitución y las leyes, han venido disminuyendo, confiscando o menoscabando diversos derechos ciudadanos, especialmente −pero no solo, como ya dije− derechos electorales.

A principios de este año comentamos, y buena parte del país reaccionó, frente a la agresión de los cuerpos represivos del estado en contra de los comedores de Caracas Mi Convive −Alimenta la Solidaridad− en Miranda y Azul Positivo, en el Zulia, entre otras.

No se puede decir que se ha “conjurado” ese peligro −pues con este régimen nunca se “conjuran” sus desmanes−, pero al menos pasada esa emergencia, nos enfrentamos ahora a otra; esta vez revestida de Providencia Administrativa que pretende, o mejor dicho, establece la creación de un Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, todo ese largo nombre para indicar el organismo ante el cual deben registrarse las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro y consignar una serie de recaudos y documentos como: acta constitutiva, estatutos, un listado de las organizaciones, nacionales o extranjeras de las cuales reciban aportes o donaciones, además de identificar a los beneficiarios de la acción de las actividades de la organización y varios más.

Desde luego que lo establecido en esta norma, de carácter sub legal, como lo es una “providencia administrativa”, es completamente inconstitucional, pero demuestra una vez más y perfectamente, cual es la verdadera posición del régimen con relación a la sociedad civil.

No sabemos que alcances pueda tener este nuevo dislate gubernamental, pero, se nos ocurren dos hipótesis. Una es que, a lo mejor, está “Providencia”, que nada tiene de providencial, es desechada y su autor o autores −que pretendieron ganarse el cielo con esa locura− corren la misma suerte del alcalde de Yaracuy, aquel que marcó las casas de los contagiados de covid, como si se tratara de familias listas para ser conducidas a un campo de concentración; bajo la filosofía de “atajen a sus locos” los autores de esta pudieran enfrentar −al igual que el alcalde nazi− alguna acusación, de mentiritas, por supuesto, por parte de la Fiscalía ilegítimamente designada por la ANC.

La segunda hipótesis es que, como este régimen “no da puntada sin dedal” y acostumbra lanzar “globos de ensayo”, si no se producen reacciones, seguirá adelante con esta idea, que encaja perfectamente con su mentalidad de “control y represión”, de sembrar miedo con este nuevo intento de institucionalizar el “sapeo”, bien conocido por los venezolanos y al cual es muy aficionado este régimen.

Como quiera que no sabemos cuál de las hipótesis −sino ambas− resultará cierta, lo mejor es que no nos quedemos inertes frente a la situación y procedamos de inmediato, contra esta disposición. Se me ocurren tres vías:

– dar a conocer, difundir, nacional e internacionalmente esta nueva locura e intento de control y represión por parte del régimen, para que nadie quede desprevenido frente a esta posible o real amenaza;

– aunque la experiencia nos indique que acudir al TSJ del régimen a demandar y pedir justicia es inútil, creo que podría causar impacto que una buena cantidad de organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales tienen buenas conexiones internacionales, acudan a esa instancia judicial a demandar por inconstitucional, por ilegal, la nulidad de esa Providencia Administrativa.

– de igual manera, la mayor cantidad posible de organizaciones de la sociedad civil debemos dirigirnos a la Oficina de las Naciones Unidas que encabeza Michelle Bachelet, y a otras organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos, para denunciar esta nueva violación de los derechos de los ciudadanos.

Aunque las apelaciones a esas instancias, me refiero al TSJ y algunos organismos internacionales, no surten mucho efecto, al menos contribuiremos al esfuerzo por recopilar, sistematizar y relatar, todo lo que se ha escrito y dicho, que ha sido mucho, acerca de cómo el llamado socialismo del siglo XXI ha ido destruyendo al país. Muchos se quejan que de la democracia iniciada en 1959, no quedó una buena historia escrita, una narrativa completa; no podemos permitir que lo mismo ocurra con las tropelías del régimen iniciado en 1999, que ha destruido el país.

De todo este desastre debe quedar una historia, una narrativa, una crónica, un buen relato de lo ocurrido.

Politólogo

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La unidad es un tema mítico en la política venezolana. Nadie se atreve a hablar en contra de la unidad. El concepto se matiza, se relativiza. Se dice que no es un dogma, que es una estrategia más. Que unidad no es unanimidad y no implica renunciar a principios propios, filosofías, ideologías o cuerpos de ideas; que se dará solo con los que sea posible, y un sin número más de cosas.

Pero la unidad no se niega y quien lo haga, políticamente, estará muerto. Porque hay una convicción política en el venezolano que ha entendido, intuitivamente y en la práctica, que no es posible luchar solo contra un régimen autoritario o una dictadura, como se le quiera llamar.

Además, ha sido gracias a la unidad, en la lucha política y en la arena electoral, el terreno en que la oposición democrática ha logrado derrotar al régimen, aunque sea de manera parcial y, sobre todo, contener su desarrollo. La unidad ha demostrado ser una estrategia eficaz; si la unidad está definida y lograda, todo lo demás pasa a ser táctica: vía electoral, insurrección popular, intervención interna o internacional, etc.

Ese concepto de unidad es el tema central del reciente pronunciamiento de los partidos políticos democráticos que se dio a conocer el martes 6 de abril. De manera definitiva pues desde hace algunos días venían circulando diferentes versiones. Algunos dicen que la salida de ese pronunciamiento tuvo que ver con las declaraciones de la semana pasada de James Story, el embajador de los Estados Unidos en Venezuela. Si eso es cierto, después de todo, alguna virtud tuvo ese indiscreto pronunciamiento.

En efecto, después de varios meses de expectante y hasta angustiosa espera por una definición sobre la ruta a seguir por parte de la oposición, finalmente “habló la efigie” y los partidos integrantes del Frente Amplio o del Gobierno Interino, del G4, G7 o G27, como se le quiera llamar, se pronunciaron.

Tal pronunciamiento se recoge en un documento cuyo largo nombre de una vez expresa las ideas fundamentales y es una síntesis de todo el documento. El documento en cuestión se denomina: “Partidos políticos acuerdan reconfiguración de la alianza unitaria y construcción de una coalición más amplia con la sociedad civil para lograr elecciones libres y ayuda humanitaria”.

Las ideas fundamentales y, a la vez, lo que serían los objetivos de la oposición democrática, plasmados en el documento son:

- La idea de unidad para derrotar a la dictadura; preservando los “diversos criterios, visiones, aspiraciones e ideologías”; incluso algunos voceros opositores han comenzado a hablar de “Volver a la MUD” reconocida como la experiencia organizativa más exitosa de la oposición en los últimos 22 años.

- Ampliar a otros partidos y a la sociedad civil los esfuerzos para lograr una mayor unidad; que no es algo nuevo, recordemos la experiencia de la Coordinadora Democrática, entre 2002 y 2004, que no fue tan exitosa en esa materia de coordinación entre partidos y sociedad civil, pero asumimos que hay lecciones aprendidas

- Elecciones libres, y toda su coletilla −justas, verificables, con observación internacional− ampliándola a elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y locales.

- Ayuda humanitaria, como concepto, como objetivo y problema principal a atender por parte de la acción opositora.

Creo que es un documento importante, como cualquier documento de la oposición; pero algunos lo considerarán poco atractivo, que a lo mejor no llenará las aspiraciones de muchos, en el sentido de que esperaban un mensaje más contundente y con más garra, sobre todo después de varios meses de silencio.

Se nota que el documento recoge un “compromiso” −no podía ser de otra manera en un documento político− para complacer e integrar a todos; sobre todo a los líderes más “fuertes”, con mayor arrastre popular; de allí la mención a elecciones parlamentarias y presidenciales; pero también a los demás líderes −de los estados y municipios− y de allí entonces la mención a elecciones regionales y locales. El documento también busca −y esto es también muy importante− tender puentes hacia sectores cercanos de la sociedad civil, involucrados en la actividad política, que reclamaban, con razón, que la oposición debe ocuparse de la crisis humanitaria y el grave problema de la pandemia.

El documento es sin duda un primer intento −buen primer intento, vale decir−, si se le ve como un documento base para la discusión, que es como debe ser considerado. Para mi gusto, sin embargo, adolece de algunos elementos, por ejemplo, para solo mencionar uno, no resuelve aún el tema álgido: la posición frente a las elecciones regionales.

Sobre esto hay muchas ideas románticas y posiciones de principios; desde los que afirman que no se le puede “hacer el juego” al régimen avalando unas elecciones que no son libres ni democráticas, hasta los más prácticos que afirman que no se deben abandonar “espacios”. Pero muchos olvidan que, en la práctica, para partidos y dirigentes, las alcaldías, los concejos municipales, las asambleas legislativas y las gobernaciones, no son solo una fuente de liderazgo local, de acercamiento a la población, sino también una fuente de recursos, de trabajo, de ingresos, de supervivencia, para activistas y militantes políticos.

Suponemos que la solución de este dilema será el próximo capítulo para el que todavía no se ha logrado un consenso suficiente. Creo que es un punto que no se resolverá fácilmente porque, por el momento, es una pelea que está perdida a nivel de la opinión pública y del pueblo en general, que no tiene ningún interés en el tema y que es un campo minado, horadado, ablandado por las políticas de abstención pasiva y sobre todo por el morbo de la “antipolítica”, que parecía haberse mitigado en los últimos años, pero que vuelve a surgir con fuerza.

En cualquier caso, del pronunciamiento público no se podía esperar un recetario de medidas o un listado de acciones; menos de un cuerpo tan heterogéneo y disímil como lo son los diez partidos que lo integran; tenía que ser, lo que es: un pronunciamiento general, con los principios u objetivos que orientarán la acción. La tarea ahora es llevarlo a la discusión en todos los niveles, en partidos y organizaciones de la sociedad civil, de donde surgirán las propuestas de acciones concretas, sobre las cuales se debe reconstruir la oposición. Esa es la tarea pendiente.

Politólogo

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En días pasados circuló por redes sociales e internet −por donde ahora circula la información pues los “grandes medios” o ya no existen o en ellos no circula información que no le interese al gobierno− una información atribuida a un dirigente político, que no mencionare, sobre unas declaraciones de James Story, quien ostenta el curioso cargo de embajador de los EEUU en Venezuela, en el exilio.

Cuando digo que no mencionaré al dirigente político es porque he intentado, inútilmente, encontrar la fuente original de la información y no lo he logrado; solo dispongo de una fuente “secundaria” que diseminó la información y con base en ella, reconociendo que es una limitación, decido escribir está nota.

Debo admitir que pensé que las declaraciones de Story levantarían un revuelo mayor del que en realidad levantaron, lo cual me decepciona algo, pues trasluce parte de ese ambiente de indiferencia y hartazgo que hay en la oposición. Pero veamos primero las declaraciones. Según la fuente secundaria que he mencionado, debo decir, fuente sesgada, Story se refirió a la estrategia que está siendo evaluada y desarrollada por la oposición de la siguiente manera:

– “Estados Unidos y el Gobierno legítimo” van a crear una nueva plataforma política al interior de Venezuela que se denominará Nueva Alianza para Elecciones Libres (NELA).

– Se trata de “una plataforma conformada por la sociedad civil, sector privado y partidos políticos que trabajarán unidos para luchar contra el régimen”.

– NELA sustituirá a la actual denominación de Frente Amplio, y estará constituida por los partidos agrupados en el G-4, varias ONG de oposición y un sector del empresariado.

La nota, que incluye frases resaltadas en negritas, como la siguiente: “Story será el nuevo manager oficial de la oposición venezolana”, concluye señalando que tras el “anuncio” de Story, habría en Caracas una rueda de prensa para comunicar el plan político diseñado en la reciente reunión celebrada por la oposición en Bogotá.

Además de decir que nos quedamos esperando esa rueda de prensa y los anuncios que, según la sesgada fuente, el embajador Story habría adelantado con sus declaraciones, hay que agregar, que Story en ningún momento se refirió a esta reunión en Bogotá; esa mezcolanza de una estrategia opositora y la reunión en Bogotá, es únicamente una manipulación de la mencionada nota y de algunos críticos, supuestamente opositores, que se hicieron eco de ella.

Como dije, las declaraciones levantaron algún revuelo, sobre todo en algunos sectores opositores para quienes todo cuanto se diga en contra de la oposición “oficial”, el G-4 y en contra de Guaidó es inmediatamente bien recibido y debidamente difundido, comentado y criticado.

Lo primero que hay que decir es que las declaraciones de Story ciertamente ocurrieron. Pero, si se escucha la entrevista original que le hiciera la periodista Gaby Perozo en Perspectivas-VPITV, las mismas no tienen el carácter dramático, escandaloso y sesgado que le atribuye la nota que circuló profusamente y −ahora hay que decirlo− mal intencionadamente.

Story habló de muchas cosas, varias de ellas muy interesantes, pero con relación a los puntos resumidos más arriba, aunque mencionó la palabra “plataforma”, y habló de una nueva alianza para lograr elecciones libres −en la cual entrarían los partidos, la sociedad civil, sectores privados, etc. – en ningún momento la “bautizó” de ninguna manera −mucho menos como NELA− nombre que no se desprende de ningún juego de palabras mencionadas por él, en inglés o en español. Story insistió varias veces en sus conversaciones con Guaidó, la Asamblea Nacional, otras fuerzas democráticas y las conversaciones en la comunidad internacional para buscar una salida a la crisis venezolana, con base en una negociación que lleve a unas elecciones libres y creo que ese fue el resumen de su intervención, sobre la cual −como ya dije abarcó muchos e importantes temas− no pienso elaborar más, dejo esta tarea a los especialistas en esta materia.

Pero, como ciertamente las declaraciones de Story pueden tener varias “lecturas’ −como ahora se dice− o interpretaciones, yo tengo la mía. Creo que sus declaraciones hay que entenderlas en el siguiente contexto:

– Primero, son las declaraciones de un alto funcionario nombrado por un presidente de un gobierno republicano que está ahora bajo una administración demócrata.

– Segundo, creo que Story no ha sido cambiado, porque es evidente que la situación de Venezuela no es una de las prioridades de la política exterior de Biden, que aunque no ha hecho cambios significativos en la política de Washington hacia Venezuela, más bien la ha reafirmado, no ha definido aún una política propia, ni ha avanzado mucho en como la dejó Trump. Por tanto, Story pudiera ser un “pin” suelto o que estaría buscando que lo reafirmen como embajador −algo dudable, pero posible− mostrando que está informado, enterado y en contacto con la oposición venezolana; y

– Tercero, aunque pienso que sus declaraciones son bastante desafortunadas e indiscretas, como ha sido costumbre de muchos embajadores norteamericanos − recordemos a Charles Shapiro−, sin embargo, no dijo nada que no sea cierto

En efecto, la oposición está en el proceso de definición de una nueva política o estrategia para enfrentar al régimen; y eso ha sido comentado y declarado por varios líderes opositores −que omito nombrar para no dejar por fuera a ninguno− por lo tanto, Story no está “descubriendo” nada y si se oye la entrevista que le hizo la periodista ya mencionada, sin sacarla con pinzas del contexto −como hacen: la nota mencionada, un audio que circuló por allí y algunos “críticos” opositores−, sus declaraciones tampoco fueron tan “graves”, ni fuera de lugar lo que dijo. Lo único que se pudiera cuestionar es sí a él le corresponde o no hacer ese tipo de declaraciones o sí esas declaraciones ayudan a orientar o facilitar la discusión o más bien la entorpecen.

Pero, de allí a decir que Story es el “vocero” de la oposición ya es una afirmación mal intencionada, que es justamente la política divisionista del régimen, lo que le interesa al régimen que se piense y diga: “el imperio es el que dicta las políticas de la oposición…”, como lo vociferan algunos “opositores” y los “alacranes” que le hacen el juego al régimen, pues es también su política, dividir y demoler a la oposición.

Pero hay que extraer una crítica válida de lo ocurrido; y es algo que ya he dicho en ocasiones anteriores: En la medida que pasa el tiempo y no hay una posición “oficial” con respecto al tema de la estrategia opositora y la posición frente al tema electoral, la discusión se hace más y más amarga y disolvente, florece el “dibujo libre” y aparecen las iniciativas personales y grupales.

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En el interior y en la superficie de la oposición democrática, los temas de discusión se suceden y van cayendo como en cascada. El de la negociación está en el aire. Se siente, se huele, se masculla sobre él con cierta vergüenza todavía; nadie se atreve a asumirlo frontalmente, a proponerlo en voz alta de manera directa; excepto quienes se le oponen. La mayoría se limita a satanizarlo sin mayores argumentos. Pero el tema está allí.

Y no puede ser de otra manera. Si no tenemos la fuerza para acorralar al régimen y obligarlo a renunciar; o si no tenemos el apoyo de la fuerza armada o el respaldo de una fuerza internacional para deponerlo, ¿Qué alternativas nos quedan? En este momento solo tres; una es no “jugar”, no participar en nada y sentarse a esperar mejores tiempos.

Dos, aceptar participar con las reglas del juego que imponga la tiranía y tratar de sacar algún provecho de la situación. O tres, construir una fuerza tal que se oponga al régimen, ponga a dudar a quienes ahora lo apoyan, e ir resquebrajando eso que los especialistas llaman el “bloque hegemónico de poder” y se logre obligarlo a sentarse en la mesa de negociación para buscar una salida. Esa salida a la larga concluirá obviamente en un proceso electoral −con el perdón de la palabra− en el que se pueda participar en igualdad de condiciones.

Son pocas las personas en el país que hoy no concuerdan con que de este régimen de oprobio la única manera de salir es obligarlo a una negociación. El problema es cómo se logra eso.

Pero esta no es la “negociación” que está planteada en este momento, la que el régimen está propiciando y en la que ha accedido a participar. Por lo tanto, la oposición democrática, en esta etapa de reflujo en la que se encuentra, está transitando la ruta larga, pesada, de discutir internamente si debe abstenerse o participar en el próximo proceso electoral.

En realidad, se discute en torno a un mito. ¿Cómo llegar a unas supuestas elecciones “libres”, “competitivas”, negociadas con el gobierno, a cambio de levantar sanciones? Hay un cuestionamiento muy real de muchos analistas y consultores que se preguntan: ¿Por qué vamos a suponer que el régimen, todopoderoso, está dispuesto a negociar y conceder condiciones electorales favorables? ¿A cambio del levantamiento de las sanciones? Les parece contradictorio, un contrasentido y no les falta razón. Veamos.

Si en las circunstancias actuales, de acuerdo con todas las encuestas y la opinión de todos los consultores y analistas el régimen perdería de calle, como se dice coloquialmente, cualquier elección que se organice que sea más o menos libre, ¿Por qué negociaría la posibilidad de perder el poder a cambio del levantamiento de sanciones? ¿De qué le serviría el levantamiento de las sanciones si pierde el poder? La respuesta para algunos es que para el régimen es un buen negocio, eventualmente “cedería” algunas gobernaciones −que en realidad no le restan mucho poder y que siempre las puede controlar con los consabidos “protectores” − a cambio de que le levanten unas sanciones que sí lo perturban. Sobre todo, claro está, si le levantan las sanciones “personales”, las que recaen sobre los personajes del régimen, que varios las tienen y que los afectan y los afectarán, estando o no en el poder, para continuar sus «negocios» y disfrutar sus fortunas mal habidas en cualquier parte del mundo. Esa sería la razón y no el que consideren que su poder esté amenazado, que es lo que no parece muy claro en este momento.

Y no faltan razones para pensar que no vean su poder amenazado, a juzgar por la conducta política, impune, del régimen, para controlar el país. No vale la pena repetir de nuevo todos los abusos, ilegalidades y artimañas de que se vale para lograrlo, las doy por bien conocidas, y son una clara muestra del omnímodo poder del régimen, aunque solo esté sostenido por la fuerza armada nacional y sus colectivos violentos.

Sin embargo, en un mundo globalizado nada es gratis y el régimen ha pagado un precio por todas sus ilegalidades, abusos de poder y violación de derechos humanos, que lo han ido aislando internacionalmente, al menos del mundo occidental democrático. Sería absurdo negarlo. Han contribuido esas sanciones impuestas por algunos países como los EEUU y la UE, de las que el régimen ha tratado, hasta ahora infructuosamente, de librarse.

Siempre he compartido que las sanciones contra un país son inconvenientes pues no solo no logran su propósito de debilitar al régimen contra el cual se aplican y sí debilitan y empeoran las condiciones generales de la población del país. Pero tampoco tengo ninguna duda que las sanciones contra las personas, contra los factótums del régimen, sí tienen eficacia. Y la mejor prueba de esto es la insistencia del nuestro en intentar librarse de ellas y poner como condición su eliminación cuando se les plantea cualquier tipo de negociación.

El objetivo del régimen es utilizar su poder de negociación para librarse de unas sanciones que afectan en lo personal a algunos de sus componentes; ni por un momento podemos pensar que un supuesto daño de las sanciones a la población o una desmejora de su condición de vida sea algo que al régimen le preocupe y quiera resolverlo. Pero si una cosa debemos tener clara es que esa es una señal de que las sanciones personales sí le pesan y debemos tener claro también que el gobierno accedió a negociar en oportunidades anteriores por el peso que ejercen esas sanciones.

Por otra parte, y para finalizar el tema de las sanciones, no debemos cometer la ingenuidad en la que incurren algunos desprevenidos opositores, que favorecen las opciones del régimen, al aducir un cierto daño o empeoramiento de las condiciones económicas y sociales en Venezuela, producto de esas sanciones, sin percatarse de dos cosas; una, que el régimen lo que intenta es escudarse y tapar con el supuesto efecto de las sanciones la desastrosa gestión de casi 23 años en el poder; y dos, que a pesar de lo que dicen algunos voceros opositores contra ellas, varios estudios especializados, de universidades y connotados grupos de pensamiento comprueban que nuestro mísero estado de vida y el deterioro de las condiciones económicas y sociales son el producto de erradas y desastrosas medidas económicas que vienen de mucho antes del año 2017, que es cuando se empezaron a aplicar las mencionadas sanciones.

Como he dicho, no está muy claro que el régimen se sienta amenazado hasta el punto de flexibilizar sus posiciones y hacer concesiones a una oposición que considera, y está, debilitada. Pero lo que he descrito es el marco, el contexto, en el que se desenvuelve la negociación para encontrar una salida a la crisis política y la discusión acerca de si participar o no en el próximo proceso electoral, o en cualquier proceso electoral de ahora en adelante.

Politólogo

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La discusión acerca de la posición opositora con relación a la participación o no en las elecciones regionales continúa sin que asome una leve luz en el fondo. Con la desventaja de que en la medida que pasa el tiempo y no hay una posición “oficial” con respecto al tema, la discusión se hace más y más amarga, florece el “dibujo libre” y las iniciativas personales y grupales.

Obviamente, la discusión no se queda en el tema de la participación electoral, va mucho más allá y se remonta también −suponemos− al pasado reciente y al más lejano, sobre todo en cuanto a recriminación de errores y fallas a dirigentes y partidos.

Hay quienes llegan muy lejos en su proclama de la no participación −no los llamaré abstencionistas, pues dicen no serlo− pero, les parece que no solo está “agotada” la vía electoral, al menos para algunos, también está agotada la opción de convocar a “la calle”, por carecer de una estrategia posterior. Y, además, señalan otros, esta opción ha sido “traicionada” y “abandonada” por líderes “negociantes”, que entregaron cualquier iniciativa a unas frustradas negociaciones que al final lo que hicieron al fracasar fue apuntalar más al régimen y languidecer las acciones de “calle”.

Imbuidos a lo mejor sin saberlo por ese espíritu de la antipolítica que fue esencia del triunfo del chavismo en 1998, además de estar contra las “negociaciones”, también están en desacuerdo con los procesos de “diálogo”, pues no tiene sentido “negociar con delincuentes”, dicen.

Algunos también, al menos después del resultado electoral en los EEUU, están desesperanzados de cualquier acción militar externa que antes esperaban y otros además señalan estar ahora en desacuerdo con el desembarque de “marines” en las costas venezolanas y en cualquier llamado a la insurrección militar, pues consideran a los militares venezolanos −con toda razón, por cierto− la mano oculta real de esta dictadura a la que estamos sometidos. Al final, tal parece que algunos solo dejan abierto un estrecho e incierto camino a una mítica “negociación”, que nunca nos dice cuál es, así como tampoco nos dicen cuál sería una probable vía para salir de este oprobio.

En el desierto que atravesamos, sin guía y sin opciones ampliamente compartidas, apenas reluce algo, más por costumbre o temor, la idea de la mítica unidad; en la cual, en realidad y por lo visto, nadie cree muy firmemente. Por temor y mito me refiero a que nadie en sus cabales y que tenga una cierta aspiración de continuar en la política, va a denigrar de la idea de la unidad pero luce que nadie está tampoco haciendo esfuerzos muy profundos al respecto.

Pareciera que estamos sumidos en una especie de abandono “dirigencial”, a la espera de que las cosas se resuelvan solas, confiados en que el tiempo todo lo cura; o que estamos esperando, nuevamente, algún milagro desde el exterior, obrado por un “informe” de algún organismo internacional o por los vientos nórdicos, que soplan de vez en cuando y de cuando en vez, como pareciera que ahora vuelve a ocurrir.

Los partidos políticos, asumo, que están en fogosa discusión interna para dirimir su futuro inmediato, como es la convocatoria de un proceso electoral, que como ya sabemos se va a efectuar con o sin la participación de la oposición democrática, tras lo cual el régimen seguirá su curso, aun con el exiguo número de votantes que se presenten, sin importarle para nada la legitimidad del proceso o nuestro reconocimiento o el de la comunidad internacional.

Los actores políticos, analistas, consultores, seguirán en su tarea de argumentar si vale o no la pena votar; si debemos o no embarcarnos en una nueva ronda de negociación, de diálogo. Con todos los argumentos que ya sabemos y no vale la pena repetir.

Los líderes, que nos han conducido hasta aquí reconocerán o no sus errores y las críticas que se les han formulado, y algunos seguirán −con poco o mucho apoyo− o surgirán otros, porque la experiencia también nos indica que siempre aparecen otros o los mismos, montados sobre las olas, o desde la profundidad de las aguas que los han revolcado. Pero, la política, también se abre paso como la vida misma. Por eso hoy mi reflexión y mis preguntas son otras. Mas intimas y personales, más ineludibles.

Nosotros dos, usted que lee y yo que escribo, que si bien tenemos y sufrimos los problemas comunes de los venezolanos −inseguridad, falta de gasolina, pésimos servicios públicos, alto costo de las cosas− pero que seguramente no estamos tan agobiados por la cotidianidad, o preocupados a muerte por el diario sustento, como millones de venezolanos, algunos de los cuales han tenido que irse del país, dejando atrás amigos, padres y hasta hijos, para intentar ayudarlos desde el exterior; usted y yo, repito, que hemos optado por permanecer aquí… ¿Qué papel nos toca ejercer en todo esto?

Porque este país también es nuestro y no está muerto, vive… aquí se trabaja duro, se invierte en lo que se puede, se estudia, se crea arte, se hace música, se lucha −en fin−, se ama y se muere, por salir de este oprobio. ¿Vamos a seguir en la amargura de quejarnos por todo? ¿Vamos a renegar del país, darle la espalda y dejarlo por imposible?

Durante cuarenta años de floreciente democracia desde 1958 nos apartamos hacia la barrera, en busca de un burladero. Nos apartamos de la política por ocuparnos de nuestros negocios, familias, actividad profesional o académica y contribuimos −en buena medida− a propalar la antipolítica que permitió que se encumbraran en 1998 los que destruyeron al país. ¿Vamos a seguir culpando a los partidos, a los líderes que ayudamos a surgir y que ahora pretendemos abandonar, por los errores y fallas en las que nosotros también participamos? ¿Vamos a continuar esperando que aparezca esa fórmula mágica de unidad, que confundimos con unanimidad, para comenzar a actuar? ¿O por el contrario vamos a intentar hacer algo, desde nuestro espacio natural de influencia, para convencer a los venezolanos de que sí hay una solución y que depende del esfuerzo de todos?

No podemos seguir lamentándonos por la falta de éxito, dando todo por perdido y regresar a nuestro rincón de las lamentaciones, desconociendo veintidós años de lucha y resistencia. Aquí se ha luchado, resistido y hecho muchas cosas durante veintidós años, en los que muchos perdieron fortunas, futuro y vidas; años de éxitos y fracasos, pero que han impedido que este régimen, de ínfulas totalitarias, se termine de adueñar del país y acabe con toda resistencia. Que no quede duda que podemos contribuir a la discusión, a difundir ideas, a aportar en la organización del país y llenarlo nuevamente de esperanza, una y otra y otra vez.

Politólogo

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Una de mis religiosas lecturas dominicales es la columna de Fernando Rodríguez, en El Nacional. La del pasado domingo 7 de marzo, se titula: “El voto, claro, pero…” y ya podemos suponer de qué trata, pues es el tema que a todos nos ocupa.

La referida columna comienza con una frase contundente: “No hay opositor en este país que no diga que debemos juntarnos y expresarnos para salir de este gobierno bruto, cruel e ilegal, dictatorial y militar pues…” y no puedo estar más de acuerdo con esa sentencia. Sí, pero… lamentablemente para el filósofo −y sobre todo para todos nosotros− es que esa frase no parece que se ajusta a lo que está ocurriendo en los predios opositores.

En su artículo el Dr. Rodríguez hace referencia a uno de los tantos documentos que circula en el bastión opositor −el democrático, por supuesto, porque el “alacrán” ni es oposición, ni escribe documentos− que hace un llamado a rescatar el voto y el Dr. Rodríguez, tras lamentarse que la discusión que esté planteada no sea sobre las condiciones electorales por las que se debe luchar, concluye −sabiamente− que de todas maneras se debería seguir discutiendo, pero hacer una pausa en eso de circular documentos, para lograr un mayor consenso.

Asumo que lo de la pausa que solicita el filósofo se debe a que ciertamente al que él se refiere no es el único documento que circula; son varios los que lo hacen y en particular hay otro, exactamente de signo contrario a éste, que sin llamar las cosas por su nombre, abstención, prácticamente lo hace con el circunloquio de llamar a no participar en el proceso electoral, porque éste no reúne las condiciones mínimas que se podrían desear.

Quienes proponen abstenerse o no participar −no los llamaré “abstencionistas”, pues ellos no se consideran así−, declaran no estar de acuerdo con acudir a los procesos electorales que, como ya dije, no reúnan condiciones mínimas. (No voy a abundar en que en realidad nunca las hemos tenido desde el año 1999, cuando este régimen se implantó)

Como bien sabemos, desde inmemorables años, por lo menos desde los años 60 del pasado siglo −que yo recuerde− hay en Venezuela una acendrada tendencia a resolver las discusiones de espinosos y controversiales temas con documentos, escritos, manifiestos y cartas abiertas. Adquirimos la costumbre de discutir y hablarnos indirectamente, de comunicamos a través de la prensa; y hoy ni siquiera eso, pues contamos con muy poca prensa disponible; hoy lo hacemos a través de redes sociales.

Todos recordamos, por ejemplo, que a principios de los 90 del pasado siglo, surgió aquel grupo denominado “Los Notables”, encabezado nada menos que por Don Arturo Uslar Pietri, que produjo varios documentos de impacto sobre la situación del país y lo que, a juicio de ese grupo, eran las soluciones para esos problemas. Algunos de los integrantes de aquel grupo de “notables”, que era un número variable y mudable, tuvieron una cierta −e incierta− responsabilidad en los hechos políticos que contribuyeron a la defenestración de Carlos Andrés Pérez y que nos condujeron, años más tarde −por aquello de que de esos polvos vienen estos lodos− a la desgracia que hoy vivimos.

A esa costumbre de retratarse en grupo y firmar documentos, se le suma hoy otra manía o característica, que se debe al auge que tienen las redes sociales, con sus secuelas de la llamada posverdad −inventar o exagerar cosas− o la de circular abiertamente falsas noticias y rumores, para desacreditar a alguien.

No está muy claro cuál es el alcance real y combinado de las redes sociales en Venezuela: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, por nombrar las más destacadas. Mucho menos se puede saber cuál es el impacto de los “chats” de vecinos, grupos familiares, compañeros de colegio y universidad, etc.; pero, sin duda, todos combinados, redes y “chats”, lo tienen. Por lo pronto, a todos nos hacen sentir grandes comunicadores, literatos, brillantes pensadores, o “influencers”, por usar ese término de moda en el mundo cibernético.

Con las excepciones del caso, que siempre las hay, tal parece que constreñidos, por ejemplo, a los 280 caracteres de escritura que nos permite un tuit, nos han llevado también a reducir nuestro pensamiento a ese número de caracteres y hemos sustituido por frases huecas, rimbombantes, circunloquios, las críticas y las ideas. Los insultos y la diatriba es lo que ahora se festeja. Mas pendientes de los rebotes, “likes” e incremento de seguidores, que de que se profundicen y analicen bien las cosas, en la mayoría de los casos no se difunde información y la que se difunde, aunque tenga atisbos de verdad, es solo parcial y se hace con el objetivo de sembrar la duda y desprestigiar; pareciera que el ánimo no es corregir, encontrar una solución, mucho menos buscar la verdad, sino destruir.

Por eso, no le falta razón al Dr. Rodríguez, en su artículo del pasado domingo, al concluir pidiendo un receso y sugerir una postergación de “… los manifiestos, [pues] a lo mejor logramos uno mayoritario”. Soy muy escéptico al respecto, pero vale la pena apoyar el intento.

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En nuestro lado de la acera −el de la oposición democrática− parece que ya muy pocos esperan una fuerza internacional interventora que solucione la crisis del país; incluso algunos así lo admiten. Se han resignado, por lo visto, a aceptar que eso era una quimera, y ya no se oye hablar de “marines”, fuerza armada multilateral, operación comando y solo algunos piensan en TIAR o R2P.

Pareciera, entonces, llegado el momento de pisar tierra nuevamente, contar con lo único disponible (sanciones internacionales contra los pro hombres del régimen, sus familias y testaferros) y dedicar los esfuerzos a organizar la oposición y la resistencia dentro del país, para confrontar el régimen en los escenarios que lucen posibles: procesos electorales y negociación, para llegar a procesos electorales.

En este sentido, en la oposición, se da nuevamente una intensa y amarga discusión sobre si se debe participar o no en las elecciones regionales que se anuncian para fin de año, y que ya algunos llaman “megaelecciones”, pues se elegiría gobernadores, alcaldes, legisladores estadales y concejales. Aún no está claro si la decisión que adoptarán la mayoría de los partidos −si no todos− que hoy se congregan alrededor del Frente Amplio o Juan Guaidó −junto con organizaciones de la sociedad civil (SC), involucradas en la lucha política−, será la de participar en ese proceso electoral o la de abstenerse nuevamente.

Los argumentos para abstenerse o votar no han variado mucho desde la última discusión en 2018 y 2020; realmente no hay planteamientos originales y nuevos en la disputa. Quienes propugnan por continuar con la política de abstención siguen argumentando que no hay “condiciones democráticas” para participar; han reemplazado el mantra aquel de: “cese a la usurpación…” etc. por un nuevo mantra: “sin condiciones electorales, nuevo CNE… no hay participación”; y quienes argumentamos −como ven me incluyo− que se debe participar, afirmamos que nunca se lograrán condiciones ideales y mientras tanto, no se puede seguir perdiendo terreno −en la mente de los ciudadanos− debido a la inactividad política. Si, porque el principal terreno de la lucha contra la opresión no es en cargos políticos, sino en la mente, en el ánimo de la gente, y la inactividad política conduce a resignación, desesperanza y huida.

Como he dicho, soy partidario de la participación electoral −no volveré, al menos hoy, a argumentar más profundamente al respecto− y confío en que solo unos pocos partidos y posiblemente solo algunas oenegés e individualidades no acepten participar. Pero, si bien espero que la mayoría de los partidos y organizaciones de la SC opten por hacerlo, no obstante, también creo que la mayoría de la población, al menos por el momento, me luce que no seguiría esta decisión de los partidos y, por tanto, la abstención seguirá en cifras muy altas, posiblemente por encima del 60%.

La abstención “histórica” se ha estacionado como un peso muerto desde 1998 por encima del 30%, entre otras cosas gracias a la campaña de desacreditación del voto, que ha venido desarrollando el régimen, con mucha fuerza, desde hace unos quince años, cuando se empezó a dar cuenta de que perdía terreno electoral. A esa campaña han contribuido algunos grupos opositores y en general, todos hemos estimulado, con esas confusas estrategias de ir y venir, de participar y abstenernos. Por eso hay que trabajar muy intensamente en contrarrestar esta tendencia y evitar que la discusión −votar o abstenerse− nos siga dividiendo, como ha sido hasta ahora.

Esa lucha pasa por entender que participar o abstenerse, en realidad no dejan de ser tácticas políticas que deben seguir a la estrategia fundamental de ganar terreno y buscar la vía más eficiente para salir de este régimen de oprobio. En ese sentido, cualquier posición que se adopte, debe seguir un principio que se considera más básico, la unidad. Sea que se decida continuar la política suicida de la abstención, sea que se decida la vía de participar electoralmente, aunque hoy luzca poco eficiente, lo importante es que sea una decisión unitaria; de allí el nombre del artículo: Sí, lo que sea, pero unidos…

La unidad no es un mantra, ni un mero principio filosófico; no es una mera consigna, es una posición de eficacia política; es el convencimiento político de que enfrentar a un régimen con ínfulas totalitarias −aparentemente monolítico− no es posible hacerlo desunidos, separados, en múltiples pedazos, que se vuelven grupúsculos, fáciles de anular. Algunos dicen que tampoco es posible salir solos, y probablemente tengan razón, pero el problema es que nadie está dispuesto a hacernos la tarea de sacar al régimen de inmediato y radicalmente, como a algunos les gustaría; por lo tanto, toca hacer la tarea interna para buscar después el apoyo internacional y crear la amenaza creíble para que se llegue a la salida que necesitamos.

Si la decisión es abstenerse −ojalá no sea así− en todo caso no puede ser como ha sido hasta ahora: un simple quedarse en casa, contemplando los resultados y regodeándonos de la cifra elevada de los que se abstienen; debe ser una abstención “militante”, por llamarla con un término muy manido, para explicarle a los venezolanos que se mantienen al margen de la actividad política, el por qué es importante la lucha contra el régimen y que quedarse en casa, no es por mera indiferencia, no es por decepción personal, ni es darle la espalda al país, si no una forma de expresar descontento e insatisfacción por el estado de cosas, por la ruina en la que estamos sumidos.

Si la decisión es participar, no basta con postular candidatos unitarios a los diferentes cargos en disputa; hay que aprovechar la movilización de las campañas electorales para organizar la oposición, para ganar en organización popular, además de recuperar algunos de los espacios políticos que se han ido abandonando. Los partidos y grupos de la sociedad civil, debemos recorrer el país con los candidatos, en tareas de movilización y “agitación política”, para mostrarle a todos que sí hay una alternativa a este régimen de oprobio; y no termina allí la tarea, el empeño organizativo debe llegar −en los estados y municipios en donde hay posibilidad de ganar− a cubrir con testigos al menos el 90% de las mesas, si no todas; y más allá aun, se deben tener algunas ideas de cómo se podrían defender los resultados en el caso de que intenten arrebatarlos, como ocurrió en el Estado Bolívar en la elección de gobernadores en 2017. Significa no solo ganar los “espacios” en juego, sino estar dispuestos a defenderlos, hasta donde sea posible, sin actos heroicos y suicidas, conscientes de que el régimen está dispuesto a desplegar sus fuerzas represivas y de choque.

En todo caso lo que no puede ocurrir es que se nos siga confundiendo con ese peso muerto de los abstencionistas indiferentes, los “hastiados” de la política, los “indignados ahítos”; pero tampoco se nos debe confundir con los oportunistas alacranes que se anotan a cualquier proceso electoral para arrimarse al “festín de Baltasar”. Por eso, cualquiera que sea la posición que adoptemos, debe ser bajo la premisa de: Lo que sea, sí, pero unidos…

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Voy a hacer un paréntesis en mi acostumbrado comentario político, para tocar un tema −que en el fondo también es político− no menos importante y acuciante: la situación de la empresa venezolana, en particular la industria manufacturera nacional.

La industria nacional es víctima de un depredador, eficiente y despiadado, que no ha tenido compasión para destruirla: el régimen instaurado por Hugo Chávez Frías en 1999, que continua hasta nuestros días. Cuando este régimen se hizo del poder, de acuerdo con las propias cifras oficiales, en el país había 12.700 industrias manufactureras; debido a la política depredadora del régimen −no voy a gastar tiempo en describir lo que bien conocemos y que la Confederación Venezolana de Industriales, CONINDUSTRIA, calificó adecuadamente de “cerco a la industria nacional” −, hoy el plantel industrial se reduce a poco más de 2.500 industrias. Hemos perdido la friolera del 80% de nuestra capacidad industrial y el 20% que queda, trabaja con enormes dificultades, a una fracción de su capacidad instalada. El presidente de Conindustria nos recordaba en días pasados que −sin contar los años anteriores− desde que Nicolás Maduro está en el poder, se han perdido más de 400 mil empleos industriales, que como sabemos siempre fueron los mejor remunerados.

Asentado esto, no me voy a referir más a este depredador, si no a otro igualmente letal.

Seguramente todos, en nuestro papel de consumidores que maximizamos nuestros recursos y preservamos el poder de nuestro ingreso, buscando y adquiriendo los productos que mejor satisfagan nuestras necesidades, al mejor precio posible, nos topamos con estantes y anaqueles repletos de productos importados. No me refiero a los llamados “bodegones”, sino a los estantes y anaqueles de abastos, mercados y supermercados en los que hacemos nuestras compras habituales. Tampoco me refiero, con eso de productos importados, a las especialidades y exquisiteces de algunos países que siempre han estado presentes en el nuestro, sino a cosas como: aceites comunes de España, leche de Francia, pastas de Italia, granos y arroz de Brasil, y un largo etcétera, de productos y países, que no vale la pena enumerar; seguro que todos me entienden de que hablo.

Lo más sorprendente es que esos productos, a veces de calidad igual o superior, están a precios inferiores o iguales que los productos nacionales, cuando estos se consiguen. ¿Cómo es esto posible, si esos productos deben pagar fletes internacionales y otros costos de traslado y acondicionamiento, excepto aranceles aduaneros y otras tasas, de los cuales, como sabemos, el gobierno los ha exonerado?

Desde siempre, pero sobre todo desde finales de los años 80 del pasado siglo, cuando se inició un proceso de apertura económica en el país, nuestra industria se vio sometida a la competencia de productos importados, que no solo gozan de escalas y de tecnologías mucho más avanzadas que les permiten alcanzar mejores precios y condiciones, sino que, en sus países, seguramente no están sometidos a las condiciones restrictivas de comercialización interna a las que están sometidos los productos elaborados en el país, ni sus industrias son perseguidas por el gobierno como lo son las nuestras. No obstante, nuestra industria supo enfrentar, con dificultades, ese reto y logró no solo sobrevivir, sino también exportar sus productos a otros mercados a precios realmente competitivos. Aunque hoy suene a fantasía, es bueno recordar que las exportaciones distintas al petróleo, cacao y el mineral de hierro, llegaron a ser cerca de 6 mil millones de dólares a finales de los años 90 del pasado siglo.

Pero no es por razones tecnológicas o industrias más avanzadas que se explica que encontremos hoy inundados los anaqueles con productos importados a precios más bajos que los nacionales y que incluso estén a precios inferiores a los de su mercado de origen. Este fenómeno, usualmente, se produce por dos causas fundamentales, bien porque una empresa trate de conquistar un mercado externo o por colocar en el mismo el sobrante de su producción y lo comercializa a un precio inferior al que se comercializa en su mercado de origen; o bien porque, gracias a la intervención del Estado, con algún tipo de subsidio, permite que el precio pueda ser rebajado para colocarlo con ventaja en otro mercado. Hoy en día, esta segunda causa es menos común en el mercado internacional, dada la actividad y vigilancia de organismos internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, los diferentes acuerdos regionales y las modernas legislaciones de cada país, que protegen sus industrias y mercados de esta práctica depredadora. Aunque técnicamente son dos cosas distintas, el efecto concreto de ambas prácticas es el mismo, que el producto entre con ventaja de precio a otro mercado. Por lo tanto, me atrevo a pensar que en Venezuela estamos en presencia de la devastación que ocasiona un “dumping”.

El "dumping", para decirlo en términos sencillos, es una práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal en el mercado de origen, o incluso por debajo de su costo de producción, con el fin inmediato −como dije antes− de conquistar un mercado, eliminando las empresas competidoras y apoderándose finalmente del mismo.

Siempre ha habido una discusión muy intensa acerca de cuál debe ser la actitud frente a esta práctica; algunos sostienen que la prioridad deben ser los consumidores y no cabe duda que en una economía destruida e hiperinflacionaria como la nuestra, “bajar los precios", por la vía que sea es algo que beneficia a los consumidores. Pero tampoco cabe duda que, sin tener una protección a ultranza, que disfrace y ampare la ineficiencia de nuestras industrias, tenemos que buscar fórmulas para protegerlas, proteger sus inversiones y los puestos de trabajo que generan.

No es un problema sencillo, porque, no nos engañemos, ya sabemos que va a ocurrir con estos precios tan o más bajos que los de nuestra industria; si se trata de algo temporal para colocar la sobreproducción de alguna empresa, en poco tiempo, esos productos no los veremos más en los anaqueles; y si se trata de una estrategia para conquistar nuestro mercado, los que no veremos en los anaqueles serán los productos nacionales. Pero, desaparecida la competencia y conquistado el mercado, los productos importados aumentarán de precio e incluso subirán muy por encima del precio relativo con el cual se comercializan actualmente y no solo por efecto de la hiperinflación. En el entretanto, habrán desaparecido unas cuantas industrias nacionales y las inversiones y empleos que ellas generan.

Los mecanismos adecuados de protección, para consumidores y empresas, son: proteger la libre competencia y la economía abierta para que sea esta la que regule el mercado y obligue a bajar los precios para proteger adecuadamente a los consumidores. Es fácil hacer demagogia con acusaciones de abusos y especulación, pero es la libre competencia la que mejor combate los precios especulativos o artificialmente altos y lo que mejor protege el bolsillo de los consumidores. Venezuela cuenta con dos instrumentos legales, vigentes, para protegerse de estas prácticas, que no utiliza desde 1999: la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia y la Ley sobre Prácticas Desleales del Comercio Internacional y su Reglamento. Sabemos que es utópico pensar que este régimen las utilizará, no solo porque son leyes de libre mercado, sino porque suponen un proceso, una investigación imparcial, la demostración de daño a la producción nacional y para este régimen es más fácil aplicar controles y represión, que no resuelven nada, que arruinan al país, pero cubren las apariencias.

No me gusta concluir en el aire un tema tan espinoso, pero ni las empresas ni el pueblo consumidor contarán con ningún mecanismo gubernamental para defender sus respectivos intereses y lograr un equilibrio. No queda por el momento sino denunciar la situación, alertar del peligro de destrucción que se cierne sobre lo que queda de nuestra industria y, por lo tanto, dejar el problema en el difícil terreno de la responsabilidad y conciencia individual.

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