Caracas, 9 de Julio de 2022
Señores:
Sergio Díaz Granados, Presidente Ejecutivo de la CAF
Gianluca Rampolla del Tindaro, Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Venezuela y Coordinador Humanitario.
Distinguidos señores:
A través de los medios de comunicación, hemos sido informados que el pasado miércoles 6 de julio, la CAF y la ONU han suscrito un acuerdo para invertir recursos en la recuperación y restablecimiento de los servicios públicos en Venezuela.
Este anuncio genera esperanzas en que finalmente pueda iniciarse un proceso sostenido para la recuperación de la calidad de vida de la población venezolana la cual ha sufrido un deterioro progresivo y profundo durante los últimos veinte años. Por nuestra parte, lo hemos esperado desde hace varios años y queremos agradecer el esfuerzo que están haciendo por restituir derechos humanos fundamentales a través de la recuperación de los servicios públicos.
Es con el fin de contribuir en este proceso de recuperación que un grupo de profesionales, especialistas en diversas áreas asociadas a la prestación de los servicios públicos en Venezuela, nos dirigimos a ustedes. Nuestro interés fundamental es llamar su atención sobre algunas conclusiones obtenidas de las investigaciones que se han llevado a cabo durante los últimos años y las cuales creemos que pueden contribuir a orientar de manera más efectiva las necesarias inversiones a realizar.
Servicios públicos en Venezuela: un caso de estudio
Venezuela sufre la más profunda crisis de servicios públicos en toda su historia, especialmente en los servicios de agua potable y energía eléctrica. Ello a pesar de haber logrado, al final del siglo XX, los mejores niveles de calidad de Latinoamérica, comparables con los de los países desarrollados.
En efecto, durante los cuarenta años de la democracia civil, se desarrolló una excelente y robusta infraestructura en todos los rincones del país. Esta infraestructura hoy se encuentra en condiciones lamentables debido al abandono de prácticas adecuadas de operación, mantenimiento y reparación y a la pérdida de las capacidades técnicas y gerenciales necesarias para su efectivo manejo.
Esta situación de deterioro de los servicios públicos, durante los últimos veinte años, se produjo en un entorno de abundancia de recursos financieros. Según cálculos realizados por diversos expertos en el tema, durante los últimos veinte años, se han contabilizado inversiones por más de cien mil millones de dólares americanos en el desarrollo del servicio eléctrico y de más de diez mil millones en el de agua potable. Para poner estas cifras en contexto, se estima que, durante los últimos veinte años, Venezuela ha contabilizado inversiones en ambos servicios superiores a las requeridas para desarrollar toda la infraestructura productiva de agua potable y electricidad con la que contó el país a inicios del presente siglo.
El dinero es necesario, pero no suficiente
La experiencia reciente ha demostrado que, si los recursos para la inversión son administrados con escaso criterio técnico y sin la transparencia administrativa necesaria pueden transformarse en instrumento de destrucción de la calidad de vida de la población, además de ser generadores de una enorme deuda pública que condena a la pobreza en nuestro país. Al respecto, los estudios técnicos que hemos realizado concluyen que:
1.- La contratación de obras sin el concurso de métodos transparentes para la selección de sus ejecutores aumenta los costos y no garantiza la capacidad técnica en la ejecución de estas.
El costo de las obras construidas en Venezuela como resultado de las contrataciones por asignación directa ha sido entre dos y cinco veces superior al de estándares internacionales en obras similares. El mayor ejemplo de esta mala práctica lo tenemos en las obras asociadas al aprovechamiento hidroeléctrico del río Caroní en la central Tocoma, el cual aún no ha sido concluido a pesar de que ha consumido más de 10 mil millones de dólares. Este monto es ampliamente superior al costo estimado cuando se proyectó y decidió la obra. En contraposición, el aprovechamiento de la central Caruachi, de dimensiones y condiciones técnicas similares, le costó al país solo 2.5 mil millones de dólares.
Otro ejemplo son los parques eólicos de Paraguaná y la Goajira para instalar una capacidad total de 176 MW. El costo aportado por CORPOELEC ascendió al equivalente a 2645 US$/KW, un precio que a esa fecha duplicaba el de construcción de un parque eólico similar en China (1300 US$/KW). Ninguno de estos parques produjo electricidad y se encuentran fuera de servicio por problemas de calidad.
2.- Errores técnicos conceptuales de las obras a realizar han conducido a infraestructuras inservibles y hasta provocar serios daños al ambiente y a las personas por inexistencia de estudios de impacto ambiental.
Al respecto, vale la pena referir el caso del trasvase de aguas servidas crudas desde la cuenca del Lago de Valencia hacia el embalse de Camatagua. Dicho trasvase produjo la proliferación incontrolada de algas microscópicas en el embalse, principal fuente de agua potable del país, la muerte de la biota de ese extraordinario lago y provocó la presencia de materia orgánica en la red de agua potable que alimenta la ciudad de Caracas. Hoy en día, este costoso trasvase se encuentra fuera de servicio, afortunadamente, por averías en los equipos de bombeo. El embalse de Camatagua ha iniciado un lento proceso de recuperación natural.
Dentro de este mismo orden de ideas, otro ejemplo es el del denominado Acueducto Bolivariano. Dicho acueducto es el más extenso del país y consiste en 180 km de tubería de acero desde el embalse de Matícora hasta la península de Paraguaná. El acueducto se construyó a pesar de que el embalse de Matícora se encuentra totalmente lleno de sedimentos, situación conocida mucho antes del inicio de las obras. El Acueducto Bolivariano costó 500 millones de dólares que hoy se acumulan como deuda de la República y jamás ha servido para resolver el crónico problema de falta de agua en la península.
3.- Las fallas en la programación de las obras conduce a obras inconclusas donde lo que no se hizo fue lo primero que debía de hacerse, dando como resultado la inutilidad de estas.
Al respecto, dos ejemplos: Para abastecer de agua a la isla de Margarita se construyó el Acueducto Luisa Cáceres de Arismendi correspondiente a 50 kilómetros de tubería en tierra firme. Sin embargo, se dejaron sin sustituir los 25 km de tubería submarina que permitirían traer el agua de tierra firme a la Isla. Dicha conexión submarina se encuentra en muy mal estado ya que cuenta con más de 60 años en servicio y no permite, por lo tanto, la llegada de suficiente agua a la isla.
El proyecto del Tuy IV de la Gran Caracas, ejecutó mas de mil millones de dólares en la construcción de la presa sobre el rio Cuira, la cual fue paralizada antes de concluir, pero no construyó la estación de bombeo de Taguaza ni los 70 km de aducción hacia Caujarito que eran precedentes para aprovechar 6 m3/s adicionales del embalse Taguaza, puesto en servicio durante 1998.
4.- La falta de análisis costo-beneficio apropiados ha permitido I preferencia por implementar infraestructuras poco útiles antes que aquellas que podrían garantizar un mayor beneficio a la población. Algunos ejemplos de esta práctica son:
Venezuela adquirió tres satélites de comunicación, con ningún impacto en el servicio de telecomunicaciones del país, antes de extender y mejorar su red de fibra óptica.
Para abastecer agua a la población se dio preferencia a la compra de 150 plantas desalinizadoras de mediano tamaño, la mayoría de ellas hoy en día fuera de servicio, en lugar de rehabilitar los sistemas de agua potable existentes.
Igualmente, se adquirieron 300 camiones cisterna de gran tamaño para abastecer la ciudad de Caracas en vez de iniciar la reparación del Sistema Tuy ll que permitiría aumentar el flujo de agua para abastecer a la ciudad por tubería.
Se adquirieron 94 km de tubería de acero de 2 m de diámetro, para la aducción Dos Bocas-Barquisimeto sin haber iniciado aún la construcción del embalse, la tubería se encuentra a la intemperie sin ningún uso.
Todas estas malas prácticas no han sido responsabilidad exclusiva de los venezolanos: los principales bancos multilaterales y las agencias de cooperación de distintos países han participado en cada una de ellas.
Un caso preocupante por sus efectos nocivos sobre la población más vulnerable, son las obras asociadas a la llamada ayuda humanitaria, en tiempos de mayor necesidad y muy escasa disponibilidad de recursos de inversión.
Durante los últimos tres años, varios organismos internacionales, entre ellos UNICEF, han venido invirtiendo recursos bajo el concepto de ayuda humanitaria. Estos proyectos se han desarrollado bajo las malas prácticas anteriores y, en consecuencia, sus resultados hasta ahora son desalentadores. A diferencia de otros países en el mundo, las inversiones de UNICEF en Venezuela no han sido transparentes y no permiten el control ciudadano de estas donaciones. Sus contratos son tan secretos como los grandes proyectos antes mencionados.
Corregir es de sabios, el fracaso no es una opción
En tan corto tiempo que ustedes viven en nuestro país será necesario que comprendan la terrible condición que condujo a una situación tan lamentable. Ustedes pueden ser parte de la solución, se lo exige todo el país: la salud y calidad de vida de nuestras familias lo espera con ilusión. Pero el resultado dependerá no sólo de las cosas que hagan sino principalmente del cómo se h gan: es urgente adoptar las mejores prácticas administrativas reconocidas mundialmente y así ser eficaces y eficientes en el manejo de los ingentes recursos públicos que les tocará administrar.
El futuro les pertenece: tienen ustedes el privilegio de hacer tanto por este sufrido país, no pierdan esta maravillosa oportunidad.
José María de Viana
Maria Elena Corrales
Germán Uzcátegui Briceño
Elena Vega Ribas
Cesar Aguirre Urbaneja
Norberto Baussón Garcia
Manuel Guevara Baro
Miguel Nucete Hubner
En su nombre:
José María de Viana
CIV 3.978.284
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