La pérdida de capital humano que provoca la migración forzada en Venezuela amenaza la estabilidad y la recuperación del país.

En medio de crecientes expectativas de cambio político en Venezuela, la figura de Edmundo González Urrutia ha emergido como un referente de la resistencia. DW lo entrevistó.

Ramón Cardozo detalla en su columna los obstáculos que encontrará el país ante una futura transición hacia la democracia.

La gobernanza criminal ligada al narcotráfico se expande en todas sus formas en América Latina, también como violencia política. Su objetivo es imponer sus intereses para consolidarse.

La democracia vive su peor retroceso a nivel global en décadas, mientras las autocracias consolidan su poder económico y político. El mundo se enfrenta a una consolidación del autoritarismo, escribe Ramón Cardozo.

A casi cuatro meses de las elecciones presidenciales en Venezuela, y pese a los reiterados llamados de Gobiernos y organizaciones internacionales, el régimen de Nicolás Maduro no ha presentado pruebas que respalden los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral el pasado 29 de julio.

La elección de Donald Trump en Estados Unidos abre nuevas perspectivas para la oposición democrática de Venezuela. Pero el esfuerzo de la sociedad venezolana sigue siendo clave, según expertos.

La amenaza de Maduro, que pretende colocar a Venezuela frente a una dicotomía entre el gobierno de la Revolución Bolivariana o una guerra civil, no es una estrategia nueva.

En los últimos años ha disminuido la cantidad de jóvenes que asisten a la escuela, al tiempo que han aumentado la mortalidad infantil y la desnutrición. El Estado parece incapaz de enfrentar estos acuciantes problemas.

El 12 de agosto pasado, durante la celebración del Día Internacional de la Juventud, la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó: "Nicolás Maduro Moros cuida a la juventud como su joya más preciada". Sin embargo, la cruda realidad de la juventud venezolana—invisibilizada en las estadísticas y reportes oficiales—es otra. Múltiples investigaciones de expertos y organizaciones civiles demuestran que los segmentos más vulnerables de la población venezolana son la niñez, la adolescencia y la juventud. Estos grupos carecen de protección y, en gran medida, son víctimas de diversas formas de violencia.

En mayo de 2023, el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO), junto con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), presentaron un conjunto de investigaciones agrupadas bajo el título "Violencia contra la niñez y la juventud en Venezuela". Allí aparece como un tema transversal la violencia estructural, la cual ha generado, durante la última década y de manera sistemática y duradera, un impacto muy negativo en la juventud venezolana.

Según la investigadora Gloria Perdomo, compiladora del informe de LACSO, la violencia estructural se refiere a aquellas "condiciones que se imponen, privando a las personas de sus garantías de derechos humanos, como el derecho a la vida, a un nivel de vida adecuado, a la salud y a la protección inmediata en caso de daño y afectaciones". Estas condiciones reducen significativamente la capacidad de la población para enfrentar sus desafíos de manera autónoma y satisfacer sus necesidades humanas básicas.

En Venezuela, la violencia estructural ha sido consecuencia directa del sistema económico, social, político e institucional que ha prevalecido en el país durante las últimas dos décadas. Según Perdomo, las principales manifestaciones de esta imposición han sido la inseguridad alimentaria, las continuas privaciones a las que la población ha sido sometida, el empobrecimiento acelerado y repentino de las familias, la merma de los ingresos y la negación de libertades. La investigadora agrega a estos factores la omisión y, al mismo tiempo, la represión y arbitrariedad como respuestas del Estado ante las demandas de la comunidad.

Pobreza, marginación y exclusión de la juventud

Desde el año 2015, Venezuela ha estado sumida en una profunda crisis económica, política y social sin precedentes en su historia republicana. Esta crisis ha sido categorizada por diversas organizaciones internacionales, incluyendo a la ONU, la FAO, la OEA y la Cruz Roja Internacional, como una "crisis humanitaria compleja”. HumVenezuela, una plataforma independiente compuesta por organizaciones de la sociedad civil que vigila la emergencia humanitaria en el país, estima que, en la actualidad, de una población de 28,7 millones de personas en Venezuela, alrededor de 19 millones (66 por ciento) enfrentan necesidades humanitarias, y cerca de 18,7 millones (65 por ciento) han sufrido la pérdida o el agotamiento irreversible de sus medios de subsistencia, cayendo en la pobreza. Esta catástrofe humanitaria que afecta a toda la población del país tiene en niños, niñas y adolescentes sus principales víctimas, de acuerdo con el estudio de LACSO.

Susana Raffalli, reconocida experta en protección y asistencia humanitaria, destaca que, en la actualidad, aproximadamente 4,8 millones de niños, niñas y adolescentes enfrentan una situación de inseguridad alimentaria severa o moderada, mientras que otros 9 millones están en riesgo de caer en esa condición. Esta problemática es especialmente crítica en el grupo de los niños, ya que en este segmento las repercusiones no solo son inmediatas, sino que también se proyectan hacia el futuro. Según Raffalli, entre un 9 y un 12 por ciento de los niños en Venezuela (lo que equivale a unos 450 mil) padecen desnutrición aguda, y cerca de 600 mil están afectados por desnutrición crónica.

Otro indicador que evidencia los efectos de esta violencia estructural en la niñez venezolana es la Tasa de Mortalidad Infantil (TMi), índice que cuantifica el número de defunciones de niños menores de un año por cada mil nacimientos vivos. Durante el período 2015-2020, la TMi en Venezuela promedió 26,8, lo que representa un crecimiento superior al 70 por ciento en comparación con el período anterior (2010-2015), cuando la TMi fue de 15,4. Estas cifras reflejan un retroceso de 30 años en los avances logrados por el sistema de salud del país para prevenir las muertes prematuras, según lo destaca Gustavo A. Páez, especialista en análisis demográfico, en su estudio 'Mortalidad infantil en Venezuela” (2023).

Respecto a los efectos de la violencia estructural sobre los jóvenes venezolanos, la Encuesta Nacional sobre Juventud de la UCAB 2021, encontró que casi la mitad de los jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 29 años forman parte de los dos quintiles más pobres del país. Esta encuesta también puso de manifiesto que entre el 2013 y 2021 el fenómeno de la "doble exclusión” entre los jóvenes sufrió un aumento, al pasar de 23 a 37 por ciento el número de venezolanos entre 15 y 29 años que no estaban inscritos en algún centro educativo ni tampoco insertos en el mercado laboral. Entre el 2015 y el 2020, 880 mil jóvenes entre 20 y 24 años "no continuaron su formación” y 821 mil jóvenes, entre 15 y 19 años, dejaron los estudios.

Muertes violentas de niños, adolescentes y jóvenes

Venezuela viene experimentado durante las dos últimas décadas los más altos niveles de criminalidad de su historia, convirtiéndose en uno de los países más peligrosos de la región y del mundo. Dentro de este contexto ha crecido y se ha socializado una generación de jóvenes venezolanos, con edades comprendidas entre diez y treinta años, que no solo han sido testigos y víctimas de esta extrema violencia criminal, sino que incluso han sido partícipes de ella.

Según los datos proporcionados por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y citados por el sociólogo Roberto Briceño-León en su estudio "Las múltiples victimizaciones de los jóvenes y la policía”, entre los años 2019 y 2021 se registraron 6.917 muertes violentas de niños, adolescentes y jóvenes venezolanos. Dentro de esta trágica cifra, 4.265 de las defunciones correspondieron a homicidios, mientras que 2.652 fueron muertes catalogadas como enfrentamientos con la autoridad. A estas escandalosas cifras habría que agregar las 4.446 muertes o desapariciones de niños y jóvenes que no han sido esclarecidas o resueltas y que se catalogan como "muertes en averiguación”. De este grupo, 2.129 (48 por ciento) son niños menores de 11 años.

Según los autores del estudio de LACSO, el impactante número de muertes de jóvenes a causa de enfrentamientos con la autoridad está directamente vinculado con la violencia estructural que afecta a la juventud venezolana. En muchas regiones del país, la pobreza, la marginación y la exclusión social han creado un ambiente propicio para que menores de edad sean reclutados por bandas delictivas armadas y sean introducidos al delito. Como destaca la investigadora Carla Serrano en su contribución al libro, "los símbolos de prestigio que definen su identidad generacional, como los teléfonos celulares, la vestimenta y las redes sociales, no son considerados alcanzables a través del estudio o el trabajo. Esto lleva a que algunos jóvenes sueñen con emigrar, mientras que otros se exponen a las bandas delincuenciales locales o, peor aún, a las redes del crimen organizado. Estas últimas les pueden ofrecer comida, entretenimiento, teléfonos e incluso la tentadora promesa de obtener respeto y poder de manera inmediata, sin necesidad de esperar por un futuro mejor".

Frente a esta tragedia, el Estado venezolano, corresponsable de esta situación, y careciendo de un auténtico plan nacional de protección para la niñez y la juventud, ha optado por una política estatal represiva que se dirige especialmente a los estratos de bajos ingresos del país. Durante el período de 2019 a 2021, los operativos militarizados de seguridad ciudadana arrojaron como trágico saldo la muerte de 2.652 jóvenes, muchos de los cuales han sido denunciados como víctimas de ejecuciones extrajudiciales estatales por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Esta sintética radiografía de la realidad de la juventud venezolana permite comprender mejor una de las razones primordiales por las que, entre los años 2017 y 2022, el 50,5 por ciento de las personas que salieron de Venezuela tienen edades que oscilan entre 15 y 29 años (ENCOVI 2022), y por qué esta sangría aún se mantiene en el país.

22 de agosto 2023

https://www.dw.com/es/el-drama-de-ser-joven-en-venezuela/a-66600559?

La selva amazónica, con sus 7,4 millones de kilómetros cuadrados, cubre aproximadamente el 40 % del continente sudamericano, siendo la selva tropical más extensa del planeta. Este invalorable ecosistema posee la mayor biodiversidad del mundo y alberga aproximadamente la quinta parte de toda el agua dulce superficial disponible en la Tierra. Además de regular los ciclos del agua y del carbono, la Amazonía desempeña un papel crucial al absorber las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuye significativamente a la mitigación del cambio climático. Lamentablemente, en los últimos cincuenta años, entre el 17 % y el 20 % de este valioso hábitat ha sido devastado. Distintos estudios advierten que, si se sobrepasa el umbral del 25 % de deforestación en la Amazonía, se corre el riesgo de llegar a un punto de no retorno. Esto resultaría en la pérdida de la capacidad de regeneración de estos territorios y pondría en peligro su función vital como el pulmón vegetal más grande del planeta.

En medio de una creciente preocupación internacional por este desastre ambiental, el próximo 8 y 9 de agosto, los jefes de Estado de los ocho países amazónicos (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) se reunirán en la ciudad brasileña de Belém con el objetivo de reimpulsar el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y fortalecer institucionalmente a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

El ecocidio de la Amazonía venezolana

Venezuela alberga aproximadamente el 6,73% del bioma total de la Amazonía, principalmente en los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Esos estados, en su conjunto, representan aproximadamente la mitad del territorio nacional venezolano y albergan al 8,5% de la población total del país, incluidas 24 etnias indígenas. A pesar del valor medioambiental de estos territorios, y de que un 40% de ellos son áreas protegidas por ley, durante la última década la Amazonía venezolana ha sufrido los efectos negativos de una irresponsable política gubernamental que ha causado daños muy graves e irreversibles a esos frágiles ecosistemas.

Durante la última década, el colapso de la industria petrolera venezolana llevó al régimen chavista a centrar su atención en la explotación intensiva de las riquezas minerales en la zona sur del Orinoco. Se estima que esa región alberga, entre otros minerales valiosos, alrededor de siete mil toneladas de oro, lo que representa la sexta reserva natural de oro más grande del mundo. En el año 2016, Nicolás Maduro decretó como "Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco" a un área que abarca más de 112.000 Km2 de la Amazonía venezolana, extensión territorial que excede el tamaño de isla de Cuba. De acuerdo con el portal de investigación InSight Crime, "el oro de Bolívar ha sido un salvavidas económico para el gobierno venezolano, que le ha permitido acceso limitado a los mercados internacionales, eludiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos".

Hoy en día, el impacto de esta política extractivista ha sido tan negativo que la ONG ambientalista SOS Orinoco no ha dudado en catalogarlo de "ecocidio”. La expansión descontrolada de la minería ilegal, la deforestación de más de 140.000 hectáreas de bosques primarios, la contaminación y destrucción de las cuencas hidrográficas y de sus ecosistemas acuáticos, el crecimiento exponencial de la violencia criminal en la zona, así como el desplazamiento forzado y la violación de los derechos humanos de las etnias originarias, son solo algunos de los efectos perversos ocasionados por esta política gubernamental. Estos hechos han sido documentados en numerosos informes e investigaciones de reconocidas organizaciones ambientalistas, tanto a nivel nacional como internacional.

Según denuncia SOS Orinoco en sus informes 2021 y 202, "el Arco Minero ha promovido la minería depredadora, la violencia y la pérdida de soberanía del Estado venezolano, dentro y fuera de la poligonal de dicho arco. La violencia es liderada por los grupos armados organizados (GAO) y por la FANB, quienes se coordinan, reparten y disputan el poder minero, dejando en el camino a muertos, desaparecidos, desplazados, y un nuevo orden que se sustenta en el tráfico de oro, gasolina, mercurio y personas”.

Despliegues militares para proteger el medioambiente

Desde mediados del 2022, en medio de acusaciones por parte de ONG ambientalistas y organismos internacionales de derechos humanos, así como de enérgicas protestas de las poblaciones indígenas que residen en la Amazonía venezolana, y la persistente anarquía y violencia que ha arraigado en estos territorios, Nicolás Maduro inició una serie de operativos militares en contra de la minería ilegal en la región de Guayana venezolana.

De acuerdo con los voceros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las operaciones militares Escudo Bolivariano Autana y Roraima, desplegadas en el territorio Amazonas Parque Nacional Yapacana, apuntan a la protección ambiental, a la erradicación de la práctica de la minería ilegal, a la expulsión de los grupos que operan en esta zona y a iniciar un proceso de recuperación del área afectada por la actividad extractivista.

La minería ilegal continúa "indeteniblemente” en la Amazonía venezolana

Estas acciones militares, sin embargo, no han convencido a las ONG ambientalistas y defensoras de derechos humanos en Venezuela, las cuales han acusado al régimen de Nicolás Maduro de querer maquillar con ellas su "política minera depredadora” en la Amazonía venezolana.

InSight Crime denunciaba, a finales del año pasado, que estos operativos militares eran simplemente intentos del régimen de Maduro de tomar el control de la explotación minera, pues "por falta de capacidad tecnológica y control territorial, gran parte de la actividad minera en ese estado es controlada por los sindicatos y no por el gobierno. Estas bandas se llevan una tajada del oro producido en las minas que controlan, lo cual reduce la cantidad que termina en manos del gobierno”.

Estas apreciaciones has sido reiteradas por Erick Camargo, del Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP), quien ha señalado que los operativos militares ordenados por Nicolás Maduro "no han sido en pro de frenar la extracción minera, sino parte de una lucha de poder armada por el control de las minas y el comercio mineral. Las denuncias, especialmente en Yapacana, indican que la explotación minera sigue, pero ahora bajo estricta vigilancia militar, no en procura de la recuperación de los territorios devastados, sino para el control de la actividad”.

Por otra parte, la ONG Control Ciudadano, dedicada al tema militar y a la protección de los derechos humanos en Venezuela, afirmó en un comunicado de prensa, en enero de este año, que "las causas estructurales de la destrucción del Yapacana no podían ser resueltas con una operación militar. La recuperación de la plena soberanía en la frontera, al sur de Venezuela, solo sería posible cuando se reconozca oficialmente que el enemigo a combatir para la Fuerza Armada Nacional es la guerrilla colombiana, que se está consolidando cada vez más en los Estados Amazonas y Bolívar para controlar el gigantesco negocio de la minería ilegal, por los dividendos y poder que genera y sus ramificaciones”.

Es por ello que la SOS Orinoco, organización no gubernamental que viene monitoreando y georreferenciando desde 2018 la huella minera al sur de Venezuela ha calificado a la Operación Autana 2023 como una campaña mediática, y presentó informes y videos que demostraban cómo en los últimos 24 meses la minería al sur del país había seguido expandiéndose. Según esa oenegé, el régimen de Nicolás Maduro está asociado con la guerrilla colombiana y no tiene la voluntad real de expulsar a estos grupos armados del territorio venezolano. En su cuenta de Twitter, SOS Orinoco advirtió el 28.06.2023 a la comunidad internacional que "Nicolás Maduro pretende engañar al mundo ambiental en la cumbre de países amazónicos, pero la realidad de su política minera no se puede esconder: la minería ilegal continúa indeteniblemente”.

Ausencia de política y estrategia nacional frente al cambio climático

Otras evidencias de que persiste el desinterés y la falta de un verdadero compromiso por parte del régimen de Nicolás Maduro respecto de la protección de la Amazonía venezolana lo constituyen el hecho de que el Estado venezolano mantiene vigente el decreto del Arco Minero, y se ha negado a suscribir el Acuerdo de Escazú, primer tratado regional sobre derechos humanos y ambiente, así como varios de los acuerdos de la COP26 de Glasgow. A esas graves falencias se suma el hecho de que, actualmente, el país no cuenta con una política y una estrategia nacional de cambio climático, tal como lo vienen denunciando de manera reiterada los avances del Reporte Académico de Cambio Climático de la Academia de Ciencias de Venezuela.

El lavado verde de la devastadora política minera gubernamental

Dada la gravedad del cambio climático y de la crisis ambiental que se cierne hoy en día sobre el mundo, se han establecido múltiples fondos y programas internacionales que ofrecen financiamiento y recursos a los países que demuestran un compromiso real en la lucha contra la deforestación y el cambio climático. De acuerdo con Erick Camargo, de la OEP, los últimos operativos militares en contra de la minería ilegal en Venezuela formarían parte de "una clara jugada de greenwashing”, un tipo de estrategia de relaciones públicas destinada a transmitir la engañosa impresión de que el régimen de Maduro está comprometido con la protección del medioambiente, y de esta forma poder acceder a dineros de los llamados fondos verdes o fondos para la protección climática (Fondos para Reducir las Emisiones de Carbono, Fondos de Inversión en el Clima, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fondo Verde para el Clima).

Esperamos que los intentos de Maduro por lavar la deteriorada imagen de su régimen en temas ambientales y presentarse como un gobernante consciente y respetuoso del medio ambiente en la próxima Cumbre de la Amazonía no engañen a la comunidad internacional, especialmente a los otros jefes de Estado amazónicos. Es fundamental que se inste al régimen venezolano a asumir con responsabilidad su deber de detener las acciones ecocidas que continúan ocurriendo en la Amazonía venezolana, y que el Estado desarrolle una genuina política de protección ambiental para estos ecosistemas tan vitales, tanto para la región como para el mundo.

20 de julio 2023

DW

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