Un análisis técnico elaborado por el denominado Grupo Asesor Militar revela que el proyecto de ley que se discutió este jueves no es solo un gesto humanitario, sino una herramienta estratégica para reducir los “costos legales” del reacomodo del poder. Mientras el país pone el foco en los presos políticos, las voces castrenses advierten sobre las garantías para el sector institucional y el riesgo de una impunidad calculada.
La Ley de Amnistía no es un simple decreto de perdón: es el andamiaje jurídico de una transición que busca desactivar la judicialización de casi tres décadas de conflicto. El Nacional tuvo acceso a un documento técnico-jurídico elaborado por un grupo de militares que, bajo el nombre de Grupo Asesor Militar, disecciona las intenciones detrás de los artículos propuestos por la administración de Delcy Rodríguez.
Para estos analistas del sector defensa, la ley actúa como un "punto de inflexión" diseñado específicamente para "reducir los costos legales asociados a eventuales procesos de transición política". Según el informe, el propósito de fondo es generar las garantías necesarias para que actores institucionales y ciudadanos que hoy se encuentran bajo la sombra de procesos penales puedan reintegrarse a la nueva dinámica del país.
El "beneficiario estructural": más allá de los civiles
Aunque la narrativa oficial y la opinión pública se centran en la liberación de quienes fueron detenidos por protestar u opinar en redes sociales, el análisis militar identifica a un beneficiario clave que suele pasar desapercibido: el estamento institucional.
La ley ofrece una ruta de salida para oficiales y tropas procesados por rebelión, insubordinación o conspiración, siempre que no hayan mediado delitos de sangre. Pero hay un punto más agudo: el informe advierte sobre la protección a los "operadores del sistema de seguridad". En un escenario de cambio de mando, estos funcionarios requerirían "garantías legales" para evitar persecuciones futuras por su rol en el andamiaje previo.
Las líneas rojas del perdón
El análisis es tajante sobre lo que la ley no puede tocar, blindándose ante la jurisdicción internacional. Las exclusiones incluyen crímenes de lesa humanidad, tortura, desapariciones forzadas y violaciones graves de derechos humanos.
No obstante, las fuentes militares advierten sobre un "riesgo de impunidad" en las zonas grises. Al ser una ley de alcance tan amplio (desde 1999 hasta 2026), existe el peligro de que se convierta en una protección para actores estatales por acciones que no son estrictamente políticas. Asimismo, el documento resalta que la ley no será de aplicación automática: cada expediente deberá someterse a una revisión judicial, lo que deja una cuota de poder importante en manos de quienes controlen los tribunales en esta etapa.
El veredicto: reorganizar el poder
En su conclusión, los militares sostienen que esta amnistía no busca declarar inocencias, sino que es una "herramienta para reorganizar la relación entre justicia, política, poder y responsabilidad histórica".
Al borrar el delito y eliminar la pena para hechos ocurridos en los últimos 27 años, el chavismo post-Maduro intenta estabilizar el sistema facilitando acuerdos que reduzcan el miedo a represalias internas. La gran interrogante es si esta paz pactada en el Palacio Federal Legislativo será suficiente para las víctimas o si solo servirá para blindar a quienes necesitan transitar hacia la "normalidad" sin pasar por el banquillo de los acusados.
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