Lo señalado en el título guía la reflexión de más de un avezado analista al abordar fenómenos políticos que son complejos e inciertos y que no están del todo claros en sus propósitos ni en sus fines ulteriores. Y, como la política es, por antonomasia, una práctica orientada a la conquista, ampliación y preservación del poder, tal recomendación invita a poner los pies en tierra y descartar promesas esgrimidas para engañar, acariciando nuestros deseos. La consigna abandera, pues, actitudes cínicas, contrarias a la asunción de candideces acerca del por qué de las cosas, de sus motivaciones, que suponemos se basan en un deber ser éticamente legítimo con cuya intencionalidad podemos coincidir.
El lema viene a colación con relación al proceso de negociación iniciado este primero de agosto entre representantes de la oposición y del régimen postmadurista, a instancias del Departamento de Estado de EE. UU. En absoluto pretendo desvirtuar este proceso, ni descartar la significación que pueda tener para la tan necesaria transición a una democracia plena. El deseo de la inmensa mayoría de los venezolanos es que contribuya con los objetivos para los cuales fue, pretendidamente, convocado: iniciar el rescate de las instituciones sobre las cuales podrá asentarse la soberanía popular, base para aunar las voluntades necesarias para la recuperación de nuestro tan golpeado país. Pero para que rinda tales frutos, no está demás alertar acerca de intereses que pueden descarrilar esos fines. Y, por no sentirnos duchos en el análisis de estos intríngulis políticos, la consigna nos sirve de orientación.
Tan antipática admonición cobra relevancia cuando repasamos quiénes son los que habrán de tomar las decisiones pertinentes. Cabe señalar que las expectativas creadas en torno a la actual negociación se nutren del papel determinante que se percibe tendrá la tutela estadounidense. Especulemos, entonces, acerca de los alcances e inclinaciones de tan principalísimo actor. Arrastramos desde nuestros inicios como país un imaginario que sitúa a la potencia del norte como referencia fundamental de lo que debe ser un régimen de libertades, asiento de una sólida democracia. Conforme a esta visión, la tutela de EE. UU. se concibe como garante de que la negociación llegue a buen puerto, si acaso no con la premura deseada. Parece iniciar la fase de “transición” de las tres que mencionó a comienzos de año, Marco Rubio, para legitimar el protectorado gringo que fue instalado en el país.
El problema está, empero, en que no parece existir ese plan cuidadosamente preparado de antemano en el que se supone todo encaja, sino un conjunto de intereses diversos que se mueven, indicando prioridades que pueden no ser las deseadas. Destaca el interés geopolítico de hacer de Venezuela un proveedor estratégico de crudo, libre de las convulsivas fuentes de Oriente Medio. Rescatar el papel de factoría petrolera mientras se procura marginar la influencia de China y Rusia parece, a posteriori, haber sido el objetivo de Trump con la operación “resolución absoluta” que capturó a Maduro. Este fin precisa de dos condiciones: seguridad y estabilidad interna. A los ojos de Trump, el interinato que designó para “gobernar” está haciendo un buen trabajo –”She`s doing a fine job”-- en ambos aspectos. Hasta el punto de autorizar operaciones militares gringas en territorio nacional, compartiendo fuentes de inteligencia, para exterminar al “Niño Guerrero” en Bolívar. Las ”gloriosas” FF. AA. nacionales anuentes. Preocupa, sin embargo, la confusión de tal obsecuencia con estabilidad, ya que alimenta lo contrario. Junto a la desidia e incompetencia puesta de manifiesto por el interinato ante la tragedia del doble terremoto, la destrucción de los servicios públicos a lo largo de estos años y la conversión del Estado en instrumento para el control y la represión de la población, el repudio de su gestión es mayoritario. Además, por ser ilegítima. La estabilidad, en este contexto, sólo puede lograrse con la convocatoria, cada vez más imperiosa, de elecciones confiables que reinstalen la soberanía popular.
Se nos dirá que eso es, precisamente, lo que lleva a Marco Rubio a conminar a Jorge Rodriguez a reunirse con el equipo que coordina Dinorah Figuera para acordar el rescate de instituciones que permitan la realización de tales comicios. Recordemos que se había negado a ello días antes. Pero entonces, ¿por qué marginar a la principal fuerza opositora, la que representa el liderazgo de María Corina Machado, que le daría mayor legitimidad, credibilidad y robustez a lo acordado?
Por otro lado, inquieta el protagonismo adquirido por personajes como Alejandro Betancourt en la comercialización del petróleo venezolano que se viene produciendo bajo el escudo protector de Donald Trump. Más aún, la ausencia de transparencia sobre los destinos de esos proventos, administrados por la Tesorería de EE. UU., se presta a mucha suspicacia. Sucesivas interpelaciones realizadas en el congreso estadounidense a funcionarios del Depto. de Estado para conocer esta información, incluyendo al propio Rubio, han sido insatisfechas. ¿Qué esconden? ¿Por qué? ¿Qué intereses se mueven detrás de tal proceder? El descarado patrimonialismo exhibido por Trump en su gobierno y su notorio desdén por observar reglas de juego de un Estado de Derecho apegadas a consideraciones éticas, siembra dudas sobre sus pretensiones respecto a Venezuela. Identificar a nuestro país como el estado 51 de la unión, ¿es sólo una broma de mal gusto?
Luego están los intereses que mueven al triunvirato de los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello. Aquí no hay que abundar en explicaciones, pues los venezolanos conocemos muy bien, por haberlas sufrido en carne propia, sus intenciones. Se resumen en su obcecación por mantener el poder, ahora por dos razones básicas: primero, la impunidad que les confiere ser reconocidos por Trump, hasta el punto de haber requerido a un tribunal de Florida para que desistiera en admitir una acusación civil contra Delcy Rodríguez por los crímenes del régimen madurista, ya que es “jefe de Estado”, y segundo, mantener hasta donde sea posible el tinglado de complicidades necesarias para seguir contando con apoyo de factores claves del poder chavista, en particular, de los militares corruptos. No hay interés sincero alguno en acordar condiciones para el rescate institucional ni para realizar elecciones creíbles. Son cuchillos para su propia garganta. Su desafío político no es cómo conquistar apoyos para futuros comicios, sino cómo equilibrar la atención a esos factores de poder con el cumplimiento, de manera obsecuente, con los mandatos del imperio. Les favorece el hecho de que la matriz populista, fascistoide, de ambos actores –madurismo y MAGA– faciliten tal conciliación. En fin, hablan el mismo lenguaje. Pero no augura nada bueno para una pronta transición a la democracia.
Total, la adopción de una actitud constructiva por parte del Rodrigato parece depender de que Marco Rubio les tuerza el brazo para que entren en razón. ¿Estará dispuesto a ello?
Lo comentado compromete significativamente el campo de acción de la representación opositora en esta negociación. Debe resistir la tentación de creerse los escogidos por la providencia para conducir el cambio, cuando el protagonismo al respecto, reside en la voluntad popular mayoritaria a la que se le ha robado sus derechos de expresión y actuación. Pone en el centro del debate la habilitación, cuanto antes, de esos derechos, en consulta con el liderazgo que representa María Corina Machado. Un paso primordial es lograr que sean liberados los centenares de presos políticos que aún permanecen y se margine a los esbirros más conspicuos del fascismo madurista. Es garantía para el reencuentro de MCM, EGU y de muchos opositores exiliados con la población, in situ, para poder aunar esfuerzos en respuesta a los graves problemas que deben superarse. Eslabón fundamental es acordar una fecha, no lejana, para la realización de comicios presidenciales y legislativos creíbles. Son clave para un rescate institucional capaz de abrir las puertas a la reforma del Estado, a la reestructuración satisfactoria de la gigantesca deuda pública y a la generación de la confianza necesaria para atraer inversiones y financiamientos, como la voluntad de tantos venezolanos de la diáspora por aportar. Central es la escogencia de un ente rector (CNE) confiable con la solvencia ética para acometer esas elecciones. Convencer de ello al tutor, hace imprescindible a.la plataforma unitaria, con María Corina.
Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela
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