La mesa de negociación cierra la semana con avances en el TSJ y la libertad de expresión, pero deja las garantías políticas para octubre
La instalación de la mesa de garantías políticas y civiles, considerada fundamental por la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 para avanzar hacia elecciones libres, no se concretó durante el segundo ciclo de conversaciones. EFE/ Miguel Gutierrez
La segunda ronda de conversaciones entre el gobierno de Venezuela y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 concluyó esta semana con avances en el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), medidas relacionadas con la libertad de expresión y el compromiso de retomar en octubre la discusión sobre las garantías políticas y civiles.
El segundo ciclo de conversaciones terminó el viernes 25 de septiembre en Caracas. Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 y jefa de la delegación opositora, aseguró que uno de los principales resultados fue el avance en la reinstitucionalización del máximo tribunal.
“Yo me siento bien complacida de informarle a todo el pueblo venezolano que hemos iniciado la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia con pasos bien acelerados porque esto constituye una hoja de ruta de un entregable para el mes de noviembre”, afirmó Figuera en una entrevista con Venevisión.
La dirigente también señaló que durante esta etapa se produjo una apertura en materia de libertad de expresión. Según dijo, más de 60 redes informativas digitales que estaban bloqueadas fueron abiertas, aunque indicó que todavía permanecían bloqueados entre cinco y seis centros de información digital.
El TSJ concentra parte de los avances
El proceso para renovar a los magistrados del TSJ avanzó durante la semana con la activación del comité preliminar encargado de preparar la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, encargó al diputado Giuseppe Alessandrello reunir a los integrantes de la instancia y comenzar las actuaciones correspondientes.
“Sírvanse, por favor, señor diputado Giuseppe Alessandrello, reunir de inmediato al culminar la sesión del día de hoy a esta comisión preliminar”, expresó Rodríguez.
El comité estará presidido por Alessandrello y tendrá como vicepresidente a Pablo Pérez. También lo integran Gloria Castillo, José Óscar Villarroel, María Gabriela Vega, Fernando Bastidas, Carlos Mogollón, Jonathan García y Liliana González, además de Luis Florido y Félix Freites.
Rodríguez señaló que esta instancia deberá cumplir con los plazos establecidos para avanzar hacia la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales.
“Hoy corresponde la conformación del comité preliminar por parte de la junta directiva de la Asamblea Nacional para que proceda a cumplir con los plazos y los objetos establecidos en la Constitución para la designación del comité de postulaciones”, declaró.
En paralelo, quedó conformado el Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados y Postuladas al TSJ, integrado por siete juristas.
Juan Miguel Matheus, diputado de la Asamblea Nacional de 2015 y miembro de la delegación opositora, calificó como una “garantía” la designación de cuatro de los siete integrantes del consejo que fueron postulados por su sector.
El abogado constitucionalista destacó especialmente a Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez y María Bernardoni de Govea, a quienes atribuyó “reconocida solvencia ética y jurídica” para revisar las credenciales de los aspirantes.
“Sus nombres representan una garantía republicana para el país y, muy especialmente, para el foro jurídico venezolano”, afirmó Matheus.
La dirigente opositora Dinorah Figuera señaló, por su parte, que las personas que participen en el proceso deben contar con “altas credenciales” y ser “personas honorables, comprobables” que representen un voto de confianza para la población.
Las garantías políticas quedan para octubre
El principal asunto que quedó pendiente de la segunda ronda fue la instalación de la mesa de garantías políticas y civiles. Jorge Millán, miembro de la delegación de la Asamblea Nacional de 2015, confirmó que esta instancia no se instaló durante el segundo ciclo y que su discusión quedó prevista para el próximo encuentro, pautado para mediados de octubre.
“En esta oportunidad no se instaló la mesa de garantías políticas y civiles, que es la que le compete el tema y aspiramos que el próximo ciclo, que será a mediados de octubre, ya iniciar con fuerza la revisión de todos estos procesos de garantías políticas”, afirmó Millán.
La agenda incluye asuntos como la situación de dirigentes políticos que permanecen fuera de Venezuela, el levantamiento de inhabilitaciones y la recuperación de partidos políticos. Millán sostuvo que la delegación mantiene como objetivo que “todos los venezolanos recuperen sus plenos derechos, todos y cada uno de ellos”.
La discusión está vinculada además con las condiciones para un eventual proceso electoral. “Ha quedado pendiente para nosotros un tema que es fundamental para Venezuela, que son las garantías políticas” para “tener las columnas necesarias para ir a unas elecciones libres y democráticas”, señaló.
La fecha de las elecciones presidenciales tampoco quedó definida en la mesa. Millán calificó como una declaración unilateral el anuncio de Jorge Rodríguez de que los comicios se realizarán “en el lapso que establece la Constitución”.
“Es una declaración unilateral, no sabemos qué quería decir con esto de la Constitución, pero yo creo que todos los venezolanos estamos claros de que hay una mora constitucional para que el pueblo se exprese y decida quién lo representa”, sostuvo.
Libertad de expresión y Ley contra el Odio
La libertad de expresión también formó parte de los resultados expuestos tras la segunda ronda.
Figuera aseguró que se produjo la apertura de más de 60 redes informativas digitales y planteó que todavía existen sitios bloqueados que esperan ser habilitados.
Otro de los asuntos vinculados con las libertades públicas fue la Ley contra el Odio.
Esta semana, Delcy Rodríguez remitió una comunicación a la Asamblea Nacional para solicitar la reforma de la normativa aprobada en 2017. En la misiva planteó “avanzar en la despenalización de las conductas previstas en el mencionado instrumento normativo, como parte de las acciones adoptadas por el Ejecutivo nacional para transformar el sistema de justicia penal y favorecer el reencuentro y la convivencia democrática”.
La propuesta generó cuestionamientos entre organizaciones defensoras de derechos humanos que consideran insuficiente una reforma y plantean la derogación de la norma.
Rafael Uzcátegui, director de Laboratorio de Paz, afirmó: “Hay una confesión implícita de que hubo abusos. Una reforma es insuficiente porque, aunque es uno de los mecanismos más usados, no es el único. De poco sirve si se mantiene la lógica de ver al crítico como enemigo”.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reconoció el uso abusivo de la Ley contra el Odio | AFP.
Martha Tineo, directora y cofundadora de Justicia, Encuentro y Perdón, sostuvo que la aplicación de la norma produjo daños y defendió su derogación como garantía frente a nuevos procesos por opiniones.
“La única garantía real para que no vuelvan a encarcelar a alguien por emitir una opinión es sacar la ley del ordenamiento jurídico. El escenario ideal es la derogación; no obstante, si se transita hacia una justicia transicional, una reforma que garantice una despenalización efectiva representa un primer paso”, afirmó.
Figuera también se refirió al instrumento durante su entrevista y señaló que su modificación es una demanda de organizaciones de derechos humanos. “A mí lo que me importa es que le cambien toda la estructura de criminalización que ha sido el sujeto o el objeto de esta ley”, dijo.
El calendario electoral sigue sin fecha
Aunque las elecciones forman parte de la discusión de fondo, la mesa todavía no ha establecido una fecha para los comicios presidenciales.
Figuera sostuvo que antes de fijar una fecha considera necesario avanzar en la conformación de instituciones electorales y en las condiciones que permitan dar confianza al proceso.
“Nosotros tenemos la responsabilidad moral de ofrecerle al país un Consejo Nacional Electoral creíble, transparente, vigoroso, que la gente se sienta reflejada y que su voto va a ser en este caso reconocido y va a elegir”, afirmó.
La presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 evitó fijar una fecha electoral y señaló que prefiere que las partes alcancen primero un principio de consenso. “Atreverme a decir yo en este momento una fecha, con toda la responsabilidad digo que prefiero que nos sentemos a la mesa, que logremos un principio de consenso y de trabajo para así con esta responsabilidad que nos ha dado en este caso el país, constituir un proceso electoral respetable”.
Noviembre y diciembre, próximos hitos
Mientras las garantías políticas quedaron para octubre, el proceso de renovación del TSJ tiene como referencia el mes de noviembre.
Figuera señaló que existen “entregables” previstos para ese mes. El proceso deberá continuar con la revisión de credenciales y las distintas etapas para la selección de los nuevos magistrados.
El Consejo Nacional Electoral aparece como otro de los asuntos pendientes. Figuera señaló que la designación de sus autoridades forma parte de las discusiones que deberán abordarse antes de establecer una ruta electoral.
Así, al cierre de la semana, la negociación deja tres fechas de referencia: octubre para retomar la discusión sobre las garantías políticas y civiles, noviembre como horizonte para los avances relacionados con la renovación del TSJ y diciembre como un momento previsto para abordar asuntos vinculados con el Consejo Nacional Electoral y la ruta de transición.
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