El pasado 17/04/2023, el Rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, decidió suspender las actividades en el gimnasio “Manuel Gallegos Carratú” del Instituto Pedagógico de Caracas IPC, pues la instalación no estaba en condiciones para seguir siendo usada hasta que no se lograra su reparación. Esta decisión fue reclamada por los socios del Club de Baloncesto “Spartan”, quienes alegan tener un contrato firmado con las autoridades del IPC para el uso de la referida instalación. A más de tres meses de ese hecho, la situación sigue sin resolverse. Por el contrario, ahora surgen nuevos elementos que, involucran a otras seis instalaciones deportivas en la trama de “los convenios o contratos”.
El problema generado alrededor de las instalaciones deportivas del Instituto Pedagógico de Caracas (IPC) sigue sin tener una solución definitiva. Estudiantes y profesores de esa casa de estudios a diario comentan sobre lo que allí está pasando y no logran entender como un convenio para el uso de los espacios deportivos pueda llegar a estar por encima de las obligaciones académicas institucionales. Todas esas inquietudes o preocupaciones de la comunidad universitaria requieren una explicación transparente de las operaciones, legales y contractuales, que dieron paso a los convenios con particulares, para el uso de esas instalaciones deportivas. El silencio sobre esta materia solo conduce a interpretaciones carentes de una base documental que sustenten cualquier tipo de comentario o señalamiento.
En ese sentido es procedente que el organismo de Control Fiscal de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) proceda de manera inmediata a la realización de una auditoría interna, solicitando en primer lugar la información pormenorizada de los contratos suscritos, bajo el Régimen de Concesión y/o arrendamiento, relacionados con las instalaciones deportivas del IPC con el objetivo de confirmar el control y seguimiento de los contratos aprobados y firmados.
Las instalaciones objeto de esta auditoria serían: la piscina, el campo de béisbol, el gimnasio de baloncesto, el local de gimnasia rítmica, el Gimnasio del Pueblo, el campo de fútbol y la pista de atletismo.
El proceso de la auditoria debe orientarse hacia la revisión de los expedientes de concesión o contrato, para poder establecer quien o quienes son los firmantes particulares e institucionales y determinar si tienen la cualidad para hacerlo, la fecha de inicio y culminación, cobertura de daños y los montos económicos a ser cancelados. Así como también, resulta imperativo conocer los horarios de uso y los mecanismos para atender y resolver cualquier reclamo que se presente.
Desde el punto de vista institucional sería de suma importancia también conocer los Instrumentos de Control Interno, el Manual de Normas y Procedimientos, los Reglamentos y el Manual Organizativo que sirven de estructura legal a los convenios o contratos firmados y la distribución de los ingresos económicos recibidos.
Estos requerimientos no son producto de una visión particular, sino que por el contrario están fundamentados en el Artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Tal solicitud es necesaria para poder evaluar objetivamente la legalidad de los contratos, otorgados y suscritos, con entes privados relacionados con las instalaciones deportivas del Instituto Pedagógico de Caracas.
De realizarse esta auditoría, se le pondría punto final a todo el entramado de desinformación que rodea el uso de las referidas instalaciones y de conseguirse irregularidades en el proceso, facilitaría el determinar las responsabilidades del caso. A su vez, este precedente administrativo permitiría establecer y fortalecer las bases jurídicas y contractuales para futuras concesiones. Correspondería al Consejo Universitario de la UPEL elaborar y aprobar una normativa específica regulatoria de las alianzas o convenios con terceros para el uso de las instalaciones deportivas y el transparente manejo de los recursos económicos generados.
A cuarenta años de haberse celebrado los IX Juegos Panamericanos en la ciudad de Caracas, Venezuela, del 14 y el 29 de agosto de 1983, entre los principales escenarios donde se llevaron a cabo las disciplinas deportivas, tenemos: el Estadio Olímpico de la UCV ubicado en la Ciudad Universitaria de Caracas, especialmente remodelado para este evento, el Poliedro de Caracas, el Parque Naciones Unidas y el Estadio Brígido Iriarte. En esa edición de los juegos, compitieron 3.426 atletas de 36 países en 23 modalidades. También se incorporó el tenis de mesa y el sambo, además del judo y el remo femenino.
Cuatro años antes, en 1979, resultó electo como presidente de la República Luis Herrera Campins quien, con su tren ministerial, sería el encargado de atender todo lo relacionado con la organización de los Juegos Deportivos Panamericanos 83. Para ese momento, el deporte venezolano venía de atravesar una aguda crisis por la Huelga de los Entrenadores Deportivos de Venezuela (1975), debido al justo reclamo por el derecho laboral de tener y poder discutir con el IND sus condiciones laborales.
A pesar de haberse logrado la firma de Las Bases Normativas de la relación laboral entre los entrenadores y el IND, la retaliación de las autoridades inedistas se hizo presente y ordenaron el cierre de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) dejando al país sin la producción de personal calificado para el desarrollo de los programas deportivos, hecho éste, que con el pasar de los años, repercutió negativamente en el deporte venezolano. Sumado a esto, hay que agregar las luchas de las federaciones deportivas en defensa de su autonomía frente a las pretensiones gubernamentales de querer violentar su autonomía para hacerlas más obedientes al gobierno de turno.
En este marco de conflictividad se produce el ascenso del nuevo gobierno de Luis Herrera Campins y las acciones propuestas para la atención al gran reto de montar los Juegos Panamericanos no se hizo esperar. En primer lugar, hay que destacar que en el VI Plan de la Nación (1979-1983) la prioridad estaba centrada en la organización de los Juegos Panamericanos y de allí se derivaron los programas destinados a la atención de las Selecciones Nacionales. Sin temor a equivocarme, considero que el principal programa fue el denominado “1.500 Esperanzas Panamericanas”, conglomerado de atletas que serían seleccionados conjuntamente entre las Federaciones y el IND para dar inicio a los programas de preparación de alto rendimiento. Este programa, fue acompañado de una serie de convenios que harían permisible el entrenamiento de nuestros atletas en otros países. Igualmente, a los entrenadores venezolanos, a través de convenios con universidades de otros países, se les brindó la posibilidad de realizar cursos de mejoramiento profesional en las diferentes áreas deportivas., programas estos que, fueron dirigidos directamente por la Dirección Técnica del IND bajo, el mando del entrenador Rosauro Rodríguez y los coordinadores, entrenadora Elvia Ortega y el Lic. Carlos Díaz.
Como elemento de fortalecimiento a las políticas deportivas gubernamentales, se puso en funcionamiento el Consejo Nacional del Deporte, con la participación de representantes de las federaciones y los entrenadores. Se designó una Comisión Presidencial para el Estudio de Factibilidad de creación del Instituto Universitario del Deporte que vendría a ser la nueva Escuela de Entrenadores Deportivos. Lamentablemente, no se pasó del estudio y como consecuencia, la escuela de formación de entrenadores aún permanece cerrada.
Pero, no todo fue color de rosa. También tocó enfrentar decididamente las políticas equivocadas que se intentaron implantar desde el gobierno, entre las que pudiéramos citar la creación de la ODILAC (Organización Deportiva Intergubernamental de Latinoamérica y del Caribe), ente gubernamental contrapuesto a las Federaciones y Comité Olímpico, la corrupción en la construcción y el posterior abandono de las instalaciones deportivas de los Juegos Nacionales de Maracay, Maturín y Coro, el paralelismo de los organismos de dirección deportiva a nivel regional, el incumplimiento de las obligaciones laborales para con los trabajadores del IND y el reglamento a la ley del deporte que vulneraba la autonomía de las federaciones, entre otras.
El camino a los juegos, a pesar de los programas anteriormente señalados, estuvo rodeado de un marco de conflictividad, en primer lugar, por la pretensión gubernamental de atropellar a las Federaciones Deportivas y al Comité Olímpico Venezolano, al pretender equivocadamente, que los juegos eran propiedad absoluta del gobierno y no estaba en la obligación de atender los reclamos de la dirigencia deportiva. Todos recuerdan el permanente pugilato que se presentaba diariamente en el Comité Organizador de los juegos. A esta situación había que añadirle los continuos retrasos en la construcción de la Villa Olímpica y los supuestos casos de corrupción en la compra de los materiales deportivos, que por cierto, llegaron a formar parte de la “jodedera popular”, cuando los medios de comunicación informaron sobre el incendio de los archivos donde se encontraban todo el soporte administrativo de las compras de COPAN 83.
En conclusión, podemos señalar que, en los Juegos Panamericanos, se atendió positivamente al programa que hoy llamamos Alto Rendimiento, lo que hizo posible alcanzar el quinto lugar en la tabla final de posiciones de los Juegos y que hoy a 40 años de esa actuación, hemos visto una progresiva y decadente actuación de nuestro deporte.
Ejemplo de ello, que de las 73 medallas obtenidas en su totalidad en los Juegos Panamericanos (12 O, 26 P, 35 B) pasamos a 3 medallas de oro, 12 de plata y 12 de bronce para un total de 27 medallas en los siguientes Juegos de 1987. En solo cuatro años tuvimos un descomunal retroceso, pasamos del quinto lugar al séptimo y en éstos 24 años de “revolución” bolivariana siglo XXI, el retroceso se mantiene y se acelera. En los últimos juegos del 2019 quedamos en el puesto número 12 con solo 9 medallas de oro.
Entre 1983 y el 2023 hay una diferencia fundamental. Hace 40 años se denunciaba y se peleaba por los derechos laborales y por un mejor deporte; hoy la protesta de atletas, entrenadores y dirigentes simplemente no es escuchada por el gobierno y se judicializa o criminaliza la protesta social. Se interviene a las federaciones deportivas, violentando su autonomía funcional, para colocar al mando de ellas a funcionarios del gobierno.
Si reclamas vas preso, es la respuesta gubernamental, mientras que los resultados deportivos, siguen en caída libre.
Sin lugar a dudas, "Un Deporte Mejor requiere una Sociedad Mejor". La enseñanza de los Juegos Panamericanos 1983 es que, el rendimiento de los atletas está ligado a claras políticas y programas sostenidos en el tiempo que garanticen la protección social integral al atleta, formación científica y universitaria de entrenadores, centros de entrenamiento nacionales e internacionales, programa de intercambios deportivos, juegos nacionales que permitan renovar nuestras selecciones, villas deportivas, el respeto a la autonomía de las federaciones y el manejo transparente de los recursos económicos asignados.. Consignas vacías como Generación de Oro o Somos Potencia, no pasan de ser expresiones populistas para engañar a las personas.