La CIDH reafirmó que «sin democracia no hay derechos humanos» y señaló que en Venezuela, hasta finales de abril, se contabilizaron al menos 454 presos políticos, entre ellas 44 mujeres y una adolescente y 186 militares. También señaló la «persistencia» de la desaparición forzada, la tortura, la incomunicación prolongada y la negativa de atención médica dentro de las cárceles, al igual que fallas al debido proceso

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió este miércoles la libertad irrestricta de todos los presos políticos en el país, al tiempo que advirtió a los países de la región a evitar «normalizar» una «política de Estado, sostenida y deliberada» sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas.

«La Comisión no normalizará lo que no debe normalizarse. No aceptará como avance lo que es apenas un gesto y no dejará de nombrar lo que ocurre por su nombre: una política de Estado de represión que el sistema interamericano tiene el deber de confrontar», expresó Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la CIDH, durante una reunión del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos.

La CIDH reafirmó que «sin democracia no hay derechos humanos» y señaló que en Venezuela, hasta finales de abril, se contabilizaron al menos 454 personas continúan detenidas por razones políticas, entre ellas 44 mujeres, una adolescente y 186 militares.

Reneaum también señaló la «persistencia» de la desaparición forzada, la tortura, la incomunicación prolongada y la negativa de atención médica dentro de las cárceles, al igual que fallas al debido proceso. También denunció la muerte de 18 personas bajo custodia del Estado, entre ellas Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro y Alfredo Díaz.

A juicio de la CIDH, esto «no es un exceso aislado, es política de Estado, sostenida y deliberada» que pone en riesgo a toda la población.

Solo en 2025, expresó la representante de la CIDH, se otorgaron 36 medidas cautelares, la mayoría a personas detenidas por motivos políticos, defensoras de derechos humanos, periodistas, familiares de detenidos y familias completas.

Respecto a la Ley de Amnistía, aprobada el pasado 19 de febrero, la Comisión cuestionó su aplicación, pues la decisión sobre el otorgamiento de estas medidas recayó sobre los mismos tribunales que encarcelaron o dictaron sentencias contras personas simplemente por motivaciones políticas.

«No se le puede pedir al instrumento de persecución que se convierta en un instrumento de reparación», indicó la representante de la CIDH, quien puntualizó que mientras el Ejecutivo registra más de 8.000 personas beneficiadas, la sociedad civil contabiliza apenas 186 personas con libertad plena, mientras que 554 permanecen con medidas restrictivas como prohibición de salida del país, presentación periódica ante tribunales, prohibición de manifestarse o de hablar con la prensa.

«Eso no es libertad. Es libertad vigilada», sentenció la Comisión Interamericana.

La CIDH planteó cuatro puntos de exigencia al Estado venezolano:

• El cese inmediato de todas las detenciones arbitrarias y la libertad plena de todos los presos políticos.
• Acceso público y verificable a listas oficiales de personas detenidas, procesadas y amnistiadas.
• Protección absoluta contra la tortura y reformas estructurales que garanticen la no repetición y el restablecimiento de la democracia.
• Una visita in loco a Venezuela con acceso irrestricto a los centros de detención.

«La pregunta ya no es si la Comisión Interamericana está dispuesta. Lo está. La pregunta es si el Estado venezolano lo está», afirmó Reneaum Panszi.

No más presos políticos

La discusión sobre la situación de los presos políticos en el país dentro de la OEA fue propuesta por Argentina, Canadá y Paraguay. Sus embajadores no solo se plegaron a la solicitud de libertades inmediatas, sino que criticaron el proceso de amnistía debido a sus limitaciones a la hora de abarcar a todos los detenidos.

También insistieron en la necesidad de «iniciativas orientadas a la restitución democrática de Venezuela», así como el fortalecimiento de la diplomacia preventiva en la región, «no como un mecanismo de señalamiento sino de acompañamiento oportuno».

«Hay una pequeña luz de Venezuela, pero eso no significa una luz de tranquilidad mientras todos los detenidos y desaparecidos continúen en Venezuela», señaló el embajador de Argentina ante la OEA.

Antigua y Barbuda llamó la atención sobre nuevos reportes de detenciones arbitrarias, con violaciones al debido proceso, mientras se siguen incumpliendo los estándares internacionales de derechos humanos y relativos a las condiciones de detención.

El representante de Antigua dijo que Venezuela debe retornar a la democracia con unas elecciones generales donde los partidos puedan competir, los ciudadanos puedan opinar libremente, la voluntad popular sea respetada y los medios de comunicación puedan hacer su trabajo sin ser criminalizados.

La embajadora de Brasil ante la OEA manifestó la preocupación de su país por la situación de derechos humanos en Venezuela. Si bien reconocieron la «liberación parcial» debido a la Ley de Amnistía, alentaron a las autoridades a continuar en las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y brindar «medidas de confianza» como la liberación de todos los presos políticos.

También solicitaron a Venezuela que se involucren con mecanismos regionales y se construya un enfoque que privilegie el diálogo, «sin que eso se confunda con cualquier condescendencia sobre violaciones de derechos humanos».

La representante de Colombia también señaló que «cualquier proceso orientado a la estabilización y reconstrucción en Venezuela debe incluir como motivo esencial la liberación de personas detenidas por motivos políticos», además del llamado al país para que retorne al sistema interamericano, coopere con la Misión de Determinación de Hechos y la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humano.

Asimismo, manifestó su «profunda preocupación» por el incumplimiento del acceso a asistencia consular para sus connacionales detenidos en Venezuela y el irrespeto de garantías procesales.

Detalló que el próximo 25 de mayo se llevará a cabo una mesa de trabajo binacional para abordar y evaluar cada caso de colombianos detenidos en el país. «Esperamos que eso permita avanzar en acciones concretas y verificables», dijo la embajadora.

Una solicitud similar hizo el embajador del Perú, quien dijo que «nos mantenemos a la espera de información actualizada» sobre la existencia de nuevos connacionales detenidos en Venezuela.

Por su parte, Uruguay reiteró su «convicción» de que la situación en el país «debe resolverse por vías pacíficas y de negociación en procesos liderados por los venezolanos». La liberación de detenidos, aseguró el embajador Edison Lanza, es un «elemento central» para sentar las bases de un «diálogo político real y genuino».

Resaltó que la Ley de Amnistía ha tenido un impacto en la liberación de un número importante de presos políticos, «no obstante los recientes anuncios de su suspensión generan preocupación sobre la situación de los que aún permanecen detenidos».ç

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