Editorial
La comparación con el terremoto de 1967 no es nostálgica: es diagnóstica. Hace casi seis décadas, Venezuela respondió con rapidez, coordinación institucional y cadena de mando clara. Hoy, equipos de rescate extranjeros hacen el trabajo que el Estado no puede, mientras la sociedad civil cubre los vacíos desde las primeras horas.
Editorial
Una característica común de los regímenes autoritarios es su aversión a la negociación genuina. Cuando se sientan a conversar, con frecuencia lo hacen para ganar tiempo, dividir a sus adversarios o aliviar presiones, no para compartir el poder ni facilitar una transición.
La experiencia venezolana parece confirmar esa realidad. A lo largo de los años se han producido numerosas rondas de diálogo cuyos resultados concretos han sido escasos, mientras el objetivo fundamental del poder ha seguido siendo su permanencia.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, sostuvo un encuentro con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá. Ambos funcionarios abordaron estrategias para la rehabilitación de la red eléctrica nacional.
Esta iniciativa responde al «plan de tres fases» que promueven el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio. Barrett detalló en sus redes sociales que el objetivo central es la restauración de un suministro de energía confiable.
La organización no gubernamental Provea presentó este jueves su informe anual titulado “El eclipse de la Constitución”. Durante el acto en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, Oscar Murillo, coordinador general de la ONG, advirtió que el país enfrenta un riesgo elevado de consolidar un esquema autoritario que busca legitimidad internacional a través de la economía. Para el activista, la nación atraviesa un terreno frágil donde la voz de la sociedad civil resulta necesaria para recuperar la vigencia de la carta magna.