Edmundo González condena intento de Maduro de despojar a Leopoldo López de su nacionalidad: "La identidad no es una concesión del poder"
El líder de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, condenó este domingo, 26 de octubre, la amenaza del gobierno de Nicolás Maduro de retirarle la nacionalidad al dirigente político Leopoldo López, y advirtió que una medida de ese tipo “vulnera los principios más básicos del derecho internacional”.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, González Urrutia expresó que la decisión anunciada por el Ejecutivo forma parte de una tendencia autoritaria que se repite en otros países de la región.
“Privar a un ciudadano de su nacionalidad por motivos políticos vulnera los principios más básicos del derecho internacional. La reciente amenaza contra Leopoldo López forma parte de una práctica cada vez más común en los regímenes autoritarios de la región”, escribió el líder opositor en la red social.
González Urrutia también denunció que millones de venezolanos que han debido huir del país viven hoy sin pasaporte ni cédula, y sin posibilidad de renovar sus documentos de identidad, lo que ha generado graves consecuencias humanitarias.
“Muchos niños nacen en el exilio en condición de apátridas, víctimas de una apatridia que los priva de reconocimiento y protección. La identidad no es una concesión del poder, es un derecho que está siendo violado”, agregó en su publicación.
Solidaridad con Leopoldo López
El exembajador, reconocido como presidente electo de Venezuela por la oposición y varios pases del mundo, expresó además su solidaridad con Leopoldo López y con “cada venezolano víctima” de esta situación.
El pronunciamiento de González Urrutia se produce luego de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez informara que Maduro presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso para retirar la nacionalidad venezolana a López, alegando presuntos “llamados a la invasión militar de Venezuela” y “promoción del bloqueo económico”.
De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución, ningún ciudadano nacido en el país puede ser privado de su nacionalidad, lo que ha generado críticas desde diversos sectores por la ilegalidad de la solicitud del Ejecutivo.
El caso ha reavivado el debate sobre el uso de la nacionalidad como instrumento político en regímenes autoritarios, una práctica que, según observadores internacionales, contradice los convenios y tratados sobre derechos humanos suscritos por Venezuela.
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