Cuando Venezuela se asomaba al mundo moderno, en la década de 1940, surgieron ideas y organizaciones más marcadas por la ideología, que por el sentido común. Una de las más populares fue aquella del “Estado Docente”, es decir el control de la educación por el gobierno de turno. Otra, que venía del siglo XIX y se le atribuye a Guzmán Blanco, era la gratuidad de la enseñanza. Con el tiempo y la nefasta experiencia de las dictaduras, que han marcado algo así como el 80% de nuestra historia, pensamos que con nuevas leyes, incluyendo la autonomía universitaria, se podían alcanzar metas adecuadas en materia educativa. Pero, sin negar que aumentó notablemente el número de escuelas, liceos y universidades, nuestra sociedad fracasó, a la par de sus gobiernos, en crear un sistema sólido, de calidad y competitivo. Sacrificamos calidad por cantidad.

Es que resulta muy difícil crear un paraíso dentro del infierno y al arrastrar serias carencias, y crear nuevas, resultaba muy difícil generar ideas claras sobre la educación y su indispensable vínculo con la economía. Algunas son notables como las “escuelitas rurales” que, con raras excepciones, eran construcciones baratas y primitivas, bloques perforados para ventilación, techos de zinc, mobiliario elemental y adentro un maestro mal pagado tratando de transmitir conocimientos en el seno de un clima caluroso y húmedo, plagado de mosquitos y con su voz atenuada por el ruido de la lluvia sobre el techo de zinc. En muchas ciudades también se improvisaron centros educativos en casas antiguas o nuevas, pobremente diseñadas y a veces mal construidas. No podían esas construcciones dotar al estudiante de un horizonte de vida mejor que el de su propia y humilde vivienda.

No fue muy distinto el criterio utilizado para dispensarios o sedes de organizaciones gubernamentales que hasta hoy persisten. Mientras tanto en los países que hoy llamamos desarrollados y que no lo eran tanto hace 50 o 100 años, se construían escuelas con otros criterios arquitectónicos y se formaban docentes para ser líderes de la sociedad. Puedo recordar escuelas, primarias y secundarias rurales en esos países con estructuras de ladrillo y vidrio, biblioteca, piscina, aire acondicionado, buena iluminación, campo deportivo, buenos muebles, baños limpios y laboratorios. Competían los gobiernos locales, nacionales y el sector privado, con menos leyes y más libertad, por ofrecer educación de calidad. Aquí, sin duda crecimos, aumentó el número de estudiantes y docentes, pero no progresamos lo suficiente por carecer de visión y ambición. Pobres escuelas para los pobres y, debemos admitir, destellos, como algunos liceos bien construidos y dotados como el Andrés Bello y el Fermín Toro en Caracas para citar algunos.

A la educación universitaria le fue mejor. Fue factible, a partir de la década de 1950, hacer cosas como la Ciudad Universitaria para albergar a la UCV y se dotaron bien las instalaciones de la ULA, UDO, UC, USB y otras. La nueva Ley de Universidades de 1958 le dio un buen impulso a nuestras principales casas de estudio y a la par se desarrollaron universidades privadas. Pero ideologías trasnochadas, política, compadrazgo, gremialismo mal concebido, aislamiento del sector privado y el control gubernamental a través del presupuesto, fueron erosionando un sistema que creció en cantidad y calidad hasta 1978. Hoy el sistema está deteriorado al extremo, buena parte de la infraestructura está destruida, han migrado miles de docentes e investigadores porque el populismo y la corrupción, que en todas partes existe, pero no domina, se impuso sobre la calidad.

Esas cosas las conversamos en un grupo de opinión denominado Nueva Universalia, profesores universitarios preocupados por el futuro, pero obligados a atisbar al pasado. Existen frases crueles para describir lo ocurrido, una, común en lo cotidiano, reza así: “es que tiene un rancho en la cabeza”. Pero ¿por qué elegimos gente que tiene un rancho en la cabeza para gobernarnos? Quizás los años de bonanza se nos fueron en vivir mejor que las generaciones precedentes que nacieron en una Venezuela pobre que venía de ser una colonia muy pobre, en lugar de hacer un esfuerzo por inscribirnos en el pujante siglo XX. Ojalá que de esta crisis, la peor que hemos tenido desde la Guerra Federal, nos hayan quedado lecciones para el futuro, que necesitamos más baños en las escuelas, maestros y profesores bien pagados, capacitados y estrictamente supervisados -en lo que al conocimiento concierne- y menos citas de textos o cuadros de algún prócer matizando las paredes.

Las universidades, como el resto del país, viven una crisis aguda. No hay exageración al utilizar adjetivos como destrozadas. Los daños a sus infraestructuras son severos, han sido víctimas de vandalismo y abandono por falta de recursos. Pero además, su núcleo fundamental, el profesorado, ha sido agredido desde ángulos diversos. Sus remuneraciones son miserables, las condiciones de trabajo –presenciales o virtuales- son pésimas y además una fracción importante de los investigadores y docentes han migrado a otros países. La UCV se prepara para conmemorar el tercer centenario de su fundación y reflexionar un poco sobre ella, y las restantes universidades similares, está en orden. Existen muchos profesores que, en forma individual o en grupos de reflexión, claman por cambios e innovación en nuestras máximas casas de estudio y están conscientes que la responsabilidad fundamental descansa sobre ellos.

La tragedia universitaria no sólo es consecuencia del brutal empobrecimiento del país, sino también de la aplicación de políticas explícitas del gobierno destinadas a su reducción en tamaño y calidad. Peor aún, han obligado a muchas autoridades a perpetuarse en sus posiciones a través de instrumentos legales que han impedido la realización de elecciones dentro de lapsos y con procedimientos que formaban parte de la cultura determinada por los acontecimientos de 1958. Sin duda el mundo cambió vertiginosamente desde la aprobación de la Ley de Universidades de 1958 y las formas de gobierno establecidas. Es tan obvia la necesidad de cambios importantes al interior de las mismas, como la de elegir nuevas autoridades. Sin embargo, nada gana la institución con elecciones rectorales y de otro tipo, si las mismas no están basadas en propósitos destinados a mejorar la calidad de la enseñanza, la investigación y el vínculo con la sociedad.

La enumeración de los cambios requeridos es muy larga para profundizar sobre cada una de ellas en un artículo, pero podemos mencionar algunas y pedirle al profesorado que medite sobre ellas ya que son indispensables para su persistencia. Todas parten de la necesidad de una misión y una visión donde la excelencia, los méritos académicos acumulados y el afán de libertad constituyan el norte, como ocurre en las universidades de prestigio de otras latitudes, donde nadie cuestiona su importancia para la sociedad. Universidades cuyo papel no se limita a la formación de profesionales, sino que son incubadoras del liderazgo nacional.

En principio nueve propuestas, que apenas son una lista para meditar y perfeccionar.

1. Crear relaciones sostenibles con la comunidad empresarial y las administraciones locales y regionales (gobierno-instituciones generadoras de conocimiento-empresas) y para ello crear, fundaciones, organizaciones y grupos de reflexión, destinados a financiar proyectos destinados a mejorar la calidad y cantidad de la producción nacional y los servicios, así como a participar activamente en el diseño de una nueva y moderna universidad;

2. Fortalecer los estudios de postgrado –maestrías y doctorados- como fuente de capital humano para la docencia y la investigación, y -especializaciones- como respuesta efectiva para solventar los grandes problemas de los sectores productivos y sociales;

3. Innovar para crear carreras de vanguardia, complejas y multidisciplinarias ajustadas a las demandas del siglo XXI y las tecnologías correspondientes;

4. Crear enlaces efectivos a través de redes con proyectos nacionales o internacionales tanto educativos como de investigación;

5. Una política explícita destinada a la actualización y educación continua del profesorado;

6. Una política y acciones concretas para la integración con los profesores destacados que han emigrado;

7. Ajustar los programas de becas estudiantiles basadas en méritos y resultados para asegurar la posibilidad de una dedicación plena al estudio sin agobios socioeconómicos que lo impidan;

8. Crear programas temporales, basados en la excelencia y trayectoria de los docentes activos y jubilados – que puedan ser reincorporados- destinados a mejorar sus condiciones de trabajo e ingresos mientras persistan las dramáticas condiciones económicas del país y

9. Un serio y formal compromiso para construir un nuevo cuerpo de leyes y normas destinadas a la modernización institucional.