Venezuela comenzó el año 2021 en medio de un vacío institucional, en el que ya no existe un Parlamento legítimo, ni legal en el país. La Asamblea Nacional (AN) electa en diciembre de 2015 era el único poder reconocido internacionalmente, a partir del cese de su periodo constitucional el 4 de enero de 2021 queda claro que en el país solo existe un gobierno que tiene control territorial y aunque la comunidad internacional occidental no reconoce su legitimidad, admite su poder fáctico.

La decisión de los parlamentarios electos en el año 2015 de prolongar -al menos durante un año- su mandato no está exenta de dudas legales y políticas, especialmente en todo lo que rodea a la aprobación (en diciembre de 2020) de la Ley de Reforma parcial de la Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia y la reforma parcial a la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital.

En una sesión virtual vía Zoom, con cámaras apagadas, con 28 diputados suplentes incorporados irregularmente porque los principales de estos curules también se encontraban en la sesión y sin votación nominal se aprobó la reforma de ambas leyes. En el caso de la reforma a la Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia, los diputados que integran la bancada de Acción Democrática (28 diputados) decidieron salvar su voto argumentando que no era necesaria la reforma. No obstante, sí acordaron la reforma de la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela.

Como ya se sabe, el funcionamiento del Parlamento a partir del 4 de enero de 2021 -momento en que culminó su periodo constitucional de 5 años- es asumido permanentemente por la Comisión Delegada que tiene su sustento en los Artículos 195 y 196 de la Constitución de la República y en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. No obstante, en estos artículos se especifica que la Comisión Delegada se encarga de las tareas correspondientes de la Asamblea Nacional cuando esta se encuentra en receso.

Sin embargo, no existe en la Constitución, ni en el Reglamento Interior y de Debates norma alguna que permita que esta Comisión, que por mandado del Artículo 195 de la Constitución, debe quedarse de guardia durante el receso parlamentario, pueda sustituir al Poder Legislativo Nacional con vocación de permanencia indefinida pues su temporalidad breve deriva del Artículo 196 de la Carta Magna.

La carta de la consulta popular celebrada entre el 7 y 12 de diciembre de 2020 tampoco aporta solidez a la decisión tomada; especialmente por la ausencia de auditorías creíbles que avalen los resultados presentados y porque la Consulta no ha funcionado ante los ojos de la comunidad internacional como sustituto imperfecto de la ausencia de validación electoral para la continuidad del Parlamento -ahora Comisión Delegada- y por ende de la figura de la Presidencia encargada.

No debe olvidarse que la Presidencia encargada de Juan Guaidó no es inherente a la persona, sino que deriva del cargo de Presidente de la Asamblea Nacional.

Adicionalmente, la creación del Centro Político -conformado por los partidos Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y Un Nuevo Tiempo (UNT)- para sustituir al llamado Centro de Gobierno del Gobierno interino, plantea otras interrogantes. Más allá de intentar disminuir en la práctica el rol y poder de Leopoldo López en torno a las decisiones que toma la encargaduría de Juan Guaidó, no queda claro si esta instancia está prevista para funcionar realmente como órgano de control y consulta sobre el uso que tendrá el Fondo para la Liberación; o se comienza a configurar una nueva estructura política que pueda asumir la conducción de la oposición en 2021.

El análisis preliminar de estas decisiones es negativo. La oposición no solo se aísla cada vez más de los factores de poder real en el país (el sector militar), sino también del factor social. Adicionalmente, sin la validación electoral no existe forma de establecer mecanismos de toma de decisión dentro de la oposición; mecanismos que hicieron efectiva a la extinta Mesa de la Unidad Democrática y su éxito político y electoral en los comicios parlamentarios del año 2015.

La principal apuesta de la oposición institucional -agrupada ahora en torno a la Comisión Delegada- sigue siendo que la Emergencia Humanitaria Compleja que afronta el país provoque un alzamiento civil, que llevará a los militares a retirar su apoyo a Maduro. En los dos últimos años la precarización del país solo ha servido para afianzar al statu quo en el poder.

No obstante, existen factores dentro de la oposición que comienzan a valorar la posibilidad que las sanciones se usen para obtener concesiones sustantivas que hagan un proceso de cambio de política irreversible, pero menos incierto y gradual. Para que esta estrategia sea efectiva se necesita el aval de la nueva administración de Estados Unidos.

La UE ajusta su postura

La posición de la Unión Europea (UE) no es sorpresiva. El calificativo de “Asamblea Nacional saliente” otorgado al Parlamento electo en 2015 describe las discrepancias entre los países miembros del bloque hemisférico para encontrar consenso en torno a la situación de Venezuela. Sin embargo, aceptar la tesis de continuidad permanente e indefinida y sin garantías concretas de cambio no es posible para el bloque hemisférico.

Debe recordarse que solo el Reino Unido permitió gestiones de los representantes del Gobierno interino sobre los activos de Venezuela, el resto de los 26 países del bloque hemisférico -incluidos Italia, España y Portugal– no lo aceptaron e incluso solo recibieron a los enviados de Guaidó como representantes especiales, pero no avalaron -como ocurrió en EE.UU.- que tomarán el control de las sedes diplomáticas.

Por ahora se desconoce la posición británica sobre este tema una vez que se concretó su salida de la Unión Europea, y aún no es clara la estrategia que seguirá la administración de Joe Biden para Venezuela.

La declaración del 6 de enero sugiere que la UE (como bloque) ha decidido dejar atrás el debate sobre la legalidad de la Presidencia interina e incluso parece abrir las puertas a reconocer eventualmente en temas muy específicos al nuevo Parlamento cuando en su comunicado indica: “La UE lamenta profundamente que la Asamblea Nacional asumiera su mandato el 5 de enero sobre la base de estas elecciones no democráticas”.

En este momento se puede inferir que el Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell intentará buscar una nueva negociación política en torno a Venezuela y a los comicios regionales previstos para final de año; y que la UE ha decidido tratar con Maduro aunque no lo considere presidente legítimo, sino de facto. Esta es la principal pérdida de espacio para la oposición institucional agrupada en torno a la Comisión Delegada. La duda en este caso es quiénes representarán a la oposición venezolana en una negociación o si el Centro Político participará en este proceso.

Jorge Rodríguez y el reconocimiento indirecto a la AN

La figura del presidente de la Asamblea Nacional que entró en funciones el 5 de enero de 2021 será clave en lograr el reconocimiento -indirecto- de esta instancia en la comunidad internacional. La presencia de Jorge Rodríguez en cualquier proceso de negociación promovido por la comunidad internacional no será solo a título de representante de Maduro, será también como Presidente del Parlamento venezolano; una jugada que intentará usar el chavismo para ir logrando paulatinamente que se reconozca como Poder Legislativo a las personas electas en los cuestionados comicios del 6 de diciembre de 2020.

Sin respaldo de los ciudadanos

Como se indicó en anteriores textos los electores dudan de la legitimidad de la continuidad del Parlamento electo en 2015, así como de la legitimidad del Parlamento electo el 6 de diciembre de 2020 y que se instaló el 5 de enero de 2021.

Según un estudio de la firma Datanálisis 45,6% de los venezolanos afirmaron -en noviembre pasado- que era ilegítimo la realización de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Apenas 35% (la amplia mayoría de estos quienes se definen como chavistas) consideraban al evento como legítimo.

Por otra parte, para 43% de los ciudadanos la Asamblea Nacional que resultara del proceso del 6 de diciembre no se podía considerar legítima.

Esta opinión es extensiva a la continuidad de la Asamblea Nacional electa en el año 2015. Según los resultados de Datanálisis 55,6% de los venezolanos creían que no se debe considerar legítimo al Parlamento electo en 2015 más allá del límite constitucional del 5 de enero, si esta continuidad no se define en un proceso electoral.

Si el aval a la continuidad del Parlamento electo en 2015 se analiza por autodefinición política, destaca que apenas 35% de quienes se dicen opositores sostienen que sería una instancia legítima, al igual que 12% de los independientes.

@puzkas

*Datanálisis. El estudio se realizó entre el 2 y 10 de noviembre de 2020. Consistió en 500 entrevistas en hogares, para un error muestral de +/-4,38%.

La Gran Aldea

https://lagranaldea.com/2021/01/07/venezuel

El 5 de enero de 2021 marcará un nuevo hito en la compleja situación de Venezuela. Ese día no solo culmina el periodo constitucional de 5 años de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, también debe instalarse el Parlamento que será electo el 6 de diciembre en un proceso electoral que ha sido desconocido por la mayoría de las democracias occidentales. En esencia el 2021 comenzará en Venezuela sin que ninguno de sus poderes esté legítimamente constituido.

Cuando comenzó a debatirse la posibilidad de que se extendiera el mandado de la actual Asamblea Nacional, José Ignacio Hernández, ex procurador del gobierno interino de Juan Guaidó, explicó que la extensión del mandato de la Asamblea Nacional electa en el año 2015 -y por ende del Gobierno interino encabezado por Guaidó- era la única solución posible ante la ausencia de la celebración de elecciones parlamentarias creíbles.

Aunque el debate sobre el 5 de enero se centra en que existirán dos Parlamentos, Hernández ha sido claro en precisar que en la práctica nada cambiará. El ex procurador ha recordado reiteradamente en sus apariciones públicas que en este momento Venezuela tiene un Parlamento legítimo presidido por Guaidó y un Parlamento ilegítimo y fraudulento presidido por el diputado Luis Parra “que es un títere de Nicolás Maduro” y a partir del 5 de enero se tendrá el Parlamento de Guaidó y la instancia electa el 6 de diciembre.

No obstante, la estrategia de mantener la continuidad del Parlamento y el Gobierno interino presidido por Guaidó hasta que Maduro abandone el poder, no es compartida abiertamente por algunos de los principales aliados nacionales e internacionales de la oposición venezolana.

De entrada, se desconoce cuántos de los diputados electos en 2015 que permanecen en Venezuela mantendrán su respaldo a la tesis de la continuidad a partir de enero de 2021. Aunque figuras emblemáticas como los diputados Delsa Solorzano o Luis Florido han declarado que respetarán esta estrategia; otros como Stalin González han sugerido que a partir del 5 de enero dejarán de ser diputados.

Incluso, en este momento se desconoce si Guaidó contará el 5 de enero con el respaldo de, al menos, 84 diputados (entre los que se encuentran en el exilio y en Venezuela) para instalar el Parlamento y ser ratificado como Presidente del cuerpo y a su vez como Presidente interino del país.

A estas críticas se unen las principales ONG de derechos humanos y figuras políticas emblemáticas de la oposición ante la comunidad internacional, como Henrique Capriles Radonski.

¿Igual a 2017?

Para lidiar con la falta de validación electoral que tiene la continuidad del Parlamento, el gobierno interino de Guaidó realizará una consulta popular entre el 7 y 12 de diciembre. No obstante, esta idea no cuenta con el aval de la mayoría de los principales referentes opositores, entre ellos María Corina Machado quien sostiene que la consulta es innecesaria porque existe un mandado no concluido a partir del plebiscito celebrado en 2017 con preguntas similares a las que se plantean para la consulta popular.

En 2017 se plantearon las siguientes interrogantes:

¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?

¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?

¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?

Según el comité de garantes de esa consulta, en 2017 participaron en este proceso 7.186.170 venezolanos.

Para la consulta popular prevista del 7 al 12 de diciembre (se podrá participar de forma digital y presencial, dentro y fuera de Venezuela) se plantearán también tres interrogantes:

¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?

¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?

¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?

Las interrogantes planteadas en la consulta popular no resuelven el problema de legalidad y legitimidad en torno al 5 de enero de 2021; como tampoco la dualidad que se tendrá con dos Parlamentos: El encabezado por Juan Guaidó, reconocido por sus aliados; y el electo el 6 de diciembre reconocido por los aliados de Maduro.

Adicionalmente, ni las elecciones parlamentarias, ni la consulta popular parecen entusiasmar a los ciudadanos.

La eventual disputa por los datos de participación entre las elecciones parlamentarias y la consulta popular probablemente no pueda utilizarse como referencia del grado de aceptación de los venezolanos a uno u otro modelo, porque no existen razones técnicas o políticas que permitan confiar en los resultados de participación que se anuncien.

Según el más reciente estudio de la firma Datanálisis apenas 8,6% de los venezolanos dicen estar muy dispuestos a participar en las elecciones parlamentarias; mientras, 25,4% sostienen que están dispuestos a hacerlo. El grupo que potencialmente pudiese participar está integrado mayoritariamente por quienes se dicen chavistas. Según el estudio a votar en las parlamentarias pueden acudir 75% de quienes se dicen chavistas, 28% de los independientes y 26% de los opositores.

Por otra parte, un estudio especial de la firma Consultores 21 indica que en el caso de las elecciones parlamentarias, solo 22% está dispuesto a participar. En este grupo se encuentran 61% de quienes se dicen chavistas, 17% de los independientes y 12% de los opositores.

La disposición a participar en la consulta popular no es muy diferente. Según el estudio de Datanálisis solo 3% dice estar muy dispuesto a votar en este proceso, mientras 18% dice estar solo dispuesto. Un potencial de participación de 21% de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral, aunque en la consulta podrá participar cualquier ciudadano, inscrito o no como elector, dentro o fuera de Venezuela.

En el caso de la consulta popular, este evento motiva mayoritariamente a quienes se dicen opositores: 67% de quienes se auto definen como adversarios a Maduro están dispuestos a acudir al evento propuesto por el Gobierno interino, al igual que 31% de los independientes y 13% de los chavistas.

No obstante, en este momento la mayoría de los ciudadanos dicen ser independientes y no se identifican con el liderazgo del chavismo o de la oposición: Mientras 60% de los venezolanos sostiene que es independiente, solo 26% dice que es opositor y apenas 12% se declara chavista.

Solo el Parlamento de 2015 es legítimo

Hasta el 5 de enero de 2021 la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) es el único poder del Estado venezolano que cuenta con legitimidad de origen. Además, el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó sustenta su legalidad en la interpretación del Artículo 233 de la Constitución Nacional que faculta al Presidente del Parlamento para ocupar temporalmente la Presidencia de la República, en caso de que el Poder Ejecutivo no pueda ser designado y exista una vacante absoluta del cargo.

El resto de los poderes del Estado es cuestionado por varias razones: La presidencia del Estado recae sobre Nicolás Maduro; reelecto como Presidente en un proceso electoral (20 de mayo de 2018) desconocido por las democracias occidentales, y solo avalado por los aliados de la Revolución Bolivariana: Rusia y China.

Por otra parte, la estructura del Poder Judicial es cuestionada, al menos, desde el 2014. Ocho de sus integrantes han sido sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con cargos que van desde avalar violaciones a los Derechos Humanos hasta lavado de dinero. Este Poder Judicial designó en julio a un nuevo Poder Electoral. De los ocho integrantes de la autoridad electoral, cinco (incluyendo a la nueva presidenta) han sido sancionados por EE.UU., Canadá y la Unión Europea.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli coincide con José Ignacio Hernández. Así como Venezuela tiene en este momento tiene dos Poderes Judiciales (el que soporta al régimen de Maduro y el que se encuentra en el exilio), en enero pasará a tener dos Parlamentos: El que preside Juan Guaidó y el que resulte electa el 6 de diciembre de 2020. ¿Cuál será el Parlamento legítimo?

Sobre esta dualidad en el Poder Legislativo el ex procurador de Guaidó ha sostenido que, excepcionalmente, el mandato de la Asamblea Nacional se mantiene solo en la medida necesaria para asegurar la transición a la democracia (Artículo 333 de la Constitución), y evitar el vacío de poder que se generaría por el desconocimiento de los diputados fraudulentamente electos y la extinción del mandato de la Asamblea Nacional electa en 2015. En este sentido, para Hernández el parlamento que preside Guaidó no pudiese legislar a partir del 5 de enero.

Hasta ahora, solo EE.UU. (la administración de Donald Trump) se ha pronunciado abiertamente avalando la continuidad administrativa del gobierno interino de Guaidó.

En un comunicado difundido el pasado 3 de agosto, la Oficina Externa de los EE.UU. para Venezuela encabezada por James Story -actualmente ratificado como Embajador de EEUU ante Venezuela, aunque despachando desde Colombia– avaló la decisión de los partidos opositores de no participar el 6 de diciembre, al tiempo que exhortó “a otros países que valoran y honran los derechos humanos” a respaldar la decisión tomada por Guaidó.

Sin embargo, la Unión Europea (el otro principal aliado de la oposición venezolana) aún no fija posición clara sobre la continuidad administrativa del Parlamento y, especialmente, del Gobierno interino. Extraoficialmente se asegura que, ante las dudas que genera el escenario político en Venezuela, el bloque hemisférico optará por centrarse en garantizar la ayuda humanitaria necesaria, dejando el conflicto sobre la legitimidad y legalidad de los poderes a un lado.

En este sentido, Leopoldo López, coordinador del centro de gobierno de Guaidó, dice estar preocupado “que algunos piensen que no es el momento para un cambio de régimen, y decidan centrarse en hacer frente a la crisis humanitaria, pero la mejor manera de hacer frente a la tragedia humanitaria es promover el cambio político, ya que la fuente de la crisis es política”.

Sobre un posible cambio de postura de EE.UU. (para hacer alianza con la postura de la Unión Europea) López dice estar confiado en que se entienda que “Venezuela necesita un cambio de régimen, ya que la tragedia humanitaria solo se corregirá con un cambio político”.

No obstante, extraoficialmente en EE.UU. se sostiene que la política exterior del presidente electo Joe Biden disminuirá la colaboración económica y el respaldo político al Gobierno interino; al tiempo que iniciará procesos de negociación directos con Maduro.

Ante esta posibilidad, Guaidó ha indicado a medios internacionales que estos contactos directos “serían una tragedia. ¿Cuál es el incentivo del dictador de turno [para dejar el poder] si él sabe que se le va a reconocer? Ninguno”.

Hasta 239 diputados para el PSUV

El sistema de adjudicación de cargos negociados en la Mesa de Diálogo Nacional no solo es injusto en cuanto a la asignación de proporcionalidad entre los votos y los escaños, sino que al sobre representar a los estados pequeños y como consecuencia del diseño parcializado de las circunscripciones (gerrymandering en 2010 y 2015, que se va a mantener para 2020) podría permitir que el obtenga fácilmente la mayoría de los escaños este domingo.

Según una simulación de escenarios electorales realizada por Súmate suponiendo que se repite el 6 de diciembre un comportamiento electoral similar al del evento presidencial de 2018, el PSUV capitalizando 59,7% de los votos nacionales pudiese obtener 239 curules (86,3%) de la próxima Asamblea Nacional.

Evitar outsourcing para el cambio político

Para comprender como se puede trabajar en el 2021 es necesario analizar el desempeño de la oposición durante el periodo enero 2019 y diciembre 2020.

Ángel Álvarez, PhD en Ciencias Políticas, explicó en sus redes sociales que el periodo entre 2019 y 2020 del Gobierno interino conducido deja varias lecciones a quienes encabecen a la oposición en el futuro.

Álvarez escribió: “Para tomar el poder, un político no puede usar outsourcing services que lo hagan por él. Necesita aliados nacionales e internacionales, pero debe hacer su propia tarea y obtener sus propias victorias con sus propias medios”.

Además, recordó que a los ciudadanos no se les deben prometer resultados “mágicos a corto plazo hablando abstractamente de cosas que pretendidamente estarían por suceder, así como por milagro. Además de desmovilizarse, se desmoraliza al ciudadano cuando no ocurre nada concreto”.

Esta crisis que suele generar la dirigencia opositora venezolana al no saber manejar las expectativas lleva a Álvarez a recordar que “el liderazgo no se construye solo sobre la base de proclamar grandes cambios por venir, sino también y, principalmente, dando respuestas inmediatas materiales o simbólicas a los problemas concretos y diarios de la población (…) Si se forma parte de una coalición de múltiples partidos, no se puede jugar en solitario. Si se prefiere la jugada en solitario, se rompe la coalición”.

Álvarez advierte que no se puede formar parte de una coalición en la que hay partidarios de salidas negociadas y/o electorales y al mismo tiempo involucrarse en acciones insurreccionales (…) Si usted no cree en acciones insurreccionales, no sea ambiguo y no sea miembro de un partido o coalición en el que los líderes están en un plan que usted no respalda (…) Si usted está dispuesto a correr el alto riesgo de involucrarse en acciones insurreccionales, no arriesgue la seguridad de aquellos que le respaldan pero no apoyan esas acciones. Si fracasa, se lo van a cobrar con creces.

3 de diciembre 2020

La Gran Aldea

https://lagranaldea.com/2020/12/03/parlamentarias-y-consulta-popular-eve...