La designación de Gustavo González López en el Ministerio de la Defensa ratifica la denuncia de la ONU: la estructura represiva del Estado permanece intacta. El exdirector del Sebin, señalado por crímenes de lesa humanidad y torturas, asume el mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un movimiento que blinda a los altos mandos acusados de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nombró este miércoles 18 de marzo a Gustavo González López como nuevo ministro de la Defensa. El oficial asume el cargo tras la salida de Vladimir Padrino López.
Esta designación ocurre seis días después de que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitiera una alerta crítica. El pasado 12 de marzo, los expertos Alex Neve y María Eloísa Quintero advirtieron en Ginebra que la maquinaria institucional represiva venezolana permanece intacta.
La Misión denunció que varios funcionarios militares de alto nivel, identificados previamente como responsables de crímenes de lesa humanidad, continúan en el ejercicio de altos cargos. El ascenso de González López materializa los temores expresados por la comunidad internacional sobre la falta de justicia.
Múltiples documentos de la ONU sustentan el expediente contra el nuevo titular de la Defensa, especialmente el Informe de 2020 y las actualizaciones de 2023. Las investigaciones concluyen que González López, durante su gestión en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), participó en actos de tortura.
La Misión documentó el caso de Josnars Adolfo Baduel, detenido en 2020 durante la denominada "Operación Gedeón". Baduel relató que González López lo interrogó personalmente mientras agentes lo sometían a asfixia por inmersión y descargas eléctricas en los genitales.
En el centro de detención conocido como "La Tumba", el oficial administró dinámicas de persecución psicológica. Los expertos registraron testimonios donde el militar ofrecía libertades condicionales a cambio de información, mientras mantenía a los detenidos en condiciones de aislamiento prolongado.
Como ministro de Relaciones Interiores en 2015, González López dirigió las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). En una incursión en la Cota 905, en Caracas, fuerzas estatales ejecutaron extrajudicialmente a 14 jóvenes.
González López justificó la masacre en televisión nacional al declarar que habían muerto "14 maleantes" en enfrentamientos, a pesar de la ausencia de pruebas judiciales. La Misión identificó este patrón como una política de Estado para criminalizar a sectores populares.
Otro caso relevante involucra a un periodista detenido en Plaza Venezuela, en Caracas. Mientras agentes golpeaban al comunicador, el oficial observaba la agresión sin intervenir para sancionar a sus subordinados, limitándose a enviar mensajes ambiguos sobre las órdenes impartidas.
Exdetenidos describieron un sistema de "policía bueno y policía malo" en El Helicoide, sede del Sebin. Según los relatos, González López asumía el rol mediador durante los interrogatorios, mientras otros mandos ejecutaban el daño físico para extraer confesiones forzosas.
El nombramiento confirma la advertencia de la ONU sobre la permanencia de estructuras que violan derechos humanos. El organismo internacional enfatizó en que la rotación de cargos entre señalados por crímenes graves impide cualquier avance real en la transición.
Los expertos insisten en que la cadena de mando debe responder ante la justicia internacional por las violaciones sistemáticas documentadas.
https://www.elnacional.com/2026/03/gonzalez-lopez-ministro-defensa-expediente-onu/