A pesar de la crisis en la que sumió a la humanidad la invasión de Putin a Ucrania y la respuesta de Occidente a esa siniestra aventura, debemos volver a ocuparnos de los temas, quizás más modestos, pero igualmente vitales para nosotros: cómo despojarnos de este régimen de oprobio.

Consecuente con la opción que predico −la vía electoral−, lo que se aproxima en el horizonte es la elección presidencial de 2024.

He sostenido que el camino que nos lleva al 2024 es un camino pedregoso, lleno de incertidumbres y obstáculos y que presenta al menos tres dificultades graves −a dos de los cuales ya me he referido en artículos anteriores−: La selección de un candidato único por un mecanismo aceptado por todos; la unidad de los partidos, previa revisión, legitimación o reorganización de los mismos y sus líderes; pero a la tercera dificultad es a la que quiero referirme hoy: la definición de una oferta electoral, propuesta o programa, que entusiasme al país.

Lo primero a aclarar es un malentendido común: eso de que la oposición no ha concretado su triunfo, entre otras cosas, por carecer de una propuesta alternativa al país.

Nada más falso que esa afirmación, pues la oposición a lo largo de estos 22 años de lucha contra la ruina actual, no solo una, sino varias son las propuestas alternativas que ha planteado. Esas propuestas las han divulgado y defendido los candidatos ‒a la presidencia, a gobernaciones, a alcaldías o a diputados‒ y también lo han hecho las organizaciones políticas que componen la hoy vilipendiada MUD, además de grupos de economistas identificados con la oposición, organizaciones empresariales ‒Fedecámaras, Conindustria, cámaras regionales− aun cuando no entren en la disputa por el poder y hasta la Iglesia Católica, que no es propiamente una organización de oposición, aunque en ocasiones ha sido la más contundente opositora a este régimen de oprobio.

Las propuestas alternativas se han presentado en lo político, lo jurídico, lo social, la seguridad personal y pública; en materia agrícola y ganadera, turismo, educación, desarrollo tecnológico, el desarrollo de determinadas regiones, para industrializar y reindustrializar el país, con relación a las empresas del estado −las de Guayana y las estatizadas‒, en materia cambiaria, con relación a la industria petrolera; en fin, se ha cubierto todo el espectro de la vida pública nacional con propuestas alternativas al fracasado socialismo del Siglo XXI.

Esas propuestas han ido desde lo más general −alternativas al sistema socialista, contraponiéndole un sistema de mercado o capitalismo social y humano−; hasta lo más concreto e inmediato, como ya mencioné: alternativas cambiarias, medidas antiinflacionarias o contra la escasez, pasando por la defensa a la propiedad privada, el estado de derecho, la regionalización, la democracia, etc. Más bien el problema por momentos parece ser que son demasiadas propuestas, no es por falta de ellas.

Por tanto, la afirmación de que la oposición no tiene una propuesta parece más bien una estrategia mediática del régimen o de los opositores de la oposición; o, para darles algún crédito, la de algunos voceros opositores, un tanto ingenuos.

¿Qué tanto cala esa afirmación −la oposición no tiene una propuesta− en el pueblo? Hace años dije que era algo que estaba por verse. Hoy, no creo que sea así y debemos lamentar, a juzgar por los resultados, que nuestras propuestas no han calado y lo que si lo ha hecho, es sin duda, el “discurso” del régimen.

El “discurso”, en este caso, es eso que hoy llamamos la “narrativa” y que algunos −como el publicista Aquiles Este, hace ya varios años− lo comparan con un “virus”, que ha sobrevivido varios siglos, que aquí recibió fue bautizado por Hugo Chávez con el pomposo nombre de “Socialismo del Siglo XXI” y que hoy resurge, nuevamente remozado, con su verdadera esencia, como “populismo”, de izquierda y de derecha. Pero hoy, debido a la desgracia del coronavirus, estamos en mejores condiciones de entender y explicar cómo mutan y se adaptan los virus para seguir haciendo estragos, como el perverso y destructivo socialismo del Siglo XXI.

Ese virus del populismo, que ha mutado a lo largo de la historia y se ha convertido en fascismo, socialismo, comunismo, estalinismo, peronismo, velasquismo, castrismo, chavismo y un largo etcétera, sobrevive manteniendo su estructura básica, que aparece y reaparece con líderes mesiánicos, salvadores de turno, pero con un mismo o parecido discurso, que podemos resumir así:

Nosotros somos un país rico, vivíamos felices, teníamos perlas, cueros, ganado, cacao, café, ahora tenemos petróleo, minerales; y vino el imperio ‒el español primero y luego el norteamericano‒ y sus secuaces y nos quitaron nuestra riqueza y nos hicieron pobres; pero yo ‒dice el líder populista‒ voy a salvarte, a devolverte lo que es tuyo, arrebatándoselo a ellos y dándotelo de vuelta a ti, sin que tengas que hacer nada, pues solo por ser venezolano mereces “la mayor suma de felicidad posible”.

Como vemos, es un discurso simple, cerrado, redondo y perfecto. Y ese es el problema a vencer. No se trata simplemente de una propuesta −que como vimos tenemos de sobre−, se trata de vencer ese discurso, que muta, se transforma en boca de los lideres populistas de turno, que tiene profundas raíces, históricas, y que es fácil de tragar y tan difícil de derrotar: ¿Quién no está de acuerdo con un discurso así?, ¿Con una propuesta como esa, según la cual todo lo merezco y nada tengo que hacer, sino esperar a que me restituyan lo que en derecho ya es mío y me fue arrebatado inescrupulosamente?

En efecto, nadie en la humanidad se ha sumado o emprendido grandes luchas y transformaciones por leer unas cuantas cuartillas de propuestas, números y ejemplos. Por ejemplo, ningún obrero en la Europa de finales del siglo XIX abrazó la idea del socialismo por leer los tres tomos de El Capital de Carlos Marx o los tres tomos de “Elementos fundamentales para la crítica de la economía política de 1857-1858”; ningún “proletario” se sumó a la causa bolchevique por leer de Lenin el “¿Qué hacer? o “El imperialismo, fase superior del capitalismo”.

En un contexto distinto, Nelson Mandela nunca explicó en detalle su eslogan de “Una mejor vida para todos”, pero el pueblo sudafricano se sumó masivamente a su campaña para llevarlo a la presidencia de Sudáfrica, guiados por su ejemplo de vida y su sacrificio personal de 27 años de cárcel.

El breve discurso “Yo tengo un sueño” de Martín Luther King y su involucramiento personal en la lucha por eliminar la discriminación y segregación racial en los Estados Unidos, tuvieron más impacto en arrastrar seguidores a su causa, que sus más de 20 libros; todos los que se sumaron a las causas que emprendieron los mencionados, lo hicieron porque se sintieron impulsados por la fogosidad de sus discursos en defensa de los desposeídos, los desclasados o los segregados y discriminados y por la intuición de que allí podrían encontrar una solución a sus penurias y la justicia que de otra forma se les negó.

De manera que es allí donde está el problema de la oposición. No es en la falta de propuestas. Es en no contar con lideres y partidos cuya moral y ejemplo expresen y representen las aspiraciones populares con un “discurso” alternativo, igualmente fogoso. Tenemos un discurso coherente, descriptivo y técnico, pero no emotivo ni entusiasta, que le llegue al pueblo de manera eficiente y eficaz, que articule todas esas propuestas que ya ruedan hace tiempo y las convierta en un discurso simple, tan atractivo y emotivo como el discurso populista del régimen; pero, sin parecerse a él, sin imitarlo, sin pretender sustituirlo por otro discurso igualmente populista.

Yo no tengo una propuesta de mensaje alternativo, y creo que nadie tiene una “fórmula” para entusiasmar al pueblo con unas determinadas líneas. Además del trabajo que se pueda −y deba− hacer de investigación lingüista −del tipo que hacen las empresas publicitarias o de imagen para determinar los contenidos semánticos que mejor expresen una determinada idea o producto−, se trata sobre todo de realizar una tarea sistemática de investigación, a partir de la labor de los dirigentes y militantes de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la tarea política, en su trabajo cotidiano con la gente, para determinar sus necesidades, la forma de enfrentarlas y sobre todo la manera de explicarse el mundo, el lenguaje que utilizan para ello.

Esa es la tarea difícil, que hay que comenzar a emprender de inmediato, una vez que se cumpla la necesaria revisión interna de los partidos y el liderazgo, de la que tanto se habla.

Politólogo

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Hay cosas de las que es necesario hablar a pesar de que algunas personas no les gusta que se las mencionen. Son temas delicados, dada la polarización política extrema en la que nos desenvolvemos y que ahora también exacerba la visión que tenemos de la política norteamericana.

Al observar la discusión política de esta última semana me viene a la mente una pregunta: ¿Cómo se resolvían las cosas en la “otra” Venezuela? La pregunta no es capciosa, porque aquí hubo otra Venezuela, una Venezuela que probablemente no conocen los menores de 30 años −más del 26% de la población−, que solo han vivido en el bochornoso régimen de oprobio que se instaló en el país desde 1999.

En esa otra Venezuela vivíamos bajo un régimen democrático – imperfecto, pero democrático. Y había las instituciones propias de un régimen democrático; había división de poderes, con un poder ejecutivo encabezado por el Presidente de la República y su gabinete de ministros; había un poder legislativo con un Congreso de dos Cámaras, en donde había control político del gobierno, debates y discusiones políticas sobre todos los aspectos de la vida nacional. Había un poder judicial encabezado por una Corte Suprema de Justicia en donde se controlaba la justicia del país y se tomaban decisiones que algunas veces afectaban a los demás poderes; por ejemplo, se enjuició y propició el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a algunos diputados y senadores, e incluso se llegó a tomar la decisión de enjuiciar a un Presidente de la República en ejercicio y se precipitó su renuncia al cargo.

Es decir, existía un régimen imperfecto, que en lo económico trataba de garantizar igualdad de oportunidades y en lo político ofrecía la posibilidad de luchar y alcanzar el poder, desde cualquier posición u opción, como se vio en la alternabilidad de la presidencia y hasta en el triunfo de quien llegó amenazando con destruir todo −y lo hizo−; un sistema que contaba con partidos políticos, aproximadamente los mismos que tenemos hoy en día, pero que llegaban a acuerdos, que pactaban, porque para eso son los partidos políticos, para luchar por el poder y además para defender y negociar los intereses que legítimamente representan, para llevar adelante sus objetivos e intereses de sus seguidores y aceptar que los otros, aunque queden en minoría, también puedan defender los suyos.

Esa es la otra Venezuela; no la sórdida que tenemos ahora y no es que la lloremos, porque como bien señalé tenía sus imperfecciones, algunas muy gruesas, pero funcionaba la política, cumplía su función regulatoria del poder y la de conseguir que se llegara a acuerdos para que todos pudieran expresar y defender sus intereses.

En otras palabras, se negociaba, se establecían pactos entre los partidos políticos, para gobernar, o para regular y controlar a quien gobernaba, se pactaban en el Congreso el presupuesto, las leyes, las políticas, la composición de la Corte Suprema de Justicia, la designación de altos funcionarios, como el Fiscal General, el Contralor o la composición de los organismos electorales, etc.; sí, se pactaba, porque eso es la política: negociar, pactar. Negociar no es sinónimo de corrupción, de arreglo deshonesto, negociar es la esencia del ser humano que acepta sus limitaciones, que sabe que puede estar equivocado y sobre todo, que reconoce los derechos de los otros seres humanos.

Todo este largo rodeo viene a colación por lo que está ocurriendo en este momento en el país, donde todo se convierte en un escándalo y un exabrupto, donde cualquier intento de negociar es satanizado; cualquier intento de ponerse de acuerdo es visto como un acto de suprema corrupción.

Tomemos el caso más reciente, el de un grupo de funcionarios norteamericanos que vinieron a reunirse con diferentes personas en el país, con Nicolás Maduro y algunos de sus funcionarios, con el presidente Guaidó y con representantes de los partidos políticos y obviamente hablaron de diversas cosas, de lo cual no se tiene mayores conocimientos o si se llegó o no a algunos acuerdos que, pues aún no ha trascendido mucho de lo que finalmente se acordó.

Únicamente sabemos que tras la visita fueron liberados uno de los seis gerentes de Citgo, presos injustamente desde hace tiempo, más un turista cubano estadounidenses.

Tras la reunión, se produjo un comunicado del Gobierno Interino, explicando lo ocurrido y una declaración de Nicolás Maduro, en la que tras reconocer la reunión anunció su disposición de reanudar las negociaciones –cosa que por cierto ha dicho en varias oportunidades, sin que haya ocurrido nada− y se supone que en México, aunque eso no está muy claro; lo que sí manifestó fue su deseo de que se amplíe la composición de la delegación opositora en cualquier negociación.

Desde luego, la visita y la negociación que se llevó a cabo y los supuestos acuerdos a los que se llegó, fueron de inmediato satanizados y calificados con todo tipo de epítetos, tanto hacia los miembros de la oposición democrática, como hacia el gobierno de los EEUU.

Algunos han visto lo ocurrido con la visita con bastante recelo. Algunos lo ven con escepticismo, a otros les parece muy bien; pero, otros se han rasgado las vestiduras y algunos claramente han mentido acerca de la naturaleza de esta misión norteamericana, acerca de sus objetivos, acerca de lo que lograron y acerca del precio que tendrá que pagar la oposición venezolana, y el país en general, por los supuestos acuerdos a los que se llegó, aunque nadie sepa exactamente cuáles son. La opinión se ha formado sobre la base de elucubraciones y en algunos casos, sobre medias verdades o claras mentiras, con el objetivo político de desprestigiar más a la oposición democrática, al Gobierno Interino y a Juan Guaidó y en algunos casos al Gobierno de Biden.

Lo peor es que de nada sirve aclarar, pues ya hay una matriz de opinión formada sobre la base de elucubraciones e información parcial. De nada sirve aclarar que quienes vinieron fueron el Embajador James Story; Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental y Asesor Especial de la Casa Blanca para América Latina y Roger Carstens, enviado presidencial especial para asuntos de rehenes.

En todo caso no había funcionarios de empresas petroleras; de nada sirve decir lo que explican los expertos petroleros −que sí conocen de la materia− que el régimen venezolano, ni reuniendo todo el petróleo que le sobra y lo que vende a Cuba, está en capacidad de cubrir esos 300 mil barriles sobre los que se especula, ni en la posibilidad de producirlos de manera inmediata o en el mediano plazo

(Tampoco nadie explica porque los EEUU va a venir a buscar petróleo a un país con un gobierno hostil, enemigo declarado suyo, teniendo un vecino en el norte, Canadá, que le puede ofrecer todo el petróleo que necesite).

De nada sirve decir que hasta el momento lo único concreto que se ha visto es la liberación de dos de seis presos por el caso Citgo (y que son una minucia en comparación con los más de 300 presos políticos que hay en el país) y que el gobierno de Maduro, una vez más, de tantas que lo ha hecho, dice que va a sentarse nuevamente a negociar.

De nada sirve aclarar, como lo hizo la Subsecretaria de Estado, Victoria Nuland en el Congreso de los EEUU, que esta visita se coordinó desde Bogotá con la oposición con cuyos representantes se reunieron primero en Bogotá y luego aquí con Juan Guaidó. De nada sirve decir, como ha dicho el gobierno de Biden que no han comprado petróleo a Venezuela y que no tienen pensado hacerlo próximamente, etc.

Pero la verdad es que me ha parecido muy “característica” −y a la vez deprimente− toda la discusión y argumentación sobre la visita de la delegación norteamericana y que se reuniera con Nicolás Maduro.

Si es verdad lo que se ha especulado −y sobre lo que algunos han mentido− que vinieron a: 1) negociar petróleo, 2) liberar a los presos de Citgo; o/y 3) presionar para que Maduro continúe negociando en México −una de las tres cosas o las tres cosas− ¿Por qué se sorprenden que se hayan reunido con Maduro?, ¿Con quién iban a hablar? ¿Quién les puede vender petróleo? ¿Quién tiene presos a los de Citgo y cientos de presos políticos más? ¿Quién es, sino Maduro, quien no quiere seguir negociando con la oposición?; y por último, de todas maneras, a los que no creen en Guaidó, ni en el Gobierno Interino, ni en el G4, ¿Qué les importa si la delegación norteamericana se reunió o no con ellos?

En resumen, lo que sabemos por fuentes distintas −prensa nacional e internacional, el gobierno de los EEU, el gobierno de Juan Guaidó y el gobierno de Nicolás Maduro− es:

– que un grupo de altos funcionarios norteamericanos hicieron una visita a Venezuela;

– que vinieron a tratar asuntos energéticos y otros temas, como parte del plan del gobierno norteamericano de aislar al gobierno de Putin;

– que la visita fue preparada hace tiempo en Bogotá y consultada con lideres de la oposición democrática, antes de realizarse;

– que se entrevistaron con Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno y con Juan Guaidó y miembros de la oposición venezolana;

– que después de la visita Nicolás Maduro liberó a dos de los seis rehenes o presos de Citgo que tiene en su poder y anunció su disposición a continuar negociando con la Plataforma Unitaria;

– que el Gobierno de Biden, tras la visita, anuncio que únicamente sigue reconociendo a Juan Guaidó como el legítimo Presidente de Venezuela; y

– que no ha comprado ni piensa por lo pronto comprar petróleo a Venezuela y tampoco levantar sanciones si no hay avances en las negociaciones en Venezuela entre el régimen de Maduro y la Plataforma Unitaria.

Claro, se bien que siempre habrá quien diga que nada de esto es cierto y que todo es para disimular.

A lo mejor es una ingenuidad de mi parte pero permítanme pensar fuera de la caja, como dicen los anglosajones. ¿Cabe la posibilidad de tener un pensamiento positivo acerca de la intención de la Administración Biden al reunirse con Nicolás Maduro?

Por ejemplo, conocido el manifiesto interés de Maduro de negociar directo con los EEUU, tratar de reducir las sanciones y dado que fue él quien solicito esta reunión: ¿Es posible pensar que el Gobierno de Biden decidiera aprovechar la coyuntura para rescatar a los presos de Citgo, presionar a Maduro para que aceptara negociar en México, de una manera más flexible y se lograra unas elecciones libres?, ¿O ese pensamiento está negado, pues rinde mejores dividendos políticos, aquí y allá, afirmar que fue una negociación, a espaldas de la oposición? ¿Qué no fue más que una negociación de petróleo por sanciones y que todo lo demás −la liberación de los presos de Citgo, reanudar negociaciones en México, o donde sea, etc.− fue algo colateral o para disimular?

Como quiera que haya sido esta misión norteamericana para mí está claro que vinieron hacer algo que nos hace falta hacer en el país: política. Vinieron a hacer política, vinieron a negociar, vinieron a llegar a acuerdos; el problema es nuestro, pues para nosotros todas esas son malas palabras, más allá de que no se haya conducido la información de la forma más adecuada por los dirigentes opositores, que tenían y tienen el deber de informar.

Politólogo

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Obviamente es un deber comentar sobre la criminal invasión de Ucrania por las tropas de Putin, aun cuando sea difícil hacer un aporte original a todo lo ya dicho, pues, de entrada, confieso mi ignorancia en materia de historia rusa y sobre todo ucraniana. Lo único que quiero es rechazar la invasión y mostrar mi indignación por la agresión del ejército de Putin al pueblo ucraniano.

Debo reconocer que −gracias a la erudición de cantidad de personas que no me imaginaba que tenían conocimientos tan prolijos y profundos sobre estos temas− se me han aclarado cantidad de detalles que ignoraba; por ejemplo, sobre Hitler y los orígenes de la segunda guerra mundial −la toma de los Sudetes (?)−; ni que decir de todo eso del origen de Rusia en el Rus Kiev (?), mucho menos la diferencia de la palabra Kiev, de origen ruso, de la Kyiv, de origen ucraniano, que según parece es la forma correcta o “polite”” −disculpen el anglicismo− de llamar a la Capital de Ucrania;

Mis comentarios −ilustrado por la cantidad de informes, artículos, análisis, opiniones, mensajes, videos, etc. que he leído desde que se inició el conflicto−, tienen en verdad su “inspiración” y origen en la indignación que me produjeron unas declaraciones atribuidas a Donald Trump −que hacen hervir la sangre a cualquier desprevenido−, en las que califica a Putin de “genio” y justifica su hazaña invasora.

Si tenía alguna duda −o más bien educada consideración− acerca de la insania mental del expresidente norteamericano, Donald Trump, ya no la tengo. Tampoco dudo ahora que −por supuesto− es verdad eso de que Putin debe ser su socio de negocios, al que trata de ayudar y que para hacerlo, −él y algunos de sus seguidores− no tienen escrúpulos para pasar por encima de su país, porque en realidad personas así no tienen país, ni nacionalidad, ni raíces, ni nada, lo que les importa es su bienestar y su dinero, todo lo demás es fantasía.

Tampoco me sorprende lo que piensan algunos seguidores de Trump, o personajes de la farándula hollywoodense de quienes se sabe bien su apoyo a regímenes como el de Hugo Chávez, como Oliver Stone, cuyas declaraciones justificando la acción de Putin, han circulado por las redes.

Lo extraño es que no hayan aparecido otros, como Sean Penn o el inefable Danny Glover −que aún nos debe una película sobre Haití, por cuya filmación no realizada recibió una jugosa cantidad de dólares del régimen de Hugo Chávez−; pero, más interesante que la opinión de esos conspicuos directores y actores, es saber qué les pasa por la cabeza a quienes defienden y justifican acciones como las de Putin −en Crimea, Bielorrusia y ahora en Ucrania−, porque por ej. “los EEUU son también imperialistas” y han sido “invasores”.

No recuerdo a los que revisten de excusas de este tipo lo ocurrido o apelan a razones “geopolíticas”, haber escuchado esas mismas justificaciones y razones en contra de Rusia o la URSS cuando el invasor o agresor ha sido los EEUU o algún país occidental. Nos queda la satisfacción de saber que a esos que justifican acciones como las de Putin, son a los que se les ven las costuras pro totalitarias.

Pero ya que mencioné más arriba la palabra “fantasía” en el caso de Trump, sin ofender a nadie, debo decir que de todas maneras, no compro eso que dicen algunos, que Trump es un “ruso infiltrado” o un “agente ruso” en la política de los EEUU, por la simple razón que esos individuos no le tienen lealtad a nada, ¿Por qué la habrían de tener a Rusia, si no fuera por negocios? Solo tienen lealtad a su dinero y a sí mismos; pero, en fin, dejemos así lo de Trump y regresemos al otro tema, “al tema”.

Comienzo por decir que tampoco creo que sea rigurosamente válido e histórico comparar a Putin con Hitler, por más que ambos sean sendos locos invasores, pero no dejo de reconocer que me parecen “simpáticas” algunas de las caricaturas y frases que han aparecido haciendo esa comparación; y sobre todo, si a él le molesta, pues bienvenida sea.

Debo confesar que en mi optimismo craso hay dos cosas que no creí que pasarían: La primera es que Putin diera el paso de invadir Ucrania; la verdad es que nunca relacioné este hecho con lo de Crimea, ese criminal abuso lo entendí como una manera de asegurarse su salida al Mediterráneo, “recuperar” algunos espacios geográficos y asegurar otros, como Sebastopol, que en mi ignorancia histórica e imaginario “peliculero”, siempre asocié con Rusia; por lo tanto, ese acto de agresión de la toma de Crimea, no es que lo justifique, pero llegue a explicármelo. Lo que no llegué a explicarme nunca fue la inacción o pasividad europea al respecto.

De aquí viene entonces la segunda cosa que no creí que pasaría: Que los países occidentales, léase los grandes de la UE y los EEUU, tuvieran la reacción que han tenido, de ninguna a una muy lenta, que gracias a Dios −o a los dioses de la guerra− se han ido produciendo reacciones un tanto más enérgicas.

Sí. Es probable que tengan razón los que dicen que el sistema internacional −ONU−, no sirve para nada; el veto de Rusia a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU así lo demuestra; sin duda los que hablan de la inutilidad de esos organismos −OTAN incluida− para enfrentar estas situaciones, o similares, tienen la razón; de esa cuerda tenemos un largo rollo en Venezuela con la OEA, Grupo de Lima, etc. (Y que me perdonen mis amigos internacionalistas, ya me excusé confesándome ignorante en la materia. Espero que estemos en la víspera de un cambio en el orden mundial institucional).

Que a Putin hay que detenerlo no me cabe tampoco ninguna duda y por lo tanto, me estoy aviniendo a pensar que la única manera de parar a personajes como Putin es la fuerza; pero, el problema es que la fuerza −sobre todo en este caso y con orates como Putin− nos puede llevar muy rápidamente al armamento nuclear o químico o biológico, con consecuencias desastrosas para toda la humanidad, y no vale o no nos salva que no consideremos a estos señores como parte de la humanidad.

Lo peligroso de la situación es que a individuos como Putin no les importan las consecuencias de lo que hacen, si con ello obtienen alguna ganancia territorial, de poder o de tiempo; los muertos son, para ellos, estrictamente, números; para los países de Occidente, eso no es así (aunque a veces algunos dudan) … y Putin sabe eso. Sabe ambas cosas, que sabemos que a él no le importan nada las vidas humanas (obviamente tenía que saberlo), pero que a occidente, sí… y esa es su enorme ventaja; por eso, paradójicamente, creo que las sanciones, al menos algunas, sí le podrían afectar, además si se acompañan de una respuesta de fuerza física más contundente, aunque solo sea enviando armas y ayuda militar a Ucrania, como han comenzado a hacer algunos países europeos.

Cuando hablo de sanciones desde luego me refiero sobre todo a las sanciones que se han mencionado estos días, las de sacar a los bancos rusos del sistema financiero internacional, y que las medidas se le apliquen en lo personal a Putin y se hagan extensivas a los “ricachones mafiosos”, socios y amigos suyos y a los militares que los acompañan; y buscar formas de reemplazar el combustible que venden los rusos, sobre todo a Italia y Alemania; en mi ignorancia al respecto, pienso que eso no debería ser problema para los norteamericanos. Ojalá sea así.

En fin, creo que hay cosas que se pueden hacer −evitando llegar al extremo de desatar un conflicto multinacional− para que entren en razón algunos de sus cómplices internos y forzar la caída de Putin y que el conflicto se resuelva favorablemente para el pueblo ucraniano, el ruso −ajeno a las ambiciones de Putin− y desde luego para la democracia occidental, que es una de las probables víctimas de todo esto. Por allí van mis reflexiones.

Politólogo

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A la memoria de Américo Martín, político, demócrata y amigo. Descansa en paz, Américo.

El camino hacia las elecciones del 2024, pedregoso, presenta al menos tres dificultades graves. La selección de un candidato único, por un mecanismo aceptado por todos; la unidad de los partidos, previa revisión, legitimación o reorganización de los mismos y sus líderes; y una oferta electoral, propuesta o programa, que entusiasme al país.

Sobre la selección del candidato no hemos tenido nunca mayores dificultades, porque al final, no importa si los partidos se ponen de acuerdo o no para presentar un candidato, o si aparece alguno, que se lanza “porque sí”, porque la polarización y que la gente “juega a ganador”, lo ponen en su sitio y terminamos teniendo un solo candidato opositor, con relativo chance. Otra cosa es la segunda parte de la afirmación: Que ese candidato sea seleccionado “por un mecanismo aceptado por todos”, pues en eso no hemos sido tan asertivos y probablemente ello ha influido −entre otras razones, quizás de mayor peso− para que ese candidato no sea tan exitoso. Pero no voy a repetir lo que ya dije en mi artículo de hace dos semanas.

También dejo para una futura ocasión el tema, nada fácil, de la “oferta electoral, propuesta o programa, que entusiasme al país”, que si bien no nos han faltado propuestas, es evidente que no han cumplido la condición de “entusiasmar al país”, porque si hubiera sido así, estaríamos hablando de otra historia. Por lo tanto, me voy a concentrar ahora en el tema peliagudo de “la unidad de los partidos, previa revisión, legitimación o reorganización de los mismos”.

El tema de la “unidad” no es para mí el centro del problema, pues de nuevo, como la gente “juega a ganador”, el que se sale del guion lo paga caro. Además, vamos a hablar claro, nadie en sus cabales va a oponerse a la unidad; quien lo haga no tiene futuro político; otra cosa es que no sea nada fácil lograr ese “cemento mágico” que una a la mayor cantidad de gente posible; pero al menos, la “unidad”, básica, superficial, de forma, la electoral, ha estado siempre más o menos garantizada; al menos para una elección presidencial, que es la que se nos viene en el 2024; otra cosa es que se logre para otros procesos: regionales, locales o parlamentarias, −aunque para estas últimas en 2010 y 2015 no lo hicimos nada mal−, lo complicado es la unidad en una propuesta para reconstruir el país.

El tema de la reorganización de los partidos, su renovación y la de los líderes, es la otra cosa realmente complicada. En los últimos días, varios líderes han hablado acerca del “envejecido” liderazgo político y varios partidos han anunciado que están en ese proceso de “reorganización interna”, de “elecciones por la base” o proponiendo “rutas de salida”; pero el problema es que lo que está totalmente “enrarecido” es el ambiente político, el del país como un todo, con relación a los partidos, los líderes políticos y la política, e incluyo allí a los seguidores del régimen, que tampoco las tiene todas consigo, según admiten varios de sus “connotados” y conspicuos voceros. ¿Serán suficientes esas reorganizaciones en camino? ¿Servirán, ahora sí, para llenar la fosa que hay entre partidos y sus lideres, con el pueblo venezolano? ¿Se atreverán a romper con los esquemas de partidos de masas y de cuadros, propios de finales del siglo XIX y principios del XX? ¿Darán una respuesta a los miles de militantes de la sociedad civil, que han preferido refugiarse en sus pequeñas organizaciones −limitadas y dispersas como los partidos− para tratar de hacer política? Hay recelo en que éste sea el momento para eso, pero qué duda cabe que sí hay que iniciarlo en algún momento.

Tenemos más de cuarenta años, desde finales de los 70 del siglo pasado, en este proceso de escabechina de líderes y partidos; y francamente, yo no creo que hayamos llegado todavía a un compromiso serio para el proceso de renovación de partidos y líderes −que nadie discute su necesidad− porque si existiera ese compromiso serio por cambiar el medio político o el ambiente político venezolano, muchos de los que los critican hace tiempo que se habrían metido a hacerlo: Militando en organizaciones políticas, creando nuevas organizaciones, actualizando permanentemente las que existen, etc.

El problema es que una de las terribles características de los venezolanos que tenemos algo de instrucción −y no hay nada peor que tener solo “algo” instrucción− es que tenemos la peculiar costumbre de saber que deben hacer los demás, para nosotros hacer lo mínimo o no hacer nada. Siempre ha sido más cómodo dedicarse a los negocios, a la actividad profesional, a la docencia, a militar en organizaciones de la sociedad civil − dispersas y atomizadas, pero manejables− o a disparar desde la cintura cada vez que nos provoque.

Además, quedamos muy bien, porque eso de criticar a los políticos y los partidos siempre ha estado de “moda” y es muy seguro; no hay que probar nada, pues “todo el mundo sabe que eso es así” y además nadie te va a responder ni a desmentir; y si alguien lo hace, no importa, porque en este país a nadie se le ocurre rectificar o pedir disculpas por dar falsa información o difamar.

La desadaptación de los partidos, sus líderes y su inocultable problema de desarraigo con respecto a la población venezolana y sus problemas, es un tema viejo, que se remonta a finales de los años 70 del pasado siglo y tuvo su eclosión en 1993, cuando resultó electo para un segundo periodo presidencial, Rafael Caldera, quien llegó al poder con el 30% de los votos, prescindiendo del partido social cristiano, que él mismo fundara, y a través de una alianza de mini partidos, varios de izquierda, que se autodenominaban el “chiripero”.

Durante su periodo presidencial, 1993-1998, se profundizó la decepción con los partidos tradicionales y surgió una nueva fuerza en el país: el chavismo, que se presentó y triunfó en las elecciones de 1998, en medio de un país totalmente polarizado y dividido en tres frentes bastante simétricos: el chavismo, que obtuvo 3,6 millones de votos, la oposición con 2,8 millones; y sorpresivamente la abstención, como fuerza mayoritaria pues más de 4 millones de venezolanos dejaron de ir a las urnas.

La opción triunfadora, el chavismo, era en ese momento amorfa de contenido ideológico; tras un líder, Hugo Chávez Frías, con una oferta política, mezcla de demagogia y populismo, que un día se presentaba como un Savonarola de la política, que amenazaba a los “corruptos” con freír sus cabezas en aceita; otro día aparecía aliándose con partidos de izquierda; y otro, invocando una especie de “tercera vía”, al estilo Tony Blair; pero, siempre cruzando el rio, bien montado sobre el caballo de la antipolítica.

A ese “fenómeno” los partidos tradicionales, en su momento y aún hoy, no han sabido salirle al paso, tratando de combatirlo electoramente con alianzas tradicionales poco exitosas, que han dejado en el camino muy maltrechos a los partidos tradicionales y a sus líderes. No repetiré lo ya dicho; pero, como quiera que es un tema en el que hay mucha tela que cortar, en la penosa situación de silencio que lo rodea, concentrémonos en un pequeño trozo de esa tela: La “fórmula” para renovar el liderazgo opositor.

En noviembre de 2021 surgió una propuesta para acometer esta renovación de la dirigencia opositora, cuya abanderada fue M.C. Machado: Proceder a una Elección Popular, sin CNE, −obviamente−, para elegir por la base la nueva dirigencia opositora, la que se pondría al frente de una única tarea: Salir de este régimen de oprobio.

Según dicen algunos, aunque confieso no haberlo visto, la propuesta Machado tuvo “gran aceptación”; al menos, debo decir que, salvo contadas excepciones, nadie se pronunció públicamente en contra y las críticas a los términos de la misma han sido bastante tibias; a lo mejor es porque no hay “términos”, que hayan sido expuestos de manera concisa y clara; porque si bien se habló de una “Elección Popular”’, después se ha “matizado” señalando que no se trata de unas “elecciones primarias”, sino de un “proceso popular”, sobre el cual no se han ofrecido mayores detalles: ¿Cómo?; ¿Cuándo?; ¿Características?, ¿Quién lo organiza?; y sobre todo, ¿Quiénes participan?; ¿Podrán participar en el proceso también los partidarios del régimen? Y si eso es así, ¿Cómo evitar que ellos −que obviamente tienen una mejor y demostrada capacidad para organizarse−, no sean los que decidan quienes serán los dirigentes y lideres de la oposición? Obviamente, estoy consciente que mis interrogantes pueden ser triviales, pero no descabelladas y sé que soy “vocero”, sin que nadie me lo haya pedido, de muchas personas en el país, preocupadas por el devenir político opositor.

Lo cierto es que nadie −o muy pocos− se han atrevido a criticar la “propuesta Machado”; probablemente por tres razones; primero, porque creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario una renovación total de la dirigencia opositora, pendiente desde hace muchos años; es obvio que la actual no ha sido exitosa en su desempeño político principal: Sumar voluntades para lograr una salida política a la crisis en la que estamos sumidos; segundo, vamos a ser sinceros, porque nadie se enfrenta a MCM; y tercero, porque en mi opinión no se ha predicado con el ejemplo; el primer partido en renovarse de esta forma debió haber sido el partido que fundó, organizó y en el cual milita la proponente; y eso, que yo sepa, no ha ocurrido.

Los proponentes, aunque no mucho, sí han dicho algo: Que eso hay que construirlo entre todos −que es otra forma de decir, que nadie se hace responsable− y que eso no es por casualidad, sino por diseño; que, deliberadamente, la propuesta fue concebida y planteada de esa manera, para que algún grupo, equipo humano o dirección colegiada de gerencia lo asumiera, aunque no sabemos bajo que directriz o inspiración, porque de eso sí es verdad que no se ha hablado. Pero, los que son el objeto de la propuesta, los partidos y los líderes, tampoco han dicho nada. Quizás en el discurrir de los días, asomen algunas propuestas o se aclare más la original.

Mientras tanto, la tan deseada renovación de la dirigencia partidista y la estirpe del liderazgo opositor −como nos recordó García Márquez− parecen condenadas a pasar sus cien años de soledad, de los cuales ya llevamos más de 40; siendo los 23 últimos, los más penosos.

Politólogo

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El tema de las elecciones presidenciales de 2024 es motivo de burla por parte del régimen, que parece decir: “…Yo soy tan poderoso, que me doy el lujo de poner en duda cuando habrá un nuevo proceso electoral’, provocación cínica que nos recuerda la letra del tango, “Mano a Mano”: “Como juega el gato maula con el mísero ratón…”.

En todo caso, flota en el ambiente el tema; incluso se asoman ya algunos candidatos opositores−rápidamente desmentidos por los interesados o sus allegados− y es motivo de angustia, desesperación y los consabidos argumentos en contra por parte de los sempiternos partidarios de la no participación, los negacionistas de la vía electoral.

La participación en las elecciones del 2024 implica examinar, por lo menos, tres temas: La selección de un candidato único por un mecanismo aceptado por todos; la unidad de los partidos, previa revisión, legitimación o reorganización de los mismos y sus líderes; y una oferta electoral, propuesta o programa, que entusiasme al país. Imposible por lo complejo y extenso de cada uno de estos temas, tratarlos en conjunto, los abordaré en partes, con la seguridad de que aun así quedarán muchos aspectos por fuera.

Comencemos por el de la unidad y el candidato unitario

La necesidad de la unidad para enfrentar el régimen es algo que muy poca gente discute; por eso sorprendió a algunos mi afirmación −en el artículo de la semana pasada, Camino al 2024, al calificar como mito la falta de unidad, sobre todo en lo que a un candidato único se refiere. En efecto así lo creo. La falta de unidad nos ha perjudicado para ganar referendos, curules en elecciones parlamentarias, o algunos cargos de alcaldes y gobernadores, pero nunca hemos tenido ese problema en lo que a un candidato presidencial se refiere.

Porque en las elecciones presidenciales, bien sea por acuerdo opositor o por polarización política del país, siempre hemos tenido un candidato único, con opción, al menos. Y aunque han surgido algunos que han pretendido disputar esa condición de candidato opositor al candidato “oficial”, por llamarlo de alguna manera, siempre que eso ha ocurrido, el propio pueblo se ha encargado de ponerlos en su sitio, dejándolos con una escasa votación.

Ni siquiera en la muy reñida votación del año 2013 (Maduro-Capriles), la aparición de candidatos distintos al oficialista y al candidato “oficial” de la oposición, privó a este último del triunfo; sumando todos los votos distintos a los del candidato oficial al candidato Capriles, solo se reducía la brecha en 0,24%, que aún no era suficiente para derrotar al candidato del régimen −aun haciendo abstracción que ese haya sido el resultado correcto, que es lo que creo, aunque algunos lo dudan−. Así, en el tema del candidato único, posiblemente hay que evaluar que impacto tiene, en su falta de penetración y profundidad en el pueblo, el tema de la forma en que se ha seleccionado.

En las elecciones presidenciales, desde 1998, se han enfrentado tres fuerzas, bastante simétricas: el oficialismo, que siempre ha salido victorioso; un sector mayoritario de la oposición democrática, que ha logrado oponerse con una cierta fuerza, apoyando a un candidato único; y un sector abstencionista, indiferente, engrosado a veces porque la oposición democrática decide jugarse esa alternativa. Aunque siempre ha sido un solo candidato opositor, con opción, no siempre eso ha ocurrido por decisión política de los partidos opositores, sino como efecto de la presión externa y la polarización. Veamos los casos.

– Para la elección presidencial del 6 de diciembre de 1998, el candidato único de la oposición, por efecto de la “polarización” fue Henrique Salas Römer; su designación como candidato único se logró gracias a un consenso, agónico, in articulo mortis, de los principales partidos políticos democráticos de la época, ante la amenaza del triunfo de Hugo Chávez Frías, que retiraron sus candidatos y apoyaron a Salas Römer. De esta forma obtuvo el 39,9% de los votos, un 16% por debajo de Hugo Chávez Frías. La abstención en ese proceso electoral fue del 36,5%.

– La elección presidencial del 30 de julio del año 2000 fue en realidad una prolongación de la elección presidencial de 1998, del “quino” de la constituyente de 1999 y de la aprobación de la novísima Constitución bolivariana el 15 de diciembre de ese mismo año. La oposición no tuvo un candidato “oficial” para esa elección, pero el electorado opositor se decantó o polarizó en favor de Arias Cárdenas, que logro el 37,5%, 22 puntos por debajo de Chávez Frías, nuevamente candidato oficial, quien obtuvo en esa oportunidad el 59,7% de los votos, su mejor resultado en todos los procesos en los que participó. La abstención fue del 43,6%, una de las más altas de la historia electoral del país, superada solamente en la elección de 2018, que fue del 53,9%, según cifras oficiales.

– En el año 2006, el 3 de diciembre, el candidato opositor fue Manuel Rosales, seleccionado por consenso después que varios otros se retiraran de la contienda, en favor de su candidatura unitaria; Manuel Rosales obtuvo el 36,9% de los votos, la diferencia a favor del régimen fue de 25 puntos, pero se consideró una notable recuperación de la oposición democrática, que salía además de varios años de inútil y dañina abstención electoral y del fracaso del referendo revocatorio de 2004. La abstención en esa oportunidad fue del 25,3%.

– En 2012, en las elecciones presidenciales del 7 de octubre, el candidato opositor fue Henrique Capriles, seleccionado en un proceso de primarias a la que llegaron al final cinco candidatos (Leopoldo López se retiró y declinó su candidatura a favor de Capriles). En esa elección de 2012, con un Chávez explotando la enfermedad que lo llevaría a la tumba, la diferencia con Capriles se redujo a menos de 11 puntos; Chávez Frías obtuvo el 55% de los votos, mientras que Capriles obtuvo el 44,3%. nos comenzamos a recuperar, pues habíamos tenido un buen resultado en las elecciones de la Asamblea Nacional de 2010, en donde la oposición, en realidad, tuvo una votación más alta que la del régimen −más de millón y medio de votos por encima− pero nos arrebataron muchos diputados, por la manipulación de los circuitos electorales.

– En la elección del 14 de abril de 2013, el candidato opositor fue Henrique Capriles, quien se enfrentó a Nicolás Maduro; la selección de Capriles se dio por consenso y por su aceptación del reto de enfrentar la maquinaria del régimen, con apenas un mes de preparación, tras el fallecimiento del Presidente en funciones, Hugo Chávez Frías, quien lo había derrotado seis meses antes; en esa elección, como dije más arriba, la diferencia fue de apenas el 1,49% de los votos. (Todavía hay gente hoy que no acepta ese resultado, empezando por el propio Capriles, quien ahora duda, pero en ese momento no dio el paso de retar a fondo ese resultado).

– El 20 de mayo de 2018, tras la debacle de 2017 −recolección de firmas con las que no se hizo nada, protestas con casi 100 muertos, etc. − la oposición democrática no participó en esa elección, ni en la de Asamblea Nacional de 2020.

Los hechos son claros, inútil negarlos. Hemos tenido un candidato único en todos esos procesos, no nos ha faltado la unidad, pero creo que la abstención nos ha privado de haber obtenido un mejor resultado. ¿Qué hubiera pasado si esos números de la abstención se hubieran sumado al candidato opositor y éste hubiera ganado? ¿Se hubiera respetado ese triunfo? No lo sé. Esa es precisamente la gran incógnita que nunca podremos resolver, al menos no, mirando por el espejo retrovisor. No insistiré nuevamente en el tema, baste recordar que la abstención siempre ha estado por encima del 20%, y ha sido un factor decisivo. Pero no el único.

Eso nos lleva, a la necesidad de evaluar otros factores. Por ejemplo, ¿Por qué en la definición de una política frente al tema electoral no se ha logrado la misma unidad que para definir un candidato? ¿Por qué no hemos dado con un mensaje −propuestas y planes hemos tenido− que haya logrado, por una parte, romper con la coraza de indiferencia de quienes se abstienen y por la otra, convencer de su error a aquellos que tras 23 años de fracasos y miseria continúan votando por el régimen?

En la falta de “penetración” del candidato han jugado seguramente un papel importante los partidos políticos y sus líderes, como “equipo” que acompaña a ese candidato, que tampoco han demostrado tener la penetración y aceptación popular suficiente. De allí que el tema, que muchos claman, de la necesaria reorganización y actualización de partidos y líderes, sea un tema primordial a ser analizado.

Politólogo

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El motor de la política no se detiene, aunque nosotros no le hagamos caso. Eliminado otro derecho político a los venezolanos, tras abortar el referéndum revocatorio, el régimen de Nicolás Maduro se prepara para su nuevo reto electoral: las elecciones presidenciales de 2024.

Para lograr su reelección en 2024, Nicolás Maduro irá eliminando obstáculos que se le interponen en su propio entorno; irá aumentando la intimidación hacía sus oponentes y comprando apoyo de sus socios de negocios, seguidores y cómplices. Con simuladas negociaciones internacionales, con falsas aperturas, con cierta flexibilización −siempre que no pongan en peligro su dominio y control− tratará de incrementar su credibilidad internacional, en esa afanosa búsqueda de recuperar legitimidad, que es su obsesión.

Intentará engañar al país, al pueblo, vistiendo la realidad de una falsa “normalidad”, con “bodegones” y productos importados libremente, que terminarán de destruir a la industria nacional; buscará apoderarse de una parte de esos dólares que están entrando al país producto de los ahorros de los venezolanos y de quiénes desde el exterior tratan de liberar de penurias a familiares y amigos en Venezuela. Pero no cabe duda que de alguna forma, menos libre o más simulada, el gobierno organizará unas elecciones presidenciales en 2024.

De aquí a allá, la oposición democrática tendrá que decidir qué es lo que va a hacer; esperemos que no sea continuar la absurda política de la abstención; pero, también esperemos no llegar a esa elección de la misma forma, un tanto efímera, con que hemos llegado a otros procesos electorales. Es mucho lo que tenemos que ajustar en estos dos años y medio que faltan para llegar a ese proceso y tener alguna oportunidad, que hoy luce difícil e improbable.
Sabemos que en todas las elecciones desde 1999 hubo abusos, utilización de recursos del estado en favor del candidato o las opciones del régimen, trampas, saqueo de las arcas públicas, ventajismo, etc. pero nada de eso cambia los resultados y lo que sabemos de las estrategias de ambos sectores, en materia electoral. Vistos los resultados, la discusión siempre llega al punto de si vale o no la pena continuar con la estrategia de participar en los procesos electorales; y siempre la repregunta es: Y si no es así, ¿cuál es la otra alternativa o alternativas, a nuestro alcance y que estemos dispuestos a implementar?

En lo que a mí respecta creo que la estrategia de participar en los procesos electorales es la que le ha rendido mejores beneficios a la oposición y más daño le ha hecho al régimen, de allí su empeño en controlar esos procesos y estimular la indiferencia de los votantes y el desmembramiento y división de la oposición.

Además sabemos, pues lo vivimos desde el paro del 2002 y 2003, lo vivimos en 2014, 2017 y en 2019, que no tiene ningún impacto en el “ánimo” del gobierno, ni le afecta en su desempeño que salgan a manifestar en su contra cientos de personas, miles de personas o millones; eso no los arredra, ni atemoriza, simplemente lo desconocen y siempre dirán que no es cierto, que es una fabricación “mediática”, que ellos pueden movilizar más; en otras palabras, la estrategia de enfrentamiento de calle no da resultado con un gobierno que controla la FFAA, la policía y el sistema de justicia, y no le importa reprimir, hasta el extremo que sea necesario, para mantenerse en el poder; es una pelea totalmente desigual y lo que produce en nuestro lado es muerte, frustración y deserción, de la que es difícil recuperarse.

Lo que no sabemos, pues nunca ha ocurrido, es qué pasaría si al régimen se le derrota en una elección importante, en una elección en la que esté en juego el poder. ¿Qué pasaría? Primero, ¿Saldrá el pueblo a defender ese triunfo? ¿Lo habremos preparado para eso? Segundo, ¿Saldrá la FFAA a jugársela y a reprimir el pueblo por defender al régimen? Estas son las interrogantes que yo me hago, ¿Cuáles son las que se hace usted?

Por lo tanto, la hora ha llegado de discutir una estrategia por parte de la oposición que nos saque del profundo hueco en el que parece que estamos.

Para eso debemos considerar algunos aspectos, −no solo el de la actuación abusiva, la demagogia y el populismo del régimen y las trampas, que bien sabemos que aplican− sino también las causas por las que la oposición democrática no ha tenido la profundidad y “penetración” suficiente y haya salido derrotada, salvo en muy contadas ocasiones y en procesos en los que no está en juego el poder.

Para este análisis tenemos que comenzar por descartar algunos mitos; por ejemplo, el de la falta de unidad. La falta de unidad nos ha perjudicado y quitado oportunidades para ganar referendos, en elecciones parlamentarias, regionales o locales; pero, al menos, el problema nunca ha sido la falta de unidad para las elecciones presidenciales. Si bien no siempre hemos tenido un candidato unitario, sólido, producto de un proceso de selección aceptado por todos, dificultando así la incorporación de algunos dirigentes y partidos en la campaña de difusión del mensaje, afortunadamente, la polarización del país entre chavismo y anti chavismo, ha corregido esa falla y el pueblo con su preferencia ha hecho que siempre hayamos tenido un “candidato único”, mayoritario, que se opuso al candidato oficial y por el cual se votó masivamente. Las pocas e insustanciales disidencias que se han presentado, la propia población se ha encargado de “liquidarlas” al no votar por esos candidatos.

Partidos y líderes han demostrado ser muy hábiles para “acordar” una figura que represente, por lo menos a ellos y sus intereses, en los procesos electorales; pero, a juzgar por los resultados, al parecer esa figura no representó lo suficientemente la aspiración de la mayoría de los venezolanos. Si bien, como mencioné, la forma en que hemos llegado a ese “candidato único” tiene mucho que ver con la polarización del país, la manera de designarlo más o menos tortuosa, los resultados han sido más o menos importantes, pero ineficaces. Ese es un punto a corregir.

Pero la forma de designar al candidato, que probablemente es una de las causas que explica esa falta de “penetración”, no es la única. Tampoco creo, como algunos dicen, que se deba a la ausencia de un “plan”, “programa”, “propuesta”.

De eso y de diagnósticos, hemos tenido bastantes, que nuestros candidatos, unos más que otros, han difundido en sus recorridos por el país, durante las campañas electorales; lo que debemos descifrar −en mi opinión− es ¿por qué no hemos dado con ese “mensaje” con el que el pueblo se pueda identificar y en el que se sienta representado?; ha faltado el mensaje de un proyecto que permita “perforar” el escudo antipolítico de los abstencionistas e indiferentes y la barrera que la demagogia y el populismo han creado en los sectores populares que aún se inclinan por el régimen, a pesar de la profunda crisis humanitaria en que han sumido al país.

Pero esto es un trípode y la tercera pata de ese trípode es la falta de identificación y la desconfianza del pueblo venezolano con los líderes y los partidos democráticos y tradicionales −y en general con todos los partidos−.

Los resultados electorales, las encuestas, periodistas, analistas políticos, y toda la pléyade que habla sobre política en el país, repiten hasta el cansancio lo del agotamiento del liderazgo opositor, el rechazo que parece suscitar en el ánimo popular y que impide superar las barreras para que ese proyecto opositor, ese plan, ese mensaje, por parte de candidatos y partidos opositores tenga calado suficiente para emocionar al país y sacarlo del marasmo en el que se encuentra. Este tema, que algunos identifican como “antipolítica”, se exacerbó en los 23 años de este régimen, pero su origen esta más atrás y está pendiente de revisar desde hace ya más de cincuenta años y que ya se hace ineludible que lo hagamos.

Con votos, simplemente, no se va a resolver esta situación, eso está claro. Un candidato único, con un “programa”, son importantes, pero no suficientes para derrotar este régimen; lo importante es todo lo que está detrás de esos votos, la organización política de los más de 100 mil activistas y militantes repartidos en más de 30 mil mesas, dispuestos a cuidar ese proceso y defender el resultado; y eso no es posible desarrollarlo sin una renovación, reorganización, legitimación −o como lo queramos llamar− a fondo, del liderazgo opositor, su organización y sus partidos es imprescindible; candidato, mensaje y partidos, son un trio virtuoso sin el cual no lograremos superar la crisis.

Eso supone un profundo e impostergable proceso de discusión, para la reconstrucción del tejido político, opositor, del país, que todos reclamamos como necesario, aunque sea una tela larga y difícil de cortar. Tema espinoso, éste de la legitimación y selección del liderazgo opositor, que abordaremos próximamente.

Politólog

En 2016, ante la decisión del CNE de la época que el 20% de las firmas para el referendo revocatorio debían ser recogidas en cada Estado, aunque la circunscripción del funcionario que se buscaba revocar, el Presidente de la República, era una circunscripción nacional, publiqué un artículo que denominé: La Constitución de Plastilina (https://bit.ly/3FW6JmG), refiriéndome a que todo se podía esperar de los secuaces del régimen.

Al poco tiempo, tamaña barbaridad jurídica fue ratificada por otra barbaridad mayor, una sentencia del inefable TSJ, también de la época −tan inefable como el de ahora−, publicada el 17 de octubre de 2016 (contenida en el expediente AA70-E-2016-000074, para los que tengan la curiosidad y el mal gusto de buscarla). En dicha sentencia meridianamente expresado aparece lo que hoy recoge el CNE de turno, al definir las condiciones para la recolección de firmas, para activar un referendo revocatorio (RR); en efecto la sentencia de octubre de 2016 dice:

“La convocatoria del referendo revocatorio requiere reunir el veinte por ciento (20%) de manifestaciones de voluntad del cuerpo electoral en todos y cada uno de los estados y del Distrito Capital de la República. La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los estados o del Distrito Capital, haría nugatoria la válida convocatoria del referendo revocatorio presidencial.”

De paso, hay que comentar que esta sentencia del TSJ de hace seis años, contradecía una anterior: la sentencia 1139 del 5 de junio de 2002, que en ponencia del magistrado Antonio J. García García, establecía que:

“…la solicitud de convocatoria a referéndum revocatorio, se encuentra sometido a las reglas previstas en el artículo 72 de la Constitución, sin que deje ningún margen de discrecionalidad que autorice al Consejo Nacional Electoral a emitir pronunciamiento alguno sobre el mérito o conveniencia de la solicitud formulada, ni a establecer -en las normativas de carácter sub legal que dicte-, nuevas condiciones para la procedencia de la revocación del mandato, no contempladas en el marco constitucional vigente…(y) … una vez que el Consejo Nacional Electoral verifica el cumplimiento irrestricto de las condiciones mencionadas ut supra … y que un número no inferior del veinte por ciento (20%) de los electores inscritos en el Registro Electoral en la correspondiente circunscripción así lo pidiesen-, y por ende, declare que las mismas se encuentran satisfechas, correspondería a dicho órgano comicial convocar al referéndum revocatorio solicitado, fijando la oportunidad de su celebración, y organizando, dirigiendo y supervisando los comicios correspondientes.” (Subrayado mío)

De manera, que si al TSJ de 2016, no se le aguó el ojo para contradecir una sentencia del TSJ de 2002, ambos de “inspiración” revolucionaria y chavista, la actual decisión del CNE, que le da muerte al RR, no tiene ningún elemento que nos pueda extrañar.

Sabemos bien que en 2016, ni la decisión del CNE ni la sentencia del TSJ pudieron evitar que continuara el proceso y ante la inminencia de la recolección del 20% de las firmas, en todos y cada uno de los Estados, el régimen decidió sacar otra de sus armas, e hizo uso de su sistema de “justicia”, para que un grupo de jueces penales, civiles o de tránsito, sin facultades para ello, dieran por finalizada la recolección de firmas en algunos Estados, decisión que rápidamente fue acogida por el CNE de turno para suspender el proceso de recolección, a nivel nacional.

El régimen quiso curarse en salud en 2022; ya la velocidad con que el CNE aceptó la solicitud del revocatorio y eliminó el requisito de presentar el 1% de firmas necesarias para introducir la solicitud, era sospechosa; pero las condiciones finalmente definidas, desafiaron todo lo imaginable. El CNE del régimen definió unas reglas lo suficientemente leoninas para que no sea necesario recurrir a otras artimañas −aunque nadie tenía dudas de que lo hubiera hecho, de ser necesario− para parar el proceso, o más bien para abortarlo.

Las condiciones definidas por el CNE, que ya son bien conocidas, para efectos didácticos se pueden resumir así: La recolección de las firmas necesarias, 4.185.997, debía realizarse el pasado miércoles 26 de enero, solo cinco días después del anuncio de las condiciones, con un software sin auditar, sin tiempo de nombrar los testigos de las partes para velar por la “pulcritud” del proceso, debía llevarse a cabo en 1200 puntos, durante 12 horas, a razón de 5 por minuto, en cada uno de los puntos de recolección, según calculó el Rector Picón.

Ya no viene al caso evaluar otros aspectos, pero por mera curiosidad y puro divertimento no puedo dejar de hacerlo con respecto a los 1.200 puntos de recolección, que se dieron a conocer el sábado 22; por ejemplo, en algunas zonas, claramente opositoras de Caracas, no hubo centros de recolección (El Cafetal, Santa Mónica, los Chaguaramos, Colinas de Bello Monte, Altamira, La Castellana); en todo el Municipio Sucre, que tiene más de medio millón de electores, no hubo un solo centro de recolección; solo había dos en Chacao, uno en el Hatillo, otro en San Antonio, cinco en Baruta, dos de ellos en las Minas de Baruta y uno en Carrizal. Por supuesto no hubo uno solo en el exterior, con lo cual se privó de ese derecho a más de cuatro millones de venezolanos, con derecho a voto, que hoy viven fuera de Venezuela.

Es obvio que el régimen se quería asegurar de la imposibilidad de recoger las firmas, pero por si acaso y dada la manía de las instituciones del régimen de usurparse unas a otras, el CNE actual, usurpando las funciones de la Sala Constitucional del TSJ de interpretar la norma constitucional, nos advierte de otra disposición en la que afirma e interpreta que en el caso de que no se pudieran recolectar las firmas con sus leoninas condiciones:

“… dará por finalizado el proceso, con lo cual se activará la previsión constitucional que establece que solo podrá hacerse una solicitud de revocación durante el período para el cual fue elegido el funcionario”.

Por cierto, esa disposición de no repetir un referendo para una misma materia, en un mismo periodo constitucional, no se aplicó en 2009, cuando Hugo Chávez Frías solicitó la enmienda constitucional para la reelección indefinida, a pesar de que eso ya se había negado en el referendo constitucional del 2007. Más descaro imposible; pero, que nadie diga que no sabíamos que iban a hacer cualquier marramuncia o triquiñuela. Lo de la amenaza implícita de que pedirán al CNE la lista de nombres que solicitasen el revocatorio, no es más que un “colorido” recuerdo de aquella infausta “Lista Tascón” con la que el régimen persiguió y acosó a miles de venezolanos, tras el referendo de 2004. No agregó nada nuevo, solo ratificó el carácter fascista de este régimen de oprobio. De allí que los que se acercaron el día 26 a firmar la solicitud del revocatorio se les intimidará, rodeándolos de soldados y milicianos, y se les pidiese, además del número de la cedula de identidad, el teléfono y la dirección; inequívoca señal de discriminación política, preludio de la persecución que el régimen pudiera desplegar.

Por otra parte, el CNE del régimen nos recuerda que una de las características, no intrínsecas, sino circunstanciales, de la Constitución Bolivariana es que es como la plastilina: “flexible”, moldeable, adaptable. Concebida por el régimen de Chávez Frías para reemplazar a la que él llamó la “moribunda” de 1961, sobre la cual juró, la de 1999 −la “mejor del mundo”, según los capitostes mismos del régimen− se suponía que iba a dar sostén al “proceso”; pero, son notables y muy significativas las violaciones que ha sufrido en su ya no tan corta vida como Constitución.

A pesar de lo que dice la Constitución bolivariana, los venezolanos no tenemos derecho a elegir, pues el régimen manipula a su antojo los procesos electorales, los adelanta, los retrasa, cambia las circunscripciones, los separa, los junta, etc.; tampoco tenemos derecho de asociación, pues los partidos políticos son perseguidos y secuestrados; ni derecho a libertad de expresión, pues el régimen persigue a quienes se expresen libremente, como atestiguan los medios de comunicación cerrados, los periodistas perseguidos y los cientos de presos políticos; ni derecho a una identidad, pues no emiten pasaportes ni documentos de identidad de manera oportuna y suficiente; y así pudiéramos seguir mencionando derechos conculcados. Hoy es también patente que tampoco tenemos derecho a revocar el mandato de los funcionarios elegidos, a pesar de lo que establece el artículo 72 de la Constitución Bolivariana.

Haciendo memoria y recordando eventos, la venezolana tiene el poco envidiable registro de ser la única Constitución, que yo sepa al menos, que ha sido violada “intrauterinamente”, pues no había nacido aun, es decir, no había entrado en vigencia, cuando aquella Comisión Legislativa de infausta recordación, llamada también “Congresillo”, que sustituyó a la Constituyente, comenzó a violarla, designando cargos de Fiscal, Contralor, Defensor del Pueblo y otros, a “dedo”, sin cumplir con los pasos, procedimientos y requisitos que ya demandaba la novísima Constitución. Tras esos actos contra natura, según el cual el padre viola a su hija aun no nacida, ¿Cómo habría de sorprendernos que hoy esté desbocada la cadena de violaciones de derechos políticos y humanos?

Sin embargo, ante el hecho cumplido de la muerte del RR2022, además de denunciar firmemente la violación de un derecho constitucional más, de reclamar por los solicitantes la nulidad ante el TSJ de las normas inconstitucionales del CNE −sin esperanza, simplemente para que quede el registro de la violación del derecho− debemos considerar cómo sacar provecho de este nuevo error del régimen, el segundo en poco tiempo; el primero fue repetir las elecciones en Barinas, que le permitió al pueblo barinés librarse de la nefasta hegemonía de la dinastía Chávez, que los sojuzgo por 22 años y de paso dar importantes lecciones al país sobre la importancia y efectividad de la unidad, el valor del voto y de la movilización popular.

Corresponde ahora, sin esperar, prepararnos para contiendas pendientes, la negociación en México y las elecciones presidenciales de 2024, que será inevitable que se convoquen. Desde luego, ese no será un acto simplemente electoral −ninguno lo es y haberlo olvidado es un error que estamos pagando−; para enfrentarlo, de manera diferente a como lo hemos hecho hasta ahora, a juzgar por los magros resultados, debemos acometer la reorganización de nuestros partidos, rescatar los que tienen secuestrados y a los presos políticos; renovar nuestra dirigencia opositora; concretar una unidad política, como ya se ha hecho en el pasado −en 2015 y en Barinas, por ejemplo−; organizar a la gente para la resistencia y para que obtenga reivindicaciones que mejoren su nivel de vida, mientras logramos que desaparezca este régimen de oprobio.

Hay suficientes cosas que hacer, sin tener que lamentarnos por el RR, después de todo su fin estaba cantado. Vamos a denunciarlo, como una violación más a nuestros derechos, como un nuevo ejemplo de nuestra Constitución de plastilina, pero vamos a ahorrarnos discusiones y disputas sobre él, que solo nos iban a conducir a mayores divisiones y frustraciones y concentrémonos en organizar a la oposición para las jornadas políticas que nos vienen, con una unidad sólida, con candidatos con el mayor consenso posible o producto de elecciones primarias y con un plan compartido para el rescate del país.

28 de enero 2022

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El resultado de las elecciones en Barinas disparó muchas elucubraciones e inquietudes. Es mezquino desconocer el esfuerzo del pueblo barinés, sus militantes y activistas opositores, afirmando que el triunfo se debió a un descuido o a la magnanimidad del régimen que permitió que ganara la oposición; pero es también un error tratar de extrapolar ese resultado, o el de cualquier otro Estado, más allá de las fronteras del mismo.

En ese microcosmos que es Barinas, el pueblo barinés demostró que, bajo unidad política, el voto puede ser eficaz para tomar revancha cuando le hacen trampa y para sacudirse de una tiranía familiar, feudal, que asoló los recursos del Estado durante 22 años. Barinas es un buen ejemplo del papel de la unidad, del voto, de hacer campaña política “casa por casa” y “cara a cara”, pero hasta allí, dar un salto para proyectar la cifra al país, es un buen deseo, una esperanza que todos tenemos, pero nada más.

Y sin embargo…, el “viento barinés” levantó otras polvaredas; dejó en carne viva algunos temas que son considerados tabú en la política venezolana; tabú no en el sentido de que son temas prohibidos, sino que no se enfrentan, de los que no se habla pública y abiertamente, sino en corrillos y de manera disimulada, pues nadie se quiere “rayar”. Por eso los llamo temas tabúes y son muchos: la unidad, la renovación de partidos y dirigentes, las negociaciones con el régimen y un largo etcétera; pero solo me referiré a dos: el referendo revocatorio y la elección presidencial de 2024.

Para algunos es natural pasar de las lecciones de Barinas −la unidad y el voto como instrumentos políticos eficaces− a la posibilidad de embarcarse en solicitar la revocatoria del mandato de Nicolás Maduro, posibilidad perfectamente constitucional y que se abrió justamente un día después de las elecciones de Barinas, el 10 de enero de 2022. Para mí, ese paso, tan natural para algunos después de Barinas, no es tan sencillo.

Y no me refiero a los argumentos jurídicos a favor (la falta de legitimidad de las elecciones presidenciales de 2018, el basamento constitucional, lo insoportable e injusto de mantener esta situación de miseria en el país, etc.) o los argumentos en contra (cómo revocar a quien no es presidente legítimo, lo ajustado del tiempo, la aún escasa unidad política, etc.), me refiero a la eficacia política de esa opción, la cual analicé en mi artículo de la semana pasada: ¿Barinas significa Referendo Revocatorio? (https://bit.ly/3rjNCO1) y que se puede resumir de la siguiente manera:

• La resistencia que pondrá el régimen, que ve una amenaza real y posible de ser revocado
• A menos que se modifiquen las normas actuales, se presentan dificultades para reunir el 20% de las firmas en algunos Estados, en los cuales las opciones no oficialistas no alcanzaron esa cifra en las elecciones del 21N
• Las dificultades para garantizar que el 25% (aproximadamente 5 millones 290 mil) concurra a expresarse en el proceso y de reunir más de 6 millones 400 mil votos para revocar, habida cuenta además que hay unos 4 millones de votos en el exterior, de los cuales, hoy, solamente tienen derecho a votar menos de 109 mil venezolanos, que además difícilmente podrán votar en un proceso que no debe pasar de diciembre de 2022.

En favor de esta opción hay sólidos argumentos y voces muy autorizadas −entre ellas la del Padre Ugalde− que dicen que no es posible, por justicia, no hacer cualquier esfuerzo por librar al pueblo venezolano de la ignominia y miseria de este régimen. De mamera que, no me pronuncio ni rechazo el esfuerzo que algunos quieren desplegar para revocar el mandato de Nicolás Maduro, todo lo contrario, alabo ese y cualquier otro esfuerzo por salir de este régimen, simplemente señalo dificultades que no son menores y que se deben considerar en pro de la eficacia política −ya tenemos la experiencia que la oposición democrática no siempre la toma en cuenta− y para evitar un nuevo proceso de frustración de la población opositora que nos retroceda más en la desesperanza, que es lo que siempre busca este régimen.

Frente a ésta algunos le contraponen otra opción, sin que sea válido hacerlo, pues perfectamente pueden darse las dos, pero que es un tema igualmente tabú, cerrado a la discusión abierta: la elección presidencial de 2024.

Buena parte del tabú de esta otra opción, el que no se discuta franca y abiertamente, viene dado porque nadie se atreve a insinuar a vastos sectores de la oposición −sobre todo a los más radicales y las “doñas de El Cafetal” − que es necesario esperar hasta 2024, aguantar casi tres años más, para hacer cualquier intento por sacudirse de este oprobioso gobierno. Nadie, ningún político, analista, periodista, empresario, dirigente, se atreve a afirmar eso, pues quien lo haga es automáticamente execrado, tildado de traidor, colaboracionista, vendido, −o lo que es peor, pro régimen− y sin embargo esa es la alternativa que luce más plausible y probable.

Cuando alguien lo insinúa, tras los ceños fruncidos e insultos ahogados −o abiertos−, quien logra hacer de tripas corazón y disimular que la razón de fondo es que no soporta este régimen ni un día más −algo que es perfectamente comprensible− salta con el argumento o racionalización de que no es posible plantearse ir a una elección presidencial en 2024, pues implica “legitimar”, reconocer como válida la elección de Nicolás Maduro en 2018.

Este argumento de la falta de “legitimidad”, para negar la elección presidencial en 2024, me parece un argumento de retórica baladí, de supuestos principios, con que arroparse para no hacer nada o evadir una situación real. Igual argumento aplicaría para quienes proponen el referendo revocatorio este año: Si ir a las elecciones del 2024 es legitimar las del 2018, de igual manera, ¿Cómo se revoca a quien no es presidente?; si pagar impuestos e IVA o aceptar un pasaporte de una autoridad a quien se considera ilegítima no espanta a nadie, ¿por qué habría que rasgarse las vestiduras por participar en un proceso electoral contra una autoridad que se considera ilegítima o reconocer que gobierna de hecho y por la fuerza y se busca revocarlo?

A riesgo de ser calificado como “colaboracionista”, debo destacar lo que no podemos cambiar, por carecer de la fuerza para ello, al menos por el momento, es que Nicolás Maduro gobierna de hecho al país; y no se trata simplemente de que responda el teléfono desde Miraflores, sino que es reconocido por varios países muy activos en la geopolítica mundial, es apoyado por la fuerza armada y controla todas las instituciones y poderes del Estado; en consecuencia, y tal como ya ha ocurrido en el pasado, en 2024 habrá una elección presidencial −salvo que algo inesperado ocurra− con participación de la “oposición ad hoc” del oficialismo, sea que la oposición democrática participe o no. Por mucho que no nos guste y nos pese, éste es un escenario que no podemos obviar ni evitar, aunque nos rasguemos las vestiduras con algunos “principios” abstractos. Toca decidir si se participa o no y cómo −en un evento que se va a dar de todas, todas− a diferencia de un proceso revocatorio, que es algo que hay que promover y lograr.

Sin embargo, el revocatorio y la elección presidencial en 2024, no son los únicos temas difíciles que la oposición democrática tiene que enfrentar. Hay otros temas igualmente espinosos, de los cuales debemos ir hablando, como por ejemplo: la necesaria renovación de la dirigencia y de los partidos políticos; la necesidad de luchar por rescatar a los partidos que fueron secuestrados por el régimen y entregados por el TSJ a quienes no son sus legítimos representantes; la unidad y relación entre las distintas fuerzas opositoras −la democrática, la exchavista y la “alacrana”− para enfrentarse al régimen y lograr una ruta política común; la posibilidad de organizar un proceso de primarias para elegir un candidato a la presidencia, sea que se llegue a una elección por revocatorio, negociación o esperando al 2024; la necesidad de organizar la resistencia del pueblo al régimen para lograr algunas reivindicaciones inmediatas que mejoren la calidad de vida; la necesidad de luchar por libertades fundamentales, como la de expresión, la de asociación y la libertad de los presos políticos; y dejemos hasta aquí esta lista que se llena con muchos temas más, todos urgentes e importantes que han sido sistemáticamente evadidos por nuestra dirigencia política; esperamos que haya sido por estar ocupados en otros más urgentes, pero se va acortando el tiempo que obliga a confrontarlos.

En todo caso, “revocatorio ya”, o “esperar la elección presidencial en 2024”, esa dupla de temas, forman el tabú más grande que confronta actualmente la política venezolana. Lo importante es que se abra sin prejuicios la discusión de los dos temas inmediatos, el revocatorio presidencial y las elecciones presidenciales de 2024. Y lo más importante, cualquiera que sea la decisión que se adopte, ahora sí, no se puede olvidar las lecciones de Barinas: debe ser una decisión unitaria; debe procurar la movilización popular y la más amplia participación electoral; debe tener −además del objetivo común o la unidad de propósito− un candidato único, listo para después del revocatorio −que de lograrse la revocatoria del mandato, en un mes será convocada la elección− o listo para competir en la elección presidencial de 2024.

Por último, lo ocurrido en Barinas dejó sobre la mesa otra importante lección, poco comentada −apenas vi un artículo de Julio Castillo al respecto (La lección de Barinas que no se nombra, https://bit.ly/3nuI4PC) − que, además la fuerza que da la unidad y el valor del voto, se refiere al “arte de la política”, al “hacer política”, el rescate del trabajo político, que entre otras cosas, es trajinar casa por casa, cara a cara, de lo cual hablaré en una próxima entrega.

P.S. Al momento de publicar esta nota ya se conocen las “condiciones” fijadas por el CNE para el proceso de recolección de firmas del RR, que como ya dijimos presentaban enormes dificultades para hacerlo; con las normas establecidas, el proceso del RR fue definitivamente abortado; hasta puede ser un favor el que nos hicieron, ahora nos podemos olvidar del RR y concentrarnos en el otro tema tabú: la elección presidencial del 2024 y emprender tarea de reconstruir los partidos políticos, la dirigencia opositora y la resistencia ciudadana al régimen de oprobio.

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A la memoria de José Ignacio Rey, S.J., fallecido el 14 de enero de 2022, para quien: “Ser cristiano es renunciar al egoísmo y morir a sí mismo, por amor a los demás”. Descansa en paz, amigo y maestro.

Las lecciones a aprender de lo ocurrido en Barinas son bastante obvias y han sido resaltadas por una buena cantidad de analistas políticos y periodistas. Resumiendo las más importantes, y no aspiro a ser original en esto, es que el pueblo barines demostró sobradamente tres cosas: una, que es posible la vía electoral para obtener victorias que ayuden a recuperar poder y debilitar al régimen; dos, que la abstención a quién beneficia es al régimen, sobre todo, esa “abstención boba”, que nadie organiza ni le da contenido político; y tres, lo más importante, que la unidad es esencial para lograr los objetivos políticos en contra de este régimen de oprobio. Las victorias más importantes contra este régimen siempre han sido por la vía electoral, cuando se participa masivamente y de manera unida.

Quizás lo que valga la pena es resaltar algunas de las reacciones de los analistas políticos y comentaristas, sobre el tema, y sobre todo los riesgos y los peligros que podrían estar implícitos en lo ocurrido.

Lo lamentable de algunas posiciones radicales −y otras menos extremas, pero también radicales− que minimizan la importancia de lo ocurrido en Barinas y su significado, es que −además de la mezquindad− en el fondo son posiciones elitistas, que muestran un profundo menosprecio, desprecio, en la capacidad del pueblo para entender lo que ocurre políticamente en el país y cuál es su mejor opción para superar las crisis. El pueblo no es infalible, se equivoca en sus decisiones políticas −23 años de chavismo y lo que observamos en otros países de América Latina, así lo demuestran−; pero, de allí a pensar que cualquier gesto por librarse de ese error y amenaza es ignorancia o ingenuidad, es −como dije− un profundo prejuicio y menosprecio acerca de la capacidad popular por encontrar la salida a una situación que nos afecta a todos. Pero dejemos hasta aquí este tema, lamentable, y veamos algunos de los peligros que enfrentamos en la oposición, tras el triunfo electoral en Barinas.

El peligro fundamental, que ya hemos confrontado en pasadas ocasiones es el triunfalismo y lo que los especialistas en “mercadotecnia”, denominan la “extensión de la línea”, que llevándolo a la política es esa tendencia de querer extrapolar éxitos, indudables, pero parciales −en este caso locales− a otras áreas e instancias del país. De esta manera, ante la perspectiva que luce insoportable −y lo es− de aguantar hasta que se cumpla el cuestionado periodo presidencial, en 2024, no hay ninguna duda de la necesidad de buscar una vía para una salida a esta profunda crisis en la que nos consumimos, a este proceso de destrucción del país.

Surgen, de lo ocurrido el 21N en el país y el 9E en Barinas, dos posibilidades, una ineludible y otra inmediata. La ineludible es la necesidad de renovar la dirigencia política, los partidos y construir una organización popular vigorosa para resistir a la tiranía que nos agobia. La inmediata, que puede contribuir a la primera, es la opción del Referendo Revocatorio; opción que se abrió a partir del 10 de enero de este año, válida, a la mano e inobjetablemente constitucional, prevista en el artículo 72 de la Constitución. Además, es una opción que permite unificar a todo el país opositor, en un propósito único y compartido, sin disputas de liderazgo o de poder, pues no hay −al menos en lo inmediato− ningún cargo en juego.

Además, de que, bajo las propias reglas de la Constitución promovida por el régimen, se abre la posibilidad de revocarlo, qué duda cabe que la legitimidad del proceso electoral del año 2018 está en entredicho y que Nicolás Maduro ejerce la presidencia de hecho, con el apoyo de la fuerza armada y de las instituciones que controla. Asentados esos hechos básicos, hay que reconocer que la discusión de este tema es compleja y aun no se ha dado a fondo y porque el tema escapa a los aspectos meramente formales y jurídicos y se hunde en los políticos y estratégicos.

No basta que el RR sea una opción “constitucional” o suponer que será exitosa porque las encuestas muestran que el gobierno ha perdido una buena parte del apoyo popular; es necesario analizar el tema desde el punto de vista de la eficacia política. Y allí es donde hay que afinar el análisis de riesgos y dificultades. Como preludio de lo que será esta discusión, hay que decir que lograr un referendo revocatorio no es una tarea sencilla, libre de dificultades; el régimen pondrá todo tipo de obstáculos para impedir que se realice, pues de llevarse a acabo no está en juego una alcaldía o una gobernación, sino el núcleo mismo del poder.

Bien sabemos por las dos experiencias anteriores, que el gobierno se empleará a fondo para impedirlo o retrasarlo lo suficiente para que sus efectos sean nulos. En 2004 lo retrasaron un año, mientras el populismo demagógico de las llamadas “Misiones” le permitió a Chávez Frías recuperarse de la baja popularidad que el fracaso de su gestión comenzaba a mostrar. En 2016, el régimen de Nicolás Maduro, a través del TSJ y el CNE, organismos que controlaba y controla hoy, puso todo tipo de obstáculos y requisitos absurdos −contra la propia Constitución que ellos promovieron− para impedir que tan siquiera se pudieran recoger las firmas para activarlo y una vez que se dieron cuenta que nada impediría que se recogieran esas firmas, apelaron en varios Estados a jueces penales, incompetentes en la materia electoral, sin atribuciones para ello, para que detuvieran el proceso, en complicidad con el CNE; nada augura que ahora será distinto, sobre todo, porque el régimen está consciente de su falta de popularidad, del agotamiento de su “modelo económico” y que está frente a un peligro real de ser revocado por vía popular.

Además de los impedimentos, triquiñuelas y trampas que interpondrá el régimen, veamos algunos obstáculos reales, organizativos, a los que nos enfrentamos para activar un RR. Lo primero es que para activarlo es necesario reunir 4 millones 300 mil firmas, que son el 20% del actual registro electoral. Teóricamente es posible, pues en el último proceso electoral, el del 21N, que fue el más participativo desde el del año 2015, los votos por candidatos no oficialistas −que teóricamente serian votos a favor de un referendo revocatorio− fueron unos 4 millones 800 mil. Habría un margen de unas 500 mil firmas.

Pero hay una dificultad adicional, y es que −si no hay cambio en la legislación en la materia, cosa que no se prevé− ese 20% de firmas se debe recoger por Estado, y según las cifras del último proceso electoral, hay ocho Estados (Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, La Guaira y Miranda) en donde el número de votos obtenidos por la opción no oficialista, fue inferior a ese 20%. Un solo ejemplo, en el Estado Barinas, con un proceso electoral reciente y exitoso, en donde participó más del 55% de los electores, es necesario recoger 121.528 firmas, lo que significa que el 70% de los que votaron por la oposición tendrían que firmar la solicitud del referendo. En esos ocho Estados donde la votación no oficialista no supera el 20% necesario para convocar el RR, ¿Estarían dispuestos los “chavistas” a firmar para lograrlo?, es de dudar.

Si no es fácil la tarea de recoger firmas para activar el revocatorio, después, lograr los votos suficientes para revocar el mandato, es también una tarea ciclópea. Si se logran superar todos los obstáculos que pondrán y reunir las firmas para activar el referendo, para que quede revocado el mandato implica reunir el día de la votación un voto más de los 6.245.862 que, según el CNE, obtuvo Nicolás Maduro en 2018 en su cuestionado proceso electoral.

Teóricamente, a favor de intentar el proceso está la alta votación opositora, en su evento más significativo, el de la elección de la AN de 2015, que superó los 7 millones de votos, por lo que se supone que habría votos suficientes para revocar el mandato presidencial; además porque el registro electoral, desde esa época hasta hoy, se ha incrementado en un 45%, y sabemos que esa cifra está subestimada, pues el proceso de inscripción solo se ha abierto en contadas y efímeras ocasiones; sin embargo, también desde esa época hemos tenido varios procesos electorales en donde la apatía electoral y la abstención han sido altas −en 2017, 2018, 2020 y 2021− y además tenemos una alta migración o éxodo hacia el exterior de venezolanos con derecho a voto, que algunos aseguran que pasa de los 4 millones, la mayoría opositores; en este momento quienes teóricamente podrían votar en el exterior, por estar inscritos, serían solo unos 107 mil electores. Lograr que se abra el registro en el exterior y que se habiliten centros de votación donde ejercer ese derecho, no será tarea sencilla y encontrará toda la resistencia del régimen, que es quien controla los recursos para hacerlo y que puede modificar la ley y el reglamento electoral para que sea posible.

Estamos frente a un verdadero dilema. Pedir a la población que espere al 2024 para sacar del poder al régimen de oprobio y seguir sufriendo las penurias actuales, es frustrante y desmoralizante; pero emprender la difícil vía del revocatorio, que de no lograr activarlo o de no conseguir la revocatoria del mandato, puede ser un revés político más frustrante y demoledor, sin especular acerca de la significación que pudiera tener sobre la “legitimación o deslegitimación” de Nicolas Maduro, el fracaso en un evento que pretendió revocarlo. De tomar la decisión de buscar la revocatoria del mandato, será necesario estar preparados para evitar frustraciones y decepciones en la población.

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No es fácil seleccionar los hechos políticos más importantes de 2021; por lo tanto me limitaré a hacer un resumen de los mismos y referirme a aquel que me llamó más la atención y me pareció más relevante.

En el manojo y diversidad de acontecimientos políticos que ocurrieron en 2021, destaco los siguientes:

• Juan Guaidó es ratificado como Presidente de la Asamblea Nacional (AN), y por consiguiente como Presidente del Gobierno Interino.
• El Gobierno de los EEUU −del recién juramentado Joe Biden−así como el de Canadá, Gran Bretaña y otros Estados, así como el Congreso de los EEUU, reconocen al Gobierno Interino de Juan Guaidó; de igual manera la UE y el gobierno de los EEUU reconocen como legítima a la AN de 2015 y ambos, durante el año, ratificaron y establecieron nuevas sanciones contra funcionarios del régimen venezolano.
• El Parlamento Europeo, reconoce también la continuidad de la AN 2015 e indican como única solución para Venezuela la de efectuar: “elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y locales que sean creíbles, inclusivas, libres, justas y transparentes…”.
• No obstante, también se producen algunas desafecciones hacia el Gobierno de Juan Guaidó, como por ejemplo las de los gobiernos de Rep. Dominicana, Panamá, Perú y se va notando la desintegración del Grupo de Lima, que en años anteriores había brindado gran respaldo al Gobierno Interino.
• Surge una nueva alianza en la oposición democrática, más amplia y con características más incluyentes: la Plataforma Unitaria, integrada por más de 40 partidos, grupos de la Sociedad Civil y los diputados electos en 2015.
• La AN oficialista electa en 2020, instaló un nuevo CNE, con dos rectores provenientes de las filas opositoras: Enrique Márquez y Roberto Picón Hernández, pero conservando el régimen la mayoría en el organismo.
• Se inician nuevas conversaciones o acuerdos de diálogo en Ciudad de México entre la Plataforma Unitaria, incluido el gobierno interino de Juan Guaidó, y el gobierno de Nicolás Maduro; tras la firma de un "memorándum de entendimiento" se realizan tres sesiones de diálogo, hasta que el régimen de Nicolás Maduro suspende su participación en octubre, en protesta por la extradición a los EEUU de Alex Saab.
• Como mencioné en el punto anterior, es extraditado a los EEUU Alex Saab y permanecen detenidos en España Hugo Carvajal, ex jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Hugo Chávez y Claudia Diaz Guillén, ex enfermera y ex Tesorera de Hugo Chávez, a la espera de ser también extraditados a los EEUU.
• Dos importantes informes sobre la situación de derechos humanos en Venezuela fueron presentados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU; uno de ellos por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que destacó la situación de los presos políticos, la continuación de la criminalización y judicialización en contra de los defensores de los DDHH, la continuación de las detenciones preventivas y el agravamiento de la crisis humanitaria, por efecto de la pandemia COVID19; el otro, fue el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que resaltó que el régimen de Nicolás Maduro: “no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos”.
• Karim Khan, nuevo Fiscal de la Corte Penal Internacional, tras su visita a Venezuela, informa su decisión de investigar formalmente, por crímenes de lesa humanidad, a funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro
• El 21 de noviembre (21N) se realizan elecciones regionales y locales, en donde participa con la tarjeta de la MUD la alianza opositora que representa a la Oposición Democrática.

De todos estos acontecimientos políticos, sin duda las elecciones del 21N y sus resultados marcan, para tirios y troyanos, un antes y un después. Por mi parte, de raigambre optimista y que siempre veo el vaso medio lleno, los resultados de esa elección, sin ser como para lanzar cohetes, no me parecieron del todo malos para la oposición. Por ejemplo, los que dicen que el régimen tiene todo controlado y solo hace “concesiones” a la oposición, no sé cómo explicarán que “permitió” que se le escaparan de sus garras la friolera de 123 alcaldías y que más de la mitad, 63, quedaran en manos de la MUD, de la oposición democrática, que antes tenía menos de 25. Las cifras permiten todo tipo de acomodos y explicaciones, cada quien las amolda y adapta a sus intereses políticos, a su interpretación de los hechos, pero me parece que pasar de 25 a 63 alcaldías, y que el gobierno deje de controlar un total de 123, tiene algún significado, aun en un contexto de baja participación electoral.

Ese resultado del 21N fue para mí el hecho más resaltante de la política en este año, por todo lo que implica: Primero, la decisión opositora de participar en el proceso electoral y ojalá signifique que se deja atrás la suicida y perniciosa política de abstención, que solo beneficia al régimen, porque está en mejor capacidad de movilizar a sus seguidores a votar, con halagos o bajo amenaza; segundo, a pesar de la distorsión que produce la abstención, yo veo una recuperación en penetración popular de la oposición democrática, con estas alcaldías y concejos municipales que se le arrebataron al régimen; y tercero −lo más importante−, que para nadie es un secreto que la dirigencia opositora, centralista, se vio presionada a participar en el proceso electoral, por el empuje y la exigencia de las dirigencias locales y regionales de los partidos, que en conjunción con la sociedad civil, se embarcaron en una dura y desigual campaña y lograron recuperar esas alcaldías para el pueblo democrático.

Nadie espera que los alcaldes resuelvan el tema de la hiperinflación, el desempleo, la falta de producción nacional, el hambre y otros agudos problemas que acogotan a la población. No será a nivel local que se resuelva la crisis del país; pero, los alcaldes sí pueden contribuir a resolver muchos problemas cotidianos, dadas sus competencias, tal como las establece el artículo 178 de la Constitución, que invito a leer, pues no las voy a enumerar aquí. Para destacar la importancia de este resultado electoral, me basta con recordar que el alcalde y el concejal son los primeros funcionarios públicos, electos, que están en contacto con la gente y sus problemas cotidianos; además, que los gobiernos locales tienen ingresos propios, que no dependen del gobierno central.

Pero la tarea de la sociedad civil y los partidos políticos locales no concluye con estos resultados; de modo que no los pasemos rápidamente a la trastienda, pues bien sabemos que, dada la dificultad del gobierno central para controlar los ingresos y recursos de los municipios, emprendió en el pasado la persecución, destitución y encarcelamiento de los alcaldes. Toca ahora organizarse para evitar que eso pase nuevamente y también, no lo olvidemos, para contrarrestar la amenaza de una “ley de comunas” que ronda por allí, con la que se pretende, según su articulado, restar funciones y recursos a alcaldías y concejos municipales. Estas son dos de las tareas, políticas, que tiene la oposición para 2022.

Parte de los temas mencionados arrastrarán su influencia hasta el 2022 y varios muy importantes arrancarán en los primeros días del año; pero, entre todos ellos y los temas posibles que poblarán el próximo año, hay uno que quiero comentar, pues se debe estar decidiendo a finales de este año y principios de 2022 y mi próximo artículo saldrá el 8 de enero.

Y es que, tan pronto como comience el año, el 5 de enero, vence el llamado Estatuto de Transición, aprobado el 26 de diciembre de 2020 por la AN de 2015, y que dio origen al Gobierno Interino, presidido por Juan Guaidó. La discusión sobre este punto ya se está dando en este momento y seguramente se profundizará en los próximos días.

Paralelo a este tema está la discusión acerca de los aciertos y pifias del Gobierno Interino y la Presidencia de Juan Guaidó; discusión que se viene desarrollando informalmente y de manera muy dañina por prensa y redes sociales y que está lejos de resolverse. Es una discusión que entre sus aristas toca la de la estrategia opositora para enfrentar a este oprobioso gobierno; toca también el tema de la indispensable renovación de los partidos políticos y su anquilosada dirigencia, rechazada inocultablemente por muchos venezolanos; toca también la necesidad de rendir cuentas, dadas las alegaciones y discusión acerca del manejo de fondos y activos; en fin, es un tema pendiente y como sabemos, para cada una de estas cosas hay posiciones y propuestas, enfrentadas algunas y no en los mejores términos. No es el caso de reproducir ahora los argumentos de cada una.

Pero la disolución del Gobierno Interino y la presidencia de Juan Guaidó, en mi opinión, no son temas que se despachan fácilmente, dadas sus repercusiones internacionales y la posición de nuestros aliados −como los EEUU, la Unión Europea, Canadá, Brasil, Colombia y otros−, para quienes la AN legítima es la de 2015 y otros solo reconocen a Juan Guaidó, unos como Presidente Interino, otros como Presidente de la AN 2015 −única que consideran legítima−, y todos como líder de la oposición democrática. No creo que sea estratégicamente inteligente desplazar la estructura del Gobierno Interino de Juan Guaidó, sin tener claramente definida y con consenso, una estructura y una figura que los reemplace.

“Con esta entrega concluyo mis actividades por este año, que reanudaré el 8 de enero, deseando a todos unas muy Felices Pascuas y los mejores deseos por un venturoso 2022, en el que demos pasos decisivos para la liberación del país. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo a todos!”

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