El caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores avanza ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Tras la primera audiencia el pasado 5 de enero, en la que el depuesto dirigente venezolano se declaró “inocente” de los cuatro delitos relacionados con narcoterrorismo (al igual que su esposa), este jueves 26 de marzo tiene lugar la segunda audiencia del proceso judicial.

Tanto Maduro como Flores se declararon sin recursos para costear a sus abogados y piden que sea el Estado venezolano quien asuma el pago de la factura, alegando que así lo establece la legislación de su país. Con base en este argumento, tanto el prestigioso Barry Pollack (abogado de Maduro, conocido porque fue quien logró la liberación de Julian Assange, el fundador de Wikileaks), como Mark Donnelly (abogado de Cilia), sostienen que el bloqueo de fondos decidido por Estados Unidos vulnera el derecho de los acusados a elegir su representación legal, protegido por la Constitución, y afirman que la única solución a este problema es “la desestimación del caso”, algo improbable.

“La legislación venezolana no establece ‘la obligación’ del Estado de sufragar honorarios de abogados privados para representar en procesos judiciales a personas naturales acusadas penalmente”, explica el abogado venezolano Nizar El Fakih, quien estuvo presente en la primera comparecencia de Maduro y Flores ante el juez. “Lo que sí establece es la obligación de representar o costear la representación judicial en casos en los que se vean afectados ‘los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República’. Por su parte, la ley estadounidense no reconoce el derecho de una persona natural acusada penalmente en una corte federal de acceder a fondos públicos de su país de origen para costear los honorarios de sus abogados”.

La fiscalía ha puesto en relieve que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) prohíbe expresamente el uso de fondos de una entidad sancionada para pagar los honorarios de los abogados de otra persona sancionada. Sin embargo, la institución emitió en enero una licencia para autorizar los pagos del Gobierno de Venezuela a los abogados de Maduro y Flores, pero esta fue revocada horas después. Los fiscales aclararon que fueron expedidas por un “error administrativo”.

Pollack y Donelly han echado mano de cuanto argumento han encontrado para sortear las sanciones que pesan contra sus representados. En una de las mociones, mencionan que la OFAC ha autorizado el uso de fondos sancionados de un gobierno extranjero para el pago de honorarios profesionales de abogados. Ciertamente, la institución ha permitido que los Gobiernos de Rusia, Siria o Irán paguen sus abogados para la defensa legal de sus naciones o entidades estatales en procesos judiciales en Estados Unidos, pero nunca de personas naturales.

Frente a este panorama, Maduro y Flores no tendrán otra opción que aceptar la asignación de un abogado por parte del tribunal, pero corresponderá al juez Alvin Hellerstein decidir o determinar el procedimiento a seguir.

La acusación

Si bien el primer indictment contra Nicolás Maduro data de 2020, la investigación que le precede tiene más de 10 años en curso, el trabajo de varias fiscalías del país (Nueva York y Florida) y fiscales internacionales. Fue así como el Departamento de Justicia emitió la segunda acusación contra Maduro y ahora contra Flores.

Al primero se le acusa de conspiración narcoterrorista, conspiración por importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. La exdiputada, expresidenta de la Asamblea Nacional y exprimera dama, enfrenta los mismos cargos que su esposo con excepción del último.

“No es improbable que sean condenados a cadena perpetua. Ha ocurrido en el pasado. El primer cargo contra Maduro (conspiración por narcoterrorismo) tiene una pena mínima obligatoria de 20 años de cárcel. El segundo (conspiración para importar cocaína) tiene una pena mínima de 10 años y una pena máxima de cadena perpetua. El rango es amplio, pero, sin duda, ambos acusados podrían permanecer el resto de sus vidas en prisión. Aunque aún falta mucho para saberlo”, indica El Fakih.

Fase de descubrimiento

En estos tres primeros meses del proceso judicial se ha desarrollado la etapa de descubrimiento (discovery), en la que las partes empiezan a tener conocimiento del acervo probatorio de la contraparte. La fiscalía comienza a desvelar las primeras pruebas contra los acusados, mientras los abogados de Maduro y Cilia inician la preparación de su defensa.

“En estos casos tan mediáticos, siempre se produce una interpretación del juicio en la opinión pública distinta al proceso que se lleva en los tribunales. La defensa de Maduro intentará ganar el juicio de la opinión pública con la presentación de mociones que, si bien saben que tienen muy poca probabilidad de éxito dentro de la corte, pueden generar tracción dentro de la población y la comunidad internacional”, comenta El Fakih.

Sin fianza ni inmunidad

En el caso de Maduro es improbable la posibilidad de una fianza. También en el de Flores. En este apartado, la corte evalúa el peligro de fuga y la gravedad de los cargos. Ambos han sido acusados de delitos federales asociados a temas de interés y seguridad nacional de Estados Unidos.

Tampoco aplica el principio de inmunidad ni la forma en cómo los acusados fueron capturados y puestos a la orden de la justicia. En Estados Unidos, la percepción de legitimidad de un gobierno extranjero es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, y Maduro no es reconocido como un gobernante legítimo por la Casa Blanca.

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