La organización no gubernamental Súmate exhortó este martes a las instituciones involucradas en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a garantizar que la selección y designación de los nuevos magistrados se realice conforme a la Constitución, con transparencia, participación ciudadana y acceso público a las decisiones del proceso.
En un comunicado difundido el 3 de noviembre, la organización señaló que la renovación del máximo tribunal es un paso importante para recuperar la independencia del Poder Judicial y avanzar en la reinstitucionalización democrática del país.
Súmate pidió al Comité de Postulaciones Judiciales, al Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos, al Poder Ciudadano, a la Asamblea Nacional y a la Mesa de Diálogo Nacional que permitan el escrutinio público de los procedimientos y garanticen el cumplimiento de los requisitos constitucionales exigidos a los aspirantes, entre ellos la honorabilidad, competencia profesional, independencia e imparcialidad.
La organización también advirtió que, aunque el Comité de Postulaciones Judiciales aprobó su reglamento interno el pasado 23 de octubre, publicó el cronograma de selección, abrió el período de postulaciones —previsto entre el 28 de octubre y el 11 de noviembre— y difundió el baremo de evaluación, todavía hay documentos fundamentales que no están disponibles para consulta pública.
Entre ellos mencionó el reglamento interno y el acta de aprobación del Comité, el cronograma actualizado con sus modificaciones, el acuerdo de creación del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos y las normas que regirán su funcionamiento.
Asimismo, solicitó la publicación de las listas de postulados, los requisitos acreditados y los expedientes de los aspirantes, además de los mecanismos para presentar objeciones, las impugnaciones recibidas, los descargos y las decisiones debidamente fundamentadas.
Súmate sostuvo que la ciudadanía debe conocer cómo se desarrollan las evaluaciones, quiénes intervienen en las recomendaciones y decisiones, cuáles son los resultados de las entrevistas y los criterios utilizados para la preselección y designación de los magistrados.
La organización recordó que la Constitución y la Ley Orgánica del TSJ establecen mecanismos de participación ciudadana en este procedimiento, así como la obligación de garantizar la autonomía judicial y la independencia de quienes integren el máximo tribunal.
Finalmente, advirtió que la conformación de un nuevo TSJ mediante los mecanismos constitucionales durante 2026 también permitiría avanzar posteriormente en la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), responsable de garantizar el ejercicio de los derechos al voto y a la postulación a cargos de elección popular.
Súmate también expresó su respaldo a la incorporación de un grupo de expertos juristas al Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos, instancia promovida por la Mesa de Diálogo Nacional para contribuir a la evaluación de los aspirantes.
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