La semana pasada, al comentar el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, analicé los argumentos de quienes explican el resurgimiento del populismo en América Latina como una consecuencia de la “muerte de las ideologías” −que puede ser cierta o no− y, sobre todo, agregué yo, por la “muerte de los partidos políticos tradicionales”, algo a lo que todos hemos venido contribuyendo en los últimos 40 años; veamos ahora un poco más a fondo que es lo que denomino la muerte de los partidos políticos y las críticas que se hacen a los partidos políticos tradicionales, que es el punto que quiero destacar.

Los partidos tradicionales

Por partidos tradicionales voy a entender esos partidos que se desarrollaron desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, identificados con las grandes ideas, doctrinas políticas e ideologías clásicas (socialistas, comunistas, fascistas, liberales, etc.) y que hoy −sin duda alguna y casi en todas partes− están en grave crisis, abandonados por un pueblo, que ya no los sigue, y huérfanos de liderazgo.

Este es un tema delicado. Siempre he defendido a los partidos de la aguda e inmisericorde campaña antipolítica, descerrajada contra ellos desde mediados de los años 70 del pasado siglo; pero cuando defiendo a los partidos y señalo que son el elemento esencial para el desarrollo de la democracia, no necesariamente me refiero a los partidos que hoy en día tenemos.

Sin saber a ciencia cierta qué es lo que están haciendo internamente por renovarse y aun dándoles el beneficio de la duda, no puedo dejar de reconocer las críticas que se les hacen, y debo lamentar que la mayoría de ellos no han dado muestras de haber llevado a fondo sus procesos internos de renovación para superarlas, algo que nos vienen ofreciendo desde principios de la década de los 90 del siglo pasado, cuando ya era evidente su declive y la pérdida de su influencia sobre el país.

La crítica a los partidos

Es lamentable que muchos de los partidos se han ido convirtiendo en un cascaron vacío de ideología; son hoy expresiones decadentes de lo que fueron en su pasado glorioso, hoy de escaso arrastre social, con muy poca participación popular en sus filas y que se activan tan solo en momentos de procesos electorales, en los que desarrollan costosas campañas publicitarias, para las que necesitan cuantiosos recursos económicos, ahora escasos en Venezuela para esta actividad, desde que fueron despojados por la Constitución de 1999, cuando se los privó de los recursos del Estado y se les hizo más dependientes del financiamiento privado.

Al acudir a esas fuentes privadas de financiamiento, los que triunfan en comicios regionales y locales, suelen quedar tan comprometidos financieramente con los grupos que los financiaron, que tienen poca o ninguna independencia para llevar adelante sus programas e ideales propios; queda comprometida su independencia y se convierten fácilmente en rehenes e instrumentos de quienes los financiaron.

Muchos de sus líderes, antes asiduos a micrófonos de radio y cámaras de televisión, se han convertido ahora en “líderes de redes sociales”, que pululan alrededor de las mismas, a la caza de seguidores y “likes” y en casi todos ellos, al parecer, su inspiración programática son las encuestas de opinión y sus dueños o asesores, a los que siguen como si tratara de verdaderos oráculos.

Ante ese vacío u orfandad política que se ha creado, el pueblo ha iniciado una búsqueda que no siempre lo ha llevado a las mejores opciones. No es nada extraño que en toda América Latina, los sectores populares, masivamente, hayan dejado de seguir las opciones políticas tradicionales y los que no se marginan de la política y los procesos electorales, se inclinan por esas “figuras mesiánicas”, salidas de la nada, que cabalgan la ola de la antipolítica y el “neo populismo” y que van triunfando país tras país, en donde las instituciones se van derrumbando a su paso, como castillos de barajitas, y las que no lo hacen espontáneamente, son demolidas en cuanto llegan al poder esos nuevos demiurgos de la destrucción política.

Nuevos caudillos y populismo

El pueblo ha descartado, por toda América Latina −probablemente con la única excepción de Argentina, donde el peronismo sigue rampante e inmutable después de 80 años− a los partidos tradicionales y se han inclinado por llevar al poder a los “nuevos” caudillos que se le ofrecen; en algunos casos son líderes que rompieron con sus orígenes y se lanzaron a buscar el apoyo electoral en opciones fuera de sus partidos tradicionales, como el caso de Rafael Caldera en Venezuela en 1993; en otros casos, hartos de la falta de respuestas, viendo pasar a su lado la riqueza sin que nada o muy poco les toque, van buscando opciones de izquierda o populistas de derecha, entre quienes no han ejercido el poder con anterioridad, sin preocuparles las tendencias políticas, ni los viejos parámetros de izquierda o derecha, les basta con que tenga para ellos un mensaje y representen una ruptura con el orden tradicional y sus partidos más representativos, que no resolvieron sus problemas. En el fondo, piensan, tiene poco que perder el que nada tiene.

La búsqueda no ha sido fácil ni lineal, hay desvíos, avances y retrocesos, pero de esa manera llegaron al poder, para hablar de los más recientes, los Jair Bolsonaro, Gabriel Boric, Nayib Bukele, Pedro Castillo, Xiomara Castro, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Lopez Obrador, Luis Arce, Lula da Silva, Nicolás Maduro, Pepe Mujica, Daniel Ortega, Dilma Rousseff, hasta Álvaro Uribe pertenece a esa estirpe y ahora la última novedad, Gustavo Petro en Colombia.

Explicaciones al populismo

En ninguno de los casos donde han triunfado las opciones “extremas”, producto de la “búsqueda”, muchas veces “pendular”, esos gobiernos han funcionado; al principio, algunos indicadores de pobreza mejoran, temporalmente, al igual que algunos indicadores de crecimiento económico, mejoría social, mejoría en materia educativa, en algunos casos de salud y en menor medida de distribución de la riqueza, usualmente mediante dádivas, pero los problemas no se han resuelto, por el contrario, al final han empeorado y el país se sume en un período de inestabilidad y caos que empeora aún más la situación.

En los sectores democráticos, que no son capaces de generar una respuesta estable, comienzan las auto recriminaciones y justificaciones, toda esa monserga de: “nadie aprende en cabeza ajena”, “es falta de educación”, “es ignorancia” y demás lamentaciones que no conducen a nada, en vez de evaluar y reconocer porque no son capaces de dar una respuesta creíble para el pueblo; solo se polariza más la situación y hace que se aleje o postergue la salida al problema.

Vienen entonces las soluciones y explicaciones mágicas, como esa de los nuevos “libertarios/as”: “el problema es que no se lucha por la libertad”, “no se combate el autoritarismo”, conceptos totalmente abstractos, para élites intelectuales, pero que poco le deben decir a la gente sumida en su miseria cotidiana, por más que sea cierto que los líderes que el pueblo selecciona en su “búsqueda” lo primero que hacen es acabar con el sistema de libertades públicas y devienen en gobiernos autoritarios, cuando no en dictaduras abiertas.

Conclusión

La salida es, sin duda, la tan postergada renovación profunda del liderazgo y de los partidos, que nos están debiendo desde principios de los años 90 del pasado siglo; renovación interna que los lleve a identificarse con los problemas cotidianos de la gente y ofrecerles alternativas, dentro de una economía abierta, de mercado, para resolver los problemas de miseria e inequidad, para acabar con la exclusión. ¿No hay capacidad de construir una opción que demuestre a la gente que se conocen sus problemas y se tiene una alternativa para solucionarlos? ¿Es que no hay propuestas para eso desde la perspectiva de la democracia y la economía de mercado? ¿O es que lo que no hay es liderazgo capaz para articular esa propuesta y plantearla sin demagogia? Acuciantes preguntas que están en la base de la solución.

Politólogo

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Los venezolanos, como todos los pueblos, analizamos la realidad de otros países a través del prisma de nuestra propia realidad; ni más ni menos eso ocurre al analizar el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. Por supuesto, hay motivos para ello, dadas las similitudes en historia, costumbres, cultura y demás. Pero eso muchas veces hace que no consideremos a algunas diferencias importantes.

Diferencias con Colombia

En el caso de Colombia, creo que hay dos diferencias que destacan notoriamente. La primera, es lo que algunos denominan la “institucionalidad” de ambos países; esto se refiere a que el gobierno colombiano, su Poder Ejecutivo, a pesar de ser un país presidencialista, como casi todos los países latinoamericanos −y más allá−, no es tan poderoso como lo es en Venezuela.

Lo que se denomina el “balance de poderes”, el control que pueden ejercer otros poderes públicos, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, sobre el Ejecutivo es mucho más fuerte en Colombia que lo que es y fue en Venezuela, por la muy simple razón que en Colombia, el Gobierno no cuentan con la renta petrolera, con la que contamos en Venezuela, que fortaleció de una manera muy importante al poder ejecutivo por sobre los demás poderes.

Amén de que el sector económico privado en Colombia es mucho más fuerte y significativo que el sector económico privado en Venezuela, lo que hace que el Estado colombiano sea mucho más dependiente de los ingresos fiscales que genera la economía privada colombiana, lo que lo hace más dependiente y con menos “grados de libertad” para definir políticas económicas y fiscales.

La segunda diferencia importante creo que es la historia y el papel que ha jugado la Fuerza Armada en ambos países. El Ejército colombiano vine de sostener una guerra contra el narcotráfico y la guerrilla izquierdista −sector del que proviene Gustavo Petro− durante más de 70 años, período en el cual cuenta en miles sus muertos, por lo que no es difícil suponer que el gobierno de Petro no contará con el apoyo irrestricto de la fuerza armada a la hora de reprimir u obtener apoyo para abusos contra derechos humanos o para imponer ciertas políticas que requieran de un fuerte control por parte de la fuerza armada.

Sin abundar en otras, creo que esas dos son diferencias importantes a la hora de esperar que la conducta del gobierno que tomará posesión en agosto −aunque lo desee fervientemente− vaya a seguir el camino por el cual se desenvolvió Hugo Chávez Frías en Venezuela.

Resultados en otros países

Pero, sobre el análisis de las consecuencias del triunfo de Gustavo Petro en Colombia, sobre ese país, sobre Venezuela y en general, sobre toda América Latina, no abundaré, lo considero cubierto por la serie de agudos y profundos análisis de diversos especialistas que hemos visto las dos últimas semanas; mi punto de enfoque es otro, es reflexionar en “voz alta” sobre el tema: ¿Por qué surgen los Petro, de manera casi silvestre por todo el continente y fuera de él?

Es decir, se trata de reflexionar sobre los resultados de los procesos electorales en nuestro entorno, en Ecuador, Perú, Chile, el más reciente de Colombia, lo que se espera de Brasil −sea que gane Lula o que continúe Bolsonaro− y los ya más antiguos resultados en México, Honduras, El Salvador, Argentina y por supuesto, Venezuela.

Algunos han caracterizado acertadamente lo que ocurre como producto de dos fenómenos concomitantes; por una parte, la insatisfacción popular ante el fracaso de las democracias y del liberalismo ante el aumento de la desigualdad, la inequidad, a que se mantengan millones en la pobreza, a la ausencia de “justicia social”, que provoca un gran descontento ciudadano, que en algunos casos −Chile, Colombia, Ecuador, entre otros− los lleva a la violencia y destrucción.

Muerte de las ideologías

Al hacer el análisis, en el mundo, pero especialmente en América Latina y constatar la desesperanza y poca fe en los partidos y líderes políticos tradicionales algunos recurren al termino “muerte de las ideologías”, para remarcar que esa debe ser una de las causas para el resurgimiento del “populismo” y la deriva hacia la “izquierda”, hacia el “socialismo”, debido a lo dicho del supuesto −o real− fracaso de las democracias y del liberalismo en resolver los problemas de las grandes mayorías.

Cuando hablamos de muerte de las ideologías, el concepto “ideología” no se refiere a la falsificación de la realidad, como muchos autores la definen, sino al conjunto de ideas, usualmente conectadas a algún “programa” de trabajo o propuesta, usualmente partidista, para enfrentar los problemas económicos, sociales y políticos.

El sujeto de referencia, el portador de esas ideologías, que ahora supuestamente fenecen, son las élites, académicas, políticas, todo lo más algunos dirigentes y lideres de partidos políticos, que se identifican con conceptos o ideas: liberales, socialistas, comunistas, anarquistas, fascistas, social demócratas, demócrata cristianas, hasta “nazis” y otras; pero son eso, grupos reducidos, élites, para quienes esos conceptos significan o tienen algún valor como referencia; porque para el pueblo común y corriente esas “ideas” solo se expresan en partidos y líderes por los que votan, convencidos por la fogosidad, retórica y promesas de algún líder, al que llevan al poder con la esperanza de que una vez en el gobierno, acaben con las ineficacias, eventualmente con la corrupción, pero sobre todo que resuelvan los problemas, generen empleo y bienestar, garanticen una educación popular adecuada, mejoren los servicios públicos y un largo etcétera.

Conclusión

Pero, lo de la muerte de las ideologías −que puede ser cierta o no− en todo caso, no es el punto al que me quiero referir; creo que de lo que tenemos que continuar hablado o constatando es, en todo caso, de la “muerte de los partidos tradicionales”, algo a lo que hemos venido contribuyendo en los últimos 40 años y que continuaré desarrollando la próxima semana.

Politólogo

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La estrategia opositora, en lo inmediato, supone dos cosas: Lograr un proceso de negociación con el régimen y preparar una estrategia de campaña electoral.

Aun cuando para nadie es un secreto, como señalé en mi artículo de la semana pasada, las dificultades que enfrenta la negociación −sobre todo porque la fortaleza opositora se basa en el apoyo internacional, pero sin una fuerza interna muy firme que obligue al gobierno a aceptar sus términos de negociación−, la posibilidad se reabrió y es una oportunidad que se debe aprovechar.

La negociación con el régimen es, por tanto, el contexto político en el cual hay que evaluar las tareas que tiene por delante la oposición democrática, ante la inminente elección presidencial del 2024, o antes; así como me concentré en mi artículo anterior en la “negociación”, me propongo ahora evaluar las tareas de la oposición frente a su actual situación y el tema electoral.

Las grandes tareas opositoras

La tarea primordial es desarrollar la oposición; una oposición vigorosa, que sirva de referencia a los aliados internacionales, que sea advertencia a quienes internamente apoyan por la fuerza un régimen en decadencia, condenado a desaparecer, cuanto antes mejor; y que sea factor de aglutinación para la resistencia opositora interna. El “cómo” hacer eso, es el problema.

No hace falta que las encuestas nos confirmen el rechazo del país al actual régimen; lo sabemos por los resultados electorales pasados y por las protestas diarias por los más variados temas. Lo importante es como amalgamar todo ese malestar para que se produzca el resultado deseado y para ello lo primero, la decisión primigenia y fundamental es la de participar en los procesos electorales; que parece que es un objetivo ya logrado. Sea que se tome la posición de los que dicen que “siempre ha habido fraude” y por eso “no vale la pena participar en los procesos electorales”; o sea que, como afortunadamente ha ocurrido, se vaya a participar, el resultado es el mismo, somos la mayoría del país y por lo tanto, ya que vamos a participar, debemos prepararnos para ganar, lo que no es una tarea trivial ni exenta de enormes dificultades.

La unidad opositora en torno a la selección del candidato, por el método más democrático y de mayor consenso y aceptación posible no es el único problema, ni siquiera el más importante. En otras ocasiones he mencionado que el éxito electoral se basa en un trio de factores que comprende: un candidato, un programa de gobierno y la narrativa para llevar adelante un mensaje. Los tres, candidato, programa y mensaje, son factores que deben cautivar y entusiasmar a una población hastiada de la política y sometida durante dos décadas a un intenso bombardeo en contra de la democracia y el valor del voto.

A ese respecto, lo que menos me preocupa es el tema de la “unidad”, pues no tengo la menor duda que al final los partidos, sus líderes, se pondrán de acuerdo para seleccionar, por algún método de primarias, como ya han dicho, un candidato unitario; y si no lo logran, tampoco importa, pues el pueblo “construirá” con su voto, esa opción unitaria, como lo ha hecho desde 1998, en contra de este régimen de oprobio; y desde mucho antes, durante el periodo democrático, que llegó a polarizarse entre dos opciones, AD y Copei, con más del 91% de los votos.

En síntesis, desde luego necesitamos ese candidato unitario, pero además necesitamos que se diseñe una campaña proselitista opositora, que recorra el país con una estrategia apoyada en propuestas sólidas para resolver los problemas que nos aquejan, con un discurso, una narrativa, que motive a la población y un programa de consenso a desarrollar como gobierno; todo ello debe ser el producto de una alianza política y social mucho más amplia que la que pueden y deben aportar los partidos −exhaustos como están y sobrepasados por las expectativas populares−, para ejecutar las transformaciones necesarias. Soslayado el tema de la “unidad”, partiendo de la base que programas y planes tenemos suficientes, nos queda el mensaje, la narrativa, a lo que me referiré en otra oportunidad; por tanto, me concentraré hoy en otros problemas, igualmente reales.

Los problemas reales

Dos son las tareas primordiales; una, lo ya dicho: llegar cuanto antes a un proceso de negociación que ponga al régimen nuevamente en el centro de la atención internacional y a la oposición democrática como la referencia de cambio; y dos, aunque son muchas las tareas pendientes para fortalecer a la oposición, no podemos obviar la importancia de prepararnos para la actividad inmediata, ineludible, que tenemos a la vuelta de la esquina, que son unas elecciones presidenciales, que inexorablemente se llevarán a cabo, si no hay cambios, en el 2024, pero que sabemos que el régimen que controla todos los poderes y la FFAA, las puede mover, atrasar o adelantar, a su conveniencia. Por eso, estar preparados es urgente.

En ese sentido, tarea inmediata es enfrentar el tema electoral, para ganar −que es el objetivo− y eso implica encarar algunos de los problemas prácticos, reales, como son:

– Uno, como enfrentar, romper y captar una parte de esa masa indiferente, de más del 30% del país, que desde 1998 no se acerca a los centros electorales, no importa quien sea el candidato o cómo haya sido seleccionado ni de qué proceso electoral se trate. Esa masa indiferente de la política, probablemente con algunas razones válidas, se constituye en un peso muerto del cual debemos rescatar algo. Clave aquí es el mensaje, la narrativa, que ya dije que será tema para otro día.

– Dos, cómo recobramos ese 20%, 25%, o más, de abstención electoral, adicional, que se sumó a la política abstencionista en los últimos procesos electorales, desde 2017, y que, al no tener una política consciente, simplemente se confunde con la masa indiferente abstencionista, sin propósito, ni fin, como no sea el hastío.

– Tres −y aquí me extiendo algo− cómo rescatamos el mayor caudal posible de esos casi tres millones y medio de votos que están en el exterior; cuánto de esa fuerza dispersa podremos lograr que cambie de domicilio en el Registro Electoral (RE) y vote. Y esa no es una dificultad menor, sobre cuyas opciones debemos tener claridad, pues sin duda será uno de los temas arduos de cualquier negociación con el régimen, que sabe que ese caudal de votos está en su contra y ya algunos de sus voceros han declarado al respecto, como por ejemplo una magistrada del TSJ que ha dicho que: “… el voto no forma parte del estatuto personal del individuo y por tanto no es obligatorio garantizarlo fuera del país… no siendo obligatorio el voto, sino facultativo ¿por qué hay que facilitarlo en el exterior?” (Carmen Zuleta de Merchan, Twitter, 31/05/2022). Actualmente hay solo 108 mil inscritos para votar en el exterior, que con las normas actuales no tienen prácticamente dónde hacerlo, pues la mayoría de los consulados en España, Colombia y EEUU, además de otros países suramericanos, están cerrados y no hay interés en reabrirlos, para que los emigrantes se puedan inscribir en el RE y mucho menos para votar. Lograr eso, lograr el presupuesto y la voluntad para hacerlo, será una de las partes más arduas de la negociación con el régimen y al respecto, no debemos tener muchas esperanzas. Necesario es, entonces, romper el paradigma del voto presencial en el exterior, que los votantes allá lo hagan en las mismas condiciones que el votante que está en Venezuela; preciso es luchar por lograr el voto electrónico, a distancia, o como se quiera llamar, como he planteado en otra oportunidad, y que no es una tarea fácil pues implica modificar leyes, reglamentos, disponer de presupuesto para instalar centros y mesas de votación, etc. lo que supone, obviamente, un acuerdo político con el régimen. El voto en el exterior hay que afrontarlo con una idea en mente: cualquier número de inscritos por encima de 108 mil, será ganancia para la oposición.

– Cuatro, cómo captar la mayoría del millón y medio o más de venezolanos que están en Venezuela, en edad de votar y que no se han podido inscribir en el RE; cómo lograremos que se incorporen al RE, antes del 2024. Esa es una tarea más a la mano y más factible de lograr, con organización y presión interna.

– Cinco, cómo fortalecemos esos partidos que han sido despojados por el régimen de sus nombres, colores, sedes, directivas y líderes y han sido entregados a grupos usurpadores, que han aceptado ese ignominioso papel; cómo hacer para contribuir a ese rescate y, por supuesto, para que se incorporen activamente a apoyar en la campaña electoral.

– Seis, cómo nos organizamos para cubrir el ciento por ciento de las mesas y quedarnos hasta el final de las auditorias, para evitar que se roben los votos, los falseen o no los cuenten, en aquellos centros que en el pasado no logramos cubrir.

– Siete, cómo nos organizamos para defender los resultados y que haremos en el caso que no los quieran reconocer.

Los anteriores “cómo” son algunos de los problemas reales que hay que encarar, que desde luego no son para que los ventilemos por redes sociales, pero sí debemos esperar que se van a considerar a fondo en los apropiados niveles políticos.

Conclusión

Como ya dije, no son las anteriores las únicas tareas a desarrollar para fortalecer a la oposición, pero son de las que de manera inmediata nos debemos ocupar para llegar a un proceso electoral presidencial en mejores condiciones que en el pasado, para obtener una victoria en el mismo. ¿Nos garantiza eso que el régimen reconocerá el triunfo y entregará el poder? Si somos sinceros, no lo sabemos pues nunca los hemos derrotado en una elección presidencial. No es lo mismo arrebatar o desconocer un concejal, una alcaldía, una gobernación, incluso la Asamblea Nacional, que arrebatar una elección presidencial en donde se juega el centro del poder. Pero en todo caso, ese es el esfuerzo a realizar, una vez que se ha decidido participar en el proceso electoral y asumiendo, como todos lo hacemos −incluidos los que adversan la participación electoral− que contamos con que la mayoría del país quiere un cambio político.

Reitero y concluyo entonces, dos son las tareas fundamentales: una, llegar cuanto antes a un proceso de negociación, que nos fortalezca interna e internacionalmente; y dos, prepararnos para la actividad inmediata, ineludible, inexorable, de ganar las elecciones presidenciales en 2024.

Politólogo

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La oposición democrática ha decidido, sabiamente en mi opinión, participar en las elecciones presidenciales de 2024 y a través de la Plataforma Unitaria, presentar un candidato que será seleccionado mediante un proceso de elecciones primarias, a llevarse a cabo en 2023, que ojalá fuera este mismo año.

Llegar a esas primarias y a la elección presidencial, en la actual coyuntura política, no es un tema trivial, tiene varias complejidades estratégicas, donde paradójicamente la elección del candidato es lo más simple. Llegar −con alguna probabilidad de triunfo− supone desarrollar una estrategia que permita fortalecer a la oposición y garantizar que esas elecciones reúnan mínimas condiciones para participar y que se respeten sus resultados, en caso de triunfo.

En mi opinión, la estrategia opositora, en lo inmediato, supone dos cosas: lograr un proceso de negociación con el régimen y preparar una estrategia electoral; veamos primero el tema de la negociación y lo que eso supone. Para ello voy a resumir lo que plantee la semana pasada (https://bit.ly/3lQXNHv) que me servirá de contexto, para evaluar el tema de la preparación para las elecciones de 2024. Disculpen lo repetitivo, sé que es un trago amargo, pero precisamente por eso hay que insistir, las veces que sea necesario, para que se vaya asimilando.

“Lo que, probablemente, vendrá: unas negociaciones, donde la oposición, con la anuencia de USA, tendrá que aceptar el levantamiento de las sanciones personales y la concesión de inmunidad, al estilo de Chile con Pinochet…[porque] esas sanciones fueron creadas, para luego ser negociadas”; yo no lo dije de esa manera en mi ya referido artículo; esa es la interpretación de un amigo con respecto al mismo; pero lo pude haber dicho así, exactamente así, porque creo que esa interpretación es correcta.

Lo que no sé y lo que sé.

No sé si se reanudará la negociación suspendida en México, mediada por el Reino de Noruega, pues se dice que hay algún reparo, no oficial, por parte del régimen; tampoco sé si esa negociación será inmediata; pero, hay cosas que sí las sé:

– La primera y más importante es que sé que de este mal paso en la vida republicana de Venezuela, solo saldremos después de una negociación, en México o donde sea y con la mediación de quien sea: Noruega, El Vaticano, un grupo ad hoc de países, etc.

– Sé que dicha negociación inevitablemente nos llevará a un proceso electoral, que deberá ser supervisado internacionalmente, ojalá que respaldado por una vigorosa fuerza interna opositora y −seguramente− con apoyo de la amenaza de represalias internacionales contra el régimen y sus funcionarios, si no se celebran elecciones libres y si no se respetan los resultados; sin eso cualquier negociación perderá sentido.

– Otras cosas que sé, es que no habrá una “graciosa” renuncia de este régimen al poder que de modo omnímodo ejerce, pues, precisamente, con todo el poder y recursos que maneja, no lo entregará, ni se dejará conducir mansamente a la cárcel a pagar sus culpas, como algunos piensan.

– Sé también, y lo que está ocurriendo en Ucrania me lo confirma, que no habrá una intervención armada, militar, externa, en Venezuela que venga a poner “orden” en el país y a restablecernos la democracia;

– También sé que, al menos por el momento, no tenemos la fuerza interna que debilite al bloque político-militar, hegemónico, en el poder y lo obligue a sentarse a negociar su salida.

– Pero sé que en toda negociación hay que llegar a acuerdos; es decir, habrá que ceder, probablemente, en levantar sanciones personales, pues entre otras cosas, al régimen lo tiene sin cuidado las sanciones generales, económicas, por más que digan que son la causa de todos nuestros males y también lo tiene sin cuidado si afectan al pueblo; lo único que le preocupa son las sanciones personales que les impiden o podrían impedir a ellos, sus amigos y familiares, viajar por el mundo, adquiriendo propiedades y disfrutando de sus fortunas; el levantamiento de las sanciones personales, probablemente, será la solicitud del régimen, para ellos a cambio ceder en la realización de elecciones justas y libres

– Y, por último, como también sé que al final habrá un proceso electoral, cuanto antes nos montemos en ese esquema y empecemos a discutir sus consecuencias y posibilidades, mejor será; así nos podremos dedicar a organizar ese proceso y estar en condiciones de preparar estrategias alternativas.

Reflexión necesaria.

Ese es, en el fondo, el planteamiento de mi artículo de la semana pasada: Ponernos a reflexionar en torno a ese tema, para romper el fangoso marasmo en el que nos encontramos, de críticas a todo, a los partidos, al gobierno interino, a los líderes opositores, al proceso unitario, a la decisión organizativa de la llamada Plataforma Unitaria, al tema de si realizar o no primarias y de qué manera, etc.

Seguramente muchos se rasgarán las vestiduras ante esta perspectiva, ¡“Negociar”, que horror!; algunos hasta la consideran una “mala palabra” y se aferran a unos “principios” que, vista la realidad que tenemos, no pasan de ser “principios abstractos” de un orden que no existe, para un país que solo está en la mente de unos pocos, que lo recubren de filosofía, de argumentos morales y éticos, de sentimentalismo, pero en el fondo, no es más que una disipación de la realidad, como dicen los versos de Andrés Eloy Blanco: “…vapores de la fantasía / son ficciones que a veces dan a lo inaccesible / una proximidad de lejanía”.

Cerradas muchas de las fantasiosas vías, la electoral es la vía natural que nos va quedando y a ella se debe llegar tras una negociación.

Negociar, no conceder, no celebrar.

Tomar la decisión de negociar y estar conscientes de que es un paso ineludible y necesario, no implica adelantarse a hacer concesiones en discusiones públicas, por la prensa o redes sociales, guardemos eso para la mesa de negociación. Mucho menos implica adoptar el lenguaje del régimen, su agenda de discusión y de “justificación” y “disculpas” por haber llevado al país a la ruina. En otras palabras, asumir la decisión de negociar y reconocer que hay una “mejoría” en indicadores económicos en el país, no implica “celebrarle” al régimen la supuesta apertura económica −aun cuando, repito, algunos indicadores de “mejoría” sean reales−; mientras esa “mejoría” solo alcance a un porcentaje ínfimo de la población y más del 85% del país siga sumido en la miseria, sin servicios públicos, sin seguridad social, ni personal, sin hospitales, sin empleo, etc. la tal “mejoría” es solo una efímera ilusión.

No celebrar tampoco significa que vamos a hacernos los ciegos con algunas de las transformaciones que se producen; por el contrario, vamos a exigir que se continue en esa línea de acción. No celebrar no significa que los empresarios dejen pasar oportunidades y sus gremios se desgasten enfrentando al gobierno como si fueran partidos políticos opositores. No celebrar tampoco implica que el pueblo deje de estar atento a los cambios que lo favorezcan, ni dejar de aprovechar los que alivien o le traigan cierto bienestar. Significa que eso no nos va a adormecer en el objetivo fundamental de salir de este régimen de oprobio.

Desde luego que tampoco implica celebrarle al régimen actos “magnánimos” con respecto a unos pocos presos políticos, mientras mantenga cientos en las cárceles y continue la persecución de los líderes opositores.

Tampoco hay que obnubilarse o engañarse con sus llamados de “amplitud” de incorporar en las negociaciones a la “oposición” que ha “domesticado”, mientras mantiene el secuestro de los legítimos partidos de oposición, sus símbolos y el desconocimiento “judicial” de sus genuinas autoridades.

También debemos recordar, antes de celebrar, que ahora el régimen pretende aprobar en su “asamblea nacional” leyes para esquilmar los recursos de las oenegés e intimidar a sus dirigentes, aliados y controlar el aporte internacional de los recursos para ayuda humanitaria o hacerla pasar como una “obra” suya, práctica que ya ha desarrollado otras veces.

Este es el contexto en el cual hay que evaluar las tareas que tiene por delante la oposición democrática −ante la inminente elección presidencial del 2024, o antes− y que desarrollaré la próxima semana.

4 de junio de 2022

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El gobierno y la oposición democrática han acordado, finalmente, reanudar las negociaciones suspendidas hace tiempo para ver cómo se logra una salida a la profunda crisis política y humanitaria que agobia al país. Pongamos en contexto la situación para analizar las opciones de negociación.

El poder del gobierno

No hace falta describir lo que todos sabemos bien. El gobierno −autoritario, por decir lo menos− controla el poder y los recursos, cada vez más escasos, pero suficientes para continuar su despilfarro y los “negocios”, internos y con sus socios externos. No es la popularidad, de la cual hoy carece, sino el monopolio absoluto de la fuerza −a través de la fuerza armada, que lo apoya incondicionalmente− y toda la capacidad represiva del Estado, lo que le permiten ejercer ese control sobre territorio y recursos, de manera total y absoluta. No hay ningún resquicio… aparentemente.

Situación de la oposición

La oposición, aunque dividida, fragmentada, que permanece en profundas y amargas disputas internas, uno de sus sectores, el mayoritario, tras largo y hermético silencio, se ha puesto de acuerdo para conformar una estructura de coordinación y una fórmula, aun no muy bien definida, para seleccionar mediante unas primarias su candidato para el próximo proceso electoral en el 2024, o antes.

No hace falta recordar que se trata de una oposición inerme, pues no cuenta con ninguna fuerza física y su capacidad de movilización popular ha mermado considerablemente. Sin embargo, hay que recordar que en condiciones similares en el pasado ha logrado algunos triunfos sobre el régimen autoritario y −muy importante− reconocimiento y apoyo externo para la imposición de sanciones al régimen, por parte de la comunidad internacional; sanciones cuestionadas por ineficientes y que algunos sectores solicitan que se eliminen pues estarían afectando a la población inocente del país; pero, es lo único que ha servido para contener algo los desmanes del gobierno y obligarlo a llegar a una negociación.

Los ciudadanos

Un gran porcentaje de los ciudadanos del país −más del 80% − sumidos en la pobreza, se han mantenido al margen de los últimos procesos electorales y muestran poco o ningún entusiasmo por la actividad política. Se supone que es porque están ocupados y concentrados en sobrevivir, aunque nadie que se sepa ha investigado eso; más bien creo que esto es en parte el resultado de varias décadas de prédica antipolítica y anti partidos, acentuada por la intimidación del régimen y una intensa campaña en contra del valor del voto y la eficiencia de los procesos electorales para resolver los problemas del país.

En el contexto descrito, nada halagüeño, es que se produce el anuncio de que el régimen y la oposición democrática exploran las posibilidades de continuar la negociación suspendida; ahora, a pesar del anuncio de la disposición a negociar, el régimen horada las bases de la misma, solicitando se admita como representante a Álex Saab, preso por delito en los EEUU −recordemos que la vez pasada la negociación se suspendió por esa absurda demanda del gobierno, que además fue quien se levantó de la mesa− y cuestionando también a los mediadores, el Reino de Noruega; de manera que, de llegar a concretarse el acuerdo para negociar, la pregunta obvia es: ¿Qué se va a negociar? ¿Cuál es el objetivo de la negociación?

Objetivos de la negociación

Para un sector opositor, radical, el objetivo escueto y único no puede ser otro que encontrar una fórmula para que el actual gobierno deje el poder, se retire sin más, como condición previa para cualquier otra cosa y para reorganizar la vida democrática del país.

Otro sector, más moderado, piensa que lo anterior no es realista y opinan que se debe buscar de común acuerdo una transición electoral, pacífica, a la democracia, detener las violaciones de los derechos humanos, los atentados contra las libertades públicas y, mientras tanto, buscar alternativas para aliviar el sufrimiento popular.

A un sector, más conforme, resignado o menos osado, le basta con que se logre alguna flexibilización económica y política del gobierno, que atraiga algo de inversión, que mejore la situación económica, para así aliviar la profunda crisis humanitaria que agobia al país.

Pero, definir el o los objetivos de la negociación, aunque no es fácil, es lo menos problemático porque la verdadera dificultad reside en: ¿Qué es lo que va a ceder en la negociación cada una de las partes? Dicho más claramente: ¿Cómo el régimen gobernante, con todo el poder que tiene, lo va a abandonar sin más, para entregárselo a una oposición que no tiene fuerza para obligarlo a ello o poco que ofrecer a cambio, como no sea levantar unas sanciones que no dependen de su decisión?

Opciones de salida

En cualquier caso, la solución de la crisis humanitaria y económica que ha arruinado al país pasa por una salida del actual régimen; sea que en un acto incomprensible y poco probable abandone el poder, voluntariamente; sea porque se desarrolle un proceso electoral libre, bajo supervisión internacional, que, según todas las encuestas perdería el gobierno; o bien sea porque algún acontecimiento político, hoy impensable, como una revuelta o insurrección popular, incline la balanza y el apoyo de la fuerza armada en su contra y lo obligue a dejar el poder. Estas son las opciones que algunos vislumbran como salida, pues lo que es también cierto, que se ha demostrado en el tiempo y ahora con la guerra de Putin contra Ucrania, es que la comunidad internacional −la misma que apoya a la oposición democrática− no pasará de establecer sanciones y cualquier opción militar que implique una fuerza externa o invasión, para resolver los problemas políticos y humanitarios de cualquier país, está descartada.

Los mitos en el país

Lo más difícil de esta situación es que flota en el ambiente, desde hace muchos años, una especie de pensamiento “mágico”, ingenuo −y hasta oportunista−, por parte de algunos grupos radicales, sus asesores e influyentes en la opinión pública, que −al considerar la situación del país y las posibles salidas− han desarrollado algunos mitos.

Uno de ellos es que al gobierno autoritario le interesa que eliminen las sanciones económicas −“que afectan al pueblo”, según dice el gobierno y repiten a coro algunos opositores−, como si el bienestar del pueblo fuera realmente una preocupación del gobierno; en realidad al régimen las sanciones que lo afectan y preocupan son las sanciones personales contra sus funcionarios, mismas que todos los opositores afirman que se deben mantener.

Otro mito de algunos sectores opositores, a sabiendas que no hay disponible una fuerza física, ni interna ni externa, para forzar al régimen a retirarse −posiblemente solo para lograr unas condiciones electorales, como ya ha ocurrido en el pasado−, piensa y plantea con aparente seriedad y convicción, que el régimen debe ceder el poder, dándose golpes de pecho, admitiendo los errores cometidos, las violaciones de DDHH de las que se les acusa, devolviendo los recursos del país de los que se ha apropiado y mansamente se dejarán esposar y conducir a la cárcel, a purgar sus delitos; o en el mejor de los casos, en un arrebato de fiereza y ante un descuido, escaparán a un exilio forzado, pero sin la posibilidad de desplazarse libremente por el mundo, por el temor a ser atrapados en cualquier aeropuerto y juzgados en algún país desarrollado o por algún tribunal internacional.

Conclusiones

Pero algo ocurre en el país. Porque resulta incomprensible que un régimen con el poder omnímodo que muestra el actual, sin embargo, da pasos −aunque inciertos− en dirección a una negociación; posiblemente las razones que lo animan son buscar reconocimiento internacional e insistir en que se le eliminen sanciones, aunque sabemos que son las personales las que quiere eliminar, cosa que es más difícil. Lo cierto es que aun con su supuesta “debilidad” la oposición ha logrado, en varias oportunidades, llevar al régimen a la mesa de negociación.

Paradójicamente, lo cierto, si vemos el escenario actual, es que la oposición democrática tiene todo por ganar y poco que ceder, que ya no haya cedido o le haya sido arrebatado: Democracia, instituciones políticas, partidos, libertad de asociación y de expresión, libertad de sus líderes, y un largo etcétera.

Sin duda es el gobierno el que tiene todo por perder: El poder y con él, el usufructo de la riqueza del país. Lo que no parecen haber percibido los habitantes y líderes opositores es que resulta obvio que el régimen, si no recibe nada a cambio, se puede y va a mantener en el poder, como la ha hecho hasta ahora, pues tiene fuerza, recursos y también cuenta con cierto apoyo internacional. Esos factores no los podemos perder de vista.

Por lo tanto, quien tiene tanto que perder, ¿Qué pedirá a cambio de dejar el poder, frente a una oposición que no tiene fuerza, real, para desalojarlo del mismo y muy poco que ofrecer? Obviamente pedirá inmunidad. Inmunidad para poder disfrutar, en el país o en el exterior, de los bienes mal habidos. Esto, que no debería sorprender a nadie, sorprende a muchos y es un tema que no podemos seguir ignorando, sobe el que debemos abrir una amplia y profunda discusión.

Los habitantes del país, sobre todo la oposición, debe tomar conciencia de que no hay manera de salir de esta crisis, sin tragar algunos sapos crudos a través de una negociación, ¿Lo tendrán claro sus líderes, especialmente los más radicales?; estos últimos, afortunadamente −aunque ruidosos y muy activos en redes sociales− son minoritarios.

Sin fuerza física, con capacidad de movilización mermada, los habitantes y fuerzas políticas democráticas, que ya han tenido triunfos electorales importantes −única vía posible en este momento para enfrentar regímenes como el que gobierna el país− lo que deben es recuperar la fuerza interna, además de la externa con la que cuentan, que permita hacer respetar esos triunfos. Ese es el reto.

Politólogo

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Tal parece que resucita el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, enterrado hace un año en alguna gaveta de la Asamblea Nacional. No es de esperar ninguna buena intención o la solución de algún problema con esta Ley; se trata de una nueva arremetida contra la sociedad civil −contra las organizaciones no gubernamentales (oenegés) defensoras de derechos humanos, de asistencia humanitaria, defensoras de derechos políticos, etc. − arremetida que ha sido práctica constante desde 1999.

Desde la instauración de este régimen por Hugo Chávez Frías y desde la aprobación y entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 el gobierno ha arremetido en contra de la sociedad civil, que, en un principio, parecía haber impulsado. Todos recordamos que en 1999 en las regulaciones con las que se convocó a una Asamblea Constituyente, a la sociedad civil se le estaba dando preeminencia y mayor espacio; pero, no tardamos en descubrir que en realidad esto no era así, sino que se trataba simplemente de una forma más de restar importancia y relegar a los partidos políticos.

TSJ y sociedad civil

No cabe duda cuál es la posición de la Constitución Bolivariana y la “intención del legislador” en cuanto al papel que le atribuye a la sociedad civil; sin embargo, el TSJ con varias sentencias dictadas por la Sala Constitucional, en las que se alude a la sociedad civil y en las que se ha disminuido, confiscado o menoscabado sus funciones. (No haré una descripción pormenorizada, para ello ver: La Sociedad Civil Resiste en https://bit.ly/3mWlhuM)

En estas sentencias hay varios elementos en común; uno de ellos es la interpretación restrictiva del artículo 70 de la Constitución, al restringir la participación ciudadana y hasta quitarle el carácter de sociedad civil, para que no puedan ejercer las funciones que les confiere la Constitución. A través de estas sentencias, el TSJ ha moldeado y restringido, considerablemente, el concepto de sociedad civil y deja el terreno preparado para que, eventualmente, a futuro −como de hecho está pronto a ocurrir si se aprueba el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional mencionado−, prácticamente ninguna organización pueda considerarse como parte de la sociedad civil.

Sin embargo hay que aclarar que si bien la intención de la desinformación gubernamental es atemorizar, las sentencias del TSJ no restringen, ni limitan o prohíben la posibilidad de actuar o de constituir oenegés o que la sociedad civil se organice u obtenga financiamiento interno o externo. Simplemente –sin ironía– limitan las posibilidades de actuar en el contexto de la Constitución Bolivariana.

Es decir, si de acuerdo con la Constitución es condición para actuar en alguno de los comités o actividades señaladas en la Constitución o se necesita la calificación de organización de la sociedad civil, las sentencias del TSJ limitan considerablemente esa capacidad y restringen y menoscaban los privilegios y beneficios que la Constitución había conferido a la sociedad civil organizada. Estamos frente a una confiscación legal o el menoscabo de un derecho por culpa de una interpretación del TSJ, pero no se trata, de una actividad ilegal, ni para la organización de la sociedad civil, ni para quien la financie. Esto es bueno aclararlo para que las organizaciones y quienes las apoyan, no desistan de su empeño ni merme el apoyo financiero a ellas.

Asamblea Nacional y sociedad civil

Las arremetidas contra la sociedad civil no solo provienen del TSJ; también la Asamblea Nacional desde hace más de veinte años ha hecho sus propias interpretaciones de carácter restrictivo. La más notoria es la relativa a la Ley Orgánica del Poder Electoral, LOPE, del19 de noviembre de 2002, en cuyo artículo 19, sobre el Comité de Postulaciones para el CNE, dispone que se integra con 21 miembros, de los cuales 11 son diputados; decisión que no solo contradice el espíritu de la Constitución, sino que está claramente en contra de sentencias del TSJ −la del 21 de noviembre de 2000, por ejemplo− que señala que las organizaciones y partidos políticos “… no conforman la sociedad civil, sino la sociedad política cuyos espacios están delimitados por la Constitución y las leyes…”

Esta intromisión, que impacta la composición del Poder Electoral, es el caso más emblemático y notorio de restricción al papel de la sociedad civil, pues en él, la sociedad civil debe ejercer de manera directa y activa un papel muy importante en la designación directa de tres de los cinco miembros.

Gobierno actual y sociedad civil

Durante el Gobierno electo en el año 2018 han seguido estos intentos de controlar las actividades de las oenegés, y a tal efecto ha intentado algunas iniciativas; veamos unos pocos ejemplos:

1.- El acoso a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y de ayuda humanitaria; todos recordamos la agresión, allanamientos de su sedes y detención de sus directores en contra de los comedores de Caracas Mi Convive −Alimenta la Solidaridad− en Miranda y Azul Positivo, en el Zulia; dos iniciativas cuyo propósito es aliviar el hambre en algunos sectores populares de Miranda, Caracas y Zulia. Y no podíamos dejar de mencionar, el arresto de tres directivos de Fundaredes, en julio de 2021, tras denunciar graves irregularidades y violaciones de derechos humanos en estados fronterizos del país; su director principal, José Javier Tarazona, al momento de publicar este escrito, después de diez meses, continúa detenido, en precario estado de salud y a pesar de todas las denuncias y solicitudes nacionales e internacionales reclamando su libertad.

2. Las amenazas contra las organizaciones de la sociedad civil revisten características peculiares, como lo fueron dos providencias administrativas, en marzo y mayo de 2021, de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que con base en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, que −sin ninguna justificación legal− crearon un Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT), por el cual se pretende, como indica su nombre, el establecimiento de un registro de estas organizaciones, en el cual deben figurar, entre otros, los objetivos, actividades, aliados, directivos y personal de las mismas.

Desde luego la reacción de las oenegés afectadas no se hizo esperar, denunciaron la ilegalidad de la providencia ante organismos internacionales, la opinión pública nacional, el propio Gobierno y el TSJ; se declararon en rebeldía frente a esta disposición y manifestaron que no procederán a hacer el mencionado registro; transcurrido un año, no ha podido establecerse dicho registro y el Gobierno no ha hecho intentos por forzar su aplicación.

3.- Tras los intentos de criminalización de la actividad de las oenegés, la Asamblea Nacional elegida en el 2020 comenzó a discutir un Proyecto de Ley de Cooperación Internacional para regular las actividades −y sobre todo el financiamiento internacional− de las oenegés; el Proyecto que ha tenido una sola discusión en la Asamblea Nacional, está paralizada su aprobación desde hace más de un año.

La última arremetida

Los hechos referidos nos indican que la amenaza contra las organizaciones de la sociedad civil sigue pendiente y −como ya hemos dicho− tal parece que ahora se activa de nuevo al desempolvar el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional que reposa en la Asamblea Nacional.

Con respecto a esta ley, más de 500 organizaciones de la Sociedad Civil han emitido y puesto a circular un documento denominado: “Organizaciones de la sociedad civil rechazan proyecto de ley anti-solidaridad que cierra la cooperación internacional”, en el cual analizan a fondo dicha Ley y los prejuicios que ocasiona.

Esperamos que ese documento y otras iniciativas logren sensibilizar al país y a la comunidad internacional y alertar acerca de los peligros que encierra esa ley para las libertades públicas y los derechos humanos y los continuos intentos del régimen venezolano de hostigar, controlar los recursos y criminalizar la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos y asistencia humanitaria.

Politólogo

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Las sanciones, y en menor medida, la negociación en México, siguen siendo los temas que se debaten en diversos escenarios a los que tengo acceso −redes sociales, prensa escrita, programas de radio, reuniones de grupos, etc.

El disparadero de todo tuvo su origen en “las cartas”, de las que ya tenemos cuatro: la de los 25, la de los 68, la “dirigida a los venezolanos” y el “Pronunciamiento de Ciudadanos Independientes”; al menos, viendo el lado positivo, la discusión interna en la oposición, que lucía muerta −ambas, la discusión y la oposición− se ha avivado. Pero, ha sido un debate agrio como ya es usual; un tema más de discordia, como si tuviéramos pocos, del cual aún no encontramos salida.

Reflexión personal

Tras casi un mes se podría resaltar, además de los puntos en común, aquellos en que hay coincidencias y en los que realmente difieren y por esa ruta llegar a una especie de síntesis − ¿dialéctica? – que nos permitiera avanzar hacia una estrategia común. Por lo tanto, me voy a enfocar en mi reflexión personal sobre esas coincidencias y diferencias, esperando que eso contribuya a que otros reflexionen también.

Comienzo por aclarar que mi posición al respecto se sintetiza en que las sanciones generales, económicas y financieras han demostrado ser inútiles para el objetivo de librar a los países de gobiernos maulas y violadores de derechos humanos; además tienen el potencial de ser dañinas para la población en general, que es lo que hay que evitar; y por lo tanto, se hace necesario revisar las sanciones económicas y financieras que se están aplicando a Venezuela; pero, manteniendo y profundizando las sanciones personales y recompensas contra funcionarios, sus familiares, amigos y testaferros. Estoy consciente que no es una posición original, la cual he expresado con anterioridad.

Coincidencias

Quienes están a favor o en contra de las sanciones coinciden en varios puntos, lo que es un gran adelanto. Veamos:

Primero, ambos sectores, a favor o en contra, en sus cartas y posteriormente por sus voceros, han coincidido y afirmado que la crisis del país, la penuria que nos acogota y la situación miserable a la que está sometida la población, no se debe a las sanciones, pues es anterior a las mismas. Se debe a las pésimas y ruinosas políticas económicas, sociales, fiscales, administrativas, etc. aplicadas por este régimen desde su entronización en 1999, hasta hoy. En eso, como dije, todas las cartas coinciden.

Segundo, todos, sin excepción, tirios y troyanos, firmantes de todas las cartas, hasta las dos más radicales y sus voceros, que han declarado con posterioridad, afirman que se deben mantener las llamadas sanciones “personales”, aquellas que, como indica su nombre, se aplican o ponen precio a la cabeza de algunos funcionarios venezolanos, altos y medios, corruptos y responsables o perpetradores de violación de derechos humanos. También en eso, todas las cartas coinciden.

Diferencias

Pero el espacio de las coincidencias, aunque importante, es corto; luego ya, se intensifican las diferencias; veamos algunas, solo a título de ejemplo, no son todas:

En el desarrollo de la discusión hemos visto todo tipo de argumentos y razonamientos algunos bastante peregrinos. Por ejemplo, insistir en las sanciones −sobre todo económicas y financieras− sin ni siquiera revisarlas, es desconocer que hay dificultades para muchas compañías nacionales y en el exterior, con actividad económica en Venezuela, que tienen, supuestamente, deseos de invertir en el país, pero tienen reales dificultades para hacerlo, para conseguir recursos en el exterior, debido a que entes financieros y empresas extranjeras temen que se les apliquen sanciones por hacer negocios con Venezuela.

Y no me refiero a los “tenedores de bonos” que puedan tener problemas para canjearlos o que han perdido su valor; quien invierte en papeles del estado venezolano, en general de cualquier estado, está especulando, haciendo una “apuesta”, que le puede salir bien y ganar mucho dinero; o salir mal y perderlo. Quienes estén en esta situación, háganse de cuenta que fue una mala inversión, por mal manejo económico del gobierno que los emitió o porque éste se negara a honrarlos.

Del otro lado, alguien partidario de mantener las sanciones afirmaba en días pasados que el gobierno se había visto obligado a “dolarizar”, “abrir” la economía, “flexibilizarla”, poner en marcha una “desregulación”, olvidándose de su modelo fracasado de desarrollo; me pregunto: ¿eso no quiere decir, entonces, que las sanciones si han servido de algo? Por lo menos obligaron al gobierno a hacer todo eso.

Argumentos fallidos

Quienes se oponen a las sanciones argumentan −olvidando lo que han afirmado y que reseñe en el párrafo anterior− que la aplicación de las sanciones ha agravado la situación y penuria económica del país; puede ser así, o no; pero, no me parece que hayan aportado argumentos contundentes al respecto; o al menos argumentos que demuestran, fehacientemente, que el agravamiento de la situación, la mayor penuria, la mayor miseria del país, se deba a las sanciones; a que el gobierno tenga menos ingresos petroleros por la aplicación de las sanciones, puede ser, pero la caída de los ingresos petroleros había comenzado mucho antes de las sanciones; y además, también me pregunto: ¿Por qué pensar que la peor situación se debe a las sanciones y no a que el gobierno no ha tomado ninguna medida efectiva para mejorar la situación de emergencia humanitaria del país?

Por otra parte, no he logrado entender como algunos de los firmantes, que argumentan la supuesta “reactivación” de la economía venezolana, desde 2019, al mismo tiempo sostienen que hoy la situación es peor y que se ha agravado por culpa de las sanciones. Algo no cuadra en esa argumentación. ¿A qué se debe ese agravamiento, como se explica? ¿Y esa “normalidad” a qué se debe? ¿No será un efecto de la aplicación de las sanciones −económicas y financieras o personales− que hace que el gobierno ceda por temor a una intensificación de las mismas?

¿Han resultado las sanciones?

Lo que a mí me resulta obvio es que, al menos en ese aspecto, las sanciones han dado resultado. Me inclino a pensar que son las que han provocado que el gobierno se haya visto obligado a hacer algunas modificaciones, un “viraje”, una “apertura”, como lo queramos llamar. La supuesta “normalidad”, la “apertura”, el “arreglo” del país, etc., que es indudable y se debe reconocer y “celebrar”, pues cualquier decisión que mejore en algo, por mínimo que sea, la situación del golpeado y maltratado pueblo venezolano debe ser bien recibida. Al levantarse algunos controles, la situación es aprovechada por sectores económicos y algunos emprendedores con capacidad de resistencia y demostración de algunas potencialidades que aún quedan en el país y desde luego que mejora la situación de un sector de la población, no muy grande, más bien ínfimo, que tiene acceso a dólares, de ahorros, de remesas… o mal habidos. Pero es un error pensar que es una situación permanente o un cambio del modelo económico, no me parece que haya elementos que sustenten esa apreciación o buen deseo de algunos.

Objetivos de sanciones y negociaciones

Lo que tampoco entiendo −y los firmantes de la “carta de los 25” no lo explican− es: Si las sanciones económicas y financieras se eliminan, pero se mantienen las personales, ¿cuál es el “beneficio” del régimen en la negociación?

Ese es un punto que se debe examinar y no se ha hecho, ni se ha abordado claramente en ninguna de las cartas, apenas se ha tocado “lateralmente” en toda esta discusión sobre sanciones y negociaciones. El punto es: ¿Cuál es el objetivo de las sanciones?: ¿Ejercer una presión que obligue al gobierno a renunciar, a dejar el poder?; o ¿Qué lo obligue a sentarse a negociar una salida constitucional a la crisis?

En mi opinión, y no teniendo nosotros otra fuerza, las sanciones internacionales deben servir para obligar a una negociación, para que la oposición democrática y el régimen lleguen a un acuerdo, que permita una salida al régimen −pues ninguna negociación es gratis o de un solo lado− a cambio de realizar elecciones libres, democráticas, justas, equilibradas y supervisadas internacionalmente, que garanticen que los resultados serán respetados por todos. Y mientras eso ocurre, mientras dure la negociación −que no serán ocho días− y se llegue a ese proceso electoral, se debe mejorar de manera urgente la situación económica del país, con apoyo internacional, sobe todo aquella que afecta más a la población de menores recursos.

En conclusión, a pesar de que la argumentación en contra o a favor de las sanciones es un verdadero galimatías, e intrínsecamente contradictorios algunos argumentos, hay una especie de consenso en que las sanciones generales, económicas y financieras se deben revisar, para eliminar las que afectan a la población; pero, se deben mantener e incluso intensificar, las sanciones personales.

Politólogo

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Vuelve a la palestra el tema del voto de los venezolanos en el exterior. El Rector del CNE, Roberto Picón, se ha referido al mismo, en diversas oportunidades, desde que asumió el cargo; pero, fue la información divulgada en días pasados por la organización Súmate la que en realidad nos dio un aldabonazo de advertencia de este problema real, complejo, de difícil solución.

No cabe duda que el Registro Electoral (RE), su actualización, la votación, el escrutinio y la promoción de la participación ciudadana de los venezolanos en el exterior, responden a principios de equidad e igualdad de condiciones en el ejercicio del derecho al voto, como las que se aplican para los venezolanos residentes en Venezuela y que están establecidas en el artículo 294 de la Constitución y en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (Lope). Pero esa es la parte teórica, ideal, del problema, en la práctica, esto no es así, ni por asomo; la complicación está al intentar implementarlo.

La información de Súmate, que se puede conseguir en su página web, fue divulgada en su cuenta de Twitter, que son los datos que vamos a evaluar: Si no se actualiza el RE, 10 millones de venezolanos se podrían quedar sin votar en las elecciones del 2024 o tendrían dificultades para hacerlo; según las proyecciones de población, eso es casi el 39% del padrón electoral de esas elecciones; de ese total más de 3 millones 300 mil, mayores de 18 años, que están inscritos en el RE, pero ahora residen en el exterior, cifra a la que hay que incluir 256 mil jóvenes, no inscritos y que cumplirán 18 años antes de diciembre de 2024.

De los otros 6 millones, que están en Venezuela y que según Súmate no podrían votar o tendrían dificultades para hacerlo, lo más grave es que tampoco podrán votar en el 2025, cuando se elegirán Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, asambleas legislativas y concejos municipales.

Revisar el RE para actualizarlo, librarlo de todas las irregularidades, existentes o supuestas, para que los venezolanos le tengan confianza y, sobre todo, para que voten quienes hoy están en el exterior, aunque no es una tarea fácil, es posible realizarla en el tiempo que queda para esas elecciones, pues aún podemos asumir que se llevarán a cabo en el tiempo normal, es decir a finales de 2024.

Resolver el problema en el país, que cuenta con una cierta estructura, aunque complicado, es más fácil. Pero hacerlo en el exterior, si pretendemos resolver el tema como si estuviéramos en Venezuela y de acuerdo con las normas y legislación actual, es tarea prácticamente imposible; solamente hagan números de cuántos “funcionarios” o “voluntarios” y cuántas horas hombre se necesitan para actualizar y registrar casi 4 millones de personas en el exterior, para lo que no existe ninguna estructura instalada.

El RE es solo el primer paso

Registrar a los venezolanos en el exterior no está exento de dificultades, pero es un primer paso, allí solo comienza el proceso; con las normas actuales, después habría que lograr que se establezcan en el exterior las Circunscripciones Electorales que sean necesarias, de acuerdo con el número de votantes; crear Organismos Subalternos, para organizar y facilitar la inscripción, actualización y votación; establecer Centros de Votación y Mesas Electorales, para garantizar la fluidez y el ejercicio del voto −actualmente solo se vota en consulados y hay muchos cerrados−; probar los mecanismos para la recolección y trasmisión de resultados; y por supuesto, formar miembros de mesa, observadores y testigos que vigilen el proceso. Todo eso hay que hacerlo para una población de votantes equivalente a los actuales estados Zulia y Miranda juntos, pero que está dispersa por todo el mundo. Tarea ciclópea, titánica y −por qué no decirlo− absurda.

Necesario pensar diferente

Por lo tanto no solo hay que empezar cuanto antes. Mas importante es convencerse que hay que pensar en el problema de manera diferente; como ya dije, no pretender resolverlo como se resuelve en el país, pues si seguimos pensando así, el problema no tiene solución y esto favorece las expectativas del régimen de mantenerse en el poder.

Ya hay muchos grupos, organizaciones de los partidos y de la sociedad civil, expertos en la materia, que han planteado soluciones diferentes y adecuadas: voto remoto, a distancia o por Internet, que no son un sueño, ni un privilegio de países desarrollados; pues países tan lejanos como Estonia y tan cercanos como Panamá y México, tienen votación por internet, desde hace tiempo −2017, 2019 y 2021, respectivamente− y de manera exitosa; México lo tiene incluso para elecciones regionales.

Sabemos también que la posibilidad de que quienes viven en el exterior puedan votar en elecciones nacionales −presidenciales o referendos− depende de que se modifiquen varias disposiciones legales, que limitan realizar el RE y el acto de votación como tal; la principal es la limitación del derecho al voto a quienes no tengan residencia legal en otro país, que como sabemos hay muchos venezolanos que están en esa condición; y también la disposición de que el único documento válido para votar es la cédula de identidad laminada −y no el pasaporte−, pues muchos en el exterior no tienen cédula ni la pueden obtener; y además, las limitaciones legales para registrarse en el RE de manera telemática o por internet.

Hacer esas modificaciones, en leyes orgánicas y reglamentos, no debería suponer mayor dificultad, si hay la voluntad política para ello; pero, tengamos claro que modificar la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) que ello implica, supone la intervención de la Asamblea Nacional, que todos sabemos cuál es su tendencia y filiación actual.

Decisión política y acuerdo político

Por lo tanto, de lo que tenemos que estar conscientes es que, sin una decisión política y un acuerdo político, eso no es posible. Por “decisión política” entiendo el firme deseo de hacerlo, sin posiciones abstencionistas o de desánimo, por parte de los opositores que deseamos salir de este régimen por la vía electoral.

Por acuerdo político, entiendo una negociación y acuerdo con el régimen para acometer esta tarea. Sin ese acuerdo, para emprender todas estas modificaciones, el proceso no va a avanzar. No es difícil suponer que el régimen no está dispuesto a hacer nada por solventar la situación, pues supone con razón, que la mayoría de los que hoy viven en el exterior, votarían en su contra.

El problema, nada trivial, se nos “reduce” a como forzar al régimen a sentarse a negociar un acuerdo político que permita resolver la situación, de los millones de votantes que en Venezuela y el exterior, hoy no lo pueden hacer.

La dificultad real

Esa es la dificultad real, por dos razones, por demás obvias; una, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para ir a un proceso electoral si estamos entrampados en disputas internas en los partidos y entre partidos?, que no nos hemos podido poner de acuerdo ni siquiera en el método para escoger candidatos, para acordar un programa de gobierno y un mensaje de esperanza y futuro con el cual llegarle a la población; y dos, que tampoco tenemos mecanismos claros de presión internacional para forzar al gobierno a una negociación, sobre todo si hay grupos de la sociedad civil en la oposición, unos proponiendo levantamiento de sanciones y otros su intensificación.

Tareas por delante

Tenemos entonces varias tareas por delante:

– Una, tomar la firme decisión de participar en los venideros procesos electorales: 2024, presidenciales y 2025 para Asamblea Nacional, Gobernadores, Alcaldes, Asambleas Legislativas y Concejos Municipales;

– Dos, resolver nuestros problemas internos para la selección de candidatos, consenso en un programa y un discurso político a los electores;

– Tres, desde luego, avanzar lo más que se pueda en ubicar a los venezolanos en el exterior para que llegado el momento se puedan registrar y votar;

– Cuatro, proponer y lograr que quienes votan en el exterior lo puedan hacer de forma presencial o remota, por correo, pero sobre todo por Internet, que además reduce considerablemente los costos del proceso, al no tener que desplazar personal para constituir organismos subalternos, ni tener que disponer de centros electorales y mesas de votación;

– Cinco, desarrollar los mecanismos internos de presión política, con base en las sobradas razones que hay en el país para movilizar y organizar a la población contra la oprobiosa situación a la que estamos sometidos;

– Y seis, ponernos de acuerdo −con el apoyo de quienes están en el exterior− en cómo lograr que se mantengan las sanciones internacionales, único mecanismo de presión que hoy tenemos, revisando las económicas y financieras que pudieran ser perjudiciales para la población e intensificando las personales contra los funcionarios del régimen, sus familiares y testaferros.

Para quienes están en el exterior, pasar de la consigna “el voto de la diáspora”, a trazarse objetivos que sean realmente la solución del problema, es una tarea prioritaria.

Politólogo

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Está claro que “las cartas” −ya son tres, dos de ellas dirigidas al Presidente Biden y una “a los venezolanos”−, aunque se centran en el tema de las sanciones, en realidad su destinatario somos los venezolanos, opositores y no opositores, que hemos perdido la costumbre de dirigirnos unos a otros, de manera directa y civilizada para dialogar o discutir las cosas que tenemos en común y las que nos apartan y hemos reemplazado esa práctica por el insulto, la descalificación y la diatriba. Pero esa es la realidad con la que nos toca lidiar.

La semana pasada me réferi a las sanciones en general y a las sanciones sobre el negocio petrolero, mencionadas por la carta de los 25; en esta oportunidad lo haré sobre “la negociación”, y un añadido sobre el rechazo popular a las mismas, que contiene dicha carta.

La negociación

El de la reanudación de la “negociación” es otro de los temas medulares de la carta de los 25, que no es mencionado en la carta de los 68, y apenas tocado, sin profundizar en él, en la carta la dirigida “a los venezolanos”, aunque algunos de los firmantes de estas dos últimas se han pronunciado, alternativamente a favor o en contra, de cualquier negociación con el régimen venezolano.

En la carta de los 25, el de la negociación es el tema con el que arranca la misiva, pidiendo al Presidente Biden (?): “…seguir impulsando negociaciones sustantivas y productivas para resolver la crisis venezolana…” (el interrogante se debe a que esa iniciativa en realidad no ha sido nunca muy impulsada por el Gobierno Norteamericano). Pero también, la carta insta: “…al gobierno de Venezuela, a los partidos políticos de oposición y a la Plataforma de Oposición Unitaria, a retomar sin demoras los procesos de negociación…”, que nos parece más apropiado.

Al igual que los firmantes de la carta de los 25, soy partidario de la reanudación de estas o cualquier otra negociación, siempre que sea una negociación política cuyo objetivo fundamental, nuestro, sea lograr la salida de este régimen y el restablecimiento de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos. Pero el tema de la negociación tiene varias aristas; yo me referiré a tres de ellas: ¿Con quién se negocia?, ¿Cuál es la agenda, o qué se negocia? y: ¿Quiénes negocian?

… ¿Con quién se negocia?

Desde luego con quien hay que negociar en Venezuela es con Nicolás Maduro (NM), cabeza del régimen y responsable del oprobio en el que estamos sumidos. NM es la cúspide de un régimen que controla todo el poder y los recursos del Estado, sobre lo que no abundaré, pues todos los conocemos bien, aunque a veces parece que lo olvidamos. Por supuesto, entre ellos controla −o es controlado, en realidad− el “Poder Militar”, que es el verdadero “poder” del país. Por lo tanto, está claro, que cualquier negociación se tiene que dar con NM, que es el “amo del poder” y no solo porque contesta el teléfono en Miraflores.

… ¿Qué se negocia?

Los temas de esa negociación, como bien dice la carta de los 25, “… no pueden limitarse al ámbito económico…” sino que debe incluir áreas “…sustantivas y productivas para resolver la crisis venezolana… colocar los temas humanitarios al centro y avanzar en su solución con la urgencia que ameritan… (y que) … se basen en éxitos incrementales, creando confianza y buena voluntad para nuevos acuerdos.” Pero, no abunda la carta en este tema, como si lo hace en otros, a los cuales ya me referí en mi artículo de la semana pasada, ya mencionado.

Sin embargo, como el centro de la negociación, de su agenda, es la negociación política, eso implica incluir en la agenda: Elecciones democráticas, libres, supervisadas internacionalmente, en las que participen los venezolanos mayores de 18 años, residentes o no en el país; sin candidatos ilegalmente inhabilitados, ni partidos políticos secuestrados por el régimen y entregados a testaferros políticos electoreros; con regreso de los exilados, libertad de los presos políticos; cese de la persecución de dirigentes opositores y levantamiento de los juicios abiertos contra los mismos; y por descontado, plena libertad de expresión, sin persecución a los medios de comunicación y periodistas.

Suena a agenda larga y difícil, sí, pero no puede haber otra, aunque se incluyan más temas, también muy importantes. En otras palabras, la agenda, en realidad, se puede resumir en: Restablecer la plena democracia en Venezuela y los derechos humanos y políticos, hoy severamente conculcados, según consta en diversos informes de organismos internacionales, que todos conocemos y no vale la pena repetir aquí. Restablecer derechos humanos implica garantizar suministros básicos a la población, salud, alimentos y educación.

… ¿Quiénes negocian?

Un punto en el que difiero con los proponentes de la reanudación de la negociación, los firmantes de la carta de los 25, es en la composición de la “mesa negociadora”. La carta habla de tres grupos, dos de ellos claramente identificados −el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma de Oposición Democrática−, y un tercer grupo, algo vago y genérico, que denomina: “partidos políticos de oposición”.

Como no sé exactamente a que se refieren los firmantes de la carta con eso de “partidos políticos de oposición”, de una vez señalo que creo que en esa negociación, como contraparte del régimen, debe participar, exclusivamente, la oposición democrática, lo que en la carta se denomina Plataforma de Oposición Democrática, porque es la única que tiene alguna legitimidad, aunque sea “residual”, que se desprende de procesos electorales, aunque sean ya de hace varios años, y de la actividad en el país de los partidos políticos y grupos de la sociedad civil, de larga y conocida trayectoria de oposición a este régimen. En otras palabras, no creo que en la negociación deba participar, como “oposición”, esa que es producto de una decisión abusiva e ilegal del régimen, que mediante sus tribunales y organismos electorales despojó de nombres, símbolos, colores, sedes, etc. a los partidos legítimamente constituidos. En todo caso, si estos grupos que se prestaron a esa usurpación van a participar en la negociación, que se sienten en la mesa de negociación del lado del régimen.

Necesidad de apoyo internacional

Este es un aspecto que no podía dejar de mencionar, puesto que aunque la negociación debe ser fundamentalmente interna, pues los problemas del país los debemos resolver en primera instancia los venezolanos −como bien dice “la carta a los venezolanos−; debe ser con apoyo internacional; imprescindible por dos razones: Una, por nuestra debilidad política, interna, actual, pues carecemos de mecanismos de presión para forzar al régimen a aceptar una negociación; y la otra, porque lo que ocurre en el país −especialmente la emigración− afecta la situación económica y social de varios de nuestros vecinos más cercanos y otros de la comunidad internacional.

Afirmación dudosa

Por último, no podía concluir sin referirme a una afirmación de la carta de los 25, que lo menos que se puede decir es que es muy polémica; y se refiere al altísimo porcentaje de la población que está en desacuerdo con las sanciones.

Tras conocerse la carta ha circulado un cuadro de la empresa Datanálisis −como sabemos dos de los firmantes están vinculados con esta empresa− en el que se aprecia que ante la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con las sanciones petroleras impuestas por Estados Unidos a Venezuela?”, desde julio de 2020 la respuesta es negativa en más del 60% de los casos y en febrero de 2022, la respuesta del 75,4% es que “No” están de acuerdo con las sanciones.

Lo primero que me vino a la mente es recordarles a los encuestadores eso de: “una encuesta es una fotografía, en un momento determinado”, que muchas veces ellos nos han repetido, seguramente para prevenir que algún resultado en la realidad se contradiga con lo que dice una determinada encuesta. De allí que me sorprenda la categórica afirmación de esa “mayoría” del pueblo venezolano que está en desacuerdo con las sanciones. ¿Es, o no es, una foto?

Pero, lo que no sabemos es si esa encuesta comenzó por averiguar cuántos venezolanos conocen que hay sanciones contra la industria petrolera venezolana y cuáles son esas sanciones; y lo más importante, si los venezolanos encuestados saben cuáles son las causas por las cuales se impusieron las sanciones; porque desde luego que si a cualquier venezolano se le pregunta en la calle, en su casa o por teléfono, si está de acuerdo con que se apliquen sanciones a Venezuela, la respuesta más obvia es que no esté de acuerdo.

Conclusión

Continuar con la discusión sobre las sanciones, por las razones que expliqué en mi artículo de la semana pasada, y que no repetiré ahora, es una discusión estéril. Además, da la impresión que se trata de una toma de posición, una forma de agruparse, de salir en esta foto y no en aquella. Por lo tanto, mi ánimo es que pasemos del tema de las sanciones a otros temas; por ejemplo, este que hoy describo, la “negociación”; que ojalá derive en otros, como: La necesaria renovación de los partidos políticos, la unidad en torno a un programa que ofrecer al país para salir de este oprobio y la selección de un candidato aceptable y con opción válida para los venezolanos, en las elecciones de 2024, que inevitablemente van a ocurrir, a pesar del rechinar de dientes de algunos y aunque los opositores, por decisión política o indiferencia, decidamos no hacerlo.

Politólogo

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

Inevitable referirse a la “carta de los 25”, dirigida al Presidente Biden y funcionarios del Gobierno y la Administración Norteamericana, que tuvo al menos la virtud de levantar una aguda −y agria− discusión política, que estaba adormecida. La carta toca varios temas, pero me referiré únicamente a dos: las sanciones generales y las petroleras.

Insultos y representatividad.

Los epítetos y calificativos hacia los firmantes, siempre deplorables por lo amargo y destemplado de algunos; son, sin embargo, algo “característico” de la polarización política, a todo nivel, en el país. Lo lamentable son los que provienen de personas que es obvio que no han leído la carta, la han leído e interpretado a medias o deliberadamente tergiversado.

En verdad los firmantes solo se autocalifican, acertada o desacertadamente, pero hablan en nombre propio, no se atribuyen ninguna “representación” popular; no cometieron ningún delito, al menos no mayor que el que cometen los que piden que se mantengan las sanciones; hacen uso del derecho que tiene cualquier persona de dirigir una carta a alguna autoridad expresando su opinión.

Las sanciones.

El centro de la carta son “las sanciones” económicas y financieras aplicadas al régimen venezolano; y al respecto debo decir:

- Que las sanciones internacionales han demostrado su total ineficacia para lograr los objetivos políticos que persiguen −en eso tiene razón la carta− y la demostración palpable es Cuba, Corea del Norte, Rusia, etc.;

- que por la restricción de recursos que ocasionan al gobierno del país donde se aplican tienen el potencial para terminar afectando a la población más vulnerable y frecuentemente así ocurre, aunque no hay claras pruebas al respeto;

- que por ejemplo en nuestro caso, sirven de excusa al régimen para mantener sus equivocadas políticas y no asumir su responsabilidad en garantizar algunos derechos y servicios básicos −salud, educación, transporte, electricidad, agua, etc.− culpando de ello a las sanciones económicas;

- que lo que está ocurriendo en Ucrania, tras la sangrienta invasión de Putin, nos está demostrando que la aplicación de sanciones no es una simple “medida”, sino la única alternativa que acepta la comunidad internacional y a la que están dispuestos los países que en otro momento moverían sus tropas en apoyo o en contra de alguna causa, aunque sea la democracia o la protección de derechos humanos; y

- que, si queremos apoyo internacional, las “sanciones” es la única opción de fuerza que nos ofrecen.

Por estas razones creo que la discusión acerca de las bondades o maldades de las sanciones es una discusión bizantina, estéril e inútil, pues las mismas no van a ser levantadas por quienes las aplican a menos que desaparezcan las causas que las originaron y en el caso de Venezuela, si queremos apoyo internacional, y lo necesitamos, las “sanciones” es la única opción de fuerza y presión que nos ofrecen para que se restablezca la negociación y el diálogo entre el régimen venezolano y la oposición democrática.

Curiosidades de la carta.

Lo curioso de la carta de los 25 es que, estrictamente hablando, en ninguna parte de ella se pide que se eliminen las sanciones −excepto una de ellas, que tiene que ver con el negocio petrolero, a lo que me referiré más adelante−; no obstante, sería ingenuo pensar que lo de eliminarlas no sea la intención que subyace, sobre todo porque su tercer párrafo, de una sola línea, hace una afirmación de Perogrullo: “Las sanciones económicas y la política de máxima presión no lograron sus objetivos.” Y aunque aclara que las mismas “…no son la raíz de la emergencia humanitaria en Venezuela…”, acto seguido hace otra afirmación que ya es mucho más discutible, pues señala que “… han exacerbado gravemente las condiciones para el venezolano promedio.”, con lo cual justifican la carta.

Carencia de demostraciones.

En ninguna parte la carta aporta demostración o prueba alguna acerca de los efectos negativos de las sanciones; y eso es por una razón muy simple, porque nadie ha podido demostrar fehacientemente que eso sea así. Por ejemplo ¿Hasta dónde las causas de la caída de la producción petrolera son las sanciones y no la propia precariedad de servicios que ha ocasionado la ruina económica del país, producto de 23 años de políticas equivocadas? Tampoco nadie puede demostrar que las sanciones no han tenido ningún efecto o que el empeoramiento de la condición económica y social de los venezolanos −evidente, a pesar de “burbujas y bodegones” − se deba a la aplicación de las sanciones. Es más, me parece hasta curioso que algunos de los firmantes de la carta, en ocasiones recientes han afirmado que en el país está ocurriendo una cierta “recuperación” económica, una cierta “mejoría” de los indicadores económicos, una “apertura” que se debe alentar −hasta sugieren al gobierno las medidas a tomar− y ahora suscriben una carta en la que señalan que se “han exacerbado gravemente las condiciones para el venezolano promedio” ¿Esa “mejoría” no es una demostración de que no es tal el daño que ocasionan las sanciones? ¿En qué quedamos?

La ruina económica y las sanciones.

Estoy seguro que todos los firmantes de la carta comparten la opinión de que el daño, la ruinosa situación económica, la crisis humanitaria severa del país, nuestro mísero estado de vida y el deterioro de las condiciones económicas y sociales, son el producto de erradas y desastrosas medidas económicas aplicadas durante 23 años. A pesar ingentes ingresos petroleros, durante la mayor parte de su mandato, este régimen se las “ingenió” para arruinar al país, a la industria nacional, incluida la petrolera, y en ello nada tienen que ver las sanciones económicas generales, cuyas primeras medidas se dictaron en el año 2014, se empezaron a aplicar en el 2015 y se incrementaron a partir del 2017, cuando ya el país había perdido 2/3 de su PIB.

Observaciones a la carta de los 25.

Aunque nos pronunciemos en favor de sanciones personales y en contra de sanciones económicas generales −yo lo he hecho, (Ver: https://bit.ly/3rGhe9o, Negociación y Sanciones, 27/03/2021)−; tengo, sin embargo, dos observaciones a los 25 proponentes de la carta:

1) sugerir o pedir que se eliminen las sanciones sin negociar nada a cambio, creo que es un error político y el gobierno es el único que va a aprovechar, políticamente, la solicitud o el supuesto negado que se eliminen; y 2) dada la actual situación política del país y la especie de “pasmo” en la que está la oposición democrática, si se eliminan las sanciones, ¿Qué medida de presión o de “contención” tenemos? ¿Cuál sería el elemento que forzaría al gobierno a aceptar una negociación? Y me hago una pregunta, que sé que es meramente retórica, de esas cuya base es una suposición y que no tienen una respuesta: Sabemos dónde está el régimen, pero: ¿Dónde y cómo estaría hoy la oposición si no existieran esas sanciones? Las sanciones no son el único factor de presión política, pero si uno muy importante, ¿Para qué negarlo?

Tema petrolero y cabildeo.

La carta menciona, sin especificar, aspectos económicos, que según sus firmantes se estarían viendo afectados por las sanciones; por ejemplo, estoy seguro que a algunos de los firmantes les preocupa que están afectando la actividad de bancos de inversión e inversionistas que negocian papeles emitidos por la Republica o PDVSA, aunque la carta no lo menciona específicamente. Lo que si menciona, y creo es el meollo de la solicitud, es el levantamiento de sanciones al negocio petrolero, al cual dedica casi la mitad de su contenido y es el único sector al que se refiere en detalle.

Por cierto, eso coincide con lo que se ha denominado la actuación del poderoso cabildeo o “lobby” desarrollado por algunas trasnacionales petroleras, apoyadas por importantes medios de comunicación internacionales y que algunos vinculan con la reciente visita de altos funcionarios norteamericanos a Venezuela y su entrevista con Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno. Pero con respecto al tema petrolero, simplemente remito a la opinión de algunos expertos, aparecida en diversos artículos a raíz de la discusión suscitada y dicen que no es cierto lo que se afirma en la carta que “…en unos meses” se podría reactivar la industria petrolera y así “contribuir con la seguridad energética de Occidente”.

El mito del ingreso petrolero.

Caben también algunos interrogantes, igualmente retóricos y de ficción, imposibles de responder: Si los problemas actuales de la industria petrolera se deben a una disminución de los ingresos petroleros por la aplicación de las sanciones, ¿Por qué la actividad de la industria se vio disminuida antes de 2014, cuando se empezaron a aplicar las sanciones? ¿Dónde están los ingentes recursos petroleros recibidos por el país desde 1999? ¿Por qué la industria petrolera esta destruida? ¿Por qué no se invirtieron esos recursos en mejorar la infraestructura del país y la propia industria petrolera? Y las preguntas más importantes, para las que no hay respuesta, ¿Quién garantiza que, de levantarse las sanciones a la industria y a las empresas petroleras, el régimen sí invertiría los recursos en mejorar la situación del país, sí antes de la aplicación de las sanciones no lo hizo?

Se enfatiza −con plena razón− que una reactivación de la industria petrolera y una reactivación económica del país solo es posible con un cambio político a fondo, que comienza por salir de este gobierno de oprobio.

Conclusión.

La carta concluye con un buen deseo general con el que nadie podría estar en desacuerdo: “Poner fin a la crisis en Venezuela y ayudar a construir el nuevo futuro del país, con pleno respeto al estado de derecho, las libertades económicas y la vigencia de los derechos humanos, nos compete −y nos beneficiará− a todos.” Habla también de reanudar negociaciones y de que se han solicitado “reformas” al régimen, pero me parece que no es suficientemente enfática en este punto. Y en el penúltimo párrafo hace un exhorto a “…partes interesadas, en Venezuela y en otros lugares, para que respalden públicamente esta carta”; con respecto a este punto mi conclusión es:

Personalmente creo que hubiera sido sano que la carta pusiera la misma fuerza y el mismo énfasis con el que resaltó la ineficacia de las sanciones y la solicitud de eliminarlas al negocio petrolero, en asignar la responsabilidad de la crisis del país al régimen que hemos tenido durante los últimos 23 años.

Apoyo la revisión y levantamiento de sanciones generales que perjudiquen o puedan perjudicar a la población más vulnerable y sin duda alguna que se mantengan e intensifiquen las sanciones de tipo personal a los altos y medios funcionarios del régimen, sus testaferros y familiares, que bien los conocen las administraciones de los gobiernos internacionales que aplican esas medidas. Por cierto, la carta en ningún momento menciona las sanciones personales o si estas deben mantenerse o levantarse.

Pero no respaldo lo que trasluce como la petición fundamental de la carta, pues no creo que políticamente sea el momento de solicitar el levantamiento de sanciones, sin una “compensación” previa e inmediata por parte del régimen. Hoy por hoy las sanciones que se están aplicando, sin ser efectivas para lograr un cambio político en el país, son nuestra única medida de presión y contención al régimen, que sin duda se ve amenazado por ellas y así lo corrobora su empeño constante en librarse de las mismas.

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