La economía está lejos de ser la ciencia neutral, en cuanto a sus impactos y/o condicionantes sociales y políticos, que pretenden algunos teóricos de la ortodoxia. Conscientes de eso, muchos economistas intentamos ser explícitos en cuanto a las implicaciones o inclinaciones de las propuestas de política que formulamos. Muy a pesar de tales empeños, es difícil que en nuestros análisis no se cuele uno que otro sesgo ideológico o preferencia, sin que nos demos cuenta. En todo caso, el apego a la realidad y estar atentos para identificar a tiempo las reacciones ante las medidas de política instrumentadas o anunciadas, constituye un antídoto de rigor para atajar sus efectos imprevistos, no deseados.

Lo anterior viene a cuenta para entender la súbita crisis que enfrenta la recién estrenada Primera Ministra del Reino Unido, Liz Truss, nombrada hace apenas mes y medio por el Partido Conservador para suceder a Boris Johnson. Ganó la postulación prometiendo bajar los impuestos para generar el crecimiento que políticas tradicionales le habían negado a la economía inglesa, pero sin menoscabar los programas sociales ni dejar de ofrecer ayuda a los británicos para enfrentar el alza de sus facturas de luz y gas. Su contendor principal dentro del partido, el ducho y realista Rishi Sunak, ex ministro de finanzas de Johnson, había previsto subir los impuestos, a fin de mantener los equilibrios, en momentos en que el fisco se veía comprometido con gastos de asistencia y se acentuaba la inflación.

Pero más tentadoras resultaron las ilusiones de que podía solventarse la brecha fiscal y echar las bases de un mayor crecimiento y bienestar futuro, reduciendo la carga impositiva a las empresas, proyectadas por la Truss. La explicación de tal paradoja, artículo de fe de la llamada “economía de oferta” (Supplyside economics), era que menores impuestos aumentarían el ahorro (de los ricos) y, con ello, la inversión productiva. Este impulso se derramaría (“trickle-down”) sobre toda la economía, generando empleo. La mayor oferta de bienes aplacaría las presiones inflacionarias del mayor déficit público. Y, con el tiempo, aumentaría la recaudación fiscal. En el ínterin el endeudamiento financiaría la brecha resultante. La confianza en que tan sólido programa proveería los recursos con los cuales reembolsar estos préstamos, los hacía viables. ¡La cuadratura del círculo que beneficiaría a todos, sin mayores costos!

Como se recordará, este planteamiento estuvo en la base del auge de los enfoques neoliberales de finales del siglo pasado. Tuvieron sus orígenes en los gobiernos conservadores de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que abogaban por disminuir el rol del Estado, central a las políticas keynesianas de gestión de la demanda agregada, para que actuaran, sin intervención, las fuerzas del mercado. Ello se enmarcó en lo que se denominó la “revolución monetarista” que desplazó a los postulados keynesianos en la conducción de la política económica. Habrían de prevalecer las leyes “naturales” de la economía, garantes de una supuesta “neutralidad” de las políticas.

Pero las políticas monetarias restrictivas que se instrumentaron para contener la inflación (había alcanzado los dos dígitos), hicieron inefectivo el incentivo de la baja impositiva. Asimismo, el incremento del gasto militar de Reagan dificultó la contención del alza en los precios. En el Reino Unido, inconsistencias parecidas resintieron la actividad financiera de la City. Así que, en su más notoria puesta en acción, la economía de oferta mostró claramente sus limitaciones. Resultó que no era ninguna panacea y que sus medidas no debían ignorar el contexto ya que podría llevar a contradecir políticas.

Más de dos décadas después, el desgaste de los gobiernos conservadores, luego de doce años en el poder, animó de nuevo la apelación a estas ilusiones. Resurgieron insufladas por la creencia de que, habiendo roto las amarras con Europa con el Brexit, el Reino Unido se había liberado de las trabas y las políticas tradicionales que, creían algunos, explicaban su pobre desempeño económico. Era la oportunidad para lanzar un ambicioso programa de crecimiento que rompiera con esas ataduras. La oferta del “mini-budget” de la Primera Ministra de bajar los impuestos a los más ricos y no efectuar el incremento en las tasas impositivas previstas por el exministro Sunak, subsidiando el precio de la energía y sin sacrificar gastos en los programas sociales, desnudó una reducción de los ingresos fiscales y un ensanchamiento resultante del déficit, haciendo menester un fuerte endeudamiento para financiarlo. No se tomó en cuenta, empero, que el Banco de Inglaterra y los bancos centrales de las principales economías estaban aprobando aumentos sustanciales en las tasas de interés para aplacar la inflación.

A pesar de que el Reino Unido había escogido disminuir su peso económico amputando, años antes con el Brexit, sus más importantes mercados, el nuevo gobierno, en reminiscencia de su pasada influencia imperial, creyó que ello no obstaría para hacer prevalecer su voluntad. Los mercados financieros, como sabemos, pensaron diferente. Hubo una corrida contra la libra que puso en peligro fondos de pensiones y otros. El FMI, en unas declaraciones inusuales, manifestó su preocupación por el impacto distributivo de estas políticas. Ante tanta presión, el gobierno se vio obligado a recular, sacrificando al ahora exministro Kwarteng y recogiendo velas con las anunciadas rebajas impositivas. Todavía no está claro si la Primera Ministra Truss podrá sobrevivir a la tormenta que su obsesión doctrinaria desató.

Luego de los estragos de la pandemia a nivel mundial, muchos confiaban en un nuevo consenso en torno a un papel más proactivo del Estado en apoyo a la salud y en previsión de otras calamidades, como las desatadas por el cambio climático y sobre el costo de los alimentos y de la energía, asociados a la invasión rusa de Ucrania. Cómo financiar esta mayor presencia tampoco exigiría mucha imaginación, si nos atenemos a las enormes fortunas amasadas, sobre todo en EE.UU., por el 1% más rico de la población. Pero los sesgos ideológicos son tercos. Son demasiado poderosos los intereses en juego. Trump (previo a la pandemia) había rebajado los impuestos a los más ricos pero, en vez del ansiado “trickle down” (derrame), disparó la inequidad en la distribución del ingreso. En España una absurda concepción de autonomía en el ámbito fiscal permite a distintos gobiernos autonómicos competir en la baja de impuestos para atraer inversiones, cuando el gobierno central anuncia la subida de éstos a los más ricos para poder financiar los programas sociales. Por supuesto que el examen del gasto, su idoneidad, impacto macroeconómico, efecto distributivo y sostenibilidad intertemporal es el otro elemento, obligado, de esta discusión, no exenta, tampoco, de sesgos ideológicos.

Los venezolanos, junto a la población de los países que fueron comunistas –sobrevive Cuba—estamos entre las peores víctimas del efecto destructivo de la ideología en la conducción de la economía. Pero, a diferencia de aquellos y a despecho de su retórica, en nuestro país la intromisión ideológica poco tuvo que ver, en realidad, con la idea de “construir el socialismo”. Obedeció, antes que nada, a los delirios mesiánicos de quien, creyéndose un segundo Libertador, se empeñó en destruir las instituciones y en ponerle la mano a las enormes rentas que deparaba la venta internacional del crudo, para consolidar una poderosa cofradía de mafiosos, sobre todo de militares traidores, que aseguraran su dominio. La tradición intervencionista del Estado venezolano, alimentado por enormes rentas petroleras asignadas con creciente discreción, facilitaron esta tan nefasta revolución populista de Chávez. Ahora que, sobre sus cenizas, el régimen busca enderezar los entuertos que le permitan sobrevivir, siguen asomándose, como por acto reflejo, las imposturas ideológicas heredadas para justificar los intereses que impiden que las fuerzas económicas puedan ejercer el efecto deseado en la recuperación de la economía.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

Preocupación permanente del liderazgo opositor en su lucha por la democracia ha sido saber a qué nos enfrentamos. El aprendizaje ha sido duro. La ilusión de que el régimen bolivariano entraría en razón ante las protestas y denuncias de derechos violados, o que se deslegitimaría con la abstención electoral, se estrellaron contra la férrea determinación de Chávez de ignorar reglas de juego que consideraba de la “democracia burguesa”. Como “revolucionario”, estaba comprometido con la “refundación de la patria”, tarea histórica que no admitía concesiones al adversario –ahora enemigo— en respeto al juego político tradicional. Evitó ser desarmado en la prosecución de su misión desmantelando las instituciones de la democracia liberal y rompiendo con el orden constitucional que él mismo había prohijado al comenzar. Su carisma, el deterioro de los partidos tradicionales y las prácticas populistas que le permitió financiar la renta petrolera, lograron cautivar a amplios sectores de la población, galvanizados tras de sí por una retórica maniquea que proyectaba a quienes lo enfrentaban como enemigos del pueblo.

Resultó que Chávez no era sólo un líder heterodoxo, difícil de encasillar conforme a cánones conocidos. No era demócrata. ¿Dónde ubicarlo, entonces? Su prédica populista, confrontacional, intolerante y militarista, junto a otros aspectos de su conducta, suscitaron la obvia tipificación de fascista. Pero, no en los términos denigratorios con que cierta izquierda descalifica a sus detractores, sino en atención a los rasgos fundamentales que caracterizan lo que algunos analistas[1] llaman “fascismo genérico”: la lucha política entendida como la guerra por otros medios, la invocación de épicas mitificadas que animan al “verdadero” pueblo –noble, puro y homogéneo— al combate contra sus enemigos, tanto internos como externos, la pasión por encima de la razón como fuerza movilizadora y un patrioterismo extremo. Ello se acompañó con la violencia callejera como medio de lucha, la regimentación partidaria en movimientos paramilitares “de camisa”, la militarización de la sociedad y el culto a la muerte --“Patria, socialismo o muerte”. Todo ello cobijado en una falsa realidad construida con base en un discurso maniqueo lleno de odios contra los adversarios, el cercenamiento de las libertades, el sometimiento de la población a la voluntad de un carismático líder, la discriminación de la disidencia y la imposición de una verdad única. Dada la distancia con respecto al fascismo clásico de los años ’20 y ’30 del siglo pasado, y en atención a las particularidades que le tocó vivir, cabe el uso del término “neofascista” en referencia a Chávez.

Pero con su alegre entrega a la tutela de Fidel Castro y el protagonismo de un núcleo de la vieja izquierda entre sus partidarios, Chávez asumió un porte filocomunista para su “revolución”. Le permitió heredar clichés e imaginarios de la mitología comunista, dándole mayor cuerpo a sus inflamas contra el “imperio”. Propuso implantar un “socialismo del siglo XXI”, con lo cual se granjeó simpatías entre sectores izquierdosos a nivel mundial. Dio pie a que se tildase a su régimen de comunista o “castrocomunista”. Sin embargo, salvando la deriva hacia categorías retóricas afines al marxismo, su comportamiento político cambió muy poco con respecto a la matriz fascista original. Puede argumentarse, al respecto, la similitud del comunismo con el fascismo en cuanto a su naturaleza proto-totalitaria.

Empero, hay una importante diferencia que incide en la calificación del régimen chavo-madurista actual. El fascismo no fue un movimiento doctrinario. Careció de una visión omnicomprensiva de la realidad a partir de la cual entresacar las claves de la conducta partidaria. Sus posturas ideológicas se construían en respuesta a los imperativos de lucha contra quienes identificaba como enemigos. El comunismo, al contrario, se cimentaba en una escolástica marxiana adosada con prescripciones políticas de Lenin en su lucha contra el régimen zarista, sistematizada por Stalin. Entre sus implicaciones doctrinarias, destaca un criterio de verdad que se define por su funcionalidad para con la revolución. Si la superación del capitalismo por el socialismo es inevitable, como pronostica el materialismo histórico, todo lo que facilita tal desenlace es, por tanto, verdad, impermeable a desmentidos empíricos independientes. Ello legitima la conducta y la moral comunista ante todo cuestionamiento externo. A despecho de las pretensiones “cientificistas” del propio Marx, la prédica comunista terminó siendo un asunto de fe. Esta confianza en una teleología inexorable llevó a la conformación de un poderosísimo instrumento de lucha política en la forma del Partido Comunista, tan útil a las ansias de dominio de Stalin. Horroriza la admisión de culpa de viejos bolcheviques ante las acusaciones fabricadas en su contra durante los juicios de Moscú (1937) –que llevaron a muchos a ser condenados a muerte—por no debilitar el rol histórico del Partido.

El disparate chavo-madurista no comulga en nada con tal disciplina bolchevique. No obstante, su criterio acomodaticio de “verdad” favorece la absolución y legitimación de la profunda y deliberada corrupción de cúpulas militares, jueces y de muchas policías, para convertirlos en cómplices del régimen de expoliación que resultó del desmantelamiento del ordenamiento constitucional y del Estado de Derecho. No olvidemos que Maduro se formó políticamente en la escuela de cuadros en Cuba. Se sostiene hoy gracias a una alianza entre cofradías mafiosas amparadas en las fuerzas más retrógradas y perniciosas del planeta –Putin, la teocracia iraní, Ortega, las narcoguerrillas colombianas y Cuba. Sus multimillonarias fortunas emergen a cada rato en las pesquisas de valiosos periodistas de investigación y/o a través de escándalos que estallan en la prensa internacional. Y, con la complicidad militar y la impunidad que otorga una justicia abyecta, ha podido activar prácticas de terrorismo de Estado para aplastar a sus detractores. El blindaje ideológico “absuelve” los tratos más crueles contra quienes luchan por sus derechos, recogidos en reportes de la ONU, la OEA y de respetadas ONGs: persecuciones, detenciones, desapariciones, maltratos a familiares, robos, torturas y muertes. La responsabilidad directa de Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino en estos crímenes, atribuida en el último informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no es óbice para que personajes tan depravados se yerguen sobre un pedestal de pretendida “supremacía moral revolucionaria” para denostar a quienes los acusan por arremeter contra los “intereses del Pueblo”. ¡El mundo al revés!

El menjurje de tan nefastos componentes –fascio-comunismo militarista y mafioso— dibuja un régimen en descomposición capaz, no obstante, de legitimarse a sí mismo y ante sectores muy primitivos de “izquierda” con su retórica “revolucionaria”. Su mejor calificativo es el de “gansteril”. Como se ha visto obligado a liberalizar aspectos de su manejo de la economía, se han producido reacomodos en su interior que podrían favorecer las posibilidades de cambio. Pero poco indica que el poder tan cruel que se ha atrincherado en Venezuela para conservar, como sea, sus privilegios, haya cambiado en su esencia.

Ello plantea la pregunta obligatoria, ¿Puede negociarse una salida basada en elecciones confiables con este poder? No hay más remedio que intentarlo. Pero la única esperanza de que sus personeros accedan a acuerdos que rescaten la democracia, es que se negocie desde una posición de fuerza. El canje reciente de los narcosobrinos presos en EE.UU. por estadounidenses mantenidos como rehenes por Maduro indica que, de parte del gobierno de aquel país, predominan criterios e intereses que no coinciden, necesariamente, con los de la lucha por la democracia en Venezuela. Pone de manifiesto que la constitución de esa fuerza capaz de arrancarle al chavo-madurismo concesiones que faciliten el retorno a la democracia es, sobre todo, asunto de los propios venezolanos.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

[1] Stanley Payne, A History of Fascism 1914-45, Routledge, London and New York, 1997; Robert Paxton, Anatomía del fascismo, Ediciones Península, Barcelona, España, 2005.

En la medida en que la contraofensiva ucraniana recupera territorios, desalojando a las fuerzas rusas de ocupación, emergen informes acerca de las barbaridades cometidas contra la población local. Bucha, Mariupol, Izium y otros pueblos liberados revelan la existencia de entierros masivos de ucranianos, la mayoría civiles, muchos acribillados con las manos atadas y/o con signos evidentes de haber sido torturados.

Numerosos testimonios de quienes fueron detenidos por los invasores describen el montaje de celdas improvisadas donde se les privaba de libertad y se les sometía a crueles tormentos. Observadores internacionales, incluidos de la Organización de Naciones Unidas, comienzan a tipificarlo como acciones propias de genocidio contra una población indefensa. Constituyen crímenes de lesa humanidad que están siendo documentados para encausar –como debe ser—a sus responsables.

En fin, son castigos inhumanos infligidos por un ejército de ocupación contra un gentilicio al que desprecia. La excusa–Putin dixit—es su pertenencia a un país que no debería existir como tal. Cínicamente, el nuevo zar ruso buscó legitimar su matanza alegando la necesidad de «desnazificar» al vecino país.

Quienes se identifican con valores básicos de justicia y libertad no pueden sino sentirse profundamente indignados por estos crímenes. Pero, más allá de la atención que ha concentrado la agresión rusa a Ucrania, acciones como las referidas no son tan ajenas a estas partes del mundo, lamentablemente.

Informes de 2020 y 2021 de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, enviada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, encontraron «motivos razonables» para sostener que las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos en Venezuela por parte de entes del Estado, formaban parte «de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil…»Es decir, atrocidades propias de un ejército de ocupación, infligidas de manera sistemática y deliberada contra venezolanos disidentes.

Un tercer informe, entregado este mes, ahonda en esos hallazgos. En un escrito de 125 páginas, examina el papel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y en otro, de 155 páginas, presenta la situación de los derechos humanos en el llamado Arco Minero del Orinoco y áreas afines.

En total, los tres informes se basan en 471 testimonios, tanto de víctimas, sus familiares o representantes legales, como de empleados o exagentes, 88 realizadas recientemente, entre noviembre, 2021 y abril, 2022.

En estas líneas se comentará brevemente lo referente a la Dgcim. Ésta se dedica a realizar investigaciones en busca de pruebas contra disidentes y opositores. Con ello, elabora expedientes sobre posibles objetivos. Practica detenciones e interroga a las personas detenidas, las más de las veces con tortura. Los testimonios recogen: «fuertes golpes con bates y objetos punzantes; descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo; asfixia con sustancias tóxicas y agua; cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas; el uso de un dispositivo llamado «señorita», para levantar y deformar los cuerpos y bajarlos a tanques de agua; violación con objetos; golpes y descargas eléctricas en los genitales; iluminación constante u oscuridad permanente; calor o frío extremos; alimentación forzada con heces y vómito; y amenazas de muerte y de violación a las víctimas y a sus familiares.»

Señalan, asimismo, la existencia de una red de «trabajadores acreditados» en todo el país, pertenecientes a menudo a colectivos, que participaban en las operaciones de la Dgcim. Trabajaban ad honorem, «pero podían acceder a otros beneficios, como una acreditación oficial de la Dgcim y acceso al dinero y a los bienes que se le podían sustraer a las personas detenidas».

Se refieren casos de detención de civiles para extorsionarlos y confiscar sus bienes, especialmente cuando suponen una ventaja estratégica para el Gobierno. Un exempleado de la Dgcim explicó que muchos de sus funcionarios dependen de los activos incautados ilegalmente a las personas detenidas como principal fuente de ingresos. Su salario formal habitual oscila entre 10 y 40 dólares. Por tanto, las consideraciones económicas juegan un papel importante a la hora de elegir a los opositores políticos a detener.

Según exfuncionarios de la Dgicm, agentes cubanos habrían entrenado, asesorado y participado en labores de inteligencia y contrainteligencia. Un Memorando de Entendimiento firmado en 2008 por los Gobiernos de Cuba y Venezuela encomendaba al Ministerio de Defensa cubano supervisar «la reestructuración de los servicios de inteligencia militar venezolanos, incluso mediante la creación de nuevos órganos», para «descubrir y enfrentar los esfuerzos subversivos y de inteligencia en nombre del enemigo, así como la actividad criminal» Agentes cubanos habrían contribuido «en el desarrollo de las técnicas de interrogatorio y los métodos de vigilancia en la Dgcim, así como en las estructuras y los objetivos de las Direcciones». Funcionarios de la Dgcim viajaban a Cuba para recibir formación.

Fuentes calificadas indicaron a la Misión que Iván Hernández Dala, director de la Dgcim, le llevaba a Maduro «informes de investigación preparados … para su aprobación». Éste le daba órdenes directas, «en persona o por teléfono, nunca por escrito.» Cuando se trataba de objetivos políticos, Maduro podía aprobar y ordenar «la detención de opositores reales y percibidos del Gobierno», a veces consultando a su círculo íntimo. Según los testimonios, también habrían ordenado detenciones, Cilia Flores, Diosdado Cabello y Tareck Zaidan El Aissami Maddah. Además de Hernández Dala, los esbirros que más figuran en las labores de represión y tortura realizadas en la Dgcim, como en la apropiación ilegal (robo) de dinero y bienes de los detenidos, son: Alexander Granko Arteaga, Rafael Antonio Franko Quintero y Hannover Esteban Guerrero Mijares. Todos militares de alto rango, sujetos a sanciones internacionales por su participación en hechos violatorios de los derechos humanos. La Misión encontró «motivos razonables» para señalarle a cada uno responsabilidad penal en los hechos mencionados.

Este tercer informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela recoge información detallada, muy bien fundamentada, de la violación deliberada por parte de los órganos de inteligencia del Estado de los derechos básicos de muchos venezolanos por razones políticas, entre ellos a muchos militares.

Señala la responsabilidad directa de los más altos niveles de mando. La saña y crueldad desplegadas en sus acciones revelan un desprecio a la población, propia a la de un ejército de ocupación hostil. A esto ha quedado reducida la FAN por quienes hoy la controlan, traicionando a la patria y a sus juramentos constitucionales.

Al comienzo de la llamada «revolución bolivariana», es posible que, embriagados por la retórica patriotera de Chávez, algunos militares creyesen efectivamente que formaban parte de una gesta redentora inspirada en el Libertador, que afianzaría el papel de Venezuela y de los venezolanos en el mundo. Empero, no tardaron los más inescrupulosos en darse cuenta de que, al amparo de las diatribas antiimperialistas de su comandante, se derribaban las instituciones que resguardaban los derechos ciudadanos y el manejo probo de los recursos públicos, abriéndoles oportunidades inusitadas de enriquecerse con impunidad, a cambio de su lealtad.

Con la anuencia de la “revolución” y bajo asesoría castrista, procedieron a corromper a los más vulnerables dentro de la FAN, forjando, así, una fuerza pretoriana chavo-madurista, sustento principal –dada su complicidad– del régimen de expoliación en que terminó la «revolución». Para ello fue necesario una purga interna, apartando a los componentes institucionales, los más honestos, de la FAN y, eventualmente, sometiéndolos –junto a luchadores civiles por la libertad y la democracia– con acciones represivas, en las que no faltaban las torturas brutales.

Así como la opinión pública del mundo democrático clama por encausar a los culpables de los crímenes cometidos por las fuerzas rusas de ocupación en Ucrania, este informe, junto a muchos otros, debe resultar en acciones concertadas para acabar definitivamente con el nefasto aparato de la Dgcim montado por Maduro, Padrino y sus cómplices, para defender sus privilegios. Su ejército de ocupación.

Mail: humgarl@gmail.com

Humberto García Larralde es economista, Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela.

En la medida en que la contraofensiva ucraniana recupera territorios, desalojando a las fuerzas rusas de ocupación, emergen informes acerca de las barbaridades cometidas contra la población local. Bucha, Mariupol, Izium y otros pueblos liberados revelan la existencia de entierros masivos de ucranianos, la mayoría civiles, muchos acribillados con las manos atadas y/o con signos evidentes de haber sido torturados. Numerosos testimonios de quienes fueron detenidos por los invasores describen el montaje de celdas improvisadas donde se les privaba de libertad y se les sometía a crueles tormentos. Observadores internacionales, incluidos de la Organización de Naciones Unidas, comienzan a tipificarlo como acciones propias de genocidio contra una población indefensa. Constituyen crímenes de lesa humanidad que están siendo documentados para encausar –como debe ser—a sus responsables. En fin, son castigos inhumanos infligidos por un ejército de ocupación contra un gentilicio al que desprecia. La excusa–Putin dixit—es su pertenencia a un país que no debería existir como tal. Cínicamente, el nuevo zar ruso buscó legitimar su matanza alegando la necesidad de “desnazificar” al vecino país.

Quienes se identifican con valores básicos de justicia y libertad no pueden sino sentirse profundamente indignados por estos crímenes. Pero, más allá de la atención que ha concentrado la agresión rusa a Ucrania, acciones como las referidas no son tan ajenas a estas partes del mundo, lamentablemente.

Informes de 2020 y 2021 de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, enviada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, encontraron “motivos razonables” para sostener que las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos en Venezuela por parte de entes del Estado, formaban parte “de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil…” Es decir, atrocidades propias de un ejército de ocupación, infligidas de manera sistemática y deliberada contra venezolanos disidentes. Un tercer informe, entregado este mes, ahonda en esos hallazgos. En un escrito de 125 páginas, examina el papel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y en otro, de 155 páginas, presenta la situación de los derechos humanos en el llamado Arco Minero del Orinoco y áreas afines. En total, los tres informes se basan en 471 testimonios, tanto de víctimas, sus familiares o representantes legales, como de empleados o exagentes, 88 realizadas recientemente, entre noviembre, 2021 y abril, 2022.

En estas líneas se comentará brevemente lo referente a la DGCIM. Ésta se dedica a realizar investigaciones en busca de pruebas contra disidentes y opositores. Con ello, elabora expedientes sobre posibles objetivos. Practica detenciones e interroga a las personas detenidas, las más de las veces con tortura. Los testimonios recogen: “fuertes golpes con bates y objetos punzantes; descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo; asfixia con sustancias tóxicas y agua; cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas; el uso de un dispositivo llamado “señorita” para levantar y deformar los cuerpos y bajarlos a tanques de agua; violación con objetos; golpes y descargas eléctricas en los genitales; iluminación constante u oscuridad permanente; calor o frío extremos; alimentación forzada con heces y vómito; y amenazas de muerte y de violación a las víctimas y a sus familiares.”

Señalan, asimismo, la existencia de una red de “trabajadores acreditados” en todo el país, pertenecientes a menudo a colectivos, que participaban en las operaciones de la DGCIM. Trabajaban ad honorem, “pero podían acceder a otros beneficios, como una acreditación oficial de la DGCIM y acceso al dinero y a los bienes que se le podían sustraer a las personas detenidas”. Se refieren casos de detención de civiles para extorsionarlos y confiscar sus bienes, especialmente cuando suponen una ventaja estratégica para el Gobierno. Un exempleado de la DGCIM explicó que muchos de sus funcionarios dependen de los activos incautados ilegalmente a las personas detenidas como principal fuente de ingresos. Su salario formal habitual oscila entre 10 y 40 dólares. Por tanto, las consideraciones económicas juegan un papel importante a la hora de elegir a los opositores políticos a detener.

Según exfuncionarios de la DGICM, agentes cubanos habrían entrenado, asesorado y participado en labores de inteligencia y contrainteligencia. Un Memorando de Entendimiento firmado en 2008 por los Gobiernos de Cuba y Venezuela encomendaba al Ministerio de Defensa cubano supervisar “la reestructuración de los servicios de inteligencia militar venezolanos, incluso mediante la creación de nuevos órganos”, para “descubrir y enfrentar los esfuerzos subversivos y de inteligencia en nombre del enemigo, así como la actividad criminal” Agentes cubanos habrían contribuido “en el desarrollo de las técnicas de interrogatorio y los métodos de vigilancia en la DGCIM, así como en las estructuras y los objetivos de las Direcciones”. Funcionarios de la DGCIM viajaban a Cuba para recibir formación.

Fuentes calificadas indicaron a la Misión que Iván Hernández Dala, director de la DGCIM, le llevaba a Maduro “informes de investigación preparados … para su aprobación”. Éste le daba órdenes directas, “en persona o por teléfono, nunca por escrito.” Cuando se trataba de objetivos políticos, Maduro podía aprobar y ordenar “la detención de opositores reales y percibidos del Gobierno”, a veces consultando a su círculo íntimo. Según los testimonios, también habrían ordenado detenciones, Cilia Flores, Diosdado Cabello y Tareck Zaidan El Aissami Maddah. Además de Hernández Dala, los esbirros que más figuran en las labores de represión y tortura realizadas en la DGCIM, como en la apropiación ilegal (robo) de dinero y bienes de los detenidos, son: Alexander Granko Arteaga, Rafael Antonio Franko Quintero y Hannover Esteban Guerrero Mijares. Todos militares de alto rango, sujetos a sanciones internacionales por su participación en hechos violatorios de los derechos humanos. La Misión encontró “motivos razonables” para señalarle a cada uno responsabilidad penal en los hechos mencionados.

Este tercer informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela recoge información detallada, muy bien fundamentada, de la violación deliberada por parte de los órganos de inteligencia del Estado de los derechos básicos de muchos venezolanos por razones políticas, entre ellos a muchos militares. Señala la responsabilidad directa de los más altos niveles de mando. La saña y crueldad desplegadas en sus acciones revelan un desprecio a la población, propia a la de un ejército de ocupación hostil. A esto ha quedado reducida la FAN por quienes hoy la controlan, traicionando a la patria y a sus juramentos constitucionales.

Al comienzo de la llamada “revolución bolivariana”, es posible que, embriagados por la retórica patriotera de Chávez, algunos militares creyesen efectivamente que formaban parte de una gesta redentora inspirada en el Libertador, que afianzaría el papel de Venezuela y de los venezolanos en el mundo. Empero, no tardaron los más inescrupulosos en darse cuenta de que, al amparo de las diatribas antiimperialistas de su comandante, se derribaban las instituciones que resguardaban los derechos ciudadanos y el manejo probo de los recursos públicos, abriéndoles oportunidades inusitadas de enriquecerse con impunidad, a cambio de su lealtad. Con la anuencia de la “revolución” y bajo asesoría castrista, procedieron a corromper a los más vulnerables dentro de la FAN, forjando, así, una fuerza pretoriana chavo-madurista, sustento principal --dada su complicidad-- del régimen de expoliación en que terminó la “revolución”. Para ello fue necesario una purga interna, apartando a los componentes institucionales, los más honestos, de la FAN y, eventualmente, sometiéndolos --junto a luchadores civiles por la libertad y la democracia-- con acciones represivas, en las que no faltaban las torturas brutales.

Así como la opinión pública del mundo democrático clama por encausar a los culpables de los crímenes cometidos por las fuerzas rusas de ocupación en Ucrania, este informe, junto a muchos otros, debe resultar en acciones concertadas para acabar definitivamente con el nefasto aparato de la DGCIM montado por Maduro, Padrino y sus cómplices, para defender sus privilegios. Su ejército de ocupación.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Uno de los aprendizajes más frustrantes que han tenido que hacer los venezolanos de bien, es que el triunfo de la justicia no se sustenta sólo en tener razón. Me refiero, claro está, a su experiencia ante el régimen de Maduro. Éste ha destruido sus medios de vida, condenando a las grandes mayorías a niveles de miseria desconocidos, con su secuela de muertes por enfermedad y desnutrición. Sus jefes tienen las manos manchadas de sangre por los centenares de manifestantes asesinados, la mayoría jóvenes. Recordemos que Maduro se hizo filmar bailando, en una ocasión, para demostrar que estas protestas le resbalaban.

Bajo este régimen, son miles los «ajusticiados» en operativos de los cuerpos de seguridad en zonas populares y fronterizas. Ha sido denunciado reiteradas veces por los organismos más respetados de defensa de los derechos humanos, tanto de la ONU, la OEA, como por ONGs reconocidas, de torturar y dar muerte a disidentes encarcelados, y de cometer crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana, con acumulación de evidencias.

Tiene una investigación abierta en su contra por la Corte Penal Internacional por este motivo. Bajo su amparo, se han producido las mayores corruptelas de América Latina. Ha pisoteado la soberanía nacional al someterse a los dictados del régimen cubano, permitiendo la intervención de sus agentes en asuntos de seguridad nacional, y a los intereses geoestratégicos e imperiales de Rusia, China e Irán. Y la cosa no para ahí.

Pero, a pesar de haber obrado tan denodadamente en contra del bienestar de los venezolanos, Maduro seguía ahí. El acabose fue cuando se hizo «reelegir» trampeando las elecciones. «Reelegir» al peor gobierno que, por mucho, ha tenido la Venezuela moderna, representó un contrasentido total, difícil de asimilar, ya que ofendía los principios más básicos de justicia social y política. Conforme a cualquier criterio racional, ello jamás debería haber ocurrido. Con una convicción tan contundente, negarle todo derecho a existir y hacer presión, tanto con interminables protestas y/o con acciones heroicas como las de Oscar Pérez, bastaría para que se fuera. «Maduro, vete ya», resumía esta actitud. Confiados en que tal convicción era compartida por quienes, desde otros países mostraban su compromiso con la restitución de la democracia en Venezuela, muchos creyeron que, más temprano que tarde, se hallarían los medios para deshacerse de tan nefasto personaje. «Todas las opciones están sobre la mesa».

Sucede que el régimen de Maduro ha evidenciado una resiliencia inaudita frente a estas consideraciones de racionalidad y justicia. Los venezolanos hemos ido entendiendo que enfrentamos una fuerza con insospechados recursos para permanecer en el poder. Y costó aceptarlo, porque estos recursos tienen poco que ver con los que tradicionalmente caracterizan a las luchas políticas en democracia. Hasta las dictaduras que asolaron a América Latina el siglo pasado solían rendirles tributo a ciertos símbolos democráticos para cuidar sus espaldas –notoriamente mantener el visto bueno del Depto. de Estado de USA—, mientras hacían desaparecer a quienes luchaban por su restitución y cerraban la prensa crítica, en nombre de combate contra la subversión comunista. Es decir, a pesar de sus crímenes y numerosas corruptelas, cuidar las apariencias era un activo que procuraban no estropear para “legitimarse”.

La dictadura de Maduro es otra cosa. Su permanencia en el poder se ha valido de la corrupción abierta de factores decisivos, en primer lugar, de quienes controlan a la fuerza armada, a los tribunales y, desde luego, a la industria petrolera. Ungidos de un lenguaje redentor que capitalizó los resentimientos de quienes se sintieron marginados de los beneficios que presuntamente les correspondían por ser ciudadanos de un país rico, los «revolucionarios» que tomaron el poder «justificaron» el desmantelamiento de las instituciones del Estado de Derecho. Edificaron una realidad alterna en la que lo correcto, políticamente hablando, se identificaba por su funcionalidad para con la consolidación del chavismo.

Todo criterio independiente de verdad y de justicia fue avasallado por una moralina que fundamentaba un Nuevo Orden, supuestamente superior. Y encontró eco en apetencias de poder parecidas de quienes, en otros países latinoamericanos, se sentían legitimados en la mitología construida en torno a la revolución cubana, avalada también ahora por la retórica antiimperialista de Chávez.

Como lo recogió Milovan Djilas con relación al caso Yugoeslavo, sus dirigentes no pestañearon en justificar sus privilegios crecientes a cuenta de haberse sacrificado por la liberación popular. Se sustituían, así, los mecanismos de asignación de recursos de un capitalismo «decadente», amparados por un Estado «burgués», por aquellos que favorecían la construcción del socialismo. Se afincaba, en realidad, el régimen de expoliación que en Venezuela conocemos tanto, sujeto al arbitrio de quienes acapararon el poder, pero cobijado en una burbuja ideológica que los proyectaba como auténticos herederos del Libertador.

La lealtad y obsecuencia para con el líder indiscutible y con sus acólitos más cercanos se transformó en la llave que abría oportunidades inusitadas de lucro, más cuando el petróleo se mantuvo, durante años, en torno a los $100 el barril en los mercados internacionales. Más aún, el mero disfrute de derechos ciudadanos dependía de profesar la adecuada lealtad. Se consolidó, así, una alianza non sancta de intereses comprometidos con el mantenimiento de un orden fundado en el uso de la fuerza y la instrumentación parcializada del poder judicial, sustentado en la inobservancia de los derechos humanos, como de los mecanismos legales de control y de rendición de cuentas, que acabó con las libertades básicas y llevó al país a la ruina. Y buscó el apoyo de autocracias diversas a nivel internacional, hermanadas en su enfrentamiento al orden mundial dominado por EEUU.

A pesar de los trágicos destrozos que han infligido al país, quienes ostentan el poder siguen sirviéndose de las mismas tesis para potabilizar, ahora, la generación de ingresos provenientes de fuentes que antes tanto denostaban, el empresariado privado. No obstante, los reacomodos que, sin duda, se habrán producido ante las adversidades que ellos mismos provocaron, su perspectiva continúa siendo, básicamente, la del mundo al revés que proyectaron para «legitimar» su «revolución», pero referida, ahora, a una realidad muy diferente a la de entonces.

En absoluto manifiestan propósitos de enmienda con relación a la necesaria reposición de garantías mínimas a la inversión y al emprendimiento, ni al reconocimiento de derechos civiles y políticos sobre los que descansan la confianza y la seguridad requerida para que éstos prosperen. Continúan los atropellos de quienes reclaman sus derechos, el acoso o prohibición de medios de comunicación independientes y el cierre de emisoras.

Desde la impunidad que les regala un poder judicial abyecto, siguen pontificando contra los «enemigos» de Venezuela. Y se juegan la carta, ahora arriesgada, de alinearse con el genocida Putin, el gánster Ortega y con la cada vez más corrompida Cuba, para mantener sus fueros criminales ante quienes los acusan de violar los derechos humanos, argumentando la autodeterminación de los pueblos. Ni hablar de su contubernio con la guerrilla colombiana o de sus alianzas con organizaciones terroristas de Medio Oriente e Irán.

Estos son los referentes ante los cuales articular una política coherente y eficaz por parte de la oposición democrática en pro de la superación de la terrible tragedia que agobia a los venezolanos. El chavo-madurismo sigue contando con recursos poderosos, notoriamente del apoyo de una cúpula de militares traidores, cómplices centrales del régimen de expoliación, quienes se creen dueños del país. Pero se ha visto obligado a moverse ahora ante una realidad que responde a estímulos diferentes a los que se han acostumbrado a aplicar. Empiezan a verse las costuras. ¿Podrán encontrar en Petro y, previsiblemente, en Lula, el refugio que anhelan? Porque el entorno internacional tampoco es el mismo de antes.

Las protestas han vuelto a sacudir calles y pueblos. Ante la desidia e incompetencia de quienes deben responder y los yerros de una política económica incapaz de estabilizar los precios y el dólar, están los elementos para construir una fuerza lo suficientemente poderosa, capaz de forzar los cambios que permitirían un proceso de transición hacia una verdadera democracia. Si bien es suicida cerrarnos en una postura de «Maduro vete ya», es ingenuo creer que, impulsado por las exigencias de reactivar la economía, debamos esperar que respete, simplemente por las buenas, sus reglas de juego.

Mail: humgarl@gmail.com

Humberto García Larralde es economista, Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela.

En la medida en que se resquebraja la imagen de “normalización” que quiere proyectar Maduro, cobra mayor pertinencia la discusión sobre cómo materializar la salida de tan oprobioso personaje de la jefatura del Estado.

Algunos sectores de oposición enfatizan la realización de primarias para escoger un candidato único que enfrentaría sus pretensiones de reelección en 2024. Este proceso tendría que conectarse, necesariamente, con las expectativas y luchas a nivel local, gremial y nacional, para que la candidatura única contase con el respaldo que da la confianza de las mayorías.

Las posibilidades de triunfo en unas eventuales elecciones presidenciales deben afincarse, no sólo en las características y fortalezas de quien enarbole la opción presidencial, sino también en el proyecto político que lo(la) respalde como alternativa factible al desastre chavo-madurista. Debe expresar las aspiraciones de esas mayorías, como las condiciones que hagan posible y factible su cumplimiento.

Por supuesto, supone que las elecciones presidenciales se realicen, en condiciones aceptables. El riesgo que ello plantea para la continuidad en el poder de Maduro es un elemento que, sin duda, estará sopesando, si quiere seguir jugando con la carta de la normalización con la ilusión de que le dispensen algunas sanciones.

Crucial a ese proyecto alternativo son las propuestas en materia económica, epicentro de las desdichas y tragedias de tantísimos venezolanos. De ahí la necesidad de recoger las demandas de la gente en torno al restablecimiento de garantías y condiciones que permitan responder a sus necesidades.

No se trata sólo de explicar los elementos sine qua non de toda reactivación económica, sino de nutrirlo con propuestas particulares a los problemas del día a día de los venezolanos, tanto en Caracas como en localidades del interior.

Acentuar la presión en torno a su solución, con protestas y otras movilizaciones, obligaría al régimen a tomar posición, pues ahora su narrativa es (supuestamente) la de auspiciar una economía productiva. Su desidia pondría al descubierto su indisposición para afectar los intereses de quienes tanto se han beneficiado de la rapiña de la cosa pública --pero también privada—con la excusa de construir un “socialismo del siglo XXI”, ¡con Hombre Nuevo y todo! ¿Podrá reformarse desde adentro el régimen de expoliación? Como sea, el costo político para Maduro será ineludible.

Aun cuando podamos coincidir con que, “¡Es la economía, estúpido!”, como motivación de la campaña opositora --lema que, como se recordará, ayudó a elegir a Clinton en EE.UU.--, existen otros problemas, gravísimos, que no pueden ser desestimados. De su superación dependerá la gobernabilidad del país para cualquier opción política que aspire a conducir las riendas del Estado a futuro.

Aunque sea brevemente, son inescapables algunas consideraciones acerca de la descomposición social, moral y política asociada a más de veinte años de destrozos en manos “revolucionarias”.

En primer plano resalta la terrible destrucción de las normas de convivencia entre venezolanos, que ha sido resultado del desmantelamiento de las instituciones de la democracia liberal y de las garantías del Estado de Derecho. Es producto de la asunción de Venezuela como territorio conquistado por parte de los jerarcas chavo-maduristas, propio de un ejército de ocupación.

La violación extendida y constante de derechos humanos básicos, incluyendo el de la vida, se auxilia en la criminalización de toda protesta, en la impunidad y ausencia de responsabilidad (accountability) con que fuerzas policiales especiales y militares realizan razias –frecuentemente letales—en barrios y zonas fronterizas, en la persecución y tortura de opositores y disidentes, y en la negación de condiciones fundamentales para la subsistencia de las poblaciones más vulnerables.

Cómo hacer con la feudalización de una estructura castrense expoliadora (Redis, Zodis, Ardis), y con la presencia de criminales en la DGCIM y el Sebin, resultados de la destrucción de la institución militar, debe ser estudiado, en beneficio de la paz y la estabilidad de cualquier gobierno que se proponga consolidar una verdadera democracia.

Las recomendaciones y mandatos de las misiones de las NN.UU. para que sean observados plenamente los derechos humanos en Venezuela, como las que resultan del monitoreo de crímenes por parte de valientes ONGs venezolanas, HRW y otros, así como de la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional, deben constituirse en plataforma obligada de cualquier proceso de transición democrática.

El saneamiento del poder judicial habrá de jugar un papel central, así como el espinoso asunto de un régimen provisorio para procesar delitos y crímenes cometidos desde el poder. Son reveladores los trapos sucios que ventilan entre sí Rafael Ramírez y Maduro sobre numerosos robos y corruptelas.

La estabilidad política de una democracia restablecida requiere de bases que alimenten la confianza en que habrán de restablecerse plenamente los derechos y se hará justicia, como en la imparcialidad de las instituciones. Debe hacerse lo posible para conjurar los estallidos violentos que podrían alimentar revanchismos y/o apetencias de quienes quieren seguir disfrutando de los privilegios derivados de su usufructo excluyente del poder, que hagan zozobrar el retorno a la democracia.

Luego está la desastrosa situación en que ha quedado la prestación de servicios públicos a la población, incluidos la educación y la salud. ¿Cuántos funcionarios calificados en el área de energía eléctrica, de suministro de agua, gas, de telecomunicaciones, se habrían ido del país buscando una remuneración acorde con sus capacidades y condiciones dignas de trabajo? ¿En qué estado se encuentran estos servicios, qué presupuesto tienen asignado, quiénes están a cargo? ¿Planes de recuperación?

En el campo de la salud pesa de manera cruel la suspensión de los informes de morbilidad y mortalidad atribuidas a variadas afecciones, como del estado de las instalaciones hospitalarias, ambulatorios y de otros servicios de salud, que dejaron de publicarse en 2016. Ni siquiera hay información confiable sobre contagios y muertes ocurridos por Covid, como del estado de la vacunación entre la población. La migración de decenas de miles de valiosos médicos, enfermeros y técnicos variados en este campo complica aún más y de forma severa la adecuada prestación de salud a los venezolanos.

Asimismo, el estado de la educación, tan crucial para el desarrollo futuro del país, no puede ser más comprometedor, tanto por la exigua asignación presupuestaria, los bajísimos salarios de maestros y profesores y los intentos de imponer un pensum fascistoide en relación con materias de naturaleza social e histórica. Luego está el cerco presupuestario persistente a las universidades nacionales, la conculcación de su régimen autonómico y el sometimiento de su personal –docente y empleado—a condiciones miserables de vida, que ha lesionado sus capacidades de formación, investigación y para ofrecer soluciones a los innumerables padecimientos que, en distintos planos, afectan a la población.

Hay material de sobra para continuar con esta letanía. Pero terminemos haciendo referencia a la ausencia de datos sobre el desempeño económico real, del sector externo, la gestión presupuestaria, el manejo de los agregados macroeconómicos y del comportamiento de distintos sectores de la economía, que son tan importantes para un correcto diagnóstico de los problemas a encarar y de las medidas que, en consecuencia, deben ser consideradas. El BCV, MinFinanzas y el INE dejaron de publicarlos.

Los requerimientos y las modalidades de financiamiento externo a negociar para abordar las insuficiencias en la gestión pública, en la prestación de servicios y otros, junto al diseño e instrumentación de un régimen fiscal idóneo a nivel nacional, regional y local, precisan de información confiable. De lo contrario, se continuará a ciegas. La negación del situado constitucional a las regiones, declarando el ingreso petrolero como “extraordinario”, la práctica de asignar el presupuesto discrecionalmente y las reiteradas corruptelas, ilustran las perversiones que deben ser superadas en el saneamiento de la gestión pública.

Lo comentado no pretende desconocer que una campaña exitosa debe priorizar objetivos y expresarlos en términos que la gente haga suya para posibilitar la derrota del fascismo. Pero debemos estar más que alertas de que no basta sacar a sus personeros. Prepararnos para acometer las soluciones a tanta destrucción será, en su momento, decisivo para la sobrevivencia de una democracia reconquistada.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Un principio básico de economía, grabado en piedra, es que la productividad determina la capacidad adquisitiva de una población en el tiempo. Nos referimos a la productividad laboral, que mide los bienes y servicios producidos por trabajador. Entre los factores que explican su mejora está la inversión en maquinaria y equipos, la innovación y aplicación de nuevas tecnologías, la capacitación de la mano de obra y la reducción de las trabas de todo tipo a las actividades de producción e intercambio.

Durante muchos años Venezuela eludió esta ley de hierro gracias a las rentas internacionales que captaba por la venta de su crudo. Permitían, en el marco de un esquema proteccionista, remunerar a trabajadores y empleados por encima del valor de su productividad. Bajo los gobiernos democráticos redundó en altos niveles de bienestar. Pero alimentó una cultura rentista, propicia a prácticas populistas y clientelares, cuyas perversiones fueron minando las bases de sustento de la democracia. Le tendió la cama al advenimiento de un “salvador de la Patria”, quien buscó el control personal de PdVSA para dilapidar estas rentas entre cómplices y en programas populistas que le dieran réditos políticos: “ahora PdVSA es de todos” (¡!). Con tan formidables recursos, Chávez procedió a desmontar las instituciones que amparaban a las actividades económicas del sector privado, bajo la consigna de construir el “Socialismo del Siglo XXI”. Creó, así, las condiciones que terminaron por arruinar la economía.

Como sabemos, Maduro acentuó este desastre. A ello contribuyó mucho la profundización y extensión de prácticas depredadoras entre militares corruptos y “enchufados”, propiciadas por su mentor. Ahora resultaban aún más decisivas para mantenerse en el poder. Pero al bajar los precios internacionales del crudo de los niveles abultados que había disfrutado Chávez, la economía cayó en barrena. Se encogió a menos de la cuarta parte de cuando asumió Maduro. Imposible satisfacer en estas circunstancias a sus secuaces y mantener un nivel manejable de paz social. Atendiendo, presumiblemente, a quienes habían asesorado a Rafael Correa en Ecuador, Maduro engavetó la prédica socialista y se acercó al sector privado, liberando precios y la circulación de dólares. A pesar de respuestas que parecían auspiciosas, la incipiente liberalización no tardó en verse comprometida por los desequilibrios intrínsecos a la gestión chavo-madurista. Saltó el precio de la divisa, con impacto en algunos precios internos, porque el sustrato productivo de la economía seguía siendo muy precario. Veamos.

Durante los años en que la actividad económica se reducía (2014-2020) y, con ello, la productividad laboral, Maduro pretendió defender la capacidad adquisitiva de los trabajadores decretando sucesivos aumentos del salario mínimo (21 hasta finales de 2021). Pero, con el colapso de la base impositiva por la ruina de la economía doméstica y de la capacidad productiva de PdVSA, y el aislamiento financiero internacional del Estado, luego del default fáctico sobre sus deudas en 2017, no tenía cómo pagarlos. Acudió al financiamiento monetario del Banco Central, que terminó multiplicando la liquidez en más de 70 millones durante estos años, sumiendo al país en una hiperinflación pavorosa. Sus decretos produjeron el efecto contrario: para finales de 2021 el salario mínimo real (con bono de alimentación) se había reducido a solo el 5% de cuando asumió la presidencia. Pero en marzo, Maduro decretó otro alza.

El combate a la hiperinflación lo emprendió Maduro demasiado tarde, cuando ya había acabado casi por completo la capacidad adquisitiva de los venezolanos. Se concentró, además, en reducir de forma drástica la oferta monetaria, recortando el gasto público, paralizando prácticamente la actividad crediticia de la banca con encajes prohibitivos y vendiendo los escasos dólares que entraban al BCV para “anclar” su precio y absorber liquidez. Contribuyó, así, a deprimir aún más la actividad productiva y, con ello, la remuneración de los trabajadores. En absoluto introdujo medidas que buscaran reequilibrar la economía promoviendo una mayor demanda de las variables monetarias. De ahí su precariedad.

La economía venezolana revela actualmente un desempleo altísimo de recursos productivos, mídase como se mida. Obviando la incómoda discusión de cuál es el producto potencial real del país en estos momentos –parte del aparato productivo ha sido destruido más allá de toda recuperación--, es patente que, con las políticas adecuadas, la actividad económica podría incrementarse radicalmente en poco tiempo. Estamos hablando de superar el nivel más alto del PIB (real) registrado, el de 2013, en menos de quince años. Por el contrario, con la “normalización” de Maduro ello tardaría, en el mejor de los casos, unos 40 años. Tan rápida reactivación conllevaría un incremento significativo de las transacciones –actividades de compraventa, contrataciones, créditos, empleo, inversiones-- que permitirían reabsorber los excedentes monetarios. Sería un ajuste expansivo. En presencia de un fuerte desempleo de recursos, la política antiinflacionaria no debe dejar por fuera la activación de la demanda monetaria.

¿Cómo se diferenciaría de la gestión de Maduro? A continuación, algunos aspectos centrales:

1) Un retorno al ordenamiento constitucional y a las garantías inherentes al Estado de Derecho, que impliquen reglas de juego que den seguridad y confianza a los inversionistas;

2) La concertación de un generoso financiamiento internacional, con una reestructuración profunda de la deuda externa, capaz de auxiliar un programa exitoso de estabilización macroeconómica y proveer los recursos con los cuales recuperar la capacidad de gestión del Estado;

3) Aprovechamiento cabal de la capacidad ociosa del aparato productivo nacional en el corto plazo;

4) Una estrategia de desarrollo explícitamente orientada al desarrollo de la competitividad, con base en políticas industriales bien concebidas y articuladas, favorables al emprendimiento productivo;

5) El aprovechamiento de la transición energética y de las oportunidades de la 4ª Revolución Industrial, fortaleciendo las capacidades de innovación y de desarrollo tecnológico del aparato productivo.

La “normalización” de Maduro se centra, por el contrario, en el consumo de bienes importados pagados en dólares. Un rentismo raquítico, porque éstos escasean. Muy poco va en aumentos en la producción y en la generación de empleo productivo. De ahí su tipificación como burbuja. Para nada se orienta a superar los factores que entraban el aprovechamiento de la enorme capacidad inutilizada que presenta, hoy, el aparato productivo doméstico, en particular:

a) La emigración de mano de obra calificada y de talento profesional;

b) El colapso de los servicios públicos y de la infraestructura física;

c) Un marco institucional –leyes, reglamentos— asfixiante y punitivo, aplicado a discreción;

d) La destrucción del tejido industrial (clusters que sustentan la competitividad): proveedores, industrias complementarias, servicios especializados de apoyo, etc.

e) Una banca atrofiada, que ha visto reducir sus activos en un 90% y su capacidad de intermediación en su casi la totalidad desde 2013;

f) El colapso de la capacidad de respuesta administrativa y de gestión del Estado en tantas áreas;

De resolverse exitosamente los cuellos de botella señalados, el salto en la productividad sería inmediato. Permitiría aumentar las remuneraciones significativamente en un corto plazo, satisfaciendo expectativas de mejora sostenida en las condiciones de vida de la población trabajadora. Pero ello sólo sería posible en el marco de condiciones como las referidas arriba. ¿Podrá Maduro con eso?

“¡Mucho camisón pa’ Petra”!, habrían exclamado nuestros padres. Por las denuncias que se leen a diario, Maduro en absoluto le interesa alterar la dinámica de expoliación de militares corruptos y enchufados. ¿Dónde están las garantías para quienes quisieran invertir con miras en el largo plazo? ¿Y para que el talento emigrado retorne, aunque sea en parte? ¿Dónde los derechos laborales que permitan luchar por mejoras en las condiciones de trabajo y negociar las remuneraciones que se merecen? ¿Y la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos de la nación que se confían a quienes dirigen el Estado? ¿Dónde están los derechos humanos y civiles que amparen la movilización ciudadana a favor de la recuperación de los servicios públicos y niveles dignos de seguridad? ¿Cómo queda la libertad? Agenda obvia para el cambio político por el que claman los venezolanos.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

De un tiempo para acá el régimen de Maduro viene tomando decisiones para una mayor liberalización y apertura de la economía, poco congruentes con cualquier idea de “socialismo del siglo XXI”. Suspendió los controles de precio a muchos bienes y servicios (pero sin abrogar la Ley de Precios Justos); derogó la Ley de Ilícitos Cambiarios, permitiendo la circulación y posesión de divisas; reemplazó el control de cambio por un régimen de flotación “sucia” (intervención del BCV); liberalizó el comercio exterior; anunció la venta de activos públicos, amparada en una “Ley Antibloqueo”, y la de acciones de algunas empresas públicas; y aprobó una Ley de Zonas Económicas Especiales para atraer inversiones, si bien poco “liberal” y muy discrecional en su aplicación. Promueve inversiones extranjeras también en el sector petrolero y crea un Centro Internacional de Inversión Productiva, en el marco de la Ley Antibloqueo. Por boca de la vicepresidente Delcy Rodríguez, también ministra de Economía y Finanzas, nos enteramos de una Agenda Económica Bolivariana con 18 motores productivos. Supongo que la idea es que ahora no operen en retroceso. Maduro, por su parte, habla de construir un poderoso sistema tributario, alabando al existente en EE.UU. y otros países avanzados, a la par que se acerca al sector privado, anunciando el desarrollo de su “vocación productiva y exportadora”.

A la par, se aplicó un ajuste draconiano para acotar la hiperinflación. Redujo drásticamente el gasto estatal, incluyendo sueldos, a costa de un deterioro aún mayor de los servicios públicos; ancló el precio del dólar, liquidando divisas escasas en el mercado cambiario; y asfixió la actividad crediticia de la banca imponiendo niveles de encaje prohibitivos. Aun así, la inflación (anualizada) sigue entre las más altas del globo --137,1% para finales de julio. Y, con el anclaje cambiario, se sobrevaluó todavía más el bolívar.

No es de sorprender que ante una mayor estabilidad y luego de tantos años reprimidas con toda suerte de controles y arbitrariedades, algunas actividades económicas respondieran positivamente, a pesar de las inconsistencias o insuficiencias de algunas medidas. Se volvieron a llenar los anaqueles en los supermercados y se activó una burbuja en torno a la comercialización de bienes importados y alguna construcción al este de Caracas. Algunos rubros agropecuarios e industrias también pudieron aumentar su producción al tener libertad para importar insumos (con sus propios dólares).

Maduro no resistió la tentación de cantar victoria: el país “se estaba arreglando”. Esta ilusión, a espaldas de las penurias de la inmensa mayoría de la población, de la proliferación de apagones, de las carencias en el suministro de agua y de servicios de todo tipo, se insufló con la perspectiva de que la relación con Colombia mejoraría tras el triunfo de Gustavo Petro. Parecía abrirse la oportunidad de admitir elecciones creíbles para atemperar, así, algunas sanciones y el ostracismo externo a que fue sometido. Ya no serían tan riesgosas, dado su “éxito económico” y el desarreglo en que aparentaba encontrarse la oposición.

Pero arreglar al país no es “soplar y hacer botellas”. Las medidas referidas escasamente modificaron el sustrato sobre el que se levanta la economía chavista. Siguió la desconfianza derivada de la ausencia de garantías económicas y humanas, de la inseguridad asociada al desmantelamiento del Estado de derecho, así como de la precariedad de una política antiinflacionaria apoyada en el anclaje cambiario: la destrucción de la industria petrolera dejó al Estado sin suficientes divisas para asegurar la estabilidad del tipo de cambio. Como se temía, este arreglo no pudo sostenerse. El precio del dólar ha aumentado un 45% desde mediados de agosto. La expectativa de que la economía caiga de nuevo en un espiral de depreciación – inflación, con impactos adversos sobre el nivel de vida de los venezolanos, plantea un difícil problema a Maduro, sobre todo porque el colapso de estos últimos ocho años ha dejado a la economía doméstica con escasa capacidad de respuesta ante ello.

No puede olvidarse que Chávez hizo lo posible por reemplazar el ordenamiento constitucional, el Estado de derecho y los mecanismos de mercado, por el imperio de su propia voluntad, a cuenta de encarnar, por antonomasia, los fines redentores de su “revolución”. Al amparo de la ausencia de garantías, de la opacidad y de la no rendición de cuentas que trajo la destrucción de la autonomía y el equilibrio de poderes --incluyendo medios de comunicación independientes y una ciudadanía activa —y de una impunidad asegurada a cambio de profesar lealtad al “comandante”, aparecieron poderosas mafias dedicadas a expoliar la riqueza nacional. Una vez que quedó atrás la bonanza petrolera de 2008 a 2014 –precios del crudo por encima o cercanos a los $100/barril—se desnudó la inopia que hoy plaga al país. Imposible satisfacer ahora las alianzas que sostenían a Maduro, sobre todo el apoyo de militares que traicionaron su juramento, y hubo que instrumentar medidas de liberalización económica que abrieran un respiro a muchos de sus cómplices. Y de la economía venezolana, dada la enorme potencialidad que aún tiene a pesar del desastre chavista, no dejaron de brotar mejoras visibles. Rápidamente fueron capitalizadas políticamente por el régimen con aquello de que “Venezuela se arregló”.

Pero la implantación de una economía de mercado que materializara estas potencialidades, ni siquiera está a mitad de camino. ¿Cómo atraer inversiones, fomentar la producción y generar empleo bien remunerado, sin eliminar la estructura de privilegios y de intereses creados que depredan al Estado? No basta con retirar los ojos de Chávez de las edificaciones públicas. ¿Cómo restablecer un intercambio fructífero con Colombia sin atacar a los traficantes de gasolina, de drogas, contrabandistas y las bandas criminales que han operado bajo las narices o con participación activa de militares quienes, supuestamente, custodian la frontera? ¿Cómo fomentar el abastecimiento cuando a los productores agropecuarios se les confiscan buena parte de lo transportado en alcabalas y puertos? ¿Cómo ser competitivo y aumentar la producción industrial cuando no se cuenta con un suministro eléctrico, de agua, gasolina y gas, estables? Y, sin contar con un aparato productivo robusto y en ausencia de financiamiento internacional, la estabilización de precios y del tipo de cambio se hace muy cuesta arriba. Sobre todo, es poco lo que puede aportar un Estado tan malogrado para que las medidas funcionen.

Y así se pinta la encrucijada que enfrenta hoy Maduro. O arremete contra los intereses creados que, junto con su mentor, alimentó --para desgracia de Venezuela-- o languidece, con escasas posibilidades de cosechar el éxito político anhelado, en una situación de limitada capacidad económica, creciente conflictividad social y política, perpetuación de su aislamiento internacional y creciente vulnerabilidad. El gobierno de EE.UU, acaba de aclarar que se mantienen las sanciones. Difícilmente, puede esperarse de Maduro las reformas que el país demanda. Fiel a su naturaleza fascista, ha respondido a las amenazas que percibe a su poder, incrementando las medidas represivas.

Sin embargo, para bien de las posibilidades de transición hacia la democracia, existe ahora un factor que debe ser aprovechado. La narrativa del gobierno ha cambiado diametralmente. Ya no es congruente que enfrente o se haga el loco ante los reclamos de que sean cumplidas algunas garantías constitucionales propicias al establecimiento de una economía productiva, incluidas las referentes a los derechos humanos, a cuenta de estar construyendo el socialismo del siglo XXI. A menos que prefiera revertir al caos anterior, con el consiguiente costo político, debe admitir la pertinencia de estos reclamos. No es que creamos que el gobierno empiece ahora, como si nada, a responder ante estas demandas. Pero se ha abierto un espacio favorable a una plataforma de reivindicaciones, legitimadas en las pretensiones que --al menos de la boca para afuera-- anuncia el gobierno, para apalancar las fuerzas para el cambio. Y ello debe ser aprovechado para poner en evidencia las contradicciones del chavismo y erigirse en la alternativa auténtica posible al desastre chavomadurista.

Sólo un movimiento cohesionado en torno a un programa coherente y viable, capaz de interpretar las aspiraciones de la gente y respaldada con las posibilidades de contar con importantes financiamientos internacionales, podrá sacar al país de este atolladero. No desaprovechemos la oportunidad.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

La conclusión de Lord Acton, recogida arriba, es axiomática: en ausencia de contrapesos, quien ostenta el poder puede hacer lo que le da la gana. Y el poder absoluto se define, precisamente, por eso, por la ausencia de contrapoderes que lo limiten. La famosa máxima del historiador y político inglés partía de señalar, como se sabe, que el poder en sí tiende a corromper.

De ahí la importancia decisiva de erigir instituciones que lo acoten, hagan inviolables los derechos ciudadanos, y obliguen a la rendición de cuentas y a la transparencia de la gestión de los poderes públicos. En una democracia auténtica, en la que reina el equilibrio de poderes independientes, conforme a la fórmula de Montesquieu, y existen medios de comunicación libres y una ciudadanía protagónica, tiende a reducirse al mínimo las posibilidades de cometer atropellos, y a expandirse al máximo las garantías y libertades individuales.

Y es aquí donde se desnuda el régimen de Maduro. En apenas una semana ha condenado a ocho años de prisión a Juan Requesens, acusándolo –sin prueba alguna—de tener participación en el supuesto atentado del dron, ese que puso a correr a sus chafarotes; ha anulado, de un solo plumazo, conquistas laborales fundamentales, cercenando el pago de vacaciones y bonos a los empleados públicos, incluidos los profesores universitarios, a pesar de contemplarse en los respectivos contratos colectivos; y, para mayor ridiculez, el fiscal en funciones, Tarek William Saab, emite una orden de captura a la periodista Carla Angola por una opinión emitida en una entrevista en EE.UU. Si a eso se le añade la prisión sin juicio de Roland Carreño y de Javier Tarazona, como de centenares de presos políticos por el hecho de ser críticos del régimen; el bloqueo de fuentes independientes de información en la red; y el atropello de los cuerpos represivos del Estado en barrios populares o en zonas fronterizas --entre otros desmanes--, tendremos una aproximación a los horrores asociados al ejercicio, sin freno, del poder.

Porque la corrupción a la que se refería el barón inglés no se restringe a las marramuncias que pueden cometerse con los dineros públicos. Ataña directamente a la condición humana. Es la degradación del espíritu de aquellos que, por creer que disfrutan de un poder ilimitado, desprecian a quienes no son sus acólitos para maltratarlos cruelmente. Desaparece toda referencia moral y ética como criterio de convivencia civilizada entre quienes divergen en sus gustos, preferencias y opiniones, para dar paso al ejercicio desnudo de la fuerza contra quienes, al haberse destruido el Estado de Derecho, se encuentran desamparados ante las arbitrariedades de los poderosos. Y esta crueldad se exacerba si quienes la ejecutan se sienten inspirados por una misión trascendental que los sitúa por encima del bien y el mal.

Ese fue, quizás, el mayor crimen que pudo haber cometido Hugo Chávez. Con su lenguaje de odio y descalificación, convenció a sus huestes de que quienes discrepaban no tenían derecho a ser tratados como iguales. Hizo del adversario político legítimo, un enemigo irreconciliable. Su pecado, no haber sucumbido a las soflamas patrioteras de quien se proyectaba como heredero del Libertador y someterse, sin chistar, a su liderazgo. La demolición de las instituciones democráticas y el uso “persuasivo” de la violencia por parte de sus camisas rojas, en un contexto de militarización creciente del quehacer político, desembocó en un régimen neofascista, animado por la consigna “patria, socialismo o muerte”.

La prédica militarista-patriotera, reforzada luego con la asimilación de algunos mitos del comunismo castrista, forjó el apego de sus partidarios a un pensamiento único, cuidadosamente cultivado por Chávez. El culto a su persona y la erección clara de un enemigo “mortal” –el imperio estadounidense—le pasó la aplanadora toda idea independiente al interior de sus filas. Con formulaciones maniqueas simplistas, amalgamó a sus fieles tras de sí, eliminando todo posible contrapeso. El poder creciente de Chávez tuvo como único freno su propia percepción de la conveniencia política de emprender algunas acciones; hasta dónde tenía sentido llegar en su proceso de desmantelamiento institucional.

Maduro, sin la ascendencia de su mentor, se aferró a su legado para permanecer en el poder. Acentuó la corrupción de contingentes del alto mando militar ofreciéndoles oportunidades de lucro de todo tipo para amarrarlos, como cómplices en el despojo de la nación, a su gobierno. El constructo ideológico con que se quiso “legitimar” este despojo --que es en lo que se convirtió la llamada “revolución” bolivariana—hizo que algunos de militares se creyesen el cuento de ser herederos del ejército libertador y, por tanto, propietarios exclusivos de Venezuela. Se forjó un Estado patrimonial, amparado en un poder judicial obsecuente y también cómplice. Al desatar una mayor represión y extender las prácticas de terrorismo de Estado, se ha afianzado en sectores del chavo-madurismo la percepción de que su poder carece de contrapesos. A ello han ayudado los errores que impidieron a las fuerzas opositoras mantenerse como opción clara de poder. Internacionalmente apuestan a Putin, con la esperanza de que, con su apoyo, los desembarace de las reglas de juego que castigan a sus prácticas gansteriles. Y, con la toma de posesión de Petro en Colombia, se ilusionan de contar también con su anuencia ante los desmanes cometidos.

El patrimonialismo instaurado lleva a un personaje tan emblemático como Diosdado Cabello a alertar a Repsol y a ENI que, si bien ahora tienen licencia para exportar crudo venezolano a Europa y cobrarse sus acreencias con PdVSA, tienen que “dejarles alguito para el café”. Maduro, les entrega 10.000 km cuadrados (un millón de hectáreas) a sus “panas” iraníes para cultivo, amén de condonarle la deuda a países del Caribe que compran petróleo venezolano.

Adicionalmente, la asamblea oficialista aprueba una ley de Zonas Económicas Especiales que le confiere la discreción al presidente y a otros jerarcas de decidir quién (o quiénes) pueden beneficiarse de los incentivos provistos. Y los ejemplos siguen. Es en esta veta que las ministras de Educación y de Educación Superior le pasan por encima a los contratos colectivos de profesores y empleados, como al principio de progresividad del derecho, para rebajarles sus remuneraciones. Y los hermanos Rodríguez, violando descaradamente la autonomía universitaria, hacen levantar un monolito a la memoria de su padre en terrenos de la UCV (“Tierra de Nadie”) como si fueran de ellos, sin pedir permiso a las autoridades correspondientes.

Y todo ello ocurre cuando, aparentemente, se adelantan medidas orientadas a una mayor liberación de las fuerzas de mercado: la “normalización” de la que quiere beneficiarse Maduro. Pero todo paso en esa dirección implica ofrecer alguna garantía a los agentes económicos, si se quiere que funcione. La manifiesta incongruencia con el ejercicio de poder sin restricciones comentado arriba, lleva a pensar que hay confusión e intereses contrapuestos en juego en el seno del chavo-madurismo.

La ausencia de contrapoderes institucionalizados obliga a las fuerzas democráticas a ejercerlos por la vía de hecho. Es la verdad de Perogrullo que tanto atormenta a la oposición: el deber de constituirse en fuerza, en un poder efectivo, con capacidad de arrebatarle al oficialismo las garantías que permitan afianzar posibilidades para la apertura democrática y para proveer oportunidades de sustento digno a los venezolanos. No hay otro camino que acompañar a los distintos sectores en sus luchas, procurando que sus objetivos particulares se concatenen en una plataforma política que apunte a la restitución de los derechos fundamentales de los venezolanos, tanto en el plano político como en el económico y el cultural. Sin transformarse en esa fuerza, en ese contrapoder, Maduro no accederá a realizar elecciones confiables, más cuando los EE.UU. y la UE tienen, claramente, prioridades más importantes que atender.

La escogencia de un candidato unitario a través de primarias debe convertirse en un paso decisivo en la construcción de esa fuerza. Es menester hacerlo al calor de una discusión fructífera en torno a las reivindicaciones económicas y políticas del momento, que se plasme en una narrativa que la gente haga suya y se movilicen para su concreción. Quizás sea la mejor forma de visualizar la cohabitación a que se refiere el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Aprovechar los amagos de apertura de Maduro para exigir los derechos sobre los que tendría que fundamentarse para ir ganando la confianza de la población como alternativa viable de poder, garante de que se restituyan las libertades democráticas y el Estado de Derecho. Las elecciones de 2024 y, mucho menor, el triunfo de la oposición, están dados.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

La posibilidad de negociar con el chavo-madurismo bases mínimas de un acuerdo para superar la terrible tragedia que sufren los venezolanos, descansa en la suposición de que podemos entendernos y que estamos dispuestos a ello, que usamos palabras con igual significado y hacemos referencia a una misma realidad, aun discrepando en la manera como abordarla. Pero tal obviedad no está dada.

Si hay algo que caracteriza a regímenes de naturaleza fascista es su sujeción a una realidad alternativa, construida con base en símbolos que sirven para proyectar una visión maniquea, moralista, de la lucha política, según la cual los buenos (“nosotros”) enfrentan a los enemigos del pueblo –aquellos que no se pliegan a los designios de la patria declaradas por el líder-- para asegurar su necesaria derrota. De ahí la preeminencia de la jerga militar, de conspiraciones hostiles y de la búsqueda de culpables. En el caso venezolano, Chávez erigió esa falsa realidad invocando la lucha independentista, posicionándose como una especie de Bolívar redivivo y descalificando a todos que se le opusieran como “traidores”. Campañas de odio llevaron al acoso y la discriminación de estos “apátridas” y a la suspensión progresiva de sus derechos. En absoluto había interés en entenderse con estos; había que aplastarlos.

Pero esto es historia conocida. El abandono del “socialismo del siglo XXI” con el levantamiento de los controles, la dolarización de las transacciones y ciertas privatizaciones, ¿no indicaría que estamos, hoy, frente a una realidad distinta, que permite pensar que, al fin, el oficialismo empieza a entender la realidad del país? Pero ahí está Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, recogiendo la costumbre del nefasto Motta Domínguez, de acusar, ahora no a las iguanas o a un francotirador por la caída del servicio eléctrico, sino al gobierno estadounidense por la ruptura de una tubería de gas. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, se molesta por la denuncia que hace Valentina (¡valiente!) Quintero, del cobro de matraca por militares en las alcabalas, denuncia repetida innumerables veces por agricultores del Táchira, ganaderos y comerciantes en general. Declara que es irresponsable “opacar la labor policial y militar enmarcada en la ética profesional de quienes se dedican a la protección, defensa y servicio al pueblo venezolano, poniendo a un lado su propia seguridad”. ¿En qué país vive este señor? Con los miserables sueldos que se les paga y el patrón que exhiben sus superiores, ¿por qué no la extorsión? El expolio de oro y coltán en Guayana, la negociación de crudo, el contrabando de hierro y cabillas, el narcotráfico y mucho más, dan cuenta de esta supuesta “ética profesional”. Cuentan, además, con una impunidad cómplice al ser ensalzado como herederos del Ejército Libertador. Y se lo creen.

El problema está en que los militares traidores que sostienen a Maduro se comportan, en realidad, como un ejército de ocupación. Sus patrones, referencias y su desprecio por el mundo civil, inculcados por la retórica patriotera de Chávez, reflejan la convicción de ser dueños del país, ungidos por la Patria. Permanecen anclados en esta visión retrógrada y primitiva porque les absuelve sus atropellos. Ampara, además, sus pretensiones patrimoniales como columna vertebral de un sistema que expolia a la nación. ¿Dónde están los resguardos institucionales que limitan el abuso de quienes tienen el poder de las armas? ¿Cómo ponerles coto a sus arbitrariedades en zonas fronterizas, en Guayana? ¿Y las torturas en la DGCIM y el SEBIN? ¿Es parte de la “protección, defensa y servicio al pueblo venezolano”?

Pero, algunos aparentan no estar anclados en el pasado. El propio protegido por este gorilismo, Nicolás Maduro, anuncia medidas de apertura para atraer inversiones. Rompe con el hechizo que lo ataba al charlatán español, Serrano Mancilla –aquel que lo había convencido de que el financiamiento monetario del gasto no era inflacionario-- para suspender, primero, los controles de precio y permitir la libre circulación de la divisa. Y, para darles contenido, contrae drásticamente el gasto público, en el más rancio sentido neoliberal, y asfixia el crédito con encajes prohibitivos para contener la hiperinflación. Y combina lo anterior con la quema de escasas divisas para estabilizar el precio del dólar.

La economía privada no podía dejar de responder a este pequeño respiro. Entusiasmado, Maduro, lanza ahora un folleto anunciando las maravillas que aguardan a quien invierta en el sector de hidrocarburos. Salvando el pésimo gusto de ponerle el nombre de Hugo Chávez Frías a la Faja petrolífera del Orinoco, sorprende que proyecta la imagen de una industria integrada: yacimientos, gasoductos, mejoradores de crudo, oleoductos, refinerías y empresas petroquímicas asociadas, operando al unísono, sin problemas. Y con las mayores reservas probadas del mundo. El folleto culmina con una serie de incentivos dispersos acumulados en distintos instrumentos jurídicos aprobados por el chavismo, incluida una “Ley (in)constitucional de Inversión Extranjera Productiva” aprobada en 2017 por la infausta asamblea constituyente. Cierra con alusiones a la Ley de Zonas Económicas Especiales y una extraña referencia a la “Ley Antibloqueo” como “mecanismo de protección de los activos públicos y de los socios e inversores del país” (¡!). Todo el mundo sabe que esta ley se aprobó para evadir controles y la rendición de cuentas al privatizar, bajo el amparo de condiciones de confidencialidad otorgadas a discreción.

En fin, nos enfrentamos a una oligarquía opresiva cuyo componente militar sigue viendo a Venezuela como su coto particular de caza, mientras Maduro intenta cambiar la narrativa para atraer inversiones. ¿Rompe con el pasado? El folleto referido se delata con una foto a toda página, al comienzo, de un “comandante eterno” visionario oteando el futuro, acusa a las sanciones impuestas por los EE.UU. del deterioro de PdVSA, y repite frases emblemáticas de los planes chavistas (“Suprema Felicidad del Pueblo”). Maduro va a tener que ir más allá si quiere, de verdad, atraer inversiones. ¿O se trata sólo de un expediente temporal para solventar problemas de caja? Hechos valen más que palabras. Garantías, acuerdos bilaterales / multilaterales de inversión, financiamiento, la taquilla única ofrecida, respuesta oportuna de la Administración Pública y, por supuesto, servicios públicos –agua, luz, gas, seguridad, infraestructura vial, de puertos y aeropuertos—confiables. Incompatible con el sistema de expoliación que ha servido hasta ahora como base del apoyo prestado por militares traidores, cobijada en mitos revolucionarios. Se pone a prueba la autenticidad de la “normalización” alardeada por Maduro.

Es posible que la dinámica desatada por estas medidas de liberalización, hasta ahora incompletas e inconexas, pueda plasmarse en aspectos de una institucionalidad favorable a la iniciativa privada y ello permita aprovechar las enormes potencialidades existentes en el país para que los venezolanos vayan conquistando, para sí, medios para una vida digna. Pero los intereses atrincherados en el sistema de expoliación existente se resistirán a abandonar sus privilegios. Muchos se amparan en el imaginario construido por Chávez para desentenderse de toda presión de cambio.

Toca a las fuerzas democráticas aprovechar la promoción anunciada por el gobierno para recoger las aspiraciones de mejora de la gente y presionar por la concreción de las reformas ahí implícitas. Y ojo, de ser sincero Maduro, muy probablemente quiera ir hacia alguna modalidad del modelo chino, con control centralizado y derechos restringidos. Y lo haría lentamente, para evitar afectar intereses. No hay nada que indique, hasta ahora, que lo anunciado redunde en una ampliación de los derechos civiles y políticos de los venezolanos y el retorno a un eventual Estado de Derecho.

No hay sustituto de una fuerza democrática mayoritaria, consustanciada con una plataforma política unitaria de cambio, para forzar, cuanto antes, las condiciones que nos permitan salir de esta tragedia.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com