El régimen venezolana continúa utilizando la desaparición forzada como una herramienta de represión política, según un nuevo informe de Amnistía Internacional publicado el martes. Bajo el título “Venezuela: Detenciones sin rastro”, el documento expone 15 casos ocurridos entre el 28 de julio de 2024 —fecha de la elección presidencial— y el 15 de junio de 2025.

Amnistía Internacional asegura que estas desapariciones no son hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático y generalizado impulsado desde el Estado, lo que constituiría un crimen de lesa humanidad.

          “Las autoridades venezolanas han cometido, y siguen cometiendo, desapariciones forzadas como parte de su política de represión a la disidencia y a quienes perciben como tales”, señala el informe.

Entre las víctimas documentadas se encuentran activistas, militares retirados y ciudadanos vinculados —o supuestamente vinculados— con la oposición política. En todos los casos, sus familias han denunciado la negativa de los cuerpos de seguridad a informar sobre el paradero de los detenidos, violando el derecho internacional y las leyes venezolanas.

La organización también destacó que estas prácticas no son nuevas. A lo largo de la última década, ha documentado múltiples casos que revelan una política sostenida de represión que se intensifica en momentos clave del calendario político, como elecciones, protestas o crisis institucionales.

Crimen internacional

Amnistía Internacional concluye que la práctica de desapariciones forzadas en Venezuela constituye una violación grave de derechos humanos y un crimen internacional. En ese sentido, llama a la comunidad internacional, en especial a la Corte Penal Internacional, a profundizar sus investigaciones sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen venezolano.

        “Las desapariciones forzadas buscan infundir miedo y silenciar la crítica. Es una forma extrema de represión que deja a las víctimas fuera del amparo de la ley”, advirtió la directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El informe se suma a las denuncias de otros organismos como la Misión Internacional Independiente de la ONU, que ha venido documentando la responsabilidad directa de altos mandos del gobierno en violaciones sistemáticas de derechos humanos.

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