Observamos un creciente interés por el tema Ciudadanos y Ciudadanía y por el grado de poder que podrían tener, no solo en nuestro territorio sino fuera de él[1]. Encontramos también un llamado a aumentar su participación en asuntos de interés público, pero sin hallar una fórmula que potencie ese objetivo. En general, y es lo que registramos, su poder se manifiesta, principalmente, a través de la protesta y las demostraciones de calle, dando lugar a la creencia de que esa es su única manera de expresión.

También, desde luego, existen múltiples expresiones de ese poder, cuando contabilizamos las muchas organizaciones de la sociedad civil que lo revelan, tales como los gremios profesionales, los sindicatos, las organizaciones de defensa de derechos humanos, civiles y políticos que habitan en distintos países pero que, normalmente, se identifican con intereses particulares a ellas y no persiguen un objetivo más general, el cual equipare su presencia activa con el resto de los poderes públicos y con las organizaciones políticas.

En el caso de estas últimas ellas monopolizan esos intereses generales gracias a la representación que ejercen mediante el componente electoral. Nos inspira una frase tomada de la excelente y breve historia elaborada por Derek Heater que dice así:

“Pero si la ciudadanía se reduce simplemente el hecho de presionar unas pocas letras de un teclado (para votar, nota nuestra) ¿no estamos consintiendo la apatía?[2]

En el fondo de lo que se trata es que esas organizaciones, en la medida que se articulen sobre un propósito de mayor alcance y de interés nacional, terminen potenciando la sociedad civil a la que pertenecen. Como consecuencia de lo antes dicho, en estas notas elaboramos una sucinta evaluación de las distintas versiones que hemos encontrado en nuestro país, proponiendo abrir una discusión sobre el tema y exigiendo un mayor peso de los ciudadanos en los asuntos públicos y de interés general. Para comenzar y ubicar a nuestros lectores en el tema presentamos una breve referencia de su evolución a lo largo del tiempo.

Esclavos, súbditos, ciudadanos, súbditos, ciudadanos, ¿súbditos?

Puede extrañar la forma en que iniciamos este modesto examen, pero queremos dar cuenta de cómo fue la trama de esta práctica y este concepto a lo largo de la historia pues, como se sabe, la humanidad ha pasado por todas ellas ilustrando, a nuestra manera de ver, dos asuntos importantes. Por una parte, comprueba que cada una de esas etapas ha sido superada por una constante lucha por la igualdad y la libertad en su más amplio sentido, lo que quiere decir que la “ciudadanía” no se consigue gratuitamente, pero que, a la vez, su consecución no es una garantía de supervivencia.

Por otra parte, y aun a pesar de lo dicho, esa historia revela también que el hecho ciudadano parece tener presente y futuro, a pesar de las amenazas políticas que pesan sobre el género humano con todas esas nuevas expresiones de poder que hoy llamamos “neo-populismo” en sus distintas aristas o del inmenso poder que han tomado los Estados nacionales. Por esa razón, colocamos una interrogante a la palabra súbditos, si acaso la apatía y la pasividad vuelven a triunfar. Sin embargo, aun así la historia nos dice que se pueden sembrar esperanzas de su supervivencia, como bien nos defiende Heater:

“Todo lo narrado en este libro es la historia de una forma de identidad socio política que ha sobrevivido desde el año 700 a.C. hasta el 2000 de nuestra era a través de procesos de continuas metamorfosis. No hay razones, pues, para pensar que la ciudadanía no pueda seguir adaptándose y, por tanto, sobrevivir.” (Pág., 265)

Dicho esto, pasamos a examinar las distintas posturas y exigencias que se han realizado en nuestro medio clamando por un mayor peso y más participación en los asuntos que más nos preocupan, especialmente en lo que respecta al deterioro de nuestro ordenamiento democrático y al nivel y la calidad de vida de la gran mayoría de la población venezolana. Todo ello con el fin de evaluar en qué medida pueden contribuir a aumentar el Poder Ciudadano.

Ciudadanos: ¡Uníos!

Los primeros registros de participación proviene de distintas personalidades e instituciones que han hecho un llamado para que los ciudadanos se unan, como suma de individuos, todos en uno, podría decirse y levanten su voz frente a los acontecimientos que nos acogen. Lo característico y significativo de esta versión es que no se formaliza de manera orgánica y queda limitado a un mero llamado sin potenciar sus fuerzas.

Cuando presentamos esta interpretación no despreciamos el inmenso valor que tiene un emplazado de esa naturaleza, en tanto cada individuo tome conciencia de que su rol en la sociedad va más allá de sí mismo, pero si ese clamor no logra encontrar nichos de representatividad o participación más colectivos, o asociativos pierde su eficacia y potencialidad. Individuos aislados difícilmente incrementan el Poder Ciudadano.

Organizaciones Ciudadanas

Precisamente, para superar esa condición de aislamiento que, desde luego, crea pasividad, apatía y, consiguientemente, desesperanza, ese individuo termina focalizándose y acercándose a alguna organización que se asemeje a sus intereses específicos, comúnmente a los más cercanos verbigracia, la comunidad o la vecindad, pero puede concurrir y asociarse en organizaciones de mayor calibre que tienen un objetivo específico, tales como las de defensa de derechos humanos, civiles, políticos, ecológicos o económicos.

Sin embargo, aun cuando estas organizaciones logran alcanzar un gran efecto en la opinión publica, a nivel nacional e internacional y han propuesto importantes cambios y resultados en distintos frentes de la acción humana y gubernamental, tienen la debilidad de que su basamento defensivo y conceptual es, esencialmente, de orden moral y ese, que debería ser su gran poder potenciador, termina opacado o atenuado por la comparativa e inmensa influencia y capacidad de los gobiernos y los Estados.

En nuestro caso, un sinnúmero de organizaciones de ese tipo logran sobrevivir apenas, porque su autonomía no se fundamenta en la posesión de recursos propios y requieren de apoyos externos, nacionales o internacionales, frente a las arremetidas de un Estado que lo tiene todo en su sus manos y en su haber. Además, por sus características propias, no se consolidan en una organización más amplia, de un objetivo general. Queda solo, en su defensa, ese poder moral a que aludimos, pero sin la consiguiente contrapartida que logre equipararlas a otros poderes. De nuevo, nadie puede negar el significativo efecto que tienen en mejorar sustantivamente la práctica de los hechos que defienden, pero difícilmente pueden pasar de allí.

Ciudadanía y capacidades

Obviamente, de lo antes dicho y de la experiencia histórica se desprende que su fuerza y poder dependen de qué tipo de capacidad acumulan. Nos sirve de ejemplo la presencia ciudadana que se encuentra en gremios que la tienen como es el caso de los sindicatos que representan la fuerza laboral que mueve un país. Razón por la cual se volvieron tan poderosos. Otros gremios representativos de capacidades son, desde luego y en primer lugar, los empresariales quienes poseen la contrapartida económica del capital y de allí su también poderosa influencia.

Después de ellos, apelando al mismo criterio que va más allá de un componente moral o ético, están los gremios profesionales de médicos, abogados, docentes, etc., etc., a lo que se suma hoy, el poseer conocimientos y tecnologías como fuerzas propulsoras, las que, sin duda, son formas muy representativas de poder ciudadano. Solo, de nuevo, que este queda limitado a sus fines específicos. Una suma de ellos, articulados sobre un objetivo más amplio podría potenciarlos adicionalmente.[3]

Poder Comunal

Otra de las expresiones de ese poder es el que va desde la Asociación de Vecinos hasta la ahora recreada Comuna, pero debemos tener en cuenta lo que nos dice la historia cuando se trata de evaluar las capacidades y condiciones de existencia de una y otra. Las primeras, la de los Vecinos toma auge por la consolidación de las grandes ciudades y por la existencia de problemas comunes a ellos de menor envergadura. La Comuna, por su parte, refresca el ambiente de los pequeños pueblos de la antigüedad, más de carácter rural que urbano que precedieron a las nuevas ciudades.

Al evolucionar la sociedad hacia lo nuevo, a la Ciudad y a la Ciudad-Estado y al Estado Nacional, la Comuna, aunque permanece, dejó de tener la misma influencia. El Gobernador y el Ayuntamiento fueron sustituyéndolas en poder o cobijándolas cuando las ciudades y los Estados crecieron.

En el caso venezolano, el intento de regresarle poder a la Comuna se debilitó por dos vías. En primer lugar, por la poca vigencia misma que posee, dada la magnitud y calibre de los problemas que aquejan a una sociedad moderna como la nuestra, la que exige soluciones de tamaño “nacional” para superarlas, En segundo lugar, y quizás más importante que lo anterior, fue su extrema supeditación al Estado y su subordinación política al partido de gobierno.

Poder Ciudadano en la Constitución vigente

Enfrentamos ahora la ficción de “poder” que se insertó en la Carta Magna, el cual proviene del rescate del ideario de Bolívar con lo del Poder Moral Republicano, en el que se privilegia el valor ciudadanía cuando se crean las figuras del Defensor del Pueblo y del Fiscal quienes, se supone, representarían genuinamente la voluntad del colectivo, pero bajo la circunstancia, que de entrada mina su poder, por su afiliación y dependencia del Estado venezolano.

Por un lado, porque sus recursos financieros provienen del Presupuesto Nacional, con lo cual están sujetos a las aprobaciones respectivas del Poder Ejecutivo y del Legislativo[4]. Por el otro, porque los funcionarios designados para ejercer esos cargos, si bien provienen de decisiones y postulaciones de “diversos sectores de la sociedad” terminan siendo elegidos por el Legislativo, quien tiene la potestad de removerlos de sus cargos o, inclusive si esas postulaciones no se materializan, termina designándolos.[5]

Las otras expresiones de poder ciudadano en dicha legislación se reúnen en su Capítulo IV en el que se encuentran las figuras del Referendo, la revocatoria de mandatos, las asambleas de ciudadanos, el cabildo, etc. etc.” cuyas decisiones serán de “carácter vinculante”, como allí se indica.[6] De todas ellas, solo una, el Referendo ha sido ejercido pero, como bien sabemos, su puesta en práctica muy contaminada por su elevado componente político y por los otros poderes. Como se puede comprobar fehacientemente ese “poder ciudadano” resulta en una ficción dentro de la Constitución vigente.

Poder Ciudadano

Una vez realizado este repaso por la historia de la Ciudadanía y las distintas expresiones que hemos podido explorar en nuestro medio, cabe hacerse la pregunta de qué contenidos y condiciones debería tener una autentica representación de Poder Ciudadano. Decimos, entonces, que no basta con apelar a todos los ciudadanos, individualmente encarnados, si estos no cuentan con un mínimo de organicidad y asociación que los agrupe y que tampoco basta con poseer todo el peso de un poder moral para que esa Ciudadanía tenga la fuerza necesaria y hacerse valer frente a los restantes poderes.

También la historia nos deja otra primera lección, cuando capacidades, privilegios y propiedad forman parte de su fortaleza y progreso. Como consecuencia de lo antes dicho, a esa fortaleza moral hay que añadirle capacidades intelectuales, profesionales o económicas para que tenga el poderío y la robustez necesarios. Desde luego, lo que otra vez la historia nos comprueba es el que el dúo propiedad y ciudadanía están esencialmente atados y que, sin esta combinación, las posibilidades de ejercer un efectivo Poder Ciudadano se ven limitadas. En el caso venezolano peor todavía.

Poder Ciudadano y Poder Estatal

Un breve inventario de las relaciones de propiedad entre el Estado venezolano y sus ciudadanos lleva a un profundo desbalance porque, se podría decir, que ese Estado “lo tiene todo”, como veremos más adelante. Comencemos con lo principal: el petróleo del que se ha apropiado completamente y donde la participación ciudadana es inexistente. Se comprenderá, que esto de Poder Ciudadano sin afectar esa propiedad es, más allá de ingenuo, engañoso.

Luego, para completar el cuadro es bueno saber que el Estado venezolano es dueño de entre 46% y 50% de la propiedad venezolana, especialmente la agraria, según distintos autores[7] Seria demasiado evidente concluir en que, sin enfrentar esta cualidad del Estado venezolano poco se puede avanzar en construir Poder Ciudadano.

Para concluir

Nadie desea que esta realidad se concrete de una vez y menos con las malas experiencias “revolucionarias”, por lo que promover una ruta de secuencias, de pasos que alcancen al final el objetivo deseado es lo que se propone. Por esta razón, poder moral, sumado a capacidades, a una mayor organicidad de los ciudadanos, aunada a cambios sensitivos en el sistema de propiedad, comenzando con el estatal, pero no dejando de lado el resto, puede progresivamente hacer valer la tesis de un más poderoso y más influyente Poder Ciudadano.[8] Lo más importante es tener clara conciencia de los objetivos, valores y medidas que deberían unificarnos.

[1] Algunas referencias internacionales lo comprueban. Solo como ilustración el auge de Ciudadanos en España, la apelación de Macron a ellos en su primera elección. El Movimiento de los “Indignados”

[2] Derek Heater. “Ciudadanía. Una breve historia” Alianza Editorial, 2007. (pág. 259)

[3] Siempre decimos que nos gustaría ver a los médicos defendiendo a los ingenieros y viceversa.

[4] Articulo 273 El Poder Ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará una partida anual variable.

[5] Articulo 279

[6] Articulo 70

[7] Ver Ross, M, el “El Fin de Petrolia y Una Nueva Venezuela”. pág. 87/89

[8] La propuesta de una Plataforma Cívica, sumada a las tesis de Construcción de Ciudadanía y los experimentos comunitarios no politizados pueden ofrecer un camino de soluciones.

Me atrevo a incurrir en este delicado y peligroso terreno de la coyuntura actual, aun a pesar de que esta propuesta no tenga eco en el mundo político, pero quizás si en de la sociedad civil. Creo que valdría la pena evaluar fría y reflexivamente la conveniencia de renovar todos los poderes públicos en un momento dado, mientras más pronto mejor. Aporto varias razones en favor de esta idea:

1ª. A partir de 1999 todas las elecciones nacionales, excluyendo la presidencial de 1999, y las regionales han estado sujetas a diferentes cuestionamiento que permiten concluir en que los poderes elegidos, todos, han sido rechazados por cada uno de los actores políticos, lo cual nos coloca en posición de afirmar la necesidad de ir a un proceso político electoral en el cual se renueven todos los poderes públicos y donde la población pueda expresar libremente su opinión y los legitime consensualmente. Una elección en la que todos estén representados y puedan así ser elegidos,

2ª. Más allá de la elección presidencial la que, desde luego, tiene importancia capital por el peso del “híper- presidencialismo venezolano, es relevante evaluar la situación actual del resto de poderes públicos, cuando, de ambos lados se cuestionan severamente las dos Asambleas Legislativas y sus respectivo Poder Judicial. Si una situación como esa se mantiene, el País se coloca en el borde de un entorno Institucional consiguientemente conflictivo que paraliza e inmoviliza, no solo a los actores políticos envueltos, sino, lo que es peor, a Venezuela en su totalidad,

3ª. Siendo que la elección de la Asamblea del 2015 fue confirmada y aceptada por el organismo electoral y por las autoridades gubernamentales y de ella se constituyeron poderes colaterales, tal como fue caso del “Gobierno Interino”, la reacción gubernamental fue oponerle las tesis originadas en el Poder Judicial y luego producir la elección Presidencial y de la Asamblea, no reconocidas, creando una innegable crisis institucional con dos Cámaras Legislativas, dos Poderes Judiciales y dos Poderes Ejecutivos. Una situación que, desde luego, tiene paralizadas a ambas partes y al País en su totalidad,

4ª. Y ultima. Por razones estrictamente practicas sugiero que esas “mega elecciones” se realicen en el 2025 para no interrumpir la secuencia de la elecciones presidenciales, incluyendo particularmente las primarias que debe realizar la oposición democrática, pero si fuera posible y conveniente, por razones técnicas, realizarlas en en 2024 no me opondría.

Percibimos a nuestra sociedad envuelta en un sin número de eventos que, por mínima lógica podemos llamar “trampas”, unas de carácter económico, otras de tipo político y las demás, que es lo peor, una gama de ellas insertas en la sociedad misma, que van desde la precariedad económica y la creencia al bienestar temporal, hasta el desasosiego, la desesperanza y los temores a la movilización y la protesta. Creemos que describen nítidamente la Venezuela de hoy y la inhiben para encontrar salidas.

Por consecuencia, parece tener sentido intentar una caracterización que pueda contribuir en la búsqueda de soluciones para luego identificar como se vinculan unas a otras y se articulan para mantenernos inmovilizados, porque vemos a Venezuela apresada por nudos que le impiden edificar una solución de País, de Nación, de Estado para la gran sociedad que somos.

Pertinente puede ser, entonces, examinar cada una de esas trampas, ver como se combinan para entrampar a Venezuela toda. La primera que nos paraliza es el inmediatismo.

Inmediatismo y juego táctico

Asombrará a los lectores que comencemos por esta. Nos referimos a esa perspectiva temporal que forma parte de nuestra cultura y que, por lo que vemos, compartimos todos los venezolanos. El inmediatismo, el corto plazo y medidas tácticas nos dominan para resolver problemas.

En el Gobierno es evidente con el manejo de la crisis económica, porque nunca ideó una solución estratégica y descansó en los ingresos que, espontáneamente, le proporcionaron las remesas recibidas[1] y el aumento de los precios petroleros originados por la invasión rusa. Obligado por esas circunstancias y por la convicción de que el método anterior lo llevaba al colapso se adhirió a la apertura y a cierta creencia en el mercado. Aranceles e impuestos a discreción para importar, permitieron bodegones y tiendas que animan y crean esa sensación de bienestar que se está viviendo. Espectáculos y recreación completan el juego táctico.

Centrado como está en el tema de las sanciones su única expectativa es que estas se alivien o se liberen y se aprueben más licencias que atraigan inversiones y aumenten la producción y las ventas del crudo, porque todo se apuesta a la inmediatez y los beneficios de esa salida, dejando a Venezuela, otra vez, enganchada y subordinada al milagro petrolero.

En lo político su juego se centra en ganar tiempo en las Negociaciones, en ese “tira y encoge” que utiliza reiteradamente para acercarse a unas elecciones en que reine ese ambiente de bienestar que aludimos. El cambio, bien significativo de la simbología del “rojo rojito” y la República Bolivariana, al muy bien calculado énfasis en el nombre Venezuela y al “Juntos Podemos”, ilustra un intento de reconciliar que pareciera estratégico, pero si se le suman presos, control político, amenazas y ataques revela su apuesta táctica. No hay, en el Gobierno, repetimos, señales de un proyecto nacional que extraiga a Venezuela de la inmediatez y que ponga la mira en el encuentro de todos.

En los partidos políticos, de un lado y del otro, lo que se percibe es el ataque continuo, la descalificación y la exclusión como regla del juego. Desde el lado de los gubernamentales, abandonados están todos aquellos mensajes estratégicos de los “motores de la Revolución”, de la Venezuela “potencia energética”, para aterrizar en meros cambios ministeriales y en la clara intención de lograr un cuadro electoral favorable a su permanencia en el poder. Encerrados en sus misiones, en sus CLAPs o en el subsidio, el asunto es mantener a la población subordinada y sin respuestas al mundanal de miseria, miedo y conformismo que crearon.

Del lado de la oposición democrática el cuadro no puede ser peor, enfocados únicamente en el tema de las primarias. Algunos haciéndole “carantoñas” al Gobierno y otros claramente enfrentados a este, pero dejando la imagen de grandes discrepancias en el terreno meramente táctico, sin dejar saber que se proponen hacer con el país, más allá del 2023. Obviamente, la confusión y la desconfianza reinan en el plano de la opinión pública y en la población en general. La pregunta vuelve a ser: ¿votas o no, te abstienes, con o sin CNE? y paremos de contar.

Del lado del resto de la sociedad se observa una situación similar, porque el más de los ricos disfruta esta bonanza inesperada que lo lleva a hurgar en cuanto negocio o “emprendimiento” acomete para aprovecharlo y extenderla cuanto se pueda. El lema “hay que sobrevivir” está por encima de todo y con toda razón. La consigna es dejar eso de la política para otros, aunque la democracia esté en juego. La conjura “Venezuela abierta al futuro” se va imponiendo.

Mientras tanto el más de los pobres tiene que agenciárselas para sobrevivir en el mundo de las pensiones, del salario mínimo, las subvenciones o el Carnet de la Patria. Si es cierto, como lo indican los datos de ENCOVI, que los niveles de pobreza siguen estando allí, que no han disminuido, mal se le puede pedir que piensen en algo más allá y esa gran masa de población se atenga solo a sobrevivir. Enfrentamos un inmediatismo sobre determinado por la precariedad económica que, como vemos, nos atrapa e inmoviliza. A ello se agrega nuestra clásica cultura inclinada a soluciones simples y únicas

La conducta de la “carta única”

Otra de las trampas en la que estamos envueltos es esta la de asumir una carta política para todo. Con las primarias y las elecciones del 2024 volveremos a la normalidad, sea quien sea quien gane, pero sin saber que nos depara el destino. Del lado del Gobierno, sabemos, que su única carta es mantenerse en el poder, del lado opositor destronarlo. Todo encerrado dentro del terreno táctico de lo político, porque este no parece dar más de sí mismo. Eso que debería ser su interés primario, sus ideas y programas sobre el presente y el futuro de Venezuela, está fuera del juego.

Lo más grave es que esa “trampa” la creamos nosotros mismos cuando delegamos toda solución país a los partidos políticos. Esta sistemática conducta de la sociedad civil ha conducido al falso dilema de participar o no en la política, como si esta fuera predio solo de los partidos, cuando la suerte del país está más en nuestras manos, que en la de ellos. La confluencia del Estado petrolero y el interés de los partidos políticos conllevan a una entrega total del poder en sus manos.

La sociedad civil ha renunciado a ejercer sus derechos como Nación, como dueños que somos del trabajo, del capital, de los recursos y del talento venezolano. Si la política es el buen manejo de un país en algo le incumbe a la sociedad civil ocuparse de ella, sin pretender, lo hemos dicho, sustituirlos, pero si complementarlos debidamente, hacerle seguimiento efectivo a cada gobierno. Salir de la trampa de la política como única herramienta es indispensable para encontrarle una ruta duradera al país que proporcione bienestar para todos. Lo que pasa y pueda suceder en el terreno económico es vital para encontrar esa ruta.

La economía

Ni el Gobierno puede sacar a Venezuela del marasmo económico que el mismo creó, ni puede hacerlo la oposición. No pueden solos y necesitan el concurso de empresarios, profesionales, trabajadores, empleados y todo eso que bien se llama sociedad civil. El Gobierno no puede porque requiere de unos recursos financieros que no tiene y que están siendo limitados, no solo porque los despilfarró groseramente y por el régimen de sanciones, sino porque la comunidad financiera internacional no tiene confianza en él. No puede endeudarse ya que ha incumplido con demasiadas obligaciones y contratos que bien lo identifican. Acreedores, expropiados y tenedores de bonos lo confirman.

Tampoco se atreve a abrirle camino sano y completo al sector privado venezolano porque le tiene “ojeriza” y lo considera su enemigo estratégico, al menos mientras mantenga su diluida tesis del socialismo del siglo XX. Como sabemos, sin agricultura, agroindustria, manufactura y comercio no hay país que se sustente y, también sabemos, que con solo petróleo no basta para crear una economía sostenible y duradera.[2] El Gobierno está entrampado porque no admite de verdad poder trabajar con todos.

La oposición democrática, obviamente tampoco puede porque no maneja recursos. Podría, de ganar las elecciones, reconstruir la confianza y la pluralidad política y así recurrir a la comunidad internacional en busca del apoyo financiero necesario para reparar los daños e iniciar una era de reconstrucción, pero tiene que ganarlas y otra vez regresamos a la trampa de la “carta única”.

Para que la economía tome el rumbo que todos deseamos, el de una visión amplia y compleja, ese proceso no puede quedar solo en manos de partidos y gobiernos. Esa responsabilidad vuelve a recaer en quienes poseen el talento, el capital y el trabajo, esto es en la sociedad civil organizada, pero esta tiene que desprenderse de sus atávicos hábitos y de su extrema subordinación al Estado. Tiene que salir de esa trampa en que está hoy de cooperar, enfrentarse o asociarse con los nuevos actores y, para ello, tiene que tomar la iniciativa de proponerse una poderosa alianza cívica que vaya más allá de lo cotidiano, salga del inmediatismo y la táctica y se concentre en una estrategia y un programa realista para el presente y el futuro de Venezuela.[3]

Intereses foráneos

Para colmo de males estamos entrampados en el juego político y económico de las grandes potencias o de sus apéndices, del que sabemos no podemos escapar, pero que si podríamos atenuar si no todo queda en manos de gobiernos y partidos. De nuevo, una Venezuela más autónoma es posible, si logramos como hemos repetido incesantemente, reducir nuestra dependencia del drama petróleo que parece ser nuestro único destino. La oportunidad de mitigar o moderar ese status quo proviene de la capacidad y la participación de la sociedad civil organizada en crear una economía mucho más diversificada.

No sabemos si hemos logrado el objetivo de transmitir a la opinión publica los argumentos que sustentan esta idea del cómo estamos entrampados, porque a ello se une el clamor de lo que escuchamos todos los días: La desesperanza que arropa un sentimiento de resignación, el exilio y la diáspora que poco pueden hacer desde lejos, las manifestaciones de calle que se convierten en la única vertiente de protesta civil y que, tan pronto como aparecen, son apagadas por el ataque policial o por las ofertas monetarias. A ellas se añade el excesivo peso individualista de las redes sociales que limitan la creación de opiniones más colectivas y, al final, algunos intentos que presumen de analíticos de la situación que vivimos y que terminan en meras descripciones de hechos.

Venezuela atrapada

Concluimos estas reflexiones con el convencimiento de que nuestro país no podrá alcanzar el largo y complejo camino de la recuperación si no logra levantar las restricciones que imponen las trampas que hemos descrito. ¿Cómo hacerlo? No lo tenemos claro, pero si creemos, que identificándolas podríamos, quizás, contribuir a encontrar soluciones.

También ratificamos la opinión de que el “juego” está en las manos de nuestra sociedad civil, de las iniciativas propias que pueda tomar, sin la pretensión de sustituir partidos o gobiernos, pero si ofreciéndole a ellos y a todos los venezolanos un programa y una Visión que nos extraiga de ese universo de trampas en que estamos envueltos.

[1] Fue esa economía privada la que, paradójicamente, le ayudó a salir de su crisis de ingresos.

[2] Ver mi artículo sobre los riesgos económicos y políticos de una Venezuela Petrolera. recién publicado en los medios nacionales.

[3] Las asociaciones empresariales han presentado varias veces planes en esa dirección, pero no terminan de evidenciar en su práctica más autonomía frente al Estado.

Por el camino que vamos y por las noticias que se originan adentro y afuera, todo parece indicar que el quid pro quo de una modificación en el sistema de sanciones será económico y no político, en especial por la insistente defensa de las inmensas ventajas que le reportaría a Venezuela una inyección de capitales extranjeros en la industria petrolera. Sin lugar a dudas, levantar millares de millones de dólares para rehacer la tragedia de PDVSA y elevar la producción del crudo y el valor de las exportaciones, tienen una repercusión indudable en la depauperada economía y sociedad venezolanas.

Los beneficios

En ese sentido, hay aquí quienes están viendo “una sola cara de la moneda” y no la otra, es decir solo la de los beneficios. Desde luego el PIB global aumentará y el per cápita también. Al gobierno le ingresará más dinero y PDVSA, quizás, vuelva a convertirse en el emporio que fue. Algunos grandes capitales criollos se beneficiaran por una menor o mayor apertura a participar, si se modifica o no la legislación vigente. Sin embargo, un esquema de esas características, que en buena medida repite nuestra historia pasada, nuestra Venezuela Petrolera, tiene estas ventajas, pero tiene riesgos importantes que deben ser considerados, cuando el petróleo se vuelva a convertir en el único sostén de toda la economía, como fue hasta ahora.

El petróleo como único sostén

Estaría demás argumentar sobre este punto, porque todos sabemos la importancia y el peso que ha tenido en Venezuela, en especial como nuestro único proveedor de divisas y este es su rasgo particular y el más relevante a los fines de estas notas... Sirvió, prácticamente solo, de soporte de nuestro país en los años que van de los 30s hasta los 50s, poniéndolo a crecer a tasas insospechadas. Luego, las reformas iniciadas en los 60s cambiaron en algo esa dependencia, en tanto que se creó una primera base industrial, que no tuvo el impulso necesario como para sustituirlo como el gran proveedor de divisas. El aumento de los precios internacionales a mediados de los 70s reprodujo la Venezuela enteramente petrolera y el país se acostumbró a vivir con ingresos crecientes y extraordinarios, hasta que estalla la crisis de los 80s, con las consabidas repercusiones económicas y políticas.

No aprendimos la lección y lo volvimos a colocar en el centro de nuestro universo y nunca pudimos sustituirlo por otra fuente de riqueza similar, especialmente porque cuanta crisis aparecía y exigía un cambio fundamental en la estructura económica, “apertura tras apertura” resolvían la coyuntura. Tiempo después, tampoco aprendimos la lección cuando la “revolución” lo hizo el vértice del bienestar de los pocos años que culminaron en los aprietos que vivimos hoy. Pareciera entonces, obvio y evidente que la economía del petróleo como único sostén[1] tiene un patrón de conducta que debemos examinar y no repetir. Su típica característica de hacernos mono-productores y mono-exportadores nos hace excesivamente dependientes del “oro negro” y de los riesgos que implica.

Riesgos económicos

¿Será necesario repasar la película de todos estos años de la Venezuela petrolera para no darnos cuenta de los riesgos que tomamos si volvemos a repetirla? ¿Será necesario decir que su gran resultado lo registran “crisis de auge y crisis de miseria” producto de la crítica volatilidad de los precios internacionales, como bien registramos en la gráfica [2]al final de estas notas y como bien lo ilustra la situación actual?

En primer lugar esta el hecho de que, cuando hay crisis, el bolívar se devalúe, lo cual ya es suficiente razón para evitarlo, pero la raíz del problema está en permitir y promover que se mantenga una única fuente proveedora de divisas, tan inestable e incierta como la petrolera, creando expresamente las condiciones para el riesgo cambiario. Si a ello se suma que, en épocas de auge la tasa de cambio tiende a fortalecerse y reduce las posibilidades competitivas de otras actividades[3], caemos en el viejo dilema de devaluar en su favor, pero en contra del poder de compra de la gran mayoría. Como vemos: doble riesgo cambiario.

Por si acaso no nos convence este argumento, no olvidemos que devaluación y equilibrio fiscal “van de la mano” y que cuanto déficit se presenta la manera más sencilla de solventarlo es depreciar el bolívar. El Estado y sus administradores se acostumbraron a vivir con ello sin control alguno. La experiencia nos dice que ese camino es contraproducente y que termina en graves crisis fiscales, que culminan en serios problemas sociales, como los que se viven hoy día.

El riesgo social

Luego, en sus efectos de más largo plazo y estructurales podemos constatar que hemos alcanzado índices de pobreza impensables en contraste con los ingresos percibidos, con una población desasistida, en las condiciones más precarias y con el empobrecimiento generalizado de todos los venezolanos, hecho que deriva de que la relación entre la tasa de cambio y la inflación es extremadamente inflexible y que devaluar la empuja al alza, con el consiguiente efecto de deterioro del ingreso real, especialmente en los sectores más vulnerables.

Si después de 100 años de explotación petrolera lo que exhibimos son 15 millones o más personas en esas condiciones y viviendo precariamente alrededor de nuestras principales ciudades no es para alegrarse. ¿No será este suficiente argumento para evitar, tanto como se pueda, volver a caer en una política del petróleo como único sostén, siendo este el problema de raíz? La experiencia venezolana nos dice que el petróleo genera bienestar, pero también produce miseria, ¿Por qué?

El riesgo del Estado propietario.

Porque para mantener ese Estado es necesario exprimir al resto de la sociedad. Por tanto, si algo hay que revisar es ese formato del Estado como único dueño y administrador del recurso petrolero a juzgar por los trágicos resultados, económicos, sociales, políticos e institucionales en que estamos envueltos. La economía en ruina, la petrolera igual. Pobreza. La democracia en peligro. Las instituciones desarmadas y desequilibradamente compuestas. Un Poder Ejecutivo excesivamente omnipotente. Estos son los riesgos de haberle delegado todo al Estado propietario. Si vamos en dirección de mantener ese “status quo” bien vale la pena reconsiderarlo.

Los riesgos políticos

Resulta ser que el formato adoptado tiene, también, estos riesgos. El primero de ellos se origina en que una situación así le conviene ampliamente al liderazgo político, pues le permite manejar el país sin tener que depender de los ingresos de los venezolanos, de la opinión pública y del resto de la sociedad civil, como ha sido hasta hoy. “Partidocracia y petróleo” se juntan en una conveniente ecuación[4], que se agrava exponencialmente si, gracias a aquel formato de apropiación se logra imponer un partido único en el poder.

El segundo de los riesgos políticos es que, cualquier intento de transformación de ese esquema choca con demasiados obstáculos e intereses porque, acostumbrados a vivir de él, los cambios requieren de un alto consenso político y, si este no existe, no se logra o no se promueve, la pérdida del poder político es casi inexorable, como lo demuestra otra vez la experiencia.

Pero, de todos los riesgos políticos el mayor de ellos es que el petróleo, como nuestro único sostén, nos conduce a una extrema dependencia de la coyuntura económica internacional, que ya es bastante, aunque lo peor es que nos coloca en el marco del juego de la geopolítica internacional y terminamos “danzando” entre los intereses de los grandes poderes mundiales, llámense americanos, rusos o chinos. Venezuela, gracias a ello, ha estado excesivamente condicionada a esos poderes. Tanto es así que ahora, de lo único que hablamos es si se mantienen o se eliminan las conocidas sanciones, pendiendo del “hilo” de específicos intereses internacionales. Por supuesto, no estamos pensando en una Venezuela autárquica es estos tiempos, pero si en una que pueda gozar de una mayor autonomía frente a ellos.

Narrados estos hechos, nos permitimos llegar a algunas conclusiones. La primera: siendo que el petróleo va a seguir allí por largo tiempo tenemos que evitar esa condición de “único sostén” a que hemos aludido y desarrollar una economía elevadamente diversificada en la producción de divisas, la cual, precisamente aumentaría nuestro grado de autonomía. La segunda: no podemos continuar con el esquema de una economía petrolera y otra no petrolera, pues la primera tiene que integrarse a la segunda[5], de manera tal reducir al máximo los riesgos descritos. La tercera: como debe parecer más que obvio es que debemos modificar radicalmente la estructura del Estado Propietario y hacernos dueños los venezolanos de nuestra principal industria. Quizás así, podamos poner al petróleo en dirección del interés de toda la sociedad y no solo de algunos.

[1] Hay quienes piensan que la “era petrolera” ya culminó y que el estado de PDVSA así lo comprueba, pero muy lejos estamos de ese fin.

[2]El grafico que mostramos, tomado de una Revista petrolera internacional, solo pretende recordar a los lectores como fluctúa el precio del crudo en los mercados hoy día.

[3] Es la llamada “enfermedad holandesa”, la que solo tuvo validez en Venezuela cuando los aranceles se redujeron y dejaron de ser guías principales de las actividades económicas.

[4] Ver “El Fin de Petrolia y Una Nueva Venezuela” M. Ross, Amazon.Books

[5] Ver nuestro planteamiento en “Venezuela: Elementos de una Visión de Integración Nacional” Revista de Integración Nacional Año 2, No 4. Universidad Monteávila.

Quienes tengan el interés y la oportunidad de leer este ensayo se preguntarán porque escogimos estos nombres para titularlo y la razón es muy simple: Por un lado, Venezuela es petróleo y petróleo es Venezuela. Nuestros últimos 100 años de historia están signados por el descubrimiento y explotación de ese recurso natural, con todas las implicaciones y consecuencias que conocemos.

De otro lado, PETROLIA estaría representando una era que estaría por terminar y abre una oportunidad para construir una Nueva Venezuela, donde el petróleo no tenga el mismo protagonismo y cambiemos la manera de organizarla.

Cuando lo afirmamos de esta forma no estamos diciendo que el petróleo se esté acabando o que no siga siendo explotado.

El fin de PETROLIA no es este. Lo que queremos puntualizar es que esa era tuvo un determinado enfoque y es a eso a lo que nos referimos cuando decimos que ese “modelo” está mostrando su agonía, en lo económico, lo político, lo institucional y lo social.

En este ensayo nos concentramos en refutar las ideas y la ideología que orientaron a Venezuela en esos 100 años, cuyos resultados están a la vista.

Invitamos a acompañarnos en esta interpretación y esta apuesta por Una Nueva Venezuela.

Interesados pueden adquirir el libro en:

https://www.amazon.com/-/es/Maxim-Ross/dp/B09JDXNW9Y

Número de páginas: 280

Fecha de publicación: 13 Octubre 2021

ISBN-13: 979-8496006651

La de la economía y la sociedad.

Necesario es referirse a lo que acontece hoy en Venezuela con esa muy triste y dolorosa gran paradoja que estamos viviendo, entre la inauguración de la Gran Tienda, el sinnúmero de ricos y elevados nuevos restaurantes, abastecidos, seguro de afuera o de cualquier Bodegón y, las familias que siguen “pelando”, en el “barrio” y en su casa, esperando que le llegue la bolsa CLAP, la pensión, el aumento del salario mínimo o poder comprar su bombona de gas, gracias al favor del Carnet de la Patria o del Consejo Comunal. No hace falta invocar aquí, para resaltar el enfoque académico, los últimos resultados de la encuesta ENCOVI-UCAB-UCV, o a la espera de la del INE, sobre el gran número de pobres que siguen viviendo en este país. Paradójico también lo de las principales ciudades sede del espectáculo masivo en que se ha convertido Venezuela. Cuanto artista, cantante o teatro este por ahí viene y muy bien pagado. Abierto el Poliedro está para el gran evento. Pan y Circo es la consigna.

En la política.

No menos interesante es el registro de lo acordado en Méjico, pues teníamos entendido, que era para renovar la negociación de como regresamos al sistema democrático, en el que debieron realizarse y se deben efectuar unas elecciones presidenciales y legislativas limpias, transparentes y aceptadas por todos. Las mismas que dieron origen a las sanciones aplicadas desde el 2015 hasta hoy[1].

Pero resulta que no. Que la negociación fue para llegar a un “acuerdo social” que permite liberar los fondos congelados a un gobierno no reconocido por la comunidad internacional y cuyo fin es aliviar la crisis humanitaria que ahora parece ser cierta y que se originó en el buen manejo de la economía de los últimos dos gobiernos. Una crisis que provino, para que no se olvide, de esa excelente combinación de políticas que produce hiperinflación, devaluación, contracción económica[2], desabastecimiento y escasez. También, aparentemente, el “acuerdo” incluye algún monto para financiar la recuperación del sistema eléctrico el que, como recordamos, fue muy bien manejado por CORPOELEC.

Habría que añadir que estamos en vísperas de unas elecciones primarias de la oposición para escoger un único candidato contra el del gobierno, unas que, de acuerdo con este, solo se permitirán si se eliminan las sanciones que se le fueron aplicando sucesivamente y que, según recordamos se fundaron en la defensa del ordenamiento político y los derechos humanos.

La petrolera.

A esto se agrega, y no se puede omitir, la graciosa concesión a la empresa Chevron, ganada, según parece, solo porque se sentaron a dialogar los opuestos, quiere decir que, extraña y milagrosamente, lo que se supone que era una negociación política, terminó en petrolera, tema que, por supuesto, tiene un solo beneficiario y no dos. Mientras tanto, un buen número de voceros, ven con muy buenos ojos esa conversión de las negociaciones, de elecciones libres por sanciones a sanciones por petróleo.

Un poema viene a cuento.

Frente a este muy triste panorama, se nos ocurre, por cuestiones de memoria y, quizás, de antigua participación y desilusión política, recordar el bello poema de Jacques Prevert,[3] en el cual alude a una paradoja similar en otra época, en la que varios personajes enmascarados se reúnen para celebrar y del que tomé algunas partes que dicen así:

“Los que piadosamente…
Los que copiosamente…
Los que patrioterizan…
Los que inauguran
Los que creen
Los que creen creer

Como duele profundamente lo que puede venir y no se ve una alternativa de cambio valida, apelamos a esas palabras, viendo a nuestra Venezuela en manos vitalicias, cuyas características van desde ese “socialismo confuso” que apela a las reglas de mercado, luego las revierte y son las mismas que se asociaron a la “moneda imperial y, mientras tanto promueve a la callada el Estado Comunal siguiendo la versión china o la cubana. Por esas razones el mismo poema nos ayude, quizás, a entender. Sigue así:

Los que croan croan
Los que tienen plumas
Los que meten mano
Los que andromaquean
Los que dreadnoughtean
Los que mayusculan
Los que cantan a compás
Los que cepillan para que brille
Los que tienen panza
Los que bajan los ojos
Los que saben trinchar el pollo
Los que son calvos por dentro
Los que bendicen las jaurías
Los que se hacen besar los pies
Los que corren, vuelan y nos vengan, (4)

Todos esos y otros entraban orgullosamente al palacio del Elíseo haciendo crujir la grava; todos se atropellaban, se apuraban, pues hay un banquete de cabezas y cada cual se había fabricado la que más le gustaba.”

Describe el poeta minuciosamente a todos aquellos que, disfrazados, asisten a la cena y reproducen aquella Francia paradójica en la que convivieron ricos y pobres, reyes y revolucionarios, asambleístas y Presidentes que terminaron, como todos sabemos.

Como se dice en el argot cinematográfico esta película, este poema, estas notas no representan hechos reales, ni a persona alguna. Son ficciones inventadas por el guionista y el productor.

[1] No olvidemos los pronunciamientos en cada caso. Por ejemplo: la “Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela”, aprobada por el Congreso de ese país y refrendada por el Presidente Obama impuso “sanciones a las fuerzas de seguridad venezolanas que reprimieron las protestas estudiantiles de ese año”. Posteriormente se produjeron otras, quizás la más importante, la “Ley Verdad”, pues en el año 2019 el Congreso de ese país la aprobó con el respaldo de ambos partidos y cuyo fin es el mismo.

[2] Venezuela perdió del 2013 al 2018 cerca de un 70% de su capacidad productiva (PIB) con su consecuente impacto en el empleo y la multiplicación del empobrecimiento.

[3] “Intento de descripción de una cena con máscaras en Paris” Publicado en El Porteño, Valparaiso.2/12/2021

Dedicado al amigo Eddie Ramírez y a la Gente del Petróleo.

Me he tomado la tarea de indagar sobre la validez del concepto de renta petrolera y encontré algunos hallazgos que deseo compartir con mis lectores, pero que me llevaron a la afirmación del título de estas notas. Como su frase derivada, la de “rentismo petrolero”, se ha incrustado completamente en nuestra memoria histórica y ha marcado la economía, la política y la sociología y, quizás demasiado, la vida venezolana en general, creo que vale la pena compartir el resultado de esta indagación.

La principal motivación que tuvo esta iniciativa fue tropezarme con el uso repetitivo de la frase, incluyendo el mío propio, sin un cuestionamiento del término que venimos utilizando en el lenguaje común y por dirigentes políticos, intelectuales, empresarios y periodistas o en documentos mas acabados.

Sobre el origen del concepto de renta petrolera.

Hemos repetido, una y mil veces, que Venezuela ha vivido, desde que se descubrió petróleo de una “renta”, porque trasladamos equívocamente el pago que recibe el propietario del suelo o del subsuelo, la regalía o “royalty”, en nuestro caso el Estado venezolano, a todo el excedente económico que genera la industria, esto es a todos sus ingresos.

Comprendimos que el origen de esos términos tiene que ver con las interpretaciones que se dieron en el comienzo de su explotación, marcadas por el “impromptu” de su llegada inesperada o porque se percibía como un regalo de la naturaleza que no exigía esfuerzo o trabajo alguno para extraerlo. Se entendió como algo “improductivo” al compararlo con la estructura económica tradicional, con el comercio y sobretodo con la agricultura. De allí se generó un tipo de pensamiento que invocaba un cierto retorno hacia ella, que era la realmente productiva.

Sumado a ello, está el efecto fulminante de desorden y desequilibrio que causó en las finanzas públicas. Un ingreso que solo provenía de ese “regalo” de la naturaleza y que, como tal, calificaba como renta. Si añadimos que inicialmente fue explotado totalmente por empresas extranjeras, quienes conformaban una especie de “enclave externo” y únicamente “dejaban” en el país esa renta del propietario, podemos apreciar la lógica, razonable y correcta conducta gubernamental de maximizar los tributos a dichas compañías pero también la fecundación de la ideología de “capturar esa renta”, evitar que fuera apropiada por el extranjero, pero entendida esta como la totalidad del ingreso petrolero.

Nunca se le quiso entender como una actividad económica tan productiva como cualquier otra que exigía contribuciones factoriales distintas a la propiedad del suelo y el subsuelo, tales como la investigación, la tecnología, el capital y el trabajo para hacerlo útil, para darle valor agregado y valor de mercado, actividades que no solo generan renta, más allá de que el propietario recibiera su regalía o “royalty”.

No sabemos si los argumentos presentados son suficientes y convincentes para cuestionar las dos frases que hemos repetido e instalado como un paradigma indiscutible de nuestra historia. Creemos haber vivido de una renta y del rentismo petrolero.

¿Abandonar el rentismo petrolero?

Quienes lean estas notas se preguntaran por su pertinencia y actualidad, dado que parecen apegadas a nuestro pasado, pero resulta que, hoy día, dirigentes de toda índole y el común de la gente siguen repitiendo que la causa de todos nuestros “males” radica en haber vivido del “rentismo petrolero” y que bastaría con abandonar esa trayectoria para encontrar una ruta apropiada de desarrollo económico y extirpar de nuestra sociedad su consecuencia derivada la cultura del “facilismo”.

Si el petróleo es una actividad productiva y económica como cualquier otra no hay tal cosa que se pueda llamar rentismo y no podemos repetir que la solución de nuestros problemas sea abandonarlo, porque estaríamos llegando al absurdo de decir que habría que dejar de producir petróleo, cuando este ha sido nuestro gran proveedor de riqueza productiva. Como sabemos que esa provisión ha estado llena de sobresaltos, de auges y crisis, es muy oportuno reconsiderar su rol en la economía y la sociedad venezolanas, tal como sugerimos al final de estas notas.

¿Rentismo o mono-producción?

Con la intención de ratificar el juicio que estamos emitiendo creemos que el problema venezolano con su petróleo nunca fue de “rentismo”, para reducirlo a un concepto, sino de no haber podido romper con la clásica estructura mono-productora y mono-exportadora, a pesar de varias intentos frustrantes, como los experimentados en la etapa de vida democrática, que es cuando realmente se ensayaron.[1]

La otra “Venezuela exportadora” de bienes no tradicionales nunca logró su objetivo de sustituir el protagonismo petrolero, especialmente en el abastecimiento de las divisas internacionales que financiaran el resto de la economía[2], fuese porque las medidas adoptadas no tuvieran el alcance necesario o porque tampoco se quiso romper con el modelo de sustitución de importaciones. Reiteradamente, se regresó a él por razones ideológicas o, quizás porque la dirigencia política y, en algún momento la empresarial; no fueron capaces de dar “el salto” hacia una economía competitiva y abierta a los mercados internacionales[3].

De hecho, al no hacerlo, en cualquiera de las formas descritas, se condenó a Venezuela a seguir viviendo del petróleo, pero no en la forma de renta, como se creyó, sino en su extrema dependencia de la explotación económica del crudo. Hemos puesto y seguimos “Poniendo los huevos en una sola canasta”, según el antiguo proverbio. Creemos que esa conducta coloca al país, en el pasado y actualmente, ante una exagerada exposición a la geopolítica internacional, con graves secuelas que se viven hoy.

El petróleo: un instrumento de integración y autonomía nacional[4]

Si los números que han evaluado nuestros amigos petroleros son ciertos y Venezuela posee todavía ingentes reservas del crudo, resultaría totalmente fuera de sentido dejar de producirlo pero, dados los resultados obtenidos hasta ahora conviene evaluar como lo hicimos hasta ahora, especialmente para reestablecerle un mayor grado de autonomía a la Venezuela presente y futura.

La primera cuestión a revisar es si la herencia del Estado propietario está en los orígenes del problema, puesto que, desde siempre, fue la forma concebida para explotarlo, primero en alianza con las grandes compañías y luego como propiedad absoluta del Estado. Con el balance que tenemos a la vista el tema merece una profunda y rigurosa reflexión fuera del sentimentalismo ideológico en todas sus vertientes.

En primer lugar, para que no haya equivocaciones, hay que puntualizar que el verdadero propietario del recurso es la Nación venezolana y no el Estado. Que, como consecuencia de ello, sus auténticos Dueños somos los venezolanos, que no se trata de “privatizar” PDVSA, que es otro tema y que de lo que se trata es de devolverle esa propiedad a sus legítimos propietarios, los nacionales de este país que llamamos Venezuela.

En segundo lugar, el petróleo en manos del Estado lo hace demasiado poderoso frente al resto de la sociedad, se independiza de ella y potencia a limites extremos el poder del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la Republica, de los Gobiernos y del o de los partidos políticos. Argumento, ya de si, suficiente para promover un cambio radical, con el que estaríamos de acuerdo todos...

En tercer lugar, para llegar a PDVSA, su Asamblea de Accionistas estará constituida por todos los venezolanos y cada uno es propietario de una acción intransferible y con derecho a voto, con un valor simbólico o determinado por una experticia pertinente. Su Junta Directiva será designada por esa Asamblea, mediante un procedimiento de postulaciones público y completamente transparente.

En cuarto lugar, para que el negocio petrolero no tenga el mismo protagonismo y el peso específico que ha tenido hasta ahora, para salir del esquema “mono-productor y mono-exportador” y con el fin de evitar la total dependencia del negocio petrolero, con las graves consecuencias, políticas, económicas, institucionales y sociales, que todos conocemos y hemos padecido, se propone Integrarlo al quehacer de la vida nacional bajo las siguientes normas:

1. Los proyectos de explotación serán configurados de un tamaño tal que faciliten y maximicen la participación de los venezolanos en cada uno de ellos, sea como personas particulares o en asociaciones de ellos,
2. Dichos proyectos serán igualmente confeccionados para facilitar y maximizar la participación de capital privado venezolano, el cual además deberá poseer la mayoría accionaria de cada proyecto,
3. La participación de empresas internacionales será abierta, transparente y realizada mediante un sistema de licitaciones públicas,
4. Los proyectos de explotación podrán ser ofrecidos en el mercado de valores, nacional o internacional, respetando las normas anteriores,
5. Reconsiderar el esquema único de “defensa de los precios” y darle prioridad a la captación de mercados que hagan crecer la industria,
6. Finalmente, reconsiderar la conveniencia de continuar con los grandes proyectos de la Faja Petrolífera del Orinoco, los que tienden a mantener a perpetuidad la presencia de capital extranjero asociado al Estado venezolano y para evitar su alta incidencia en repetir el modelo de excesivo protagonismo petrolero y replantearnos un modelo mucho más autónomo.

[1] La Venezuela previa al experimento democrático nunca promovió un proyecto de esa naturaleza.

[2] Detrás de lo cual está el esquema de devaluación, inflación, recesión típico de nuestra economía.

[3] Los intentos hacia la Comunidad Andina o de plena apertura lo lograron consolidarse.

[4][4] Las medidas aquí sugeridas están expuestas y complementadas en los trabajos “Necesidad de un Proyecto Integrador para Venezuela” y en “El Fin de Petrolia y Una Nueva Venezuela” con participación parcial o total del autor.

Son tantos los giros que ha dado la llamada revolución bolivariana en el manejo de la economía que vale la pena revisar con cierta calma cuan cierto y probable es que esté conduciendo a Venezuela por el camino del llamado modelo chino. Por ejemplo, recordemos que los primero pasos de Chávez, al llegar al gobierno, se orientaron a una amplia cooperación con el sector privado venezolano, como lo indican los primeros documentos y planes que expuso a la opinión pública[1], para luego tomar la ruta del “Socialismo del siglo XXI” en el que se produjo la ruptura con los mismos y que culminó en los lamentables sucesos de abril del 2002 y días seguidas.

Como mucho se ha comentado, allí nació, si se puede decir así, el encuentro y la relación con Castro y la aplicación de la versión cubana, la que le llevó a la convicción de que solo ese socialismo y su versión marxista podía resolver los problemas venezolanos, en un claro enfrentamiento con el capitalismo local.

Hacemos esta acotación para que no olvidemos, a la hora de evaluar el presente y el futuro que nos ofrece el actual gobierno, esa trayectoria de cambios, unos tácticos, otros estratégicos que fue dando la perspectiva bolivariana, desde la estatización y control absoluto de la actividad económica, por decir lo menos, hasta la liberación de los controles que se han puesto en práctica actualmente y que parecen tomar el rumbo de lo que se denomina como el modelo chino. En este sentido, ofrecemos estas notas con el objetivo de que los venezolanos, en particular los partidos políticos y los empresarios, conozcan las peculiares características y la evolución de ese modelo en la propia China y los riesgos que ello implica para Venezuela.

¿En qué consiste el llamado el modelo chino?

Como sabemos todos, se trata de un sistema en el que ahora conviven un partido político único en el poder, claramente identificado con la ideología socialista y comunista desde su fundación en 1949 y un sector privado capitalista que, aparentemente, lleva las riendas de las actividades económicas, en sus orígenes principalmente de capital extranjero. Como también se sabe, ese modelo se originó con la constatación del negativo desenlace que tuvo la aplicación del modelo promovido por el dirigente Mao Tse Tung[2] y el cambio que propuso el dirigente Deng Xiaoping reconociendo la capacidad del esquema capitalista para generar riqueza y bienestar para sus habitantes. Deng introdujo la tesis de un país, la china y dos sistemas que coexisten.[3]

El resultado espectacular y extraordinario que esta nueva visión produjo en el crecimiento económico y en el bienestar general de su población, incluyendo el drástico descenso de los niveles de pobreza[4], ha causado la admiración de muchos otros países que han creído conveniente imitar esa experiencia. Hoy día, por ejemplo, ese modelo es utilizado expresamente en Vietnam y Laos, entre otros países. Sin embargo, resulta interesante, antes de emitir un juicio sobre su viabilidad y conveniencia de aplicarlo en nuestro país revisar en qué medida subsiste esa convivencia

El modelo chino hoy día

Como es lógico suponer algunas alteraciones ha sufrido a lo largo del tiempo, pero casi todas dirigidas a modificar su estructura económica, especialmente por la evolución del sector privado capitalista y la importancia del de propiedad estatal, mas no en la conformación del poder político, pues un único partido sigue gobernando ese país. Dos variables contribuyen a examinar la actualidad de ese modelo. Por un lado, identificar lo que se denomina “capitalismo” en China, o más bien “capitalismo de Estado” y, por el otro, conocer origen histórico de sus partidos políticos y sus características.

Sobre el capitalismo en China

La limitada investigación que realizamos para encontrar un parámetro adecuado que lo identifique conduce a una gran imprecisión sobre el termino, pues existen variadas formas de entenderlo, desde la importancia numérica del sector privado en comparación con el sector estatal, hasta el peso específico que tienen las fuerzas del mercado para orientar la economía china, así como la composición del capital de las grandes empresas, pero lo que si resulta ser cierto es que la evolución de las reformas que se introdujeron después de 1978, con las propuestas de Deng Xiaoping, modificaron sustancialmente el modelo anterior de pleno control e intervención del Estado en la economía y que pareciera ser lo que viene experimentando la administración gubernamental en nuestro país.

Con todo, a esa conclusión no se puede llegar de manera tan simple, porque, por ejemplo el mismo Deng dijo, en un momento dado, que ello no implicaba reestablecer el poder de la burguesía, esto es de un sector dominante propiamente capitalista, cuestión que se ratifica posteriormente, pues los dirigentes chinos han cambiado su perspectiva en varias direcciones. Una vez privaron las concepciones que admitían la importancia de las reformas de mercado para dirigir la economía, expresadas en el informe conjunto del Banco Mundial y el Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Republica China.[5], y otra vez dominaron los distintos intentos de conocer y copiar los modelos corporativos del Japón, Corea del Sur y de Singapur, organizados sobre la base de la propiedad estatal, aunque también muy orientados a la competencia, en particular la internacional.

Con respecto al primer parámetro, si tomamos en cuenta la última data de la importancia comparada del sector de empresas estatales, con relación a la privada encontramos una avasalladora presencia de las primeras en los “ranking” de ese tipo. En la medición de la Revista Forbes publicada por el PIIE[6] se confirma dicha información, porque las empresas estatales representan cerca del 90% de la generación de ingresos comparados con un 10 % que producen las que califican como privadas (no públicas).

El partido y las empresas

Si tomamos en cuenta el tercer criterio, es decir, como se conforma la propiedad de capital de las empresas chinas encontramos, como es lógico una gran variedad que va, desde la empresas totalmente del Estado, hasta las de propiedad mixta y las privadas, pero con la singular característica de que, en casi todas ellas el Partido gobernante tiene una influencia decisiva en su control, mediante el expediente de designar o remover a sus directivos y principales ejecutivos en una proporción significativa.[7]

Finalmente, para corroborar lo que de alguna manera anticipaba Deng, con la declaración que hemos citado, los dirigentes chinos encabezados específicamente por actual Presidente del Gobierno chino, Xi Jiping han promovido un cierto regreso al control del Estado sobre las grandes empresas privadas, por un lado motorizados por los casos de corrupción que el mismo denunció en un pleno del Partido Comunista[8] y, por el otro por el gran poder que habían alcanzado unos conglomerados en el plano interno e internacional, como fueron los casos de Evergrande, Alibaba, etc., etc.

Lo que, en nuestra opinión ilustra este breve recorrido por el llamado modelo chino es que la coexistencia de un partido único en el gobierno, que tiene el poder y las facultades para controlar las empresas y además colocar los miembros y funcionarios de ese Partido en la sus aparatos directivos, nos revela un obstáculo fundamental para que subsista un genuino sector privado en ese país, no guiado, tutelado o dominado por el Partido y el Estado, si no estuviesen hermanados con una sola y única ideología política.

Desde luego, la protección para las empresas privadas debería venir de un auténtico esquema de pluralidad política, como supuestamente existe en ese país. En ese sentido, es interesante traer a colación el origen y la evolución de sus partidos políticos y el concepto democrático que se maneja.

Los partidos políticos y la democracia

Uno de los componentes que nos puede visualizar la viabilidad y la conveniencia de que prospere este objetivo en Venezuela es conocer cómo se entiende en aquel país el sistema político y el concepto de democracia. Para llegar al primero vamos a precisar cómo es la relación entre los partidos políticos y el sistema de gobierno. Para tal fin citamos como lo entiende un documento de su Embajada en Cuba:

“El sistema de partidos políticos de China es el de cooperación multipartidista y consulta política dirigido por el PCCh… es diferente al multipartidismo o bipartidismo de los países capitalistas occidentales, y también al sistema de partido único de otros países. Sus características notables son: El Partido Comunista dirige y los partidos democráticos cooperan; y aquel gobierna y éstos comparten la gobernación”

Luego, una aclaratoria posterior nos permite acercarnos a su concepción del sistema político. En la misma fuente se dice:

“Todos los partidos democráticos gozan de libertad política, independencia de organización e igualdad de estatus legal dentro del marco de los derechos y obligaciones estipulados en la Constitución. Ésta estatuye: “El sistema de cooperación multipartidista y consulta política dirigido por el Partido Comunista de China existirá y se desarrollará durante largo tiempo”

Finalmente, la siguiente lectura nos aclara perfectamente la perspectiva que tienen de su modelo de funcionamiento político.

“Los partidos democráticos son amigos íntimos del Partido Comunista y partícipes del poder que los une y cooperan con éste, en vez de ser partidos de oposición o estar fuera del gobierno…” [9]

Esta opinión oficial que nos hemos permitido citar la corroboramos con un ensayo publicado por la Universidad Católica de Santa Fe, en el cual se dice lo siguiente:

“El Partido Comunista de China se fundó el 1 de julio de 1921. Desde el 1ro de octubre de 1949, fecha de la proclamación de la República Popular China, es el único partido gobernante del país…Existen ocho partidos de menor envergadura, que actúan como nexo entre las masas y los partidos participantes del poder estatal, y junto con el PCCh se consagran a la causa socialista.” Somos de la opinión, sin más comentarios, que las citas mencionadas explican muy claramente su sistema político y de gobierno

Ahora bien, dentro del contexto de lo que estamos tratando de entender es importante destacar la diferencia entre su concepción de la democracia y la que llaman democracia liberal. La siguiente aseveración lo dice con toda exactitud:

“Cuando nos remontamos a la muerte de Mao, líder de la 1ª generación, pasando por Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao y actualmente Xi Jiping, todos y cada uno de estos están tan lejos de la democracia liberal como lo estaba el mismo Mao en la llamada “Revolución Cultural”.

Para completar esta percepción de lo que es su sistema político y su fundamentación ideológica copiamos el texto que nos entrega la Universidad Católica de Santa Fe del artículo primero de la Constitución de ese país.

“Artículo 1º - La República Popular China es un Estado socialista de dictadura democrática popular, dirigido por la clase obrera y basada en la alianza obrero-campesina.” (Constitución de la República Popular China, 4 de diciembre de 1982) [10]

Requisitos para su aplicación en Venezuela

Como puede deducirse nítidamente a Venezuela le conviene totalmente alcanzar la viabilidad de un modelo abierto y orientado a las fuerzas del mercado, como nunca ha existido realmente en nuestro país tal como lo han pretendido los principales dirigentes chinos. Sin duda es mejor, más eficiente y más democrático que el esquema cubano de pleno control sobre la economía, pero tendríamos que llamar la atención sobre dos diferentes características.

La primero dirigida a nuestros partidos políticos, ya que sus orígenes son completamente diferentes a la de los partidos chinos, pues los nuestros nacieron como herramienta fundamental en la construcción de la democracia venezolana y los de ellos nacen de la instalación de la dictadura del partido único. Decimos que Venezuela no es China, en ese sentido, pero… puede serlo si los nuestros se debilitan, cultivan la ruta del partido único y se llega a la tesis de: “El Partido Comunista dirige y los partidos democráticos cooperan; y aquel gobierna y éstos comparten la gobernación”

La segunda característica refiere al mundo empresarial el que, si bien en Venezuela nunca tuvo libertad de acción y fue ampliamente tutelado por el Estado, no sabemos si estaría dispuesto a sacrificarla plenamente cuando ese partido consiga la fuerza y el poder suficiente como para designar sus miembros y funcionarios en sus directivas.

Son dos grandes riesgos que hay que evaluar concienzudamente, porque hasta ahora podemos decir que Venezuela no es China, pero…puede serlo. Estas notas son solo una alerta temprana para seguir ese juego.

[1] Ver Apéndice 3 en El Fin de Petrolia y Una Nueva Venezuela. M. Ross. Amazon.com

[2] Los resultados de ese modelo son ampliamente conocidos y condujeron a ese país a una crisis de grandes proporciones.

[3] Exactamente dijo frases célebres muy conocidas. Entre ellas la idea de “Un país, dos sistemas”, abrió la puerta para la convivencia entre el capitalismo y el socialismo.

4 Como muestra de esta evolucion citamos el Informe del Banco Mundial de Marzo del 2010 que dice: “…la incidencia de la pobreza en China declinó de un 85% en 1981 a 27% en 2004”. (Traducción libre nuestra)

[5] The World Bank and the Development Research Center of the State Council, P. R. China 2013

[6] (PIIE) es el Peterson Institute for International Economics. Abril, 2022.

[7] “Los grandes grupos empresariales chinos.” Revista Chilena de Derecho. Volumen 40, 2013

[8] Discurso de Xi Jinping en el Congreso del Partido de 2017

[9] Embajada de la República Popular China en la República de Cuba Sistema Político. 2012-11-220342

[10] Josefina Pighin. Sistema Político Chino | Universidad Católica de Santa Fe. s/f

Toda esta discusión acerca de si Venezuela se arregló o si estamos en un franco proceso de recuperación económica nos llevó a hacernos la misma pregunta que hace unos cuantos años se formularon los investigadores del IESA, haciendo referencia a que el petróleo había permitido sustituir los mecanismos de mediación política de los conflictos sociales y que, por esa razón, vivíamos una “ilusión de armonía”. En palabras de sus autores:

“El petróleo hizo posible un cierto estilo de decisión, extendió una fianza que cubría los costos sociales del proceso de desarrollo. El exceso de dinero permitió evitar choques y postergar conflictos. El procedimiento consistió en darles a todos todo lo que pedían todo el tiempo. Este modo de actuar impidió la creación de instituciones especializadas en lasolución de conflictos”1.

La “Ilusión de armonía” en otro contexto

Ahora, que el gobierno regresa al intento de “reparar los daños” de un largo periodo de contracción económica, hiperinflación y excesivo intervencionismo estatal, ese viraje hacia la apertura económica crea la imagen de armonía que, aparentemente estamos viviendo.

En ese sentido, creemos útil colocarla en un contexto más amplio que el estrictamente económico y no quedarnos circunscritos a la discusión de si estamos en “recuperación, burbuja o crecimiento”. La evaluación de la actual situación debería, a nuestro juicio, tener tres componentes que deben converger en una dirección, el económico obviamente, pero además uno institucional y otro de carácter político2.

Sabemos que es muy difícil construir una ruta sostenible de armonía social, pero sí que es posible atenuar o disminuir el conflicto, lo que depende de la lucidez que tenga una sociedad para identificar claramente cuando se trata de soluciones artificiales, artificiosas o superficiales y cuando no. Precisamente, el arreglo o la alineación entre aquellos tres componentes nos ayudan a responder dónde estamos ahora.

Gómez y Pérez Jiménez: ¿Una ilusión de armonía?

J.V. Gómez acabó con el conflicto militar que lo precedió y el país vivió una era de paz y armonía por muchos años, alimentada por el ingreso petrolero. Se puede decir que hubo también allí “una ilusión de armonía” porque aún no estaba presente un nuevo conflicto, el de la confrontación entre la dictadura y la democracia, de tal manera que el ingrediente político debería incluirse en la valoración que se haga. El caso de Pérez Jiménez es similar porque, ciertamente fue una era de gran prosperidad y bienestar económico, apuntalada también por el inmenso ingreso petrolero, pero con el mismo tipo de conflicto político.

Desde el punto de vista institucional la ecuación de armonía estuvo relativamente completa, porque en ambos periodos se crearon las principales instituciones de la Venezuela moderna, tales que respaldaron la prosperidad alcanzada. Las crisis en el negocio petrolero y la ausencia en el juego de las “instituciones especializadas en la solución de conflictos”, especialmente del componente democrático, impidieron una solución realmente armónica. El conflicto entre dictadura y democracia fue el denominador común en ambos casos. La prosperidad y la democracia deben converger si aspiramos a una armonía social sostenible3.

Examinemos, uno a uno, esos componentes para hoy día.

La recuperación económica

No cabe duda de que la hay. Primero que nada, porque cualquier comparación de los indicadores clásicos que hagamos con los periodos anteriores dará un resultado positivo, después de la etapa de contracción económica que duró hasta el 20214. Segundo, porque su origen está claramente determinado por tres tipos de ingresos y tercero porque damos crédito en su favor el abandono de las anteriores políticas de control.

Origen y sostenibilidad.

Los recursos que la están sustentando tienen tres fuentes. En primero lugar, por el aumento en los ingresos privados externos, originados principalmente por las remesas, las que se han estimado en promedio en el orden de US$ 2.000 millones anuales y a cerca de US$ 3.500 millones previsibles para el presente año, según varias fuentes5.

Dichas entradas produjeron el efecto positivo de una espontánea dolarización de la economía, de la estabilización del valor del bolívar al dólar6 y del cambio de la trayectoria hiperinflacionaria.

En segundo lugar, a esas entradas le sigue el sensible aumento de los precios internacionales del petróleo y de la Cesta Venezuela7 lo que redunda en un incremento en el valor de las exportaciones8, aun cuando la producción petrolera sigue relativamente estancada en valores cercanos a los 700 a 800 MBD9.

En tercer lugar, habría que añadir los ingresos estimados por actividades internas ilícitas o ilegales10, de las cuales alguna proporción no identificada se queda en el país y genera algún impacto en la economía.

A los fines de estas notas, la suma y las características de ese tipo de ingresos revelan una cuestionable sostenibilidad de la recuperación económica, la que, al igual de la tesis de los autores de la frase original, crean una “ilusión de armonía”.

La economía y la confianza

Como es lógico esperar el hecho económico de la recuperación tiene que ser amparado por una normativa legal que produzca una percepción de confianza y que sustente los cambios de política económica observados, principalmente la legislación que soporta las políticas de precios y la garantía de los derechos de propiedad, ambos aspectos aun sin modificaciones fundamentales.

Por ejemplo, el sistema de decretos gubernamentales que regulan las importaciones, renglón que se ha convertido en uno de los “indicadores” de la recuperación11, es un claro ejemplo de cómo se diluye la confianza, dada la discrecionalidad que dirige la política impositiva del gobierno, con la que, por una parte, se promueve, a la vez que se tutela al sector privado y, por la otra, se mantiene un trato discriminatorio contra la producción local.

No es casualidad, creemos, que una intencionalidad política esté presente, tomando en cuenta la historia y la experiencia del gobierno con el sector privado venezolano, al que, si lo deja fortalecer lo percibe como en un enemigo potencial. Oportuno es recordar la tan insistente frase de la “guerra económica”, por lo que, quienes estén del lado de una recuperación “a solas”, sin los respaldos legales, institucionales y políticos correspondientes deberían juzgarla con mucha aprehensión y reserva.

¿Una recuperación sin sector privado?

Dos condiciones harían sostenible la recuperación. La primera, es indispensable una participación significativa y decisiva del sector privado venezolano, esto es con un sustantivo componente local en el consumo y la inversión internas y, la segunda sumada a ella, por una expresa y progresiva política de abandono de la extrema dependencia del ingreso petrolero.

Sin embargo, la abierta intención gubernamental de que, otra vez, sea la inversión extranjera la protagonista del crecimiento económico, en especial la destinada al sector petrolero, a pesar de las alianzas privadas que se puedan producir12, va en la dirección contraria y revela claramente su objetivo.

¿Otra vez el petróleo?

Dos consideraciones merecen esta posibilidad. Por un lado, Venezuela se verá expuesta de nuevo a reproducir el modelo organizativo que nos trajo hasta aquí: la sociedad Estado propietario - empresas petroleras extranjeras13 cuyos resultados están a la vista.

Por el otro, porque la “armonía”, de nuevo se montará sobre el negocio petrolero y se volverá a repetir, como bien lo indicaron los autores citados, aquello de “darles a todos todo lo que pedían todo el tiempo”14 y, con ello, impedir la creación y desarrollo de las instituciones de mediación de los conflictos sociales.

La política y la confianza.

Cierto es que, también por esa vía se puede alcanzar una prosperidad transitoria, pero a la ecuación de armonía le falta el componente político en dos direcciones. Una, porque debería apoyarse en instituciones que generen verdadera confianza de los propósitos gubernamentales. Dos de ellas, entre otras, la cultivarían con creces. La primera, ligada plenamente al quehacer económico, un Banco Central realmente autónomo, fundamentado en una nueva Ley que así lo garantice y la segunda, aunque parezca lejana a lo económico, una profunda revisión del sistema de justicia que garantice la imparcialidad de las leyes, incluyendo la conformación de su máxima autoridad.

Prosperidad y democracia van alineadas.

Quienes se aventuren a leer estas notas percibirán una exagerada exigencia, quizás utópica, a que la recuperación económica sea acompañada de la plena vigencia del sistema democrático, dentro del cual el fiel cumplimiento de los preceptos constitucionales que sustentan la pluralidad política es imprescindible. Luego, serían muy buenas señales si se eliminaran los vestigios del poder por la fuerza, de las persecuciones políticas y la sumisión al poder estatal.

Aquellos que crean poder vender prosperidad sin democracia deben hacerse la pregunta de qué sistema político mejor garantiza la libertad de empresa y de mercados. La pluralidad de partidos, la representatividad y participación activa de la sociedad civil, de los gremios, sindicatos y asociaciones son parte de eso que se llama democracia.

Seguramente estos, garantizados por las leyes y en plena capacidad de opinión y funcionamiento, darían un voto de confianza para los negocios.

Si la sociedad venezolana, como un todo, es capaz de identificar este proceso con claridad y logra alinear y hacer converger los tres componentes en una misma dirección sabremos si estamos o no en una “ilusión de armonía”. Desde luego, si podemos construir un acuerdo de todos los venezolanos, sin discriminación alguna, para que se recreen las instituciones de mediación de los conflictos sociales propias de una democracia, estaremos en el camino de armonía social.

1 Debates IESA. “El Caso Venezuela. 30 años después” Julio-septiembre 2015

2 Lo sucedido después de la 2ª guerra mundial con las instituciones de Bretton Woods ilustra el caso de una armonía sostenible por la interacción de los tres elementos

3 Un criterio que debe ser útil para examinar el caso de esas sociedades autoritarias como Cuba,China, Rusia, Bielorrusia y otras menos conocidas que creen vivir en armonía.

4 “Entre el segundo semestre de 2013 y el primer semestre de 2021 (96 meses consecutivos) consecutivos) se estima que la economía venezolana se contrajo en 75%...”(Informe de Coyuntura. IIES.UCAB. Feb. 2022)

5 “Las transferencias corrientes, que incluyen las remesas de los migrantes venezolanos… se han estimado en $ 2,7 MM en 2021 y $ 3,5 MM para 2022…” (Informe de Coyuntura. IIES.UCAB. Feb.2022) y (CEPAL Informe Macroeconómico 2021)

6 Hasta las últimas semanas cuando comenzó de nuevo a devaluarse.

7 “La cotización del WTI se ha mantenido en un rango de $102 y $119 por barril. En abril, el crudo Merey tuvo un precio de $83,40 por barril según datos de la OPEP. Mientras que estimamos que la CPV cerró en $78,50 para abril.” (Observatorio de Gasto Público. CEDICE. Junio 2022)

8 Una evaluación nuestra indica que ese valor para este año podría alcanzar los US$ 12.000] millones de exportaciones no registradas y de alrededor de US$ 3.200 millones registradas oficialmente.

9 “Venezuela tuvo un promedio de producción de barriles diarios de 757.000 en los primeros 3 meses del 2022 y cerró el 2021 con un nivel de producción de 871 miles de barriles diarios” (CEDICE. Junio 2022)

10 El informe “Transparencia Venezuela. Junio 2022” las ubica en el orden de US$ 9.500 al año.

11 Después de su descenso sustancial en el 2019 han comenzado a crecer ligeramente en los últimos años, de acuerdo con una investigación nuestra entre los principales países proveedores. Por ejemplo, aumentaron de cerca de US$ 1.300 a US$ 1.650 millones entre 2019 y 2021. Con los Estados Unidos, el país icono de sanciones y bloqueo aumentaron de US$ 380 a US$ 432 millones en el I trimestre de 2022

12 Sabemos que la cuantía de inversiones requeridas para vitalizar el negocio petrolero rebasan las posibilidades del capital nacional, por lo que este tendría un carácter marginal.

13 Con la probabilidad de una consecuente “caja negra” dirigiendo a PDVSA.

14 A las misiones existentes, a la bolsa CLAP se le añade hoy el expediente del espectáculo financiado, directa o indirectamente por el Estado.

Ahora que ha cobrado nueva actualidad el tema de las sanciones a Venezuela, parece oportuno escribir estas notas con el objetivo de ubicar a nuestros lectores en un tema que resulta más complejo del que se filtra en la opinión pública y que, de alguna manera, coloca la discusión en los términos simples de flexibilizarlas o mantenerlas. Creemos que puede ser de utilidad ofrecerles una información de sus orígenes, sus causas y su ubicación en una perspectiva internacional, a la vez que ello pueda influir y contribuir a encontrar coincidencias entre los actores políticos que las adversan o las apoyan.

Hasta donde hemos comprendido la discusión sobre las que han sido impuestas al gobierno de Venezuela por varios países, especialmente los Estados Unidos y la Unión Europea, está soportada, principalmente, por la tesis de que son una causa relevante de la crítica situación que vive el país y también por la interrogante de si han cumplido o no sus objetivos. En este sentido, un repaso de dicha materia resulta pertinente.

Sanciones dirigidas a individualidades.

Recordemos que las primeras sanciones de los Estados Unidos[1] tenían un objetivo dirigido a personas, tal que la “Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela”, aprobada por el Congreso de ese país y refrendada por el Presidente Obama impuso “sanciones a las fuerzas de seguridad venezolanas que reprimieron las protestas estudiantiles de ese año”, lo cual se materializó en el 2015 al congelar los activos de 8 individuos y ordenar la revocatoria de sus visas americanas.[2] Otra fuente nos dice que aquel país “había aplicado sanciones a un total aproximado de 159 sujetos venezolanos o relacionados con Venezuela”[3]. Postulamos, entonces, en que estas sanciones no podrían ser flexibilizadas o eliminadas, dado que las causas de su imposición no han desaparecido y porque tampoco tienen un efecto general sobre la sociedad venezolana. Luego la controversia debe centrarse en las sanciones denominadas sectoriales.

Sanciones sectoriales y sus efectos en Venezuela.

Como sabemos, aquel tipo de sanciones evolucionó a las llamadas “sectoriales” que son las que afectan a entidades venezolanas públicas y privadas, especialmente a PDVSA y el Banco Central de Venezuela, lo que si permite debatir el tema, dados sus supuestos efectos en Venezuela. Ahora bien, un registro de varias opiniones emitidas sobre esta materia no conduce a una versión concluyente.

Por ejemplo: “Existe relativo consenso sobre el hecho de que la economía venezolana atravesaba una crisis de inmensas proporciones mucho antes del inicio de las primeras sanciones no individuales”, aun cuando “Existe mucho menos consenso sobre el grado de atribución que puede otorgársele a las sanciones en el desempeño económico y social de Venezuela en el período posterior a agosto 2017” En el mismo ensayo se cita que “… Weisbrot y Sachs (WS) (2019) [13], les atribuyen a las sanciones total responsabilidad en el deterioro económico y social de Venezuela post-2017” mientras que “Hausmann y Muci (2019), Bahar et al (2019), y Morales (2019) [14] argumentan en contra de las conclusiones de WS…” (ANOVA, 2021).

Aun cuando esas discrepancias persisten el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos [4] registra la siguiente conclusión: “27. La economía de Venezuela, en particular su industria petrolera y sus sistemas de producción de alimentos, ya estaba en crisis antes de imponer sanciones sectoriales. Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos clave comenzaron a disminuir drásticamente mucho antes de agosto de 2017. [10]

En efecto unas cifras nuestras corroboran esta conclusión: “De 2013 a 2017 el PIB se redujo un 41,5 %, el PIB privado un 57.6%, el público un 8,4% y el PIB petrolero un 29,4%”. La manufactura un 67,6%, el comercio y los servicios 87,1% y la construcción 126,1%[5]. De todas ellas lo más significativo es el declive consistente de la producción petrolera, la cual de los 2.800 MBD, producidos en 1999 se redujo a cerca de 2.000 en 2017 según cifras de la OPEP.[6]

Ahora bien, siendo que los datos y las opiniones sobre ese periodo parecen ser ampliamente concluyentes, la discusión pasaría a evaluar los años restantes, en cuyo caso cabe la posibilidad de que, en efecto, estas hayan impactado en alguna medida la situación económica y social de Venezuela como país. Por ejemplo el mismo Alto Comisionado en su informe de 2019:”…aseveró que las “sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria” (El Fakih, N, 2020), por lo que la discusión se hace cada vez más compleja e interminable, dadas las distintas metodologías utilizadas por distintos autores como lo demuestra el informe ANOVA, 2021.

Nosotros agregamos a tal punto de vista que el reciente cambio de políticas económicas que, presumiblemente, está llevando a cabo el gobierno venezolano, presupone la aceptación de que el sistema anterior, fundamentado en un severo control estatal sobre la economía y en el uso del expediente expropiatorio, condujo a los resultados de los últimos años, con lo cual es muy difícil discernir entre la “causa gobierno” y la “causa sanciones”. De ser así, como afirmamos, fundamentarse en este aspecto, no solo no permite conclusiones asertivas, sino que dificulta hallar coincidencias entre las distintas posiciones.

Es claro que el uso de la sanción “económica” es un medio de presión o coacción, pero también lo es que esas medidas tienen un fin esencialmente político, por lo que es conveniente ubicarlas en el contexto de su utilización en el plano mundial, una faceta que puede facilitar una mayor convergencia entre las partes involucradas.

Las sanciones son parte de un sistema integral.

El hecho de que las sanciones deban ser consideradas como parte de una estrategia global de la diplomacia internacional ayuda, a quienes leen estas notas, a focalizar el debate. En ese sentido: “…, las sanciones se ubican, entonces, como una tercera vía entre la acción militar -demasiado costosa y agresiva-, y la protesta diplomática demasiado benévola e inefectiva” (El Fakih, N. 2020)

En el caso que revisamos, el de Venezuela, no puede caber duda de sus ventajas sobre los otros dos, el uno por haberse agotado innumerables veces[7] y el otro por indeseable y elevadísimo costo, como bien dice el autor citado. Luego, proponemos coincidir en que el “sistema de sanciones” es la mejor opción que posee el mundo civilizado para resolver conflictos y que, abandonarlo, por ejemplo, no solo presupone la eficacia de los otros dos, sino que dejaría de contribuir a reforzar las negociaciones y las iniciativas diplomáticas que persiguen el mismo objetivo. Un último aspecto debe llamar nuestra atención para completar el escrutinio del motivo que nos ocupa y que atañe a la evaluación del cumplimiento de sus objetivos.

¿Han cumplido las sanciones sus objetivos?

Antes de aspirar a responder esta interrogante repasemos, brevemente, como ha evolucionado la respuesta en el ámbito internacional. Dos estudios nos ilustran. El primero de ellos dice: “… uno de los trabajos empíricos… que evaluó 83 casos de sanciones económicas impuestas durante aproximadamente 70 años, Hufbauer y Schott (1985) evidenciaron que su proporción de éxito se ubicó en un 40%.13 Aunque hay quienes consideran éste un porcentaje bajo, 14 parte de la doctrina concluye que es un récord tremendamente positivo si se analizan los potenciales costos y resultados de las otras opciones disponibles, incluyendo el uso de la fuerza militar” El segundo también exhibe la misma complejidad: “…Más recientemente, un estudio empírico actualizado que abarca 174 casos de sanciones en 86 años…concluye que, a pesar de las críticas, el uso de las sanciones se ha triplicado en las últimas décadas.” (El Fakih, N. 2020)

Como observarse, esta materia está sujeta a grandes controversias y a resultados relativamente ambiguos, de los cuales se pueden alcanzar algunas guías que orienten el propósito que perseguimos. En primer lugar, no existe un método que produzca un veredicto final de si han dado o no resultados. El caso de Irán o Rusia da pistas en esa dirección. En segundo lugar, no existe un caso extremo, tipo “blanco y negro”, en el que se pueda comprobar una relación automática e inmediata, esto es no existe una conexión lineal entre “sanciones impuestas y cambios logrados”. En tercer lugar que, como se puede comprobar, el sistema de sanciones no se dirige, en general, a un objetivo específico, sino más bien a fines genéricos, de tal forma que precisar su grado de cumplimiento es verdaderamente intrincado.

Dadas esas dificultades y la experiencia de muchos años la comunidad internacional “…ha evolucionado de las llamadas “sanciones integrales” a “sanciones inteligentes, selectivas o específicas”, (El Fakih, N. 2020).las cuales tratan, por un lado, de medir sus efectos en las localidades donde se aplican y, por otro lado, ayudan a conectar la imposición con sus objetivos.

El proceso en Venezuela.

Ya hemos descrito el tipo de sanciones que han sido impuestas al gobierno, las cuales evolucionaron de las individuales a las sectoriales más recientemente. En el cuadro que sigue se resumen las últimas aplicadas por los Estados Unidos: (Fuente (El Fakih, N. 2020).

Instrumento

Número

Fecha

Emisor

Orden Ejecutiva

13692

08 de marzo de 2015

Presidente Barack Obama

Orden Ejecutiva

13808

24 de agosto de 2017

Presidente Donald J. Trump

Orden Ejecutiva

13827

19 de marzo de 2018

Presidente Donald J. Trump

Orden Ejecutiva

13835

21 de mayo de 2018

Presidente Donald J. Trump

Orden Ejecutiva

13850

1 de noviembre de 2018

Presidente Donald J. Trump

Orden Ejecutiva

13857

25 de enero de 2019

Presidente Donald J. Trump

Orden Ejecutiva

13884

05 de agosto de 2019

Presidente Donald J. Trump

Finalmente, en el mismo año 2019 el Congreso de ese país aprobó lo que se dio en llamar la “Ley Verdad”, lo que revela una política que va más allá del poder ejecutivo y tiene el respaldo de ambos partidos, con lo que el tratamiento de su flexibilización o mantenimiento se hace todavía más complejo en la medida que afecta toda la estructura política y diplomática de su política exterior.

Los razonamientos que hemos expuesto y la información suministrada persiguen, como indicamos al inicio de estas notas, varios objetivos. El primero, colocar en la opinión pública y, en especial a la orden de los lectores un material de alta y delicada repercusión en la vida de nuestro país, tal que sirva para que una mayor cantidad de venezolanos comprenda mejor el tipo de problema en el que estamos insertos y puedan formarse su propia opinión sobre las posiciones que están en juego en la opinión pública.

El segundo, un intento de romper la dicotomía entre “mantenerlas o reducirlas” que asoma como el vértice de la discusión y tercero, como consecuencia de ello, experimentar con un método “parí passu” que guie una ruta de decisiones, una especia de trayectoria de negociaciones que vincule un plan de concesiones políticas con especificas concesiones económicas, sin proponerse hacer todo de un todo. Por ejemplo, si atamos cierta flexibilización en el plano económico con un cambio significativo en materia electoral, como podría ser un CNE verdaderamente representativo y la culminación plena del Registro Electoral. Otra alternativa, profundizar más en la apertura económica con una reconducción del nombramiento del Tribunal Supremo de Justicia y así y así dar pasos sostenidos.

El tercero, procurar un acercamiento entre las dos posiciones venezolanas, bajo la premisa de que un entendimiento entre ellas seria de amplísima utilidad para las decisiones que habría de tomar la comunidad internacional, en especial la de nuestros principales aliados, los Estados Unidos, la Unión Europea y los países latinoamericanos que han seguido de cerca este proceso y aspiran a una solución autentica y consistentemente democrática para Venezuela.

Obviamente, antes de llegar a una conclusión el asunto del cumplimiento de sus objetivos no puede ser obviado pues, aunque resulta difícil emitir una opinión más certera, lo cierto es que su objetivo principal, el retornar a Venezuela a una senda plena del ordenamiento democrático no se ha cumplido, siendo que los tres poderes públicos que aun sustenta el gobierno se mantienen iguales. Sin embargo, aun aceptando ese juicio y, precisamente por no haberlo logrado, conviene abrirse a otras opciones que si pudieran conseguirlo, entre ellas aceptar la tesis que de que mantenerlas, de por sí, no obtiene resultados.

A la hora de tomar posición por una u otra opción, debemos preguntarnos, ¿si tenemos un sustituto valido de esa “fuerza externa” que son las sanciones, para lograr la presión suficiente que altere la conducta política y los actos que se le critican al gobierno actual?, y luego ¿si existe una mediana posibilidad de construir una “fuerza interna” de similar calibre que pueda sustituirlas?, porque mientras no la tengamos estaremos, queramos o no, irremediablemente atados a mantener las sanciones.

Finalmente, como se habrá comprendido, perseguimos el objetivo mayor de involucrar a la sociedad civil venezolana en esta difícil controversia y estimularla a tomar posición, mas allá de los partidos políticos y de los pronunciamientos personales. Quizás, una nueva alianza entre la sociedad civil organizada[8] y los partidos políticos podría tener el suficiente peso específico como para sustituirlas o aminorar su influencia en restaurar el ordenamiento democrático y una nueva era de prosperidad económica que llegue a todos los venezolanos.

[1] Posteriormente la Unión Europea, Canadá, Suiza y otros países se unieron a este esquema.

[2] Ver: “Aproximación al Régimen de Sanciones internacionales y al caso de Venezuela” Nizar El Fakih. Banco Interamericano de Desarrollo. Diciembre 2020.

[3] “Impacto de las Sanciones Financieras Internacionales contra Venezuela: Nueva Evidencia”. ANOVA.2021.

[4] Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas derechos humanos e informes de la Oficina de la Alto Comisionado y el Secretario General. Consejo de Derechos Humanos.

[5] Datos del BCV.

[6] En el tema petrolero no se puede olvidar el doble efecto que tuvo en la reducción de la producción la política de Independencia Energética de los Estados Unidos y las decisiones del gobierno de la época de diversificar el mercado, especialmente dejando de vender a ese país. La venta de las refinerías en Europa y Estados Unidos reflejan esa política.

[7] Hacemos referencia a los distintos esfuerzos de negociaciones entre el Gobierno y la Oposición propiciados por organismos internacionales, en especial por el Gobierno de Noruega.

[8][8] Llamamos sociedad civil organizada al cumulo de instituciones gremiales, colegios profesionales, asociaciones de vecinos, instituciones educativas, asociaciones de padres y representantes, debidamente elegidos y representativos de sus comunidades.