Este hecho no solo revela una vez más la ausencia de transparencia y publicidad de los actos del poder público en Venezuela, sino que también socava la seguridad jurídica y el principio de legalidad que debe regir en todo acto estatal. La falta de acceso oportuno a la publicación oficial impide a la ciudadanía conocer y ejercer control sobre decisiones que afectan directamente su vida cotidiana.

La reciente decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) marca un hito en la larga controversia en torno al papel del fiscal Karim Khan en el caso Venezuela I.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha tenido un papel importante en la manera en que el Estado venezolano se ha relacionado con los sindicatos. Aunque la Constitución de 1999 reconoció en su artículo 95 la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a organizarse de forma autónoma, las decisiones del máximo juzgado han incidido en el alcance de esa autonomía y han consolidado un marco de mayor supervisión estatal.

La autonomía de las cajas de ahorro, particularmente las constituidas por empleados públicos, enfrenta serias amenazas. Lo que en principio deberían ser asociaciones civiles sin fines de lucro, destinadas a fomentar el ahorro y otorgar beneficios a sus trabajadores afiliados, se han convertido en objeto de un férreo control administrativo y judicial.

Desde el año 2000, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha desarrollado un entramado de decisiones que inciden en la autonomía de colegios y gremios profesionales en Venezuela.

Luego de casi 2 meses de las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional (AN) y de gobernadores, el Estado venezolano volvió a celebrar comicios.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha intervenido en diversas oportunidades en los procesos internos de varias federaciones deportivas en Venezuela.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó en mayo de este año una sentencia que ha generado preocupación en el ámbito jurídico y empresarial del país.

Dos recientes hechos vulneran gravemente la autonomía universitaria consagrada en el artículo 109 de la Constitución. No se trata de hechos aislados, sino de expresiones de una política de Estado sostenida en el tiempo.