Si las elecciones en los Estados Unidos fueran hoy, Joe Biden las ganaría. Es lo que constatan las encuestas de manera unánime. Y mientras se reciben estos datos, algunos venezolanos albergan inquietudes respecto de las consecuencias que la salida de Trump de la Casa Blanca tendrá para la causa de la democracia venezolana. La verdad es que, como bien ha dicho Andrés Oppenheimer, Trump con su retórica, unilateralismo y falta de compromiso con las grandes causas democráticas globales, lo que ha hecho es debilitar la coalición internacional imprescindible para un desenlace positivo en Venezuela.

Todo temor es comprensible, dada la angustia en la que vivimos los venezolanos. Pero nadie debe llamarse a engaño: la línea de acción para el regreso a la democracia en Venezuela es bipartidista, desde 2014 hasta hoy, algo excepcional en estos días de polarización en Washington. En efecto, la política de sanciones individuales contra funcionarios militares comprometidos en la violación de los derechos humanos, comenzó en marzo de 2015 con Barack Obama. Recordemos a Nicolás Maduro intentando recoger firmas por todo el país contra lo que su régimen definía como una “intromisión de Barack Obama en la soberanía de Venezuela”.

Vayamos a los hechos. A comienzos de 2014 estallaron las manifestaciones en Venezuela y Maduro aceleró su tránsito por la deriva autoritaria, violando abiertamente los Derechos Humanos. El Congreso aprobó entonces la llamada ley Menéndez-Rubio (Demócrata y Republicano, respectivamente), con el objetivo de promover la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela.

De forma simultánea, el presidente Obama envió, a través del entonces Vicepresidente Joe Biden mensajes a líderes de América Latina, expresando su posición de rechazo a lo que estaba ocurriendo. Hay una fotografía que, sacada de contexto, se ha utilizado para distorsionar la perspectiva de Biden sobre Venezuela, en ese encuentro que ocurrió en enero de 2015 en la toma de posesión de Dilma Rousseff, Maduro le pidió a Biden un diálogo con Obama para acordar el precio del petróleo. Lo descabellado de la petición hizo que Biden sonriera. Y de inmediato le dijo, de forma diplomática y firme: “Usted, con quien tiene que dialogar (sin tácticas de dilación) y llegar a acuerdos es con su pueblo, con la oposición de su país, y tomar la senda de respeto a la democracia y a los derechos humanos; liberar los presos políticos y así evitar el colapso económico del país”.

Como es sabido, Maduro no atendió a esa advertencia. Así, en marzo de 2015, Obama estableció las primeras sanciones y bajo esta misma autoridad ejecutiva se iniciaron investigaciones desde el Departamento de Justicia en materia de lucha contra la corrupción, lavado de dinero y el narcotráfico. Esas investigaciones y procesos son los que hemos visto aflorar en los últimos dos años y que han recaído sobre actores emblemáticos del régimen venezolano.

En 2017 y 2018, bajo la presidencia de Trump, ocurren dos nuevos eventos: Maduro pasó por encima de la legitimidad de la Asamblea Nacional electa en 2015 convocando de manera írrita una constituyente, y en mayo de 2018 impuso una elección presidencial fraudulenta. Esta nueva realidad ocurre en un escenario donde los tiempos de la OEA controlada por gobiernos amigos del chavismo (o neutrales frente al régimen) había quedado atrás, ofreciendo una herramienta de presión continental de la que no se disponía durante la presidencia de Obama, y ajenos a la política estadounidense.

A lo largo de todo ese proceso, el Partido Demócrata ha dado piso legal a la evolución de las sanciones, que alcanzaron una plataforma con la Ley VERDAD, elaborada por el Senador demócrata Bob Menéndez, que incluyó la previsión de ayuda humanitaria para la masiva migración venezolana, bajo la iniciativa de la diputada demócrata Debbie Mucarsel-Powell, de la Florida. Esta ley, además, recogió los planteamientos de la Ley para la Investigación sobre la Relaciones del gobierno de Rusia y el régimen de Venezuela en Citgo (redactada por la también diputada demócrata, Debbie Wasserman-Schultz), que luego facilitó la recuperación de esa empresa filial de Petróleos de Venezuela, PDVSA, por el gobierno interino de Juan Guaidó. Asimismo, quedó recogida allí la iniciativa legislativa de la diputada demócrata Donna Shalala, prohibiendo toda forma. de comercio militar con el régimen de Maduro. Trump es, pues, ejecutor de un marco legislativo que es expresión bipartidista.

Ahora bien, las sanciones son un instrumento legal para la política internacional, no un fin en sí mismas. Administrarlas, articular su instrumentación con incentivos para que el régimen abandone el poder o para promover fracturas a lo interno de la estructura chavista, es un arte. La eficacia de las sanciones depende de su coordinación estratégica y multilateral, pero también del adecuado estímulo para que los actores internacionales con intereses afines al régimen chavista se abstengan de ser un obstáculo a los cambios deseados.

Al evaluar la gestión de Donald Trump hay que preguntarse, de cara a la horrible crisis de Venezuela, ¿está Maduro más cerca de dejar el poder o se ha fortalecido relativamente frente a la oposición? ¿Estamos más próximos o más lejos de unas elecciones libres, justas y creíbles? Pero también hay que preguntarse, ¿la política de Trump se ocupa de los venezolanos?

Por ejemplo, el legislador demócrata de la Florida, Darren Soto, logró aprobar con la mayoría de su partido en la Cámara, enfrentando el rechazo de los republicanos, la ley que contempla el TPS -estado de protección migratoria temporal- para los venezolanos. Trump podría hacerlo por decreto, pero se niega, y junto a su partido bloquean esta iniciativa humanitaria y fundamental para proteger a 150.000 venezolanos que buscan refugio en los Estados Unidos. Son más de 2.000 los procesos de deportación -en tendencia creciente- que afectan a venezolanos, incluyendo 600 que permanecen detenidos expuestos al contagio por Covid-19.

La verdad es que, como bien ha dicho Andrés Oppenheimer, Trump con su retórica, unilateralismo y falta de compromiso con las grandes causas democráticas globales, lo que ha hecho es debilitar la coalición internacional imprescindible para un desenlace positivo en Venezuela.

He aquí un punto diferenciador entre Biden y Trump, que abona a nuestra convicción de que Biden sería la mejor opción para alcanzar cambios en Venezuela. Biden tiene la credibilidad necesaria en Europa y América Latina para hilar eficazmente en la resolución del problema. Por otra parte, no tiene deudas personales con Vladimir Putin quien, le habla al oído a Trump (como denunció John Bolton, su ex-asesor de Seguridad Nacional), incluso para sembrar desconfianza sobre el liderazgo de Juan Guaidó y la oposición venezolana. Este es un punto central.

Trump, además de mantener malas relaciones con Europa y América Latina, ha debilitado la coalición al no enfocar la presión e incentivos de forma multilateral. Biden tomará sus decisiones basado en principios e inteligencia, y no en posturas de mero cálculo electoral como las de Trump en relación con su retórica sobre Venezuela.

Joe Biden opina que «Nicolás Maduro es un dictador, simple y llanamente». Fue el primer demócrata en reconocer a Juan Guiadó como Presidente Interino, y condenó «enérgicamente la toma violenta de la Asamblea Nacional, «única institución democrática que queda en el país.». Biden también ha expresado categóricamente que «el objetivo primordial de los Estados Unidos debe ser presionar por una salida democrática en Venezuela, a través de elecciones libres y justas, y ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas y su país».

Finalmente, Biden se ha comprometido a otorgar el estatus de protección migratoria temporal a los venezolanos, así como a influir en la comunidad internacional para recuperar cada centavo expoliado del Estado venezolano, y a devolver esos recursos al pueblo venezolano. Con relación a esto, merece ser subrayado que la administración Trump ha transferido los recursos recuperados de actores de la corrupción en Venezuela a un fondo discrecional de la Secretaría del Tesoro que ha gastado 600 millones de dólares en la construcción del muro con México.

Biden ha manifestado, con meridiana claridad, que aun si Maduro se va, «Venezuela quedará profundamente dividida en lo político y deprimida en lo económico, con gran sufrimiento humano”, por lo que “Estados Unidos necesita un plan integral para ayudar al país a recuperarse». Este es, por cierto, un proyecto a largo plazo, con protagonismo de los venezolanos, que Trump jamás ha dado muestras de avizorar.

20 de junio 2020

AlNavio

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Este año, los estadounidenses nos enfrentamos a una elección presidencial que la mayoría considera histórica, en la que la democracia, la justicia y los valores centrales de los EEUU están en riesgo en la boleta electoral. Además de la figura polarizante de Donald Trump, quien ya es una figura política atípica, estamos entrando en el tramo crítico de las elecciones, en las aguas desconocidas de una pandemia. ¿Qué puede pasar? Por lo pronto, se ha retirado el precandidato demócrata Bernie Sanders y la carrera será entre Trump y Joe Biden.

A medida que continuamos confinados en nuestras casas, aterrorizados por la proyección de más de 100.000 posibles muertes en los Estados Unidos (y más de un millón en el mundo), y manejando el estrés de los impactos económicos de la pandemia, también estamos pensando y lidiando con las consecuencias políticas de la crisis del Covid-19.

Este año, los estadounidenses nos enfrentamos a una elección presidencial que la mayoría de nosotros considera histórica, en la que la democracia, la justicia y los valores centrales de los EEUU están en riesgo en la boleta electoral. Además de la figura polarizante de Donald Trump, quien ya es una figura política atípica, estamos entrando en el tramo crítico de las elecciones, en las aguas desconocidas de una pandemia.

Podríamos, por primera vez, ver a los dos principales partidos políticos celebrar convenciones nacionales virtuales. El Comité Nacional Demócrata (DNC) ya movió la fecha de la Convención del Partido Demócrata del 17 de julio al 17 de agosto de 2020. Varias primarias demócratas estatales se pospusieron hasta fines de mayo o principios de junio, sin tener la certeza sobre si la pandemia continuará siendo un obstáculo para cerrar esos capítulos en las nuevas fechas adoptadas.

Pero si algo está claro, es que estamos entrando en una recesión económica, y una regla general es que la reelección de un presidente es casi imposible en ese escenario. Pero esta no es una recesión típica, ya que está marcada por una emergencia sanitaria, y podría decirse que es una situación forzada (algunos expertos dirían que precipitada) por la pandemia.

Además, nos encontramos sustituyendo el encuentro personal (con dirigentes o con voluntarios y ciudadanos), innovando con videoconferencias y otras formas de intercambio digital para trabajar la política desde casa. Los candidatos, refugiados en sus hogares, están luchando por alcanzar espacio en los medios, ya que todo el oxígeno en las salas de redacción lo consumen las ruedas de prensa informativas diarias de la Casa Blanca, las reuniones de prensa con gobernadores, y los programas de opinión con expertos que ofrecen orientación médica o analizan hasta dónde puede llegar esto. La recaudación de fondos para las campañas también es un gran problema; que está obligando a ajustar los presupuestos, en la que será probablemente una campaña como nunca antes dominada por el alcance y la participación digital o en redes sociales.

Ya muchos expertos se preguntan cómo llevar a cabo las elecciones en sí (votación anticipada y medidas para facilitar el derecho al voto de las personas) en un escenario en el que la pandemia se extiende hasta octubre y noviembre. Ciertamente, las proyecciones de brotes podrían empeorar y afectar a los estados que no entienden hoy lo que quiere decir el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York cuando dice a sus colegas: “Nueva York hoy es su estado mañana”, instando a esos gobernantes, reacios a seguir pautas estrictas para evitar la propagación del virus, a prepararse para un pico en sus jurisdicciones en el corto plazo.

Cómo funciona el sistema electoral en EEUU

En efecto, en el complejo sistema federal de los Estados Unidos no hay una sola elección nacional dirigida por un ente central, sino que en cada estado se realiza una elección a cargo de la Secretaría de Estado de la Gobernación y los comités electorales de los condados, en el marco del sistema del Colegio Electoral. Mucha gente se pregunta si el precedente de elecciones primarias postergadas el mes pasado representa una situación en que pensar si mañana algún estado, o un grupo de estos, sigue afectado por la pandemia mientras ya se ha controlado en la mayor parte del país o el epicentro actual que se encuentra en Nueva York. Hasta dónde llega la discrecionalidad de los gobiernos estadales, cómo se puede el sistema garantizar el derecho al voto en medio de la emergencia, particularmente en una sociedad donde hay amplio acceso a internet y el sistema de correos funciona con mucha eficacia.

Otro factor interesante que ha surgido en medio de esta pandemia, en buena medida dada la gestión errática de la crisis por parte de la Casa Blanca, pero también debido a las complejidades del sistema legal y federal de los Estados Unidos, es lo difícil que ha sido crear una respuesta nacional de emergencia coherente y uniforme para enfrentar una crisis de salud pública como esta; desde lograr uniformidad en las pautas de distanciamiento social o las medidas de cuarentena o confinamiento en casa, hasta el manejo del suministro y distribución de equipos médicos o la logística necesaria en la respuesta a la crisis.

Pero por otro lado, está la cultura del individualismo y el consumismo, natural y profundamente arraigado en los estadounidenses, y su desconfianza en la intervención gubernamental, que crea un fuerte contraste con las mejores prácticas para enfrentar la pandemia, según hemos visto en otros países como Corea del Sur y Alemania, por ejemplo.

4 puntos clave en el tablero electoral

Finalmente, toca hablar del impacto político-electoral de la crisis. Es temprano y casi imposible realizar sondeos y proyecciones sólidas de opinión, en un entorno tan volátil. El estado de ánimo de los ciudadanos, las percepciones y las preferencias pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos, incluyendo cambios de 180 grados en la opinión pública. Pero vale la pena destacar cuatro puntos en esta etapa preliminar:

1) Esta será una elección Joe Biden vs. Trump. Ya esta semana se ha retirado el senador Bernie Sanders, quedando despejada toda incertidumbre en el campo demócrata. Como lo dijimos en nuestra columna semanal en ALnavío, hace poco más de un año (7 de marzo de 2019): “Joe Biden, quien fue vicepresidente de Barack Obama, se está tomando su tiempo, pero pronto anunciará la decisión de participar en las primarias del Partido Demócrata en EEUU. Las encuestas confirman que su candidatura se pondría inmediatamente a la cabeza del grupo y que es el candidato con mayor probabilidad de derrotar a Donald Trump si las elecciones fuesen hoy”. Y ese es precisamente el escenario donde estamos en este momento. El primer lote de encuestas de aprobación presidencial (partiendo del seguimiento de Gallup), indica que el índice de aprobación de Trump aumentó a su mejor número desde que llegó al poder en 2016, alcanzando un promedio de 47-48%. Dada su errática gestión de la emergencia, esta aprobación es sorprendente, pero esto no es extraño. Las tendencias de la opinión pública de apoyo al presidente suelen ser favorables al comenzar, e incluso durante una crisis o emergencia nacional hasta que la sociedad entra en la fase de evaluación del desempeño gubernamental y sus consecuencias.

2) Ahora la atención se enfoca en quién será la compañera de fórmula de Joe Biden. El propio candidato y exvicepresidente se ha encargado de despejar incógnitas al comprometerse a nominar a una mujer como candidata a vicepresidente en estas elecciones. ¿Quiénes se especula podrían ser elevadas a esa importante posición? Un grupo de analistas y activistas apuntan a la senadora Kamala Harris, de California. Brillante, carismática, de penetrante oratoria y verbo aguerrido contra Trump. Fue precandidata y se retiró temprano, y antes ejerció como fiscal general de California, donde destacó muchísimo, además de desarrollar una cercana amistad con Beau Biden, el difunto hijo del exvicepresidente, quien era en ese mismo tiempo fiscal general de Delaware, y a quien se le tenía como una de las estrellas emergentes en el partido. Kamala Harris es además afroamericana e hija de inmigrantes de Jamaica y la India, lo cual elevaría el tema de la inclusión social de los inmigrantes y reconocería el inmenso apoyo recibido por Biden de la comunidad afroamericana.

Otra mujer, también afroamericana, situada en posición de ser considerada para esta nominación es Stacey Abrams, excandidata a gobernadora de Georgia, a quien la elección le fue literalmente arrebatada por el abuso de poder y la supresión de electores por parte del entonces secretario de Estado y ahora gobernador, quien prácticamente fue árbitro electoral y candidato en un sistema que ha emblematizado la crisis política que existe en EEUU.

Pero también es importante pensar en la geografía electoral. Biden, bien ubicado en el medio-oeste estadounidense (los estados de Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Ohio), podría asegurar ese tablero que le daría la victoria en el sistema de los colegios electorales nominando a la senadora Amy Klobuchar, de Minessotta, y excandidata en la primaria demócrata (quien le ofreció un apoyo fundamental a Biden en la ruta hacia la consolidación de su preeminencia en la primaria). También se habla de la joven y carismática gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

Por otra parte, los grupos de activistas y líderes hispanos han elevado con suficientes méritos para esa posición la consideración de la senadora de Nevada, Catherine Cortez-Masto, de familia de inmigrantes con origen mexicano e italiano, quien tiene una buena relación con Biden, e impecables credenciales como fiscal general y ahora senadora por su estado. Cortez-Masto tendría sin duda un efecto movilizador en el electorado latino también clave en esta elección.

Y finalmente, está la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, que sería una forma de incorporar las tendencias más progresistas del partido, que han convocado a los jóvenes en un movimiento que tanto ella como el senador Sanders han capitalizado. Sólo algo está claro en nuestra opinión como una clave en este acertijo vicepresidencial. Biden fue vicepresidente de Obama y desarrollaron una relación de absoluta lealtad y confianza (el “bromance” o “amor de hermanos”), que sin duda Biden querrá replicar en su presidencia para delegar, como lo hizo Obama con él, con amplitud el desarrollo de su agenda presidencial, que sabemos también convoca y es expresión de una coalición muy amplia que suma toda la diversa demografía electoral de los EEUU, e incluye a electores independientes, moderados (sumando republicanos que no simpatizan con Trump), y progresistas, incluyendo a los de enfoque más pragmático.

3) La preferencia genérica de votación también está abierta a favor de los candidatos demócratas en la carrera por el control del Congreso. Según lo reportado por el prestigioso portal FiveThirtyEight, esa ventaja es en promedio de 9% a favor de los abanderados del Partido Demócrata.

4) La lucha económica que acompaña a la pandemia tendrá también un impacto político. El paquete legislativo inicial de alivio y estímulo económico tiene una marca bipartidista. Pero a medida que avanzamos en la crisis, habrá nuevos episodios, quizás más impulsados por el partidismo, que definirán la opinión pública. Y también se iniciará el debate sobre la eficacia del Ejecutivo Federal y el propio Trump en la ejecución de las medidas autorizadas por la ley de emergencia recién aprobada.

Una recesión atípica

Pero si algo está claro, es que estamos entrando en una recesión económica, y una regla general es que la reelección de un presidente es casi imposible en ese escenario. Pero esta no es una recesión típica, ya que está marcada por una emergencia sanitaria, y podría decirse que es una situación forzada (algunos expertos dirían que precipitada) por la pandemia. Y, por supuesto, las percepciones y opiniones sobre la responsabilidad de Trump en el manejo de la crisis entrarán en juego. ¿Cómo lo evaluarán los ciudadanos? Es difícil predecirlo a estas alturas y cómo puede incidir en las preferencias electorales; aunque algunos argumentarán que una recesión es una recesión, y su impacto será siempre negativo sobre quien ejerce la Presidencia. Punto y aparte.

Jueves 09 de abril de 2020

AlNavio

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