La lentitud e intermitencia que muchos usuarios experimentaron al intentar acceder a páginas gubernamentales entre el 24 y el 26 de diciembre no respondía a “mantenimiento rutinario”, sino a una operación de fusión de millones de registros civiles en tiempo real.

El gobierno de Nicolás Maduro ejecutó entre el 24 y el 26 de diciembre una operación tecnológica de gran escala que permitió la unificación de las bases de datos civiles del Saime, la banca pública y el sistema Patria. Así lo señala una investigación firmada por la periodista Milagros Socorro y publicada por La Gran Aldea, que documenta una migración masiva y coordinada de servidores estatales.

Especialistas en ciberseguridad que monitorearon el tráfico de red, de acuerdo con el reportaje, detectaron picos anómalos de actividad, reindexación de bases de datos y latencia selectiva en portales oficiales, justo en días de mínimo uso ciudadano por el asueto navideño.

La Gran Aldea explicó que la lentitud e intermitencia que muchos usuarios experimentaron al intentar acceder a páginas gubernamentales en ese periodo no respondía a “mantenimiento rutinario”, sino a una operación de fusión de millones de registros en tiempo real.

Valida, cruza y actualiza datos de forma automática

La investigación sostiene que esta reconfiguración marca un cambio estructural en la forma en que el régimen administra la identidad ciudadana. Hasta ese momento, organismos como el Saime, la banca pública (principalmente el Banco de Venezuela) y Patria operaban como sistemas separados que solo se cruzaban de forma parcial.

La nueva arquitectura elimina esa fragmentación y crea un nodo central que valida, cruza y actualiza datos de manera automática.

En términos prácticos, advierte el medio, el Estado adquiere la capacidad técnica de bloquear o inhabilitar la identidad civil de cualquier ciudadano desde un solo sistema, sin necesidad de procesos judiciales ni trámites administrativos tradicionales.

Un error, inconsistencia o señal considerada “irregular” en un área podría traducirse de inmediato en el bloqueo de servicios bancarios, trámites de identidad o acceso a beneficios públicos.

Uno de los hallazgos del reportaje es la integración de protocolos de la banca pública que obligan a registrar el código IMEI de los teléfonos y la geolocalización exacta del usuario en cada transacción.

El cruce de esta información con otros registros permitiría, por ejemplo, asociar movimientos financieros con ubicaciones físicas en tiempo real, así como detectar coincidencias geográficas entre personas consideradas de “interés”, sin necesidad de vigilancia física directa.

“Con la nueva centralización pueden impedir que compres gasolina, pagues servicios básicos o ingreses a un hospital público simplemente apagando tu ID en el nodo central. Es, en los hechos, un interruptor de ciudadanía”, enfatiza la investigación.

Un “corralito patrimonial”

La centralización también tendría implicaciones para los venezolanos en el exterior.

El reportaje señala que, al unificar los datos migratorios con la banca y los registros de propiedad, el sistema podría suspender de forma automática el acceso a cuentas, trámites o bienes de ciudadanos que residan fuera del país, sin notificación previa ni orden judicial.

Asimismo, la investigación advierte sobre la posibilidad de congelar o impedir transferencias de propiedades mediante bloqueos digitales, lo que denomina un “corralito patrimonial” ejecutado desde plataformas tecnológicas.

La Gran Aldea subraya que los hallazgos se sustentan en análisis de tráfico de red y monitoreo de nodos estatales realizados entre el 22 y el 26 de diciembre. Por razones de seguridad, el medio mantiene bajo reserva las identidades de los expertos que participaron en el estudio.

https://www.elnacional.com/2025/12/afirman-que-el-gobierno-de-maduro-centralizo-las-bases-de-datos-del-saime-la-banca-publica-y-patria-que-significa-esto/