La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció este viernes el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley de amnistía general dirigido a los presos políticos en Venezuela. El anuncio se realizó durante el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y, según afirmó la funcionaria, busca “favorecer la convivencia” y reducir la confrontación política en el país.

De aprobarse, la ley podría beneficiar a cientos de personas que permanecen detenidas o sometidas a procesos judiciales por motivos políticos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

La propuesta de amnistía sería más amplia que las excarcelaciones ejecutadas en las últimas semanas, ya que no solo implicaría la liberación de detenidos, sino también el cierre de las causas judiciales abiertas. Actualmente, muchos de los excarcelados continúan bajo medidas cautelares como prohibición de salida del país, restricciones para declarar públicamente o limitaciones laborales, lo que mantiene su situación jurídica en condición de vulnerabilidad.

Según cifras oficiales, más de 800 personas habrían sido liberadas desde el inicio de este proceso, aunque organizaciones defensoras de derechos humanos manejan números significativamente menores y advierten sobre la falta de transparencia en los procedimientos.

Durante su intervención, Rodríguez anunció además que El Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos del aparato represivo del Estado, será transformado en un centro de servicios sociales y deportivos para funcionarios policiales y sus familiares. El anuncio se produjo en un acto cerrado a la prensa y generó reacciones encontradas.

La mandataria informó que el proyecto de ley será redactado con carácter de urgencia por una comisión vinculada al Ejecutivo y aprobado en los próximos días por la Asamblea Nacional. Adelantó que quedarán excluidos de la medida de gracia los condenados por delitos comunes graves, como homicidio y narcotráfico.

“Vengo a esta Cámara como presidenta, pero también como abogada”, afirmó Rodríguez al recordar el encarcelamiento y muerte de su padre bajo tortura. En su discurso, también reconoció problemas estructurales del sistema judicial, como el retardo procesal y la corrupción, y planteó la necesidad de una reforma del modelo de justicia.

Organizaciones de derechos humanos recuerdan, sin embargo, que el chavismo ha utilizado históricamente a los presos políticos como moneda de negociación, alternando liberaciones parciales con nuevas detenciones arbitrarias. Aunque la amnistía anunciada podría marcar un cambio de mayor alcance jurídico, persisten dudas sobre su aplicación efectiva y su impacto real en las garantías fundamentales.

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