Como una ley que servirá «para reparar, perdonar y, sobre todo, mirar hacia el futuro», afirmó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez (PSUV), al describir la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática al momento de entregarla a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para su firma.

Tras revisar los 13 artículos que contiene el borrador, en Acceso a la Justicia hemos encontrado cinco debilidades que consideramos deberían ser subsanadas para asegurar el cumplimiento del objetivo planteado por la presidenta encargada.

La Constitución venezolana establece un sistema específico y obligatorio de control para los decretos que declaran estados de excepción. Conforme al artículo 339 constitucional, estos decretos deben someterse a un control dual posterior a su emisión por parte del Ejecutivo nacional.

En Venezuela no solo está vigente un estado de excepción por conmoción exterior, sino también otro por emergencia económica, que se inició el 9 de abril de 2025 y debería mantenerse en vigor máximo hasta el próximo 6 de febrero de 2026.

En el marco de la semana en la que se conmemoran el Día Internacional de los Defensores de Derechos Humanos (9 de diciembre) y el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre), resulta especialmente pertinente recordare la situación de los abogados en las Américas, entre los cuales destacan defensores de derechos humanos detenidos en Venezuela.

Infografía de la senda legal que acompaño a la realidad económica venezolana durante el 2025.

El anuncio realizado el 29 de septiembre de 2025 por la vicepresidenta ejecutiva de que el primer mandatario nacional había firmado un decreto de estado de conmoción exterior que «sería activado» en caso de una agresión militar, abrió un debate inmediato sobre su existencia real y sus implicaciones jurídicas.

El Ejecutivo nacional anunció recientemente la designación de «padrinos y madrinas» por estado, una figura no prevista en el ordenamiento jurídico venezolano.

Este hecho no solo revela una vez más la ausencia de transparencia y publicidad de los actos del poder público en Venezuela, sino que también socava la seguridad jurídica y el principio de legalidad que debe regir en todo acto estatal. La falta de acceso oportuno a la publicación oficial impide a la ciudadanía conocer y ejercer control sobre decisiones que afectan directamente su vida cotidiana.

La reciente decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) marca un hito en la larga controversia en torno al papel del fiscal Karim Khan en el caso Venezuela I.