Con mayor frecuencia vemos que analistas, periodistas, “opinadores” de oficio, y toda clase de personas influyentes –esos que hoy denominamos con el anglicismo de influencers– desgranan en prensa y redes sociales su preocupación acerca del futuro político, inmediato, de Venezuela. No es para menos, pues con la llegada de enero de 2021 se nos viene encima una muy complicada y difícil etapa.

Quien no lo haya hecho aún, es pertinente que se pregunte: ¿Qué vamos a hacer?, es decir, más concretamente: ¿Cuál será la estrategia de la oposición para enfrentar al régimen dictatorial, autoritario, que gobierna al país? La pregunta no es retórica y como ven, la personalizo, no va dirigida solo a los políticos, a los partidos, sino a todos los venezolanos que nos oponemos a este régimen de oprobio.

No creo descubrir la rueda ni inventar la pólvora al describir la situación con la que nos vamos a encontrar a partir de enero de 2021, pues muchos ya lo han hecho, simplemente la voy a resumir para que todos nos ubiquemos en la misma situación.

Comencemos por el lado del régimen; éste se dispone a elegir el 6D una Asamblea Nacional (AN) a su medida. Poco le importa cuantos concurran y voten en el proceso, su CNE siempre puede poner el número que le resulte más conveniente; como hizo con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que “acomodó” un número de votantes, con el único requisito de que fuera superior al de la consulta popular opositora efectuada dos semanas antes, el 16 de julio de 2017. Tampoco le importa mucho que a esa “elección” no concurra la oposición democrática; más bien todo su esfuerzo estuvo claramente dirigido a que no concurriera, para evitar riesgos innecesarios o verse en la necesidad de perpetrar un fraude mayor. Le basta y sobra con su oposición a la medida, la constituida por sus execrados aliados de la izquierda y los de la llamada “mesita”, que es improbable que puedan darle un “susto”, mucho menos sí para colmo van divididos en varios pedazos. Alguno de estos grupos, individualmente o “convenientemente”, lograrán alguna diputación, pero en un número que ni siquiera estará cerca de poner en peligro el objetivo del régimen de contar con los 2/3 de la futura AN.

Tampoco le quita el sueño al régimen no tener la aprobación de la comunidad internacional; después de todo tampoco la elección de la ANC y las presidenciales de 2018 la tuvieron, y allí está el gobierno de facto. Al régimen le basta con que sus aliados internacionales –Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua, Turquía, y algunos otros– reconozcan dicha Asamblea y acepten gustosos los acuerdos internacionales que ésta les va a aprobar, para dar “seguridad jurídica” y tapar todos los negocios y trapacerías que ahora están realizando.

El régimen, claramente, persigue tres objetivos importantes, ya ampliamente descritos, por eso apenas los menciono: uno, sacarse de encima la actual AN dominada por la oposición y que le aprobó un gobierno interino; dos, asestarle un golpe noble a la oposición democrática, que a partir de enero no contará con una representación parlamentaria ni con un gobierno interino que puedan ser reconocidos internacionalmente y tres, contar con una AN que, como ya señalé, facilite los negocios del régimen con sus socios internacionales

Del lado de la oposición, enero de 2021 se presenta poco auspicioso. La oposición, a pesar de ser la mayoría en el país, de acuerdo con la última medición electoral en la que participó y de acuerdo con todas las encuestas, permanece inmovilizada, desanimada, lamentándose de su suerte, totalmente postrada, desmoralizada y dividida.

Descontando la fracción que se anotó con el régimen para concurrir al proceso electoral –y que en consecuencia eligió “amoldarse” a sus exigencias, las actuales, electorales, y las futuras, que no sabemos a dónde la llevarán– la oposición se fragmenta en varios pedazos.

Desde el punto de vista organizativo vemos un primer sector, constituido por una gran mayoría que se agrupa en el llamado Frente Amplio, pero que no tiene una clara estrategia de acción y movilización. Hasta el momento ha decidido dos cosas: una, abstenerse de participar en el proceso electoral del 6D, cuyas consecuencias prácticas vimos más arriba; y la otra es emprender, al parecer sin mucho ánimo y no unánimemente, la tarea de organizar una “consulta popular”, sobre la que hay algunas dudas importantes y no se termina de tener claro sus aspectos organizativos, lo que compromete –a gran escala– sus probabilidades de éxito.

Hay un segundo sector, que algunos denominan o ven más “radical”, pero menos numeroso y representativo, aunque un tanto más ruidoso y activo en redes sociales, pero que parece resignado a esperar una improbable intervención internacional externa, que algunas veces han definido eufemísticamente de “fuerte”, denotando así su carácter aparentemente militar, pero que sin embargo inmediatamente niegan, preguntándose “quien ha dicho tal cosa…” Su tarea, en buena medida, se concreta en diferenciarse y criticar todas las iniciativas de la oposición mayoritaria, a la que obviamente aspira reemplazar en el tablero político.

En lo organizativo también, hay un tercer sector, constituido por los disidentes del llamado chavismo, que no terminan de romper con el supuesto “ideario” de Hugo Chávez Frías, pero que obviamente no se identifican con el actual régimen madurista; algunos de sus factores más significativos ya tienen más de un lustro de disidencia, pero tampoco ha sido fácil su plena incorporación al conjunto de la fuerza opositora.

Pero lo más grave es que fuera del marco organizativo de la oposición está la inmensa mayoría de ciudadanos comunes, del pueblo venezolano. Algunos, afiliados a organizaciones de la sociedad civil que, en el mejor de los casos, deambulan sin rumbo alrededor de los partidos; otros que rechazan a los partidos, con las ya clásicas consignas “antipolíticas” y “antipartidos”; otros, la gran mayoría, el peor de los casos, que permanecen inertes, desmovilizados, frustrados, apáticos, frente a la situación política del país, buscando desesperadamente una solución individual a sus penurias.

Afortunadamente, en este sector ciudadano y de la sociedad civil, hay una inmensa mayoría de ciudadanos que cada día se manifiesta y protesta por los más diversos y válidos motivos, con una motivación claramente política, pero poco precisa en su intención de orientarse y organizarse en contra del régimen y que en consecuencia es poco eficaz.

De esta manera, ante el panorama descrito, la “oposición mayoritaria” tiene varias tareas que llevar adelante, desde ahora y sobre todo a partir de enero de 2021. Una es interna; y me refiero a lo interno de cada organización, para concluir –o iniciar– sus procesos de renovación, volverse más democráticos y participativos, tarea pendiente desde hace varios años, que al no resolverse deja puertas abiertas y facilita que se produzcan las disidencias que vimos recientemente, que dio origen a los llamados “alacranes” y “mesitas”; otra tarea, también interna, de conjunto, es dirimir rápidamente o diferir las disputas internas por el control político de la coalición opositora, para lograr orientar y canalizar políticamente todas esas protestas espontáneas, diarias, que se producen en el país.

Sin embargo hay una importante tarea externa que llevar adelante y es la de continuar la relación con la comunidad internacional que ha venido apoyando desde hace un par de años al gobierno interino y que ahora se le hará más difícil concretar ese apoyo, al no contar con una representación parlamentaria, ni con un gobierno interino.

Para esa tarea son importantes dos elementos; uno de ellos se volverá cada vez más peligroso a partir de enero de 2021, fecha en la cual el régimen controlará todas las instituciones del estado, sus recursos, el sistema de justicia y carcelario, todo el aparataje represivo; me refiero a mantener la denuncia de las violaciones de los DDHH y la situación crítica en la que vive el pueblo venezolano por la compleja crisis humanitaria; el segundo elemento que en este contexto de inamovilidad en el que estamos inmersos no se debe despreciar y adquiere gran importancia es participar en la “Consulta Popular”, que más allá de la especulación o argumentación de su carácter vinculante con base en el Artículo 70 de la Constitución, su significado puede ser mostrar al mundo, a la comunidad internacional, a nosotros mismos y al régimen, que la oposición venezolana sigue viva, activa y en disposición de luchar contra la dictadura que la oprime.

En este contexto es importante que no olvidemos que 2021 es año electoral –de gobernadores, alcaldes, concejos, asambleas legislativas–- y que al llegar a la mitad del periodo del presidente usurpador, se abre la posibilidad, nuevamente, de un proceso revocatorio. Por eso es necesario abrir nuevamente la discusión: ¿Nos vamos a mantener en una posición abstencionista? ¿Vamos a luchar por unas elecciones justas, democráticas, imparciales, etc.? Son preguntas que a nadie gustan, pero es una realidad política que está allí, que se nos viene encima y a la cual habrá que dar respuesta.

Una vez más reitero mi posición que la oposición democrática tiene que aprovechar todas las oportunidades para alcanzar mayores niveles organizativos, que permitan mantener la presión, nacional e internacional, para llegar a una negociación que acabe con este régimen de oprobio.

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La oposición democrática organiza un evento entre el 5 y el 12 de diciembre próximos, una “consulta popular”, en contraposición a lo poco democráticas e irritas elecciones convocadas para el 6 de diciembre (6D) por el igualmente ilegal y parcializado CNE.

Frente a estas elecciones del 6D, la oposición democrática ha decidido abstenerse; es una estrategia que no apoyé en el momento de su discusión, pero que he aceptado acatar –como siempre dije que haría cuando se tomara una posición definitiva– porque considero que es más importante mantener la unidad opositora que mantener una posición de principios frente a algo que, en definitiva, no es más que una estrategia política.

Con respecto a la “consulta popular” convocada, buena parte de las dudas que muchos tienen acerca de lo oportuno de realizarla provienen de que, para bien o para mal, todos tenemos en mente lo ocurrido con la exitosísima jornada de recolección de firmas o consulta igualmente popular, llevada a cabo el 16 de julio de 2017 (16J).

Para rechazar la consulta propuesta hoy, algunos preguntan que para qué otra consulta, si la del 16J no sirvió para nada, pues no se llevaron adelante algunas acciones que ellos suponen que se debieron realizar.

Al argumentar sus objeciones, comparando ambas situaciones, algunos aluden a que el 16J veníamos saliendo de una frustración porque nos habían eliminado el referendo revocatorio y que esa consulta fue algo así como el hijo directo de esa frustración. A lo mejor en octubre de 2016 eso de una consulta popular estaba “in pectore” o en la cabeza de algunos líderes políticos o ciudadanos, pero desde luego no era parte de la discusión política, pública, abierta, por lo que voy a disentir de esa conexión directa que se hace entre ambos eventos, la suspensión del revocatorio a finales de 2016 y la recolección de firmas del 16 de julio de 2017.

Soy de los que cree que es necesario tener en cuenta, al evaluar la actual consulta popular, que estamos en condiciones muy diferentes para realizar esa consulta, con relación al ambiente político que había el 16J; pero, hacer esa conexión directa, entre la suspensión del revocatorio y la recolección de firmas del 16J, me parece que es un intento de argumentar contra la consulta actual, haciendo una comparación de eventos, olvidando y soslayando algunos acontecimientos políticos importantes ocurridos entre octubre de 2016, cuando se cancela la posibilidad del revocatorio y el 16 de julio de 2017. Recordemos solo los más significativos.

− Se posponen, sin motivo justificado, las elecciones de gobernadores.

− Se detiene la recolección de firmas para el revocatorio, tras la decisión ilegal de varios jueces penales y se elimina de manera definitiva la posibilidad del referendo revocatorio.

− Fracasan los intentos de diálogo de Margarita, mediados por El Vaticano, Samper, Rodríguez Zapatero, Omar Torrijos y Leonel Fernández)

− El TSJ intenta quitarle atribuciones a la AN con dos decisiones, que después revocaron, pero que desencadenan una serie de eventos políticos.

− Como consecuencia de esas decisiones del TSJ se reinician protestas, marchas y manifestaciones que duraron varios meses y que dejaron más de 140 muertos.

− Se inhabilitó políticamente a Capriles Radonsky, en ese momento Gobernador, y se amenazaba y ponía presos a los alcaldes opositores, algunos de los cuales se vieron obligados a irse al exilio.

− El presidente Nicolas Maduro convoca inconstitucionalmente a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, a lo que el CNE responde perentoriamente fijando la fecha.

− La Fiscal General, Luisa Ortega Diaz, que había calificado de “ruptura del orden constitucional” las decisiones del TSJ para quitarle atribuciones a la Asamblea Nacional, AN, intenta, infructuosamente, acciones contra la convocatoria de la ANC.

− Las acciones de la Fiscal General conducen a su destitución, su exilio y nombramiento de Tarek William Saab como Fiscal General.

− El 27 de abril, Venezuela se retira de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las críticas a la situación venezolana por parte de su Secretario General y del propio organismo, que realiza dos intentos –el 31 de mayo y el 20 de junio– de censurar a Venezuela, sin lograr consenso suficiente.

− El 27 de junio Oscar Perez bombardea desde un helicóptero la sede del TSJ.

− El 3 de julio, el presidente de la AN, Julio Borges, en nombre de la coalición de partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), anuncia la convocatoria de un plebiscito o consulta popular, de la que se venía hablando hace algunas semanas.

− El 5 de julio la AN –a pesar de estar rodeada por violentos manifestantes oficialistas y ser invadida su sede– aprueba formalmente realizar la consulta popular y el 6 de julio se dan a conocer las preguntas y comienza, públicamente, el proceso de organización de la consulta del 16 de julio.

Todos esos acontecimientos, sin que sea fácil privilegiar la mayor importancia de alguno de ellos, fueron el caldo de cultivo, el ambiente político que había en el país y que convocó a la participación de la consulta popular del 16 de julio de 2017 a más de 7 millones y medio de venezolanos, de los cuales 724 mil participantes lo hicieron en el exterior, repartidos en 556 ciudades de 90 países.

Hoy, que nos avocamos a una nueva consulta popular, a diferencia de esa efervescencia, vivimos un proceso político muy diferente, con una población desanimada, que ha transitado por varios procesos de abstención electoral, con la vía del voto totalmente satanizada, con una crisis económica y social que hace que la gente se concentre prioritariamente en resolver su situación para sobrevivir, con graves problemas de desplazamiento y movilidad por la pandemia y la falta de gasolina, sin conexión a internet y ni siquiera luz en buena parte del país, como para hacer la consulta de manera virtual. Incluso en el exterior habrá dificultades para recoger firmas presencialmente, por la pandemia y porque buena parte del hemisferio norte estará en pleno invierno.

A todo eso habrá que agregar los esfuerzos que desplegará el régimen para sabotear, intimidar y desconocer esa actividad. Debemos estar preparados, por ejemplo, para que el régimen compare los resultados de esa consulta popular con sus elecciones de la AN prevista para el 6D. Sin duda exagerarán la participación del 6D, sobre la cual dirán cualquier número, como hicieron con los resultados de la ANC, cuando simplemente lanzaron una cifra superior a la de la consulta del 16J; pero, como se recordará, nunca publicaron resultados por entidad ni por mesa, como era de esperarse de todo evento oficial del CNE, y nunca supimos realmente cuántos votantes concurrieron a ese proceso ni con cuántos votos fueron electos de manera individual los integrantes de la ANC.

Como quiera que la decisión de hacer la consulta está tomada, no tengo dudas en que se hará un gran esfuerzo para superar todas esas condiciones adversas y lograr una jornada lo más exitosa posible. De hecho, en las diferentes regiones del país y en algunas zonas de Caracas, eso está ocurriendo ya y se nota un entusiasmo muy superior al que se percibe en las discusiones de algunas redes sociales y grupos de WhatsApp.

Lo importante es que no nos formemos expectativas sin bases reales y no hagamos comparaciones inapropiadas con eventos anteriores o similares; que nadie esté pensando tampoco, por la forma en que están redactadas las preguntas, en que esa será la actividad que ponga al régimen contra la pared y lo obligará a renunciar e irse. Por muchas interpretaciones jurídicas en cuanto a lo vinculante o no de esa consulta, lo cierto es que el poder fáctico, el régimen, no está dispuesto a reconocer ninguno de sus resultados y, como siempre, sí está dispuesto a utilizar la fuerza para demostrarlo. A pesar de eso, la jornada, por sus características, ofrece una oportunidad para alcanzar mayores niveles ciudadanos de organización, que no debemos desaprovechar; es también una oportunidad para seguir demostrando a la comunidad internacional y a los países que han apoyado al gobierno interino, que la oposición venezolana sigue viva, aun cuando no participe en jornadas electorales organizadas por el régimen, porque éstas no reúnen condiciones mínimas de equidad, libertad y democracia.

En resumen, con relación a la consulta popular, creo que hay que deponer algunas actitudes de rechazo y desmoralización hacia los que han decidido asumir las dificultades, ya de por si importantes, de esta tarea y aprovechar la circunstancia de la posición unitaria asumida por la oposición democrática para convertir esta jornada de consulta popular en, al menos, un reinicio de la actividad política de calle por parte de los ciudadanos, muy adormecidos desde hace casi un año. Que la jornada se sume, sin otras pretensiones, a las diarias protestas del pueblo venezolano en contra del régimen, por los más variados y válidos motivos, ya es un logro importante.

Como dice Daniel Asuaje: “Hoy luce casi imposible salir de este laberinto y si solo un milagro puede sacarnos de él, entonces es tiempo de estar determinados a coproducirlo, no a obstaculizar a quienes buscan realizarlo.” (Los Milagros (a veces) existen. El Universal, 18 de noviembre de 2020)

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Es tiempo de volver a plantearse –hay que hacerlo continuamente– cuál es el fundamento estratégico de la oposición para salir de este régimen de oprobio; porque aclarado ese punto es lo que permitirá definir, por ejemplo, las políticas de alianzas, nacionales e internacionales.

No insistiré, lo he hecho muchas veces, en lo dañino que es la pérdida de confianza en el voto, en su carácter de universal, directo y secreto para elegir las autoridades, dirimir diferencias y llegar a consensos en una sociedad. Pero he de reconocer que la vía electoral está cerrada, al menos por el momento.

No solo no es la opción que se plantean los partidos que conforman la oposición democrática, sino también, y esto es lo verdaderamente importante, hay fuertes e innegables evidencias de que esa opción es hoy rechazada a nivel popular. Nadie cree en estos momentos en los procesos electorales; nadie tiene confianza en que el régimen no se aprovechará de su posición de poder para manipular el proceso y los resultados, sin que nada se lo impida, pues nadie confía en el supuesto árbitro, que no es tal, el CNE. Por lo tanto, hay que admitir que al menos por el momento, la vía electoral está cerrada.

Cerrada esa vía, solo quedan dos posibles: la opción de la fuerza, sea interna o internacional o un proceso de negociación, que conduzca a la convocatoria de unas elecciones, en condiciones justas y equilibradas, con observación internacional.

La salida de fuerza, por la vía de una intervención militar externa también luce hoy descartada. Ningún país o grupo de países, ni organismo multilateral está dispuesto a emprenderla, o participar en ella y así lo han declarado en diversos momentos y por diversas vías. Los países que reconocen y respaldan a la oposición democrática, insisten en la vía electoral para salir de la crisis venezolana.

Incluso ahora, que se vislumbra ganador el candidato demócrata en los EEUU, esta perspectiva de la intervención externa luce menos probable, toda vez que el candidato ganador ha declarado que piensa en una salida por la vía electoral y es evidente su acercamiento a la Unión Europea, que impulsa las elecciones para resolver la crisis política en Venezuela. En realidad, la perspectiva de la intervención militar siempre estuvo descartada por los EEUU, incluso bajo la presidencia de Donald Trump que, habiendo alentado esa perspectiva, con su diplomacia de micrófonos, nunca estuvo dispuesto a llevarla a cabo.

Una salida de fuerza, militar, interna, es para mí indeseable y además no parece tampoco que sea una opción factible; no luce que nuestros militares estén dispuestos a “rebelarse” contra un régimen con el que les ha ido tan bien y del cual, en realidad, son el único soporte, porque al hacerlo sostienen sus propios intereses.

De manera que no creo que la intervención militar sea la salida; pero tampoco creo que quienes hoy detentan el poder por la fuerza se van a ir simplemente con marchas y manifestaciones; pero eso forma parte del proceso de agitación que hay que mantener para que se produzca lo que al final sí creo que puede acabar con este régimen, que es el quiebre del bloque hegemónico que los mantiene en el poder: militares, corruptos y menos corruptos y una base de empresarios enchufados; si estos dos grupos ven que sus intereses, en lo personal, comienzan a estar amenazados, por agitación interna y aislamiento internacional, no dudarán en quitar el apoyo a la dictadura. Yo creo que eso es lo que hay que lograr con un efecto tenaza o de pinza: movilización popular interna y apoyo internacional con presión y sanciones que afecten a la dictadura, pero sobre todo a esos militares, funcionarios y empresarios enchufados que quieren disfrutar de esos bienes mal habidos.

Pero eso solo conducirá a lo que es el meollo del problema y de este artículo, que no podemos seguir negándonos a discutir frontalmente: que se abra un proceso de negociación, con sólido apoyo internacional, con fuerte y decidida movilización popular interna, que fuerce una “salida” de la dictadura, que se vea obligada a negociar el abandono del poder y a que se concrete, al final, una salida electoral.

Volvemos entonces al principio: al final serán la negociación y la vía electoral los factores que diriman la situación. A menos, claro está, que se produzca una intervención militar, interna o internacional, en cuyo caso quienes se alcen con el poder tras desplazar al régimen impondrían sus condiciones, plazos, formas, etc.; pero si no es así, a la larga, todo nos llevará a una salida electoral.

El tema, entonces, de la negociación, es también un tema que se impone discutir, por más que hoy esté “satanizado” el término. El rechazo al mismo, en algunos sectores políticos de oposición y en una parte de la población, se debe en buena medida a los fracasos de los diálogos y las negociaciones previas –en Venezuela, República Dominicana y Barbados, con mediación de El Vaticano y Noruega– que dejaron un amargo sabor, difícil de superar.

También, porque parte de la satanización proviene de quienes enfatizan el carácter hamponil, narcotraficante, violador de derechos humanos del régimen, cosa que no dudamos y que obviamente dificulta emprender el proceso de cualquier salida negociada. Cuando se argumenta: ¿Quién en su sano juicio negociaría con hampones, narcotraficantes y violadores de derechos humanos?, obviamente es difícil aceptar esa perspectiva. Pero eso olvida o soslaya que esa es nuestra realidad política: el poder no lo detentan unos monjes franciscanos ni unos adoradores de la no violencia, con quienes sería muy grato negociar.

Algunos sectores políticos opositores, que niegan esa perspectiva, con esa argumentación o parecida, cabalgan políticamente sobre la ola y lo hacen con facilidad, pues solo plantean salidas utópicas, por irrealizables, con las que nunca “fracasan”, pues es imposible fracasar, con utopías irrealizables. Pero tampoco tienen éxito; solo están allí, siempre, en la práctica bloqueando cualquier alternativa de solución.

Sabemos bien quienes detentan por la fuerza el poder, de quienes conocemos sus cualidades morales y personales, su largo prontuario delictivo, de corrupción y uso de la fuerza, ¿por qué habrían de abandonar el poder si tienen el pleno control y toda la fuerza, sí no se les da algunas “garantías” que les sean razonables para dejarlo?; aunque suene cínico decirlo con ellos es que hay que negociar, para el bien del país, para salir de esta tragedia y no seguir hundiéndonos.

Nuestra tarea, lo que hay que lograr es una sólida y unida fuerza opositora, un país movilizado en lo interno y apoyado internacionalmente, que permita una negociación exitosa.

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Aunque aún –al viernes 6 de noviembre– no tenemos los resultados definitivos de las elecciones de los EEUU del pasado martes 3, según todos los indicadores que se tienen a este momento, el candidato demócrata, Joe Biden, sería el ganador; pero, para que se concrete ese triunfo hacen falta algo más que votos populares y “colegios electorales”, pues probablemente deberá sortear una aguda batalla judicial, incierta en sus resultados y en su duración.

Donald Trump y su equipo de campaña habían anunciado de diversas maneras que se preparaban para “denunciar”” y combatir judicialmente un fraude electoral que seguramente los demócratas estaban preparando; la estrategia de Trump y su equipo –no me atrevo a decir que es una estrategia republicana– se basa en algo que para nosotros resulta tan extraño como lo es eso del “voto anticipado” y del “voto por correo”, con unas boletas que serían forjadas por millones e introducidas en el conteo de votos. Sin entrar a juzgar al respecto, debo decir que resulta extraña esa “anticipación” del tema por parte del equipo de Trump; y más extraño aún que el supuesto fraude solo afecta los votos presidenciales, no a los votos para representantes y senadores, que se emiten en la misma boleta. Pero en fin, de prosperar esa intención de demanda del fraude –todavía es posible que no se concrete– habrá que esperar la decisión judicial, sin ponerse a especular al respecto.

La esperanza, al menos la que yo tengo, es que esa denuncia del fraude no sea una mera estrategia electoral pues de ser así, se estaría sembrando la desconfianza y jugando con la solidez de una institución fundamental, el voto, que es el instrumento de la democracia para formar gobierno, dirimir las diferencias e impedir que la barbarie y la fuerza sea lo que se imponga. Los venezolanos sabemos bien, por haberlo vivido, el daño que se hace a la democracia, a la libertad, a la convivencia, sembrando dudas y desconfianza en el voto y en los procesos electorales, que ha sido una estrategia fundamental reiterada del régimen que sufrimos desde hace más de 20 años.

Este proceso electoral que concluyó esta semana en los EEUU, su fogosidad y dureza, según los entendidos, no es muy diferente a otros procesos que han tenido a lo largo de su historia republicana y democrática; solo que, en particular éste, sin duda generó grandes expectativas a nivel mundial por la polarización que se ha agudizado en ese país y especialmente por la posibilidad de la reelección o no del actual presidente, Donald Trump, tras su polémico y controversial mandato presidencial.

Particularmente en Venezuela seguimos muy de cerca lo ocurrido, como si por una ironía e inversión del destino fueran los EEUU, lo que ellos siempre nos han considerado a nosotros: nuestro “patio trasero”. Aquí nos batimos, en redes sociales, de manera muy ácida y violenta, como ya es nuestra costumbre cada vez que hay cualquier disputa política. Nuestra propia polarización –hablo de la interna de la oposición– nos lleva rápidamente a las descalificaciones e insultos; basta con que alguien tenga alguna idea distinta a la nuestra, o alguna de las partes sospeche un atisbo de “progresismo”, izquierdismo o socialismo para que se irrite el otro bando, y entramos entonces con falso y pretendido espíritu “cosmopolita y mundano”, ese sentirnos “ciudadanos del mundo” que no se detiene en fronteras, a mostrar nuestro escaso “talante democrático” y baja tolerancia, y la disposición a sacarnos las entrañas y los ojos, por la causa que sea, aunque el tema no nos afecte directamente.

No estoy diciendo que el que acaba de pasar, las elecciones en los EEUU, no nos afecta; solo digo que no era necesario que nos despedazáramos amargamente por él. Como bien dice un amigo: “Ya casi no se puede intercambiar o discutir con muchas personas por la grave inhibición de su raciocinio.”

Pero, antes de abordar el tema del posible impacto del resultado electoral en los EEUU, también hay que decir, si somos justos y objetivos –dos elementos que cada vez están más ausentes en las discusiones políticas en Venezuela– que esa expectativa que se generó en nuestro país es probable que no vaya más allá de la clase media alta, profesional, intelectual y académica, los que nos desenvolvemos en redes sociales, en las cuales desarrollamos una amarga “gimnasia” y nos demolimos en disputas verbales por uno u otro candidato.

Aunque no sepamos aún el ganador definitivo, se puede decir que está encendida la expectativa en cuanto a dos temas: su impacto sobre la situación política interna en los EEUU y su impacto sobre la situación política venezolana.

Sobre el impacto en la política interna de los EEUU, en la que no soy especialista, me voy a permitir “plagiar” a un buen amigo, que me hizo llegar sus reflexiones al respecto:

“El panorama de hoy aquí apunta a que vamos a tener problemas de varias clases con los conteos...Pero viendo los números que se están asentando percibo que tanto el radicalismo de derecha como el de izquierda están perdiendo las elecciones... afortunadamente...Y ayer (jueves 5) Wall Street lo reflejó...Simplemente la gente está cansada y al votar reaccionó...Eso se ve primero en las dos cámaras del congreso donde los demócratas en neto están perdiendo representación...Aunque retienen la mayoría en la cámara baja, la brecha que había se redujo considerablemente...Ya a lo interno hay discusiones en el partido (demócrata) en cuanto a que la posición agresiva “progresista” asumida por muchos candidatos convirtió lo que pudo ser una victoria que los llevara a una “blue wave” genuina, en una derrota...Este hecho tranquilizó e inclusive entusiasmó a Wall Street ayer (jueves 5)...En el senado los republicanos aún retienen el control...Pero también el radicalismo de derecha que acompaña a Trump perdió muchísimo terreno y eso se refleja en lo que parece ser la derrota del presidente...La gente no le compró el discurso a las mujeres del “squad” lideradas por Alejandra Ocasio-Cortes... pero tampoco se lo compró a Trump...Cosa que alivia enormemente a Wall Street...La gente está harta de los dos discursos...El radicalismo de la gente de Trump está manifestándose algo peligroso al tratar de hacer lo que haya que hacer para no perder una elección presidencial que está ya perdida...”

No creo que los comentarios de mi amigo necesiten añadidos y mayores explicaciones, son una buena interpretación del clima político que deja esta refriega en ambos partidos.

Con respecto a la situación en Venezuela, algunos temen que la derrota de Donald Trump signifique un retroceso en cuanto a la presión de los EEUU sobre el país, que sin duda fue uno de los temas de la campaña de Trump para atraer los votos latinos, sobre todo de La Florida, que se consideraba un estado clave. Para los que así piensan, un triunfo de Joe Biden significaría entonces un “regreso” a la política menos proactiva de Barak Obama.

Ya he dicho en otra ocasión (https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2020/10/09/biden-o-trump-falso-dilema/) que no creo que vaya a haber diferencias de fondo en cuanto a la política hacia Venezuela, cualquiera que sea el resultado final de las elecciones en los EEUU. Ciertamente son de agradecer algunos gestos de Trump hacia Venezuela y especialmente hacia Juan Guaidó con ocasión de su discurso ante el Congreso y que profundizara algunas de las sanciones –tema polémico, que no voy a tratar– pero también hay que recordar que las primeras sanciones contra el régimen venezolano las tomó la administración Obama, donde Joe Biden era vicepresidente y activo en política internacional; y las primeras medidas que tomó Trump estuvieron basadas en una orden ejecutiva que dejó Barak Obama a su salida de la presidencia.

Las cosas han variado algo desde Obama para acá; por ejemplo, cuando Obama era presidente no existía Juan Guaidó al frente de un Gobierno Interino, no había el apoyo a ese gobierno de la Unión Europea, ni existía el Grupo de Lima, ni el Grupo Internacional de Contacto. No había sido elegido Maduro presidente en una elección ilegítima, no reconocida por una buena cantidad de países occidentales democráticos. No habían fracasado varios intentos de diálogo y negociación en República Dominicana y Barbados. Ya no hay duda tampoco sobre el tema de los crímenes de lesa humanidad y la violación de DDHH en Venezuela, y ahora reforzados con el pronunciamiento de esta semana de la Fiscal Fatou Bensouda de la Corte Penal Internacional, acerca de que en Venezuela se habrían cometido delitos que son competencia de dicha Corte. ¿Qué hubiera hecho Barak Obama ante todos esos hechos?, es algo que nunca lo vamos a saber, solo nos queda especular, pero al menos ahora podremos saber qué actitud tomará el que fue su vicepresidente. Son cambios importantes los que se han producido que un gobierno norteamericano, de cualquier signo, no puede continuar ignorando.

En buena parte lo que pase para resolver la crisis política de nuestro país se deberá sin duda a la presión internacional, pero sobre todo a lo que logremos hacer internamente en cuanto a movilización popular. Debemos estar conscientes que en la comunidad internacional cercana a Venezuela, cada país está más concentrado en sus propios problemas con la COVID-19 y las secuelas que dejará sobre sus propios países.

E internamente, ahora mismo, las cosas no pintan bien en Venezuela; hay mucho desánimo, la crisis es muy fuerte y la represión cada día más intensa; pero esa es la realidad con la que nos toca lidiar. Las condiciones no son las mejores, pero al menos ahora que contamos con mejor reconocimiento de la comunidad internacional, nos toca jugar bien el partido.

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Difiero en varios puntos con las propuestas políticas de varias de las personas que mencionaré en este artículo, en el cual hago una pausa en el análisis político para reflexionar sobre un tema, que también tiene su trasfondo político, pero de manera indirecta.

Con respecto a Leopoldo López, aunque difiera en varias de sus propuestas políticas, me alegra sobremanera que se haya fugado; sí, fugado, porque soy de los que cree que los capitostes del régimen no son estúpidos como para haber dejado libre a alguien tan carismático como Leopoldo López, que les puede hacer tanto daño ante la opinión pública internacional, con solo relatar su experiencia de siete años privado injustamente de libertad, tras un juicio totalmente amañado.

Su fuga y posterior viaje a Madrid, no creo que se merezca los comentarios y diatribas que se levantaron en su contra en las redes sociales, tratándolo de traidor, vendido, insinuando y dejando entrever sucias negociaciones, omitiendo cualquier tipo de argumento, pero si emitiendo cientos de insultos y descalificaciones. Por ejemplo, pienso en lo ruin y miserable que deben tener el alma los que criticaron a Laureano Márquez por comentar favorablemente la foto de Leopoldo con sus pequeños hijos. A mí también me conmovió mucho esa foto de Leopoldo con sus hijos y esposa y aprovecho para decir –ahora en serio–, algo que siempre dije en broma a mi esposa, hijos y amigos: que si algún día –caso muy improbable, espero– a mí me metieran injustamente preso como a Leopoldo López, yo quiero que me defienda Lilian Tintori.

No logro entender la mezquindad y juicios que se hicieron, hoy contra Leopoldo, pero ayer contra Henrique Capriles y Juan Guaidó y antes de ayer contra Julio Borges, Ramos Allup y así sucesivamente, sobre tantos otros que han pasado por esa “molienda de líderes” –la “liderofagia” de que habla Tulio Hernandez– en que algunos han convertido a la oposición venezolana. En muchos casos ni siquiera se argumenta sobre sus posiciones políticas, pues lo que se profiere son meros insultos y descalificaciones.

De esa debacle no han escapado, entre otros, Moisés Naim y Ricardo Hausmann recientemente; uno por haber hecho comentarios negativos sobre Donald Trump y el otro por defender a su hija y el derecho que tiene de decir que votará por Biden. En realidad, ni siquiera hace falta decir que se apoya a Biden, basta con que al hablar de las elecciones norteamericanas no se grite: ¡Viva Trump!, o ¡Biden comunista!, para ser insultado. Las elecciones norteamericanas, en las que nos hemos involucrado –como si fueran nuestras o no fuera para nosotros lo mismo, en el fondo, cualquier resultado–, afortunadamente concluirán la semana que viene y el pueblo estadounidense se verá finalmente librado de esa pava que le cayó de tener que escoger entre el malo y el peor, sin pronunciarme sobre quien es el malo y quien el peor, para ahorrarme insultos.

Pero no es necesario ser político en Venezuela o candidato presidencial en los Estados Unidos para caer bajo la ira de la “santa inquisición, savonaroliana, indignada”, otros han caído por otras cosas; por ejemplo, la Conferencia Episcopal Venezolana, o el Papa, blanco favorito de muchos, esta vez con su reciente encíclica, Fratelli Tutti, que probablemente sus críticos ni siquiera han leído las más de 80 páginas y se conforman con las interpretaciones erradas de algún periodista norteamericano. Pronto caerá también en esa diatriba el padre Luis Ugalde, que tuvo la osadía de comentar favorablemente al respecto en su penúltimo artículo (Libertad y Fraternidad, El Nacional, 16 de octubre de 2016) al decir que a algunos “Les escandaliza que el Papa diga que “el mercado no resuelve todo” y que “la libertad de mercado no basta”. Yo creía que este principio defendido por los clásicos liberales era obvio.”, escribió el Padre Ugalde.

Pero si se libra de esa el Padre Ugalde, no se librará por lo que dijo en su último artículo (Capitulación Revolucionaria, 30/10/2020) que circula en las redes sociales desde ayer, en el cual afirma: “Empecemos el cambio lo más civilizadamente posible negociando los otros pasos para la transición, e iniciar el nuevo año poniendo los cimientos para la reconstrucción, incluyendo a toda la sociedad, excepto los que se excluyen aferrados a su conducta delincuencial... Fueron y son legítimas las aspiraciones de la población que hace 22 años dieron el triunfo a Chávez.” ¡Qué horror!, ¡Hablar de negociación y legítimas aspiraciones de quienes votaron por Chávez!, ¡Como se ve que este es un jesuita comunista, compinche de Francisco!... En realidad, el Padre Ugalde se libra porque su artículo tiene dos páginas y muchos de los “críticos” no alcanzan a leer o reflexionar más allá de 280 caracteres. También se libra Bernardo Klisberg, por el momento, quien en su artículo de esta semana (La pregunta de Francisco, El Universal, 28/10/2020) se atreve a comentar favorablemente la encíclica, concluir con una frase de la misma e invitarnos a pensar al respecto.

Pero lo que hasta ahora he referido, y que pudiera seguir hasta el infinito, no es más que un síntoma. Lo grave, lo que quiero destacar, lo que es el centro de mi reflexión de esta semana, es que todo esto no es más que la confirmación de que Hugo Chávez Frías triunfó.

No solo nos derrotó políticamente en varios procesos electorales y políticos, no solo nos destruyó el país y lo llevó a la más ignominiosa miseria, no; lo más grave es que logró inocularnos su veneno de odio, rencor y resentimiento, que hoy circula libremente por nuestras venas, se nos mete hasta los tuétanos de los huesos y nos empapa el alma. Toda esa frustración que sentimos, toda esa rabia que reflejamos, todo el veneno que llevamos por dentro y que volcamos en Twitter y WhatsApp no hace ni mella en los “prohombres” de este oprobioso régimen, no los toca, pero se ha vuelto contra nosotros mismos, contra nuestros líderes, buenos, malos o mejores, contra nuestros partidos políticos, víctimas también del régimen, a los que algunos critican inmisericordemente, de los que hacemos burla y chistes fáciles, de humorismo barato y ramplón. No se trata de limitar la crítica, mucho menos suprimirla, se trata de que no se haga sin argumentar, ni dar razones y la oportunidad de que los criticados se defiendan, dándoles el beneficio de la duda.

Será mucho más difícil librarnos de ese veneno que reconstruir el país, cuando hayamos salido de este oprobioso régimen. Se trata entonces de meditar y reflexionar acerca de que nos han llenado de odio, de amargura, de rabia…de miedo, que como bien dice una buena amiga, y con esto concluyo: “El veneno que los venezolanos llevamos por dentro es muy poderoso. Nos nubla la vista, nos carcome, nos impide pensar como adultos educados y racionales… ¡Qué difícil es pensar derecho con este veneno adentro!”

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El de la “unidad” es otro de esos temas recurrentes en la discusión política de la oposición. Yo no sé las veces que he escrito al respecto y siempre es un tema que suscita mucha controversia. La discusión puede derivar hacia lo filosófico, político, del concepto, pero creo que es más útil ir a sus aspectos más prácticos, en términos políticos.

Hasta hace poco se consideraba anatema dudar acerca de la unidad; hasta el punto de afirmar que quien se atreviera a romper la unidad opositora u oponerse a la misma sería un gesto que pagaría muy caro; sobre todo en esos momentos de “reflujo” –como el que vivimos ahora– o los que se viven entre dos procesos electorales, especialmente sí se salía de una derrota, pues preservar la fortaleza y el valor de la “unidad” en esos momentos tenía una enorme importancia, estratégica y comunicacional. Pero hoy estamos en una situación mucho más precaria, más débil incluso que la que solemos tener al salir de una derrota electoral. Y por su parte el régimen, sin apoyo popular, la fuerza y la represión es lo único que lo sostiene en el poder. El régimen, si bien no crece más, tampoco se resquebraja significativamente.

La oposición democrática, está compuesta por social demócratas, demócrata cristianos, socialistas, liberales, conservadores, ciudadanos organizados e independientes, sindicalistas, empresarios, etc.; y olvidémonos de ideologías o intereses políticos. ¿Cómo alguien, en su sano juicio, puede pensar que el consenso de esta oposición puede ir más allá de desear la salida del régimen? ¿Cómo alguien puede aspirar a que con esta gama tan variada de ideologías en la oposición se pueda acordar algo, dejar de lado intereses y diferencias naturales y presentar un programa y una organización única al país?, sí casi lo único que une a la oposición es una idea general de democracia y el deseo irrefrenable de desalojar del poder a este régimen de oprobio; las coincidencias más allá de ese último punto son muy pocas, y aunque necesarias, lucen casi imposibles de alcanzar.

Muchos factores inciden en eso del “reflujo” que hoy padecemos; en buena medida los errores cometidos por la oposición –que no es el momento de volver a analizar– y algunas fallas organizativas y que en muchas ocasiones se ha desconocido o subestimado la naturaleza autocrática, autoritaria y la falta de escrúpulos del régimen para sostenerse en el poder a toda costa.

Hoy es además notorio que estamos también fragmentados en la estrategia política para combatir la dictadura: votar, abstenerse, dialogar, no dialogar, intervención militar, insurrección popular, etc. Además, la naturaleza de las ofensas que nos endilgamos los opositores unos a otros, al momento de ventilar estas diferencias, hacen presumir que una “reconciliación” no será fácil y para algunos ni siquiera es deseable.

Por eso, surgen algunas preguntas, acuciantes, en este momento: ¿No será mejor mantener la diversidad, políticamente hablando, que tratar de presentar una unidad sólida y firme –que no será de todos– a la hora de enfrentar a una dictadura como la que padecemos? ¿Habrá llegado, como muchos sostienen, la hora de un deslinde entre los que ahora nos oponemos a la dictadura, aunque eso implique un retraso en la salida de la misma?

Algunos, sin embargo, todavía sostienen que es necesario mantener el esfuerzo de lograr la “unidad”, por dos factores fundamentales; uno es, digamos, un principio político teórico: dado el contexto político del país y la naturaleza del régimen al que nos enfrentamos, su carácter autoritario, militarista y tiránico, la unidad es una estrategia indispensable, factor crítico de éxito, por eso es importante caracterizarla y mantenerla. Para este sector la unidad, entonces, es un objetivo, es un valor, es un principio, es un fin, es un instrumento, es un arma, es un medio, es todas esas cosas; pero, no es algo abstracto, es en torno a algo concreto; no es tampoco eterna, ni es uniformidad, para lograrla nadie debe renunciar a nada importante para sí o fundamental para la organización a la que se pertenezca; y la primera condición para conseguirla es la actitud, la actitud unitaria, si no hay esa actitud unitaria, no se puede lograr.

El otro factor es más bien de carácter político práctico: hoy vemos cientos de protestas espontáneas, por toda la geografía del país, que lucen carentes de conducción política y vínculos entre ellas y el liderazgo opositor. Y un régimen que ha exacerbado la represión y la fuerza, único argumento que le queda para sostenerse en el poder, y ni siquiera repara en que muchas de esas protestas son promovidas o en zonas en donde hasta hace poco sus pobladores eran considerados “chavistas”.

Un problema adicional a los dos mencionados, es que por los diferentes procesos electorales, resultados de las encuestas y las ya mencionadas manifestaciones recientes de protesta popular, hemos comprobado que no conocemos a fondo las aspiraciones de una buena parte del país –cercana a un 20% – que no tenemos una propuesta para él, pues sigue pensando que la dictadura es una respuesta a sus múltiples problemas.

En efecto, hay un sector del país al que llamamos "chavismo" y que es algo más que un fenómeno político y electoral; es una forma de concebir la vida, el país, el futuro, es una forma de ver a Venezuela, con una cierta “coherencia” interna, aunque sea víctima de un “discurso” populista y demagógico.

Quizás si reflexionamos a fondo y sin perjuicios con respecto a este último punto podamos llegar a la conclusión de por qué es necesario que en la oposición logremos una visión de país, compartida, traducible en propuestas para llenar las aspiraciones que el “chavismo” ayer llenaba con populismo, dádivas y un “discurso” y la dictadura hoy llena con represión. A esa realidad, que nos confronta, es a la que no hemos ofrecido, de manera clara y convincente, una alternativa.

Alternativa que tuvieron y ofrecieron los venezolanos del 28, del 36, del 45, del 58 del siglo pasado, que crearon las instituciones que hoy añoramos, que desarrollaron la democracia que anhelamos y cuyas ideas se nos fueron desperdigando en el camino.

Quizás por eso valga la pena los esfuerzos por lograr, por mantener la unidad, al menos en una parte importante de la oposición, no necesariamente en toda, para lograr esa propuesta que llegue a todos los venezolanos.

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Desde la perspectiva de alguien que observa desde lejos, sin adentrarse en los detalles, la política norteamericana debo decir que para hablar sobre este tema, con propiedad y objetividad, sería preciso olvidar lo que los españoles llaman la “Ley de Campoamor”: …nada hay verdad ni mentira/todo es según el color/del cristal con que se mira…

Eso implica despojarse del lente ideológico que nos ha inoculado el chavismo, según el cual todo lo filtramos a través de nuestra realidad política; los chavistas ven tras de todo la mano del imperio y muchos opositores, detrás de cada árbol y a la vuelta de cualquier esquina, ven comunistas agazapados dispuestos a agredirnos y tomar el mundo.

Pese a lo anterior, en este momento no creo que sea posible despojarse de los “cristales” ideológicos y en lo personal he llegado a la conclusión que es inútil tratar de obtener información y una perspectiva objetiva sobre el problema. Razón tienen los viejos españoles que escuchaba de niño y decían que no discutiera de futbol, de toros ni de política –yo agregaría la religión–, pues es una forma segura de perder amigos y ganarse enemigos; y la viva demostración de la inutilidad de discutir sobre política es intentar hacerlo sobre Trump y Biden.

De esta profusa discusión que copa prensa y redes sociales, ¿Qué hemos sacado de provechoso?, nada; todo lo contrario, nos ha dividido, enemistado y amargado más. No hay un debate de ideas, de argumentos, mucho menos de verdades, solo circulamos chismes, medias verdades o claras falsedades, se dicen cosas tan absurdas, que uno no entiende como gente sería puede creerlas, como para repetirlas y difundirlas. Todo se reduce a un afán de etiquetar, catalogar, clasificar, estigmatizar, sin verdadero fundamento; transitamos una ruta confrontativa que empobrece y desalienta.

Nada de lo que uno diga u opine, por haberlo leído en cualquier medio –norteamericano o internacional–, será verdad, nos dirá el interlocutor que nos escuche, pues “todos los medios están parcializados por uno u otro”, dirá. Es más, y esto es un problema más general, en esta época, de la llamada “posverdad, hoy no hay forma de conocer que es cierto y que no, cada quien creerá aquello que quiera creer y que mejor le acomode a sus intereses. Particularmente, en la política norteamericana, la polarización –republicanos-demócratas– ha llegado a los extremos que bien hemos conocido ya en Venezuela. Hoy en día, en materia de política, como en materia de religión, hay que creer para ver. Por eso, estas reflexiones personales, no tienen ninguna otra pretensión, salvo esa: ser una reflexión personal.

Aclarado lo anterior, mis preferencias, que no revelaré y que confieso se reducen a simpatía o antipatía personal, el punto que me interesa destacar es que yo creo que no va a haber diferencias de fondo en cuanto a la política hacia Venezuela cualquiera que sea el resultado de las elecciones en los EEUU; somos nosotros, quienes viendo las cosas tras el prisma venezolano, nos imaginamos y fantaseamos con escenarios que tienen poco que ver con la realidad de allá y la internacional y solo mucho que ver con nuestra polarización aquí. Por ejemplo, en días pasados leí en un prestigioso medio norteamericano un columnista que concluía su análisis son esta perla, digna de Nicolás Maquiavelo: “Estados Unidos nunca debería tomar partido en este tipo de disputas entre políticos de otros países. Pero en la medida que lo hace, debería tener especial cuidado en no terminar apoyando al bando perdedor.” Naturalmente me reservo el medio y el nombre del autor, para librarlo del odio de unos u otros.

Pero, siguiendo en la materia electoral actual, ciertamente son de agradecer algunos gestos de Trump hacia Venezuela y especialmente hacia Juan Guaidó: algunas de sus declaraciones, medidas y sanciones contra el régimen venezolano, empresas del estado y funcionarios –aunque a algunos no les gustan mucho–, su reconocimiento a Guaidó en el Congreso durante su discurso a la nación, por mencionar pocas cosas; pero también debemos reconocer que muchas de esas cosas no han pasado de la retórica del discurso, para pesar de los que esperaban una acción más “decisiva”. Al final, la política de Trump, la que se está siguiendo, fue la definida a principios de año por el Secretario de Estado Pompeo y consiste en una serie de condiciones –muy similares, por cierto, a las que definió Juan Guaidó por esas fechas– para que se lleven a cabo unas elecciones presidenciales libres y justas, sin que Maduro ni Guaidó participen en ellas. Y esa es una medicina, elecciones, a la que parece que tenemos muchos alérgicos en el país.

Por la otra parte, tampoco podemos olvidar, seria mezquino hacerlo, que las primeras sanciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro y contra sus funcionarios –que en mi opinión son las más efectivas– fueron tomadas por la administración Obama y en ello tuvo un papel importante Biden, como vicepresidente y antes como senador. Al respecto, por citar también pocos ejemplos, está la firma de la ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, aprobada por el Congreso al final de 2014, para aplicar sanciones económicas contra funcionarios venezolanos involucrados en la represión y –en efecto– Obama emitió una orden ejecutiva que declaraba a Venezuela como un país que representaba una “amenaza a la seguridad nacional” de Estados Unidos, y ordenó sanciones contra funcionarios gubernamentales, entre los cuales estaban el entonces jefe del Sebin y el director de la Policía Nacional y ex comandante de la Guardia Nacional.

Si vamos a la campaña electoral actual, tanto Trump como Biden se han referido a Venezuela y a cuál sería su política al respecto; pero hay un punto álgido, actual, que no es promesa sino realidad y que puede servir como test, como prueba de intención: el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos; allí tendríamos que decir que los demócratas han sido más proactivos que los republicanos, quienes han bloqueado esa iniciativa en el Congreso; y al menos en el discurso, pues por ahora no puede hacer otra cosa, Biden ha sido más incisivo y claro que Trump, quien hasta el momento se ha negado a adoptar el TPS, pudiéndolo hacer mediante una orden ejecutiva (lo cual no quiere decir que no lo vaya a hacer antes de que finalice la campaña, al menos en Florida –¡ojala! –).

De manera que, cualquiera de los dos que gane en noviembre, el tema Venezuela seguirá teniendo la misma –poca en realidad– importancia relativa para los EEUU, pues sin duda alguna perderá el “sabor electoral” que ahora tiene y seguirá en un segundo plano; con eso y lo que está ocurriendo en Europa, particularmente en España –que marca la pauta de Europa con relación a Venezuela– y la realidad que afecta a nuestros vecinos de América Latina, imbuidos en sus propios problemas de pandemia, a estas alturas ya deberíamos haber aprendido que nadie va a venir a sacarnos las castañas del fuego, como dice el refrán castizo.

El apoyo internacional –sin duda muy importante– es solo uno de los brazos de la tenaza o pinza, con la que tenemos que aprisionar al régimen. El problema sigue siendo que el extremo de la tenaza, el nuestro, el que tenemos que desarrollar internamente, pase lo que pase en los EEUU, luce que está bastante flojo. Al menos por el momento.

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Los temas politicos se amontonan, se agolpan y sobreponen: Los informes sobre derechos humanos, la “misión” enviada por Josep Borrell a Venezuela para hablar sobre elecciones, el retiro de los candidatos de Capriles, la amenaza de promulgación de una ley totalitaria antibloqueo, las protestas y disturbios populares… por solo mencionar algunos; pero como siempre hay que escoger, creo que lo relativo a las reacciones ante los informes sobre la violación de derechos humanos en Venezuela es el más apropiado.

En efecto, el mes de septiembre fue muy movido y muy intenso en materia noticiosa sobre Venezuela, particularmente en materia de derechos humanos (DDHH).

Como bien sabemos, por el despliegue noticioso internacional y nacional, el 16 de septiembre se dio a conocer el Informe, detallado, de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la violación de los DDHH en Venezuela –ese no es el nombre exacto, pero para tener claro de que se trata–; y el viernes 25, se conoció en Ginebra el Informe Oral, presentado por la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, sobre el mismo tema.

Esos informes se vienen a sumar a otros: los anteriores de Michelle Bachellet, el Informe de la Secretaría General de la OEA y el Panel de Expertos de 2018 –que ha tenido menos difusión que estos de septiembre de 2020– y algunos otros, que acompañan diversas demandas que descansan en la Corte Penal Internacional, que no ha tenido mayor actividad, pero que tampoco ha estado inactiva y en cualquier momento –por ejemplo cuando se produzca en pocas semanas el cambio de la Fiscal de la Corte, la inefable Fatou Bensouda– puede haber movimientos importantes, sobre todo porque algunos de sus organos de investigación preliminar han estado documentando y recogiendo los casos sobre Venezuela.

Para muchos la presentación y divulgación de estos informes de septiembre son signos esperanzadores, otros son mas escépticos; pero, al menos se puede decir que la situación de la violación de los derechos humanos en Venezuela ya es mucho más conocida mundialmente, y lo más importantes es que ha sido revelada por expertos independientes, ya no es solo lo que dice la oposición venezolana.

Ademas de la cruda descripción de los hechos –de lo detallado y minucioso de los casos que examinó y reporta, de la desripción de la sistemática represión, del horror que produce tan solo pensar en los daños causados a las víctimas y la indignación que produce saber que se trata de patrones de conducta–, es significativo destacar del informe de la Misión Internacional Independiente, que califica la actuación del regimen Venezolano de crimenes de lesa humanidad y responsabiliza de los mismos y de su planificación, a altas autoridades del gobierno de Nicolás Maduro y al propio Nicolás Maduro.

Por supuesto ha habido reacciones a dichos informes; el régimen ha tratado de desprestigiarlos, de desconocerlos, con sus voceros “calificados”, como el Ministro de Relaciones Exteriores y el ilegitimo Fiscal General, nombrado por el TSJ; incluso por declaraciones del propio Nicolás Maduro y por políticos supuestamente opositores –de la llamada “mesita”– y representantes de los paises aliados y complices del régimen, que han calificado de “sesgados”, esos informes. El propio gobierno usurpador ha emitido un documento de cientos de páginas para decir “su verdad”, donde presenta fotos de algunos detenidos como si estuvieran recluidos en un lujoso Spa; curiosamente sin embargo, no son muy enfáticos en negar los hechos, sino mas bien en exculpar o apartar a Nicolás Maduro de ellos, o afirmar su desconocimiento de lo ocurrido.

Pero la reacción más significativa y positiva fue el discurso del Presidente Juan Guaidó, en el contexto de la Asamblea General de la ONU; un discurso importante, impactante, y que entre sus elementos más significativos destaca lo que ha muchos ha parecido una invocación al Principio de Responsabilidad de Proteger (R2P) de la ONU. Las preguntas que surgen tras los informes y el discurso de Juan Guaidó son: ¿Qué sigue ahora? ¿Qué efecto práctico pueden tener esos informes para resolver la crisis humanitaria, política, en Venezuela? ¿Fue realmente esa la intención del presidente Guaidó, invocar el R2P? Y si es así, ¿Podemos esperar que tenga alguna finalidad práctica la invocación de ese principio, R2P? y la pregunta más importante de todas, que la copio del título de un artículo de Adolfo Salgueiro del 26 de septiembre: “¿Quién nos va a proteger? (https://www.elnacional.com/opinion/r2p-quien-nos-va-a-proteger/)

En opinión de muchos expertos la aplicación del llamado Principio de la Responsabilidad de Proteger –el famoso (R2P)– que en la práctica implicaría una ayuda humanitaria apoyada por los cascos azules, es un instrumento novedoso, poco o nada utilizado por la ONU y que solo se activa por mandato del Consejo de Seguridad y en esa instancia, no lo olvidemos, tienen capacidad de veto dos importantes aliados del régimen: Rusia y China. Aunque algunos voceros opinan que esto no es así, que al haber sido solicitado por el Presidente Encargado, al que reconocen unos 60 países, no necesita pasar por la aprobación del Consejo de Seguridad. En cualquier caso, de resolverse esa primera dificultad, nos queda responder a la pregunta de Salgueiro: ¿Quién nos va a proteger?, pues hasta el momento los países que han anunciado su respaldo al gobierno interino de Venezuela y al presidente Juan Guaido, han declarado no estar dispuestos a conformar ninguna fuerza para intervenir en Venezuela.

De manera que las preguntas formuladas no son de facil respuesta y encierran un peligro latente de generar falsas expectativas.

Hay muchos que se escudan en la pureza de principios abstractos, en la lógica de los argumentos, en la interpretación lineal de la constitución y las leyes, en argumentos jurídicos prístinos y supuestamente contundentes. No se detienen a pensar que todos esos principios a los que aluden y argumentan, con conocimiento y razon, funcionan en el mundo del derecho abstracto, en un estado de derecho, constitucional, pero en Venezuela no vivimos en un estado de derecho y la constitución es solo un librito azul que sirve para blandirlo por TV y enseñarlo a los periodistas y corresponsales internacionales en las ruedas de prensa. Todos esos principios son para un mundo ideal, pero no para el mundo real; no darse cuenta de eso, ignorarlo, puede obnubilar y anular la necesaria acción de política eficaz que, en estos momentos, como nunca, debe ser con cabeza fria. A menos que se trate de simple demagogia, lo cual sería muy grave.

No basta con el saldo positivo mencionado más arriba, que la situación de Venezuela y los crimenes calificados como de lesa humanidad cometidos por el regimen esten debidamente documentados, recogidos y señalados por una fuente independiente y que no son meras denuncias de la oposición. Corresponde una tarea política doble, dar a conocer más esos informes en la población venezolana, que se filtre por todos los intersticios de la sociedad; y lo más importante, que nuestras organizaciones políticas –partidos y de la sociedad civil– se incorporen a la tarea de organizar al pueblo que sufre esta situación, para resistir y combatir estas violaciones.

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Desconozco lo que están haciendo internamente los partidos por desarrollar sus estrategias y por tratar de renovarse o mantenerse a flote en esta difícil contingencia que estamos atravesando –en cualquier caso, este tampoco sería el espacio para ventilar esa actividad– por lo tanto en el análisis del despliegue de la estrategia de la llamada oposición democrática me limitaré a lo que cualquier ciudadano común puede observar por los signos externos y la actuación de los principales líderes opositores.

Me referiré a la oposición democrática, la que se desgrana o desangra en tres fracciones –encabezadas por Juan Guido, Henrique Capriles y M.C. Machado, respectivamente– y que solo a efectos de este análisis las consideraré en “pie de igualdad”, cosa que dista mucho de ser cierta, a tenor de encuestas y resultados electorales; como es evidente excluyo de mi análisis a la llamada “mesita” –que no considero realmente una opción opositora que busque la salida del régimen– y excluyo también a los chavistas no maduristas, que se han diseminado en algunas de las opciones señaladas.

Comienzo por la opción que encabeza Henrique Capriles Radonsky, que en esencia plantea aplazar el proceso electoral, pero participando en el mismo, luchando por lograr mejores condiciones y dejando abierta la posibilidad de retirar sus candidatos y no concurrir a la votación el 6D sí no se logra un cambio en las condiciones electorales.

Esta es la estrategia opositora más fácil de desarrollar, pues la mecánica electoral es algo bien conocido –sobre todo por los partidos políticos– y sobre la que hay vasta experiencia, de éxitos y fracasos, en más de 35 procesos electorales durante estos 21 oprobiosos años. La tarea, aunque no trivial, es: escoger los candidatos, inscribirlos, organizar los comandos de campaña, recorrer el país con los candidatos, organizar los testigos para cubrir –por lo menos– el 90 o 95% de las mesas, garantizar que todos los testigos acudan a todo lo largo del proceso de votación, hasta que los resultados se envíen a los comandos y a los centros de totalización del CNE, y esperar los resultados de la auditorias en el cincuenta y pico por ciento de las mesas, para asegurar la fidelidad de esos resultados.

La mecánica política, sin embargo, ya no es tan simple. Aunque se “participe” en el proceso y no se vote el 6D, lo que está planteado con esta estrategia es movilizar a la gente, de una manera segura, para hacer planteamientos políticos, críticas y ofertas; entre los planteamientos estarían los de solicitar un proceso con unas condiciones electorales mínimas –por ejemplo: transparencia, habilitación de todos los partidos y candidatos, observación nacional e internacional, no utilización de recursos del estado en la campaña y otras similares– que, de no darse, de no lograrse para una fecha determinada, se denunciaría el proceso y se retirarían los candidatos. Se habría logrado así el efecto de participación y movilización y la decisión de retirar los candidatos serviría para denunciar internacionalmente el proceso una vez más y tratar de recuperar posiciones para una negociación política. De llegar al final, al día de la votación, esperemos que exista alguna opción –que no tiene por qué revelarse ahora a viva voz– para resolver el eterno dilema: ¿Qué hacer si el régimen hace fraude o peor aún, sin hacerlo, desconoce el resultado electoral y busca cualquier estratagema jurídica para ello, apoyada naturalmente en su fuerza militar?

Por su parte, la estrategia liderizada por Maria Corina Machado (MCM), plantea que la solución a la crisis provendrá, dicho más o menos en sus palabras, de la intervención de una fuerza extranjera, multifacética, conformada por una coalición internacional que despliegue una Operación de Paz y Estabilización en Venezuela (OPE); habla igualmente de invocar el artículo 187, numeral 11 de la Constitución que permite “…el empleo de misiones militares … extranjeras en el país”; de invocar el principio de la “Responsabilidad para Proteger (R2P)” suscrito por las Naciones Unidas y en la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, (TIAR); todo ello para lograr “… salir de Maduro y su régimen en el plazo más corto posible a través de una operación nacional e internacional que lo logre…”.

Aparte de otras consideraciones, que ya he expuesto y no repetiré, (https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2020/09/12/la-carta-de-maria-corina-machado/), siempre me ha parecido que la propuesta de MCM tiene dos debilidades intrínsecas. Una, es que no nos dice mucho de la vía interna, de cómo lograr esa parte de lo que denomina la “operación nacional”; y dos, que su estrategia descansa excesivamente en terceros, no en la acción que ella o los venezolanos podamos desplegar.

Invocar el artículo 187, numeral 11 de la Constitución, que dependería de la AN y no de las fuerzas que moviliza MCM, no es lo único que se necesita para la creación de una fuerza extranjera multilateral, y esto último no es algo que se resuelve levantando el teléfono y llamando al presidente de los Estados Unidos o de alguno de los países vecinos. Invocar el principio R2P, tampoco es algo simple –como veremos en detalle cuando hablemos de la estrategia de Guaidó– o que dependa de los esfuerzos que podamos hacer en el país; lo mismo podemos decir de invocar el TIAR, con el agravante de que ya se ha intentado esa vía y ha sido negada en la última reunión de la OEA en diciembre de 2019 y rechazada por la mayoría de los países de América Latina.

En síntesis, la estrategia de MCM depende excesivamente de factores o decisiones que ni ella ni nadie en el país controla, por más que se alegue que el trabajo político consiste en hacer “intentos o gestiones” para lograr esa fuerza extranjera multilateral, con base en el TIAR o en el R2P.

Veamos por último la estrategia de la fracción que se congrega en torno a Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y el G4, que la dejamos para el final por el insospechado giro que ha tenido la última semana. Como es sabido la estrategia de este grupo se bifurca en dos vías; en lo interno la no participación electoral el 6D y la organización de una consulta popular; en lo internacional, que creo que es su carta fundamental y más fuerte, pretende continuar el proceso para que la comunidad internacional mantenga la presión sobre el régimen venezolano que lo obligue a una negociación de una salida política a la crisis.

La vía interna, debemos decirlo, no ha tenido mayores avances tras la propuesta de Juan Guaidó hace un par de semanas. Nada se ha dicho acerca de qué hacer para evitar esa mortífera inmovilidad que acompaña a todas las abstenciones –aunque no la llamen de esa manera– y hasta ahora la única propuesta de acción inmediata se concreta en realizar una “consulta popular” que se pretende tenga carácter vinculante, con base en los artículos 70 y 71 de la Constitución Nacional, y sobre la cual tampoco se ha dicho mucho.

La vía internacional, también prácticamente adormecida, sin nuevas ideas ni propuestas de acción, recibió sin embargo un impulso inesperado con la publicación del informe sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela que dio a conocer la Misión Internacional Independiente designada por las Naciones Unidas y que se refuerza esta semana que concluye, con la presentación oral del informe de Michelle Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Tras el anuncio de la referida Misión, el presidente Juan Guaidó ha renovado los esfuerzos sobre la comunidad internacional, para que esta a su vez mantenga la presión sobre el régimen venezolano, que lo lleve a suspender o aplazar el proceso electoral y buscar una vía de negociación, que abra la posibilidad de un Gobierno Transitorio y un nuevo proceso electoral, que incluya elecciones amplias y libres, observadas internacionalmente, en un periodo corto de tiempo.

En ese contexto, el presidente Guaidó, con base en el mencionado informe de la Misión Internacional Independiente, en una intervención dirigida a la Asamblea General de la ONU, solicitó “…alinear los esfuerzos de asistencia internacional para restablecer la soberanía efectiva en Venezuela, y proteger a la población civil desarmada, ante la comisión sistemática y reiterada de crímenes de lesa humanidad a manos del régimen dictatorial que usurpa la presidencia de Venezuela”. Naturalmente, sin que el presidente Guaidó lo dijera expresamente, a todos nos saltó de manera inmediata, la idea de que se trataba de una invocación al principio de responsabilidad de proteger (R2P) de la ONU; sí esa era la intención, no lo sé, pero así fue recogido en las redes sociales y en muchos medios de comunicación.

Ahora es sano advertir, antes de que se generen falsas expectativas, que hasta el momento la decisión de aplicar el R2P ha dependido del Consejo de Seguridad, en donde tienen capacidad de veto Rusia y China –aunque algunos señalan que, al ser una solicitud directa del representante de un gobierno legítimo, no se sometería al referido Consejo–. Además, también hay que considerar que hasta el momento los países –tanto de la ONU, como del TIAR– que podrían formar parte de una “fuerza interventora” que actué en Venezuela, han declarado que no apoyan esa opción. En todo caso, se puede decir que se cumplió el “tramite” que algunos solicitaban de invocar el R2P, que dudo que pase a una fase de acción. Si nada ocurre no faltara quienes digan que se invocó “muy tarde”.

Estas son las opciones que nos presenta una oposición dividida, que sin que hagamos un fetiche de la unidad, ninguna de las tres fracciones pareciera estar haciendo nada por lograrla; la unidad —y mantenerla— dada la naturaleza del régimen que enfrentamos, creo que es un valor estratégico, no un mero instrumento y, aun como instrumento, creo que es más importante que los demás que están sobre el tapete: votar, abstenerse o una consulta popular. El de la “unidad” es un tema pendiente, por encarar más a fondo.

https://www.noticierodigital.com/2020/09/estrategias-opositoras-en-desarrollo/ y también en: https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2020/09/26/estrategias-opositoras-en-desarrollo/

Las estrategias están definidas de manera clara y en proceso de desarrollo. El objetivo del régimen es mantener el poder a cualquier precio y consolidarlo a partir de enero de 2021, contando con una Asamblea Nacional (AN), única institución que le falta en su cuenta, para ejercer un total dominio, repito, institucional, del país.

Lograr el objetivo de controlar la AN, a partir de enero de 2021, le permitiría al régimen legitimar algunos de los contratos que sus cómplices internacionales le reclaman que sean avalados por el parlamento. Además, el régimen autoritario se quitaría de encima esa molestia de un “gobierno interino”, con un presidente designado por una AN que le es hostil, pero que es aceptado por una parte importante de la comunidad internacional. Y de paso, que no es poco, al sector madurista le serviría para quitarse de encima esa remora inútil de la ANC y al “cabellismo” que la controla.

Invalidar a la AN ha sido un objetivo del régimen, desde el mismo diciembre de 2015 cuando fue humillantemente derrotado en las elecciones parlamentarias. En ese esfuerzo ha hecho todo tipo de maniobras en contra de la AN: desconociendo a sus diputados, ha dejado sin representación a los electores del Territorio Amazonas durante cinco años; desconoció a la AN con sentencias de su obsecuente TSJ; persiguió y apresó diputados, obligando a algunos a exilarse y otros a esconderse o asilarse en embajadas; le quitó presupuesto y recursos; trató de dejarla de lado con una ilegitima ANC, cuya elección no fue reconocida ni nacional ni internacionalmente y que al final ha dejado de lado; trató, infructuosamente, de quitarle funciones en 2017 a través de fallidas sentencias del TSJ, intento que fue resistido por la población con grandes manifestaciones, que el régimen convirtió en violentos disturbios, que costaron vidas humanas; finalmente, comprando y corrompiendo diputados opositores, intentó tomarla por la fuerza en un chusco intento en enero de 2020.

Todo eso fueron inútiles intentos de doblegar la resistencia democrática del pueblo venezolano y sus diputados electos en 2015; al final, opta por la vía electoral. Pero no es suficiente. Al régimen no le importa lo que piensen u opinen los venezolanos, ni el mundo, con respecto a lo que hace en el país; pero lo perturba que una mala opinión sobre su régimen por parte de la comunidad internacional, le ha cerrado las puertas al crédito y financiamiento internacional y al comercio, que le impide contar con recursos para continuar sus trapacerías con las importaciones y no puede seguir haciendo demagogia en el país, mientras enriquece a sus cómplices internos e internacionales. El régimen sabe que es necesario que el proceso electoral que ha convocado y organizado goce de una cierta “legitimidad” internacional.

En esa dirección ha emprendido algunas tareas: por una parte, envía cartas a la ONU y a la Unión Europea, describiendo las “bondades” de su proceso y pidiendo observación internacional para el mismo; por la otra da muestras de apertura y magnanimidad liberando algunos presos políticos. Pero ninguna de las artimañas parecen dar resultados. Por una parte, los organismos internacionales, particularmente la Unión Europea (UE), no se conforman con cartas ni solicitudes, exigen ver cambios en las condiciones electorales: “… para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo”, dicen. Por otra parte, al régimen no le basta liberar unos pocos presos políticos, sabiendo como se sabe que son muchos más los que quedan en las mazmorras de la tiranía. Para mayor desgracia del régimen, esta semana se ha dado a conocer el Informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, presentado a la ONU, que denuncia los crímenes de Lesa Humanidad que se cometen en el país, lo que compromete mucho más su imagen y le coloca al cuello una piedra de molino en su objetivo de lograr legitimidad y reconocimiento internacional.

Pero sus mayores esfuerzos siguen siendo en el campo interno y con el propósito de garantizarse un resultado favorable en el proceso electoral, sin tener recursos para hacer demagogia y comprar electores y sin tener que emplear todavía las “municiones” del fraude el día de la votación o el desconocimiento de los resultados –como hizo con los resultados de la gobernación del Estado Bolívar en 2017– ha desplegado grandes esfuerzos en dos direcciones, una, “agenciarse” una oposición a su medida, que participe y legitime su proceso; y dos, lograr que la oposición mayoritaria se abstenga de concurrir a las elecciones.

Su primer objetivo, solo está logrado parcialmente. Los denominados “alacranes” y la llamada “mesita”, no dan muestras de despegar en las encuestas y ni siquiera han logrado presentar una lista única de candidatos a la AN. Ese arroz con mango, sigue siendo un arroz con mango y de esta manera, no solo no sirven a los propósitos propagandísticos del régimen, sino que lo más probable es que ellos mismos no lograrán figurar en “pizarra” para obtener algunas curules. El segundo objetivo, sin embargo, sí parece logrado. La oposición democrática –más bien la población opositora– ha decidido no participar el 6D; y aun cuando se ha anunciado la defección a esta política de un sector encabezado por Capriles Radonsky, no se vislumbra que tenga una fuerza que logre arrastrar a votar una parte importante de la oposición. Aparte de que el propio Capriles ha dicho no estar seguro de llegar al final del proceso, al día de la votación, pues si no logra modificar algunas de las condiciones electorales, retiraría a sus candidatos.

Por otra parte, no se descarta que el régimen juegue una nueva carta, el aplazamiento de las elecciones, con la justificación de la pandemia, si en el camino percibe que se enreda más la legitimidad del proceso. Hasta ahora esa posibilidad ha sido negada, y personalmente creo que ese aplazamiento es difícil que ocurra, pero todo es posible. Por lo tanto, lo que luce más probable es que a partir de enero de 2021 tengamos una AN completamente dominada por el chavismo, con algún “salpicado” de diputados de la denominada “mesita” y, eventualmente, algún diputado opositor, si el sector “caprilista” llega hasta el final del proceso.

Es decir, a partir de enero de 2021, cesará en sus funciones la actual AN y la presidencia interina de Juan Guaidó; posiblemente el régimen no se consolide más, pues su legitimidad está en declive, pero seguirá ejerciendo de facto el poder y tanto la comunidad internacional, como el liderazgo opositor deberán redefinir sus estrategias.

Es momento de ir pensando la estrategia que desplegará la oposición a partir de esa fecha. Hasta ahora, ni la actividad febril y constante de la oposición, ni la presión internacional han conseguido que el régimen acceda a sentarse a negociar, realmente, una salida a la crisis humanitaria, severa, que vive el país y permitir una salida constitucional y electoral. Hasta el 6D y sobre todo a partir de enero de 2021, será mucho más imperativo que los líderes y los partidos políticos realmente opositores se reinventen, como hemos estado insistiendo, para elevar el costo político de la permanencia del régimen en el poder.

La presión interna, que sobradas razones existen para que se dé, debe incrementarse, organizarse, y acompañar a la presión internacional, para que se produzca el quiebre del bloque hegemónico de poder que permita alguna salida política a la crisis que vive el país.

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