Insoslayable el tema militar. Por más que se quiera evadir, una implacable lógica lo coloca en el centro de cualquier discusión sobre la actual tragedia de Venezuela. Considérense, como premisas, los hechos siguientes relacionados con el régimen de Maduro:

1) su destrucción deliberada de la economía venezolana, condenando a la inmensa mayoría de sus compatriotas a niveles de miseria y hambre impensados;

2) su desconocimiento del ordenamiento constitucional que da sentido a la democracia en Venezuela;

3) su desmantelamiento de las instituciones del Estado de Derecho;

4) su entrega al tutelaje cubano y ruso sobre temas sensibles de la seguridad nacional;

5) su alianza con organizaciones criminales en busca de apoyo, a cambio de variados “negocios”;

6) su manejo desastroso de la pandemia, ocultando cifras y negándole a la población las vacunas, debido a mezquinos cálculos politiqueros;

7) su negación de los derechos humanos básicos a sus compatriotas, incluyendo el derecho a la vida, como ha sido recogido en variados informes sobre Venezuela de las NN.UU., la OEA y ONGs;

8) su repudio, en consecuencia, por más del 80% de los venezolanos;

9) su desfachatez y burla al país, al cometer abiertamente fraude para reelegir a Maduro en 2018; y

10) su rechazo por más de 50 de los principales países democráticos, muchos de los cuales han aplicado sanciones en contra de sus máximos personeros, por violación de derechos humanos, socavamiento de la democracia y por estar incursos en prácticas ilícitas,

Con base en ellos, se concluye que representa una aberración política, histórica y moral para la nación.

Ergo:

Este régimen no tiene razón de existir. De respetarse la voluntad popular, debería ser desalojado. Su permanencia constituye, por tanto, una anomalía que requiere del ejercicio de una fuerza capaz de romper con la lógica del cambio que se desprende de lo anterior: la de aquellos militares, en posiciones de comando, que han decidido poner las armas de la República al servicio de los intereses de quienes la han pisoteado con saña, hasta convertirla en la calamidad que presenciamos, tristemente, hoy.

Es menester recordar que las fuerzas democráticas han dejado su pellejo en la calle para hacer realidad la voluntad mayoritaria de cambio, tanto por medio de las instituciones existentes –su dominio de la Asamblea Nacional, el Referendo Revocatorio, invalidados ambos por el fascismo--, como por la protesta multitudinaria, sobre todo durante 2014 y 2017, que dejó centenares de muertos, otros tantos presos y numerosos torturados y heridos. Independientemente de sus errores, que no se venga, ahora, a afirmar que los venezolanos no lucharon, que no se entregaron, de cuerpo y alma, a consumar la lógica del cambio inevitable. La dificultad está en que nos enfrentamos a un régimen de naturaleza fascista.

Las razones de la traición a Venezuela de Padrino López, Remigio Ceballos, Hernández Dala, Fabio Zavarse y de otros jerarcas militares, es harto conocida: su complicidad, protagonismo activo y/o aquiescencia con las prácticas de expoliación que el chavismo ha hecho su razón de poder. Ha sido ampliamente documentada la participación militar en el tráfico de drogas (cártel de los soles), en el desguace de PdVSA y de otros entes públicos, en el saqueo del oro y de minerales valiosos de Guayana, en el llamado “contrabando de extracción” de gasolina, en extorsiones, peajes y demás exacciones que les facilita su rol de custodios de fronteras, puertos, aeropuertos y carreteras y, en fin, en los numerosos ilícitos que les depara su dominio de sectores claves de la economía venezolana. En defensa de este botín, han desatado, junto a la banda de exterminio, FAES, una guerra en contra de sus compatriotas.

Pero su traición no termina ahí. Su participación en la expoliación del país los ha llevado también a traicionar a la institución militar a la que juraron lealtad. Desde posiciones de mando han entablado alianzas con las fuerzas irregulares de la guerrilla colombiana, con los “sindicatos” hamponiles que controlan la minería ilegal en Guayana y, por lo visto, con las megabandas que se hacen cada vez más notorias en zonas de la capital --Cota 905, barrio José Félix Ribas--, para que “colaboren” con el mantenimiento del “orden” criminal instituido. Han abdicado, así, de su monopolio de los medios de violencia, argumento Weberiano que acotaba el rol de la Fuerza Armada como institución de los Estado-nación modernos. Es decir, acabaron con la razón de ser de la institución militar como tal. Su pregonada disciplina, obediencia, subordinación jerárquica y unidad de mando han sido disueltas en componendas de oficiales de la Guardia Nacional, del ejército y de otros componentes, con las bandas mencionadas arriba. Ha dado lugar, así, a un estadio de anomia, caldo de cultivo para una red de mafias dedicadas a explotar las oportunidades de lucro dejadas abiertas por la demolición del Estado de Derecho.

Predomina, entonces, la ley del más fuerte. Pero se está viendo que ello no corresponde, necesariamente, con la FAN. Su desmoralización, las penurias por la que pasa la tropa, las deficiencias del apresto militar --no obstante las millonarias adquisiciones de equipos que han llenado los bolsillos a más de uno--, han repercutido en su creciente vulnerabilidad operativa, como ha quedado en evidencia con la muerte de humildes soldados enviados a enfrentar disidentes de las FARC en el estado Apure. Si ello fue por disputas por controlar el tráfico de drogas, se trata, además, de un crimen atroz. El fracaso en someter al “Coqui” o al “Wileixis” y la negociación de “zonas de Paz” con ellos y con otras bandas en distintas partes del país, son otro testimonio. El país parece hundirse en un tremedal de violencia de grupos ubicados fuera de la ley, que sólo se ocupan de sus propios intereses, al costo de lo que sea. ¿Hasta dónde nos lleva el vacío de poder dejado por la destrucción de la institución militar?

Dos cosas finales. La primera, referente al sentir del resto de los militares y a su disposición a asumir posturas activas en defensa de la nación. ¿Están preparados para enfrentar a quienes, a sangre y fuego, han impedido --hasta ahora-- que culmine la lógica del cambio político comentada? Entiendo que existe una represión cruel por parte de la DGCIM, con asesoría del G2 cubano, a los militares que anteponen su lealtad con Venezuela a las trapacerías del régimen y, también, de los intentos por adoctrinarlos con base en clichés de la mitología comunista. Pero los militares tienen familia, amigos y conocidos. Con todo y la censura, no pueden desconocer el sufrimiento infligido a la nación –deliberadamente, por demás—por quienes la expolian. Si no es con militares de aquí, ¿habrá que esperar a que acudan los de afuera para quebrar las bases de sustento del fascismo? Es hora de que oficiales y tropa reflexionen profundamente sobre esta disyuntiva. ¿O dejarán que se disuelva Venezuela definitivamente como país?

El segundo punto es que, una vez que implosione la podredumbre sobre la cual se erige el régimen, será crucial contar con un componente de la FAN lo suficientemente sano y comprometido con el país, que retome su condición de monopolizador de los medios de violencia. Ello será imprescindible para construir un referente de autoridad capaz de enfrentar, en última instancia, las bandas criminales que se han apoderado de extensas áreas de Venezuela. Nos jugamos la recuperación de un clima de paz y de seguridad, tan importante para nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos.

Sea cual fuese nuestra posición sobre la existencia de la FAN, necesitaremos a los militares, pero a los que sienten realmente su compromiso con la patria y con los venezolanos que la formamos.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Al igual que ocurre con el agua, las fuerzas económicas “buscan su nivel” al interactuar con el extranjero. Los bienes y servicios comprados del resto del mundo deben poderse pagar en el tiempo. El pivote de este ajuste suele ser el tipo de cambio, es decir, el precio a que se transa la divisa, en moneda nacional. Como en toda mercancía, está sujeto a la puja entre demanda y oferta, modificándose el tipo de cambio en respuesta, siempre que el mercado sea de libre concurrencia. Ello altera la relación de precios entre bienes y servicios domésticos con respecto a los extranjeros, afectando la competitividad del aparato productivo y las expectativas sobre la sostenibilidad del tipo de cambio en el tiempo. Influye, a su vez, en el flujo de capitales hacia o desde el país. Pero, si se intenta mantener fijo el precio de la divisa, se impide este ajuste, obligando a la economía a responder por otras vías.

En principio, una nación puede pedir prestado o atraer inversiones para financiar sus déficits con el resto del mundo. Pero, con el tiempo, estos préstamos deben pagarse y la inversión devuelta a través del rendimiento que se espera de ella. Luego están las reservas internacionales, es decir, un colchón de divisas para cuando su demanda supera a la oferta. Ahora bien, si el objetivo de política es mantener el tipo de cambio fijo, las reservas internacionales se agotarán si no son corregidos los factores que ocasionan este desequilibrio. Expectativas adversas respecto a su sostenibilidad impulsarán una demanda por divisas todavía mayor, en previsión de que el gobierno aumente su precio. Esto suele precipitar la devaluación predicha, produciéndose lo que se llama una “profecía autocumplida”.

Ha habido gobiernos –como los de Chávez y el de Maduro-- que se creen capaces de acotar permanentemente la demanda por divisas, suprimiendo la acción de las fuerzas económicas. Instrumentan un régimen de controles para intervenir directamente en el mercado de divisas y prohibir su libre cambio, buscando mantener su precio fijo. Ocurre, sobre todo, si, como en Venezuela, el Estado controla la oferta de divisas y raciona su venta al tipo de cambio establecido, con base en criterios fijados según sus objetivos de política. Chávez sobrevaluó, así, al bolívar, elevando el poder adquisitivo de los venezolanos, gracias al alza espectacular en los precios del crudo en los mercados mundiales. Junto a sus programas de reparto, aseguró el apoyo de muchos. A la par, minaba la productividad de la economía, acorralando al sector privado. En fin de cuentas, la fabulosa renta petrolera captada le permitía importar de todo con un dólar artificialmente barato y sin pagar los impuestos correspondientes.

Pero al racionar la divisa “oficial”, apareció, inmediatamente, un mercado negro, donde se transaba a un precio superior ante la presencia de una demanda insatisfecha dispuesta a pagarlo. Como evidencia la historia –no sola la de Venezuela—, estimuló operaciones especulativas, comprando divisas al precio “barato” del mercado regulado, para revenderlas al precio superior del mercado negro. Esto ocasionó todo tipo de distorsiones, aupando cualquier mecanismo –no importa si fuese ilícito—para ponerse en la divisa barata. En la Venezuela de Chávez y Maduro, tales irregularidades fueron asistidas por la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas, un sistema judicial abyecto, y por la anulación de la función contralora y supervisora de la Asamblea Nacional y de los medios de comunicación libres. Se crearon, así, fuentes de lucro inusitadas para quien tuviese acceso al dólar controlado. Al eliminarse el tipo de cambio de Bs. 10 por dólar, el 26 de enero de 2018, éste se cotizaba en más de 260.000 bolívares en el mercado paralelo. Pueden imaginarse las fortunas amasadas a través de su reventa.

Pero el control de cambio no sólo propició la corrupción. Las distorsiones provocadas tuvieron un costo económico creciente, desalentando la inversión productiva y estimulando una fuga de capitales para poner a salvo ahorros y activos. Chávez se endeudó significativamente con el extranjero para compensar estas salidas. Pero, ante la destrucción de la industria petrolera y el retorno de sus precios, después de 2014, a niveles más acordes con las tendencias de largo plazo del mercado energético internacional, sobrevino, en 2017, el default del Estado venezolano sobre su deuda externa. Encima, la caída en los precios del crudo desnudó el clásico doble déficit –fiscal y externo, tan reseñado en la literatura económica sobre América Latina--, al pretender el gobierno mantener sus niveles de gasto. Ante la imposibilidad de acudir a los mercados financieros internacionales y la merma en los ingresos provenientes del petróleo y de la economía doméstica, el gobierno de Maduro recurrió al financiamiento monetario –la “maquinita” del BCV—para financiar sus déficits. Instaló, así, un terrible motor inflacionario, que terminó de arruinar la economía, destruyó puestos de trabajo, sepultó el poder adquisitivo de la población y disparó a niveles estratosféricos la cotización de la divisa en el mercado paralelo.

Ante tal cúmulo de distorsiones, desaciertos y negligencias de política, Maduro no tuvo más remedio que desmontar el control de cambio, permitir la dolarización de las transacciones domésticas y aliviar significativamente los controles de precio. Esto, sin duda, fue un paso en la dirección correcta, pero apenas un paso. Lamentablemente, ante las arbitrariedades y disparates del chavismo en el poder, la economía ya había tenido que ajustar su interacción con el mundo por otras vías: contrayendo en forma drástica el consumo doméstico, eliminando la inversión, deprimiendo el salario real y alentando la salida de casi seis millones de compatriotas, que ahora transfieren divisas desde el extranjero a sus familiares. En este proceso, se liquidó al bolívar como medio de pago, depositario de valor y unidad de cuenta.

La dolarización evidenciada en absoluto resuelve esta tragedia. Tampoco restituye el intercambio externo a lo que era antes del desastre. Ni siquiera provee el ansiado remedio a la hiperinflación, pues el régimen no puede dolarizar su propia gestión, ya que sus ingresos en divisas son muy inferiores a sus compromisos de gasto. Se vería obligado a reducirlos brutalmente, despidiendo empleados y dejando sin recursos a los servicios públicos y a otras dependencias. Con la destrucción de PdVSA, de las empresas básicas y la ruina de la economía privada, la economía genera muy pocos dólares. El saqueo de las riquezas minerales de Guayana, las transferencias de familiares expatriados y, claro está, los proventos del tráfico de drogas y de otros ilícitos, proveen divisas, pero lo que ingresa por estos conceptos está lejos de lo requerido para recuperar los niveles de consumo deseados. Salvo las empresas que han podido dolarizar los salarios, éstos, en general, continúan en niveles miserables.

La única solución –y estamos cansados de repetirlo-- es la mejora acelerada de la productividad y de la competitividad de nuestra economía. Pero no ocurrirá sin un programa de estabilización y de ajuste económico creíble que abata la inflación y eche las bases de un marco institucional capaz de transmitir seguridad y previsibilidad. Ello permitirá contraer un generoso empréstito de los organismos financieros multilaterales para encarar las numerosas necesidades derivadas del colapso del Estado, y atraer inversiones productivas en petróleo y en otras áreas. Inversiones en infraestructura, el rescate de los servicios y la modernización de la administración pública, serán imprescindibles para bajar los costos de transacción e incrementar la productividad y, con ello, el nivel general de salarios. Pero lo anterior es totalmente contrario al régimen de expoliación del que viven las mafias que se han atrincherado en el poder. La mejor muestra de tan perversa dinámica es el intento de uno de sus mayores capos de despojar a El Nacional de sus instalaciones, valiéndose de la bochornosa complicidad de un tribunal. Más que nunca, hay que forzar un cambio político para salvar a Venezuela y a su gente.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Nos habíamos preguntado, en un escrito anterior[1], acerca de las razones de la propuesta de “Ciudades Comunales” que discute actualmente la ilegítima asamblea nacional. Sumergiéndose en simbolismos revolucionarios, el chavismo parece creer que, con ella, adelanta la constitución de un “poder popular”, como fue la Comuna de Paris de 1971. Sin embargo, al examinar su propuesta, no puede haber nada más alejado de tal experiencia. Aquél respondió a una rebeldía por la capitulación de Francia ante Prusia, que llevó a la Guardia Nacional a tomar el Ayuntamiento de Paris y, con amplio apoyo popular, promulgar una serie de decretos que buscaban aliviar a la población trabajadora los estragos dejados por la guerra recién concluida. Luego de 60 días, la comuna fue aplastada en duros combates callejeros, por las tropas de Versalles. Esta épica, tan cara a la narrativa de anarquistas y comunistas, insufló la mitología “revolucionaria” con la que se recuerda el caso.

La propuesta “comunal” chavista, por el contrario, es una elucubración engendrada por burócratas que han perdido todo sentido de la realidad. Traza una detallada organización, desde sus órganos de base (consejos comunales), pasando por las comunas constituidas a partir de éstos, para arribar a una espesa burocracia para gobernar la “ciudad comunal”. Tales requerimientos y las características que deberían tener sus distintos estamentos, revelan que se prosigue un orden alterno al estipulado en la Constitución, para que sirva de instrumento del régimen. Evoca, por tanto, al Estado Corporativo fascista.

Cualquier pretendido “poder popular” se traiciona a sí mismo al ponerse al servicio de una parcela política. Pierde su razón de existir. Tiene que ser, en esencia, originario e independiente, no un apéndice del Estado central. Le corresponde encarnar la voluntad de sus asociados de manera fidedigna, garantizando la autonomía requerida para que los poderes públicos tomen en cuenta los intereses colectivos ahí representados. Porque el pueblo no es más que un agregado de individuos, heterogéneos en sus intereses y en sus preferencias, que, no obstante, pueden ponerse de acuerdo para organizarse local, sectorial o profesionalmente, en la prosecución de un provecho común. Ejercita, así, su soberanía, dotándose de órganos de representación –sindicatos, asambleas de vecinos, asociaciones gremiales, consejos comunales, asambleas legislativas, etc.-- para defender sus fines ante las élites y/o el aparato burocrático del Estado. En contraste, la propuesta chavista establece estructuras artificiales como única opción, subordinadas a normativas y jerarquías del propio Estado, que borran toda representación social auténtica. Confisca al pueblo para sus propios fines. Por demás, al matar todo incentivo a la actividad productiva, la propuesta comunal pierde toda viabilidad económica. Sólo puede subsistir parasitando la renta petrolera y las actividades que generan riqueza. Es, precisamente, lo que persigue la propuesta.

Al régimen de Maduro lo sostiene una alianza entre sectores y grupos con militares corruptos, para aprovechar las oportunidades de expoliación que depara el desmantelamiento de las instituciones del Estado de Derecho y la sumisión de la actividad mercantil a sus intereses. Pero esta alianza es cada vez más difícil de sostener ante las apetencias desaforadas que se nutren de la impunidad de un poder sin contrapesos ni controles, dada la destrucción económica que produce. Ahora, la creciente conciencia a nivel internacional acerca de las vagabunderías y atropellos que comete el régimen, y las sanciones que se le imponen en correspondencia, hace cada vez más difícil satisfacer las demandas de tantos cómplices. No alcanza. Es la asociación con el ELN y bandas criminales para saquear las riquezas minerales de Guayana; el modus vivendi alcanzado con los pranes para mantener en paz en las prisiones, a cambio de luz verde para proseguir con sus “negocios”; la vacuna cobrada a comerciantes y transportistas por colectivos; las exacciones que, a la fuerza, imponen componentes de la Guardia Nacional, las FAES y otros cuerpos represivos, a la población; amén de las abultadas contrataciones con PdVSA y con el Estado por parte de amigos de la boliburguesía y de la jerarquía militar. Luego están los socios internacionales –Rusia, Irán, Turquía, China, pero sobre todo Cuba—que son menester contentar. El enfrentamiento reciente entre componentes de las FAN y elementos de las FARC cimarrona en Apure, presumiblemente en disputa por el control del tráfico de drogas, es otra expresión de las rivalidades que han estallado por la crisis del régimen de expoliación instaurado.

Queda muy poco, entonces, para repartir a las bases chavistas. Y, aunque no suman más del 12% de la población, hacen el imprescindible papel de “Pueblo”, tan central a la prédica fascista. La probable extradición de Saab a EE.UU., al destapar el negociado montado con Maduro en torno a los CLAPs, le resta atractivo y efectividad a este mecanismo. Para mantener su lealtad es necesario dar testimonio de que, no obstante las penurias sufridas, se continúa pendiente de sus intereses. El tinglado a armar en torno a la propuesta comunal promete asegurarlos. Son instancias para incluir al pueblo chavista en la dinámica de expoliación, argamasa que mantiene unidos a quienes apoyan al régimen “revolucionario”.

Pero “empoderaría” a sectores de base chavistas en la disputa por un botín que no hace sino disminuir. De poder avanzar, aunque sólo fuese parcialmente, en su instrumentación, no contribuiría a estabilizar al régimen. Al contrario, se erigiría en una amenaza potencial a los bodegones y a otras iniciativas recientes que proveen bienes importados, pagaderos en dólares, que, para algunos, auguran una pizca de reactivación bajo Maduro. La tentación de depredar también estos negocios podrá ser irresistible.

Maduro, al desempolvar este muerto, se ha empastelado desprevenidamente. Lo peor es que habrá quienes realmente crean en este disparate y procurarán hacerlo realidad. El fascismo, desde Chávez, viene sumiéndose en una burbuja ideológica, construida, paradójicamente, con categorías propias del discurso comunista, para aislarse de una realidad que los adversa y absolver sus atropellos. Con la abundancia de recursos que disfrutó en su segundo gobierno, este montaje le sirvió a Chávez para “justificar” el desmantelamiento del Estado de Derecho e implantar el régimen de expoliación que destruyó a la economía. Todo ello en nombre de la construcción del socialismo. Claro está, bajo la tutoría de la gerontocracia cubana, tan útil para asesorarlo a él y a Maduro en materia de terrorismo de Estado.

Ahora, con el agua al cuello, es posible que se acreciente la presión para emprender de nuevo una huida hacia adelante, como tantas veces se ha hecho, en este camino de destrucción y gane adeptos la idea de animar este Frankenstein. Se dirá que es poco probable. Lamentablemente, los últimos años no llevan a confiar en que, en las filas oficialistas, predomine una actitud racional. En momentos de dificultad como éste, los fascistas tienden a buscar refugio en sus delirios ideológicos. Sin duda, el fanatismo embrutece.

Una señal de alarma acerca de la ausencia de contrapesos a la locura criminal de Maduro y sus cómplices es que, entre sus filas, no haya aparecido, hasta ahora, quienes los obliguen a abandonar el poder, no obstante la irrefutable evidencia de su accionar en materia de pobreza, hambre y muerte de tantos. Ni siquiera para evitar la disolución terminal del país con base en el cual han amasado sus fortunas. Indigna ver, en particular, a una cúpula militar impertérrita, repitiendo consignas y votos de lealtad al monstruo que no ha tenido empacho en negar la entrada de millones de vacunas que salvaría muchas vidas. Los compañeros de armas de Pinochet entendieron que, ante su derrota en el referendo de 1989, había que convencerlo que aceptara la realidad y entregara el poder. ¿Cuánto destrozo adicional hace falta para que ocurra un asomo de vergüenza similar entre sus contrapartes venezolanos?

Reflexiones a ser tomadas en cuenta por las fuerzas democráticas para favorecer semejante desenlace.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

[1] https://www.elnacional.com/opinion/reviviendo-un-muerto-las-ciudades-com...

La omnisciencia del Dr, Google permite saber que, en Chile, lo que se llama “comuna” corresponde a la unidad básica de la administración local. En Francia designa a una colectividad territorial que engloba al consejo municipal y el ayuntamiento. En Colombia, se refiere a una subdivisión del área urbana de una ciudad media o principal. Es decir, sirve como denominación de gobierno local en estos países, como sería el caso de “alcaldía” en Venezuela. Pero en las mentalidades primitivas de cierta izquierda, nombrar la palabra “comuna” desata una salivación como la de los perros de Pávlov cuando escuchaban la campanita que anunciaba su comida. Ello es así por la mitología construida por anarquistas y comunistas en torno a la Comuna de Paris de 1871, emblema del poder popular revolucionario soñado.

En pos de una figura que certificara igual sentido a su gesta, Chávez se engolosinó con este emblema. Ofrecía la excusa ideal para edificar una estructura de poder bajo su control directo, en reemplazo de la establecida en la Constitución. En 2007 sometió a referendo una propuesta de reforma constitucional para crear un Estado Comunal. Como se recordará, fue derrotada. Pero, violando la voluntad popular, la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, aprobó en 2009 la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica de las Comunas, la del Sistema Económico Comunal y una Ley Orgánica de Poder Popular, con iguales propósitos que el referendo rechazado.

En 2012, Chávez sanciona por decreto una Ley Orgánica (¡!) para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones, para regular la transferencia a las comunidades organizadas, comunas y demás instancias de agregación comunal, de actividades que son potestad de gobernaciones y alcaldías. Desplazaría, así, los gobiernos electos a nivel municipal y regional, por instancias de un poder que “no nace del sufragio ni de elección alguna, sino de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”, como rezaba el artículo 136 de la reforma derrotada en diciembre, 2007. Pero el chavismo se cuidó de poder controlarlas, gracias a una enrevesada normativa.

Salvo una que otra comuna que se mantuvo como vitrina para un “turismo de izquierdas” que acudía a Venezuela en busca del Santo Grial de la Revolución, el experimento comunal no cuajó. Su escasa viabilidad económica y la tergiversación de lo que se entiende por “poder popular”, terminó convirtiendo a los consejos comunales creados en parásitos de las asignaciones hechas desde el Estado y/o en usufructuaros de comisiones por su participación en mecanismos de reparto, como es la distribución de cajas de alimentos subsidiados CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), o de exacciones a la comunidad, dadas las atribuciones de fiscalización que le otorgan algunas de las leyes antes mencionadas. Pasaron a servir de correa de transmisión del mando desde el Ejecutivo, a cambio de compartir mecanismos populistas de expoliación de la renta petrolera.

El Estado Comunal cayó en el olvido, a pesar de la reverencia que se le hizo en el Segundo Plan Nacional Socialista 2013-19. Pero ahora, la asamblea ilegítima de Maduro lo desempolva con una Ley de Ciudades Comunales --aprobada en primera discusión--, llena de adjetivaciones rimbombantes que exaltan supuestos atributos del nuevo orden social propuesto. Para muestra, un botón (art. 29): “La Ciudad Comunal, promueve la planificación sistémica, multiescalar, multidimensional, interdisciplinaria e interinstitucional como una herramienta alternativa y transformadora que promueva la planificación a partir de la construcción y puesta en práctica de un pensamiento crítico, totalizador, descodificador, liberador, humanista y radical; que reivindique al pueblo como sujeto histórico de derechos y con poder”.

Las ciudades comunales se constituirían a partir de la agregación de comunas, las cuales, a su vez, se crearían a partir de similar decisión por parte de los consejos comunales. En tal sentido, la figura de “Ciudad Comunal” incorpora todos los defectos de sus unidades primigenias. Pero el proyecto en discusión añade otros. Su articulado comienza repitiendo la misma aberración de las leyes de “Poder Popular” referidas antes, al afirmar que su objeto es, “construir, desarrollar, fortalecer y establecer la sociedad y el Estado Comunal, Socialista y Bolivariano”. Es decir, la Ciudad Comunal se concibe como instancia de un proyecto político muy particular, hoy claramente minoritario, que de ninguna manera deriva de la agregación de instancias de “poder popular”.

Esto queda todavía más claro con la descripción de cómo debe organizarse dicha ciudad comunal. Una estructura que comprende poderes Ejecutivo, Legislativo, de Justicia y Paz, Contraloría, Electoral y Moral, definen su gobierno, con atribuciones detalladas para cada uno. La rama ejecutiva dirige unos Sistemas de Gestión Comunal (SIGCOM) que son: de Planificación; de la Economía y Finanzas Comunal; del Desarrollo Social; de la Infraestructura y los Servicios Comunes; del Hábitat; de la Cultura y el patrimonio; y de la Seguridad y la Defensa Integral del Territorio. Se especifica cómo y en función de qué deben operar estos “SIGCOM”, y se precisa, para algunos, su subdivisión operativa. Reproduce localmente, así, al gobierno nacional, creando una frondosa burocracia que competiría con las alcaldías y gobernaciones existentes por recursos de un Estado que el propio chavismo quebró.

En el plano económico, la ausencia de derechos inequívocos de propiedad en las leyes antes referidas, así como la vigilancia de un órgano rector externo que determinaría el carácter “social” de la gestión comunal, elimina todo incentivo al emprendimiento. Más bien, los incentivos que se desprenden de su arreglo institucional tienden a reforzar la obsecuencia y la lealtad para con los dictados del Ejecutivo, en procura de financiamiento u otras prebendas, y no un espíritu de iniciativa para el autogobierno o la solución autónoma de problemas.

La pregonada “economía comunal” está vaciada de toda potencialidad creativa por una normativa rígida que impide su versatilidad. En absoluto es sostenible y tendría que depender, necesariamente, de asignaciones del presupuesto nacional. Su no sometimiento al Código de Comercio o a otras normativas referentes a la responsabilidad social y a la rendición de cuentas en el manejo de recursos económicos, deja la puerta abierta, además, a todo tipo de irregularidades.

En conclusión, la propuesta comunal del chavismo en absoluto favorece la constitución de un supuesto “poder popular” autónomo. La existencia legal de sus instancias está sujeta a la validación de su registro en el ministerio correspondiente. Su puesta en operación se rige por una detallada normativa que regula su constitución, organización, propósitos y actividades. Asimismo, las distintas instancias de la economía comunal son concebidas como espacios para la construcción del socialismo, es decir, como instrumentos de la política oficial. Del cumplimiento de tal normativa depende su entidad legal, así como los recursos con los cuales operar. Su financiamiento depende del Estado, que impone su subordinación a, e integración con, el Plan de Desarrollo Nacional.

Por las razones expuestas, la propuesta Estado Comunal que se desprende de estas leyes es más bien reminiscente del Estado Corporativo Fascista, que cooptó a las organizaciones sociales dentro del Estado para que estuviesen al servicio de la construcción de un Nuevo Orden. De ahí surgiría el mítico Hombre Nuevo de todo proyecto totalitario, siempre bajo una fuerte tutela de órganos del Gobierno Central[1]. “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”, como afirmara Benito Mussolini.

Ahora bien, si bajo Chávez, quien gozaba de carisma, ascendencia sobre sus seguidores y contaba con una abundancia de recursos, no pudo imponerse este adefesio, ¿a qué responde su rescate bajo Maduro, carente de cada uno de los atributos antes mencionados? En particular, ¿Cómo compagina con la supuesta liberalización de la economía que pretende proyectar?

Debido a razones de espacio, reflexiones al respecto tendrán que esperar un próximo artículo.

[1] Para un análisis profundo de la propuesta comunal chavista, véase, Silva Michelena, Héctor, Estado de siervos. Desnudando el Estado comunal, bid & co., editor / Ediciones del Rectorado, UCV, Caracas, 2014.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Este término, tan presente en estos días en que se rememora la pasión de Cristo, tiene gran pertinencia a la hora de abordar la situación venezolana. La acusación de traidor debe ser una de las más graves, si no la más grave, que se le puede imputar a un militar. Aquellos que, presuntamente, son entrenados para defender a la patria con su vida estarían incurriendo en el peor de los delitos al traicionarla.

Pero ¿qué cosa es la “patria”? ¿Es la bandera, el escudo, la cinta tricolor y los ritos simbólicos evocados en los ceremoniales y en la liturgia conmemorativa de fechas “patrias”? ¿Acaso la “patria” la encarna el presidente de la República o el Congreso Nacional? ¿O –en deliberado contraste-- la “patria” somos los que, compartiendo un sentido de pertenencia a un territorio –Venezuela--, creemos estar identificados con valores particulares a nuestra manera de convivir en sociedad y de vernos ante el mundo?

La primera acepción del DRAE de “patria”, es:

“Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos.” Tal definición se asocia a la época moderna, cuando surgen y se consolidan los estados-nación, como los conocemos hoy. La vinculación del concepto de “patria” con el de “nación”, lleva, por tanto, a referirla al conjunto de personas que, por razones históricas y culturales, comparten un territorio acotado en términos jurídicos. ¡La patria venezolana no puede entenderse sin nosotros, los venezolanos!

Este torneo de redundancias tiene como único propósito resaltar la descomunal aberración de aquellos militares que, llenándose la boca con proclamas en defensa de la patria, sostienen al régimen de Maduro. Haber asesinado --junto a colectivos fascistas-- a centenares de manifestantes desarmados que protestaban contra su mandato; proteger a un régimen que acabó, deliberadamente, con los medios de vida de la población y con los recursos para mantener servicios públicos vitales, condenando a los venezolanos a niveles de hambre y miseria insospechados hace escasos lustros; y negar la entrada de ayuda humanitaria --y, ahora, de vacunas contra el COVID-19-- porque fueron gestionados por el liderazgo opositor, no denota, precisamente, un comportamiento en defensa de la patria.

Esta aberración, como sabemos, se explica por la corrupción deliberada de la cúpula militar, de manera de hacerla cómplice y, por ende, defensora, del régimen de expoliación en que terminó el “socialismo del siglo XXI”. Nunca está de más reiterar que el desmantelamiento del ordenamiento constitucional y el acorralamiento de las fuerzas del mercado, amparado en la falta de transparencia y la no rendición de cuentas de la gestión pública, y con la impunidad otorgada por un aparato judicial –también cómplice—en manos chavistas, crearon un escenario inusitado para la prosecución desenfrenada del lucro.

Según Impacto CNA (Citizen News Agency), los militares controlarían, para 2018, no menos del 70% de la economía venezolana[1]. Están al frente de astilleros, instituciones financieras y de seguros, empresas agrícolas, de construcción, bebidas, ensamblaje de vehículos, transporte, alimentos, armamento, televisoras, de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas, C.A. (Camimpeg, constituida para intermediar en los negocios relacionados con la riqueza petrolera y minera del país --oro, diamantes, coltán y vanadio), de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y de las empresas básicas de esa región, de los puertos y aeropuertos, de las empresas públicas, Minerven, Corpoelec, Pequiven, Edelca y Enelven. Hasta hace poco, Maduro mantuvo en la presidencia de PdVSA y, paralelamente, como Ministro de Petróleo y Minería, a un general sin experiencia previa en el campo[2]. La participación de los militares venezolanos en actividades económicas, como directores de empresas públicas o contratistas del Estado, como jefes de despacho de ministerios económicos, como ejecutores de medidas de política o, indirectamente, como custodios de que sean cumplidas, ha sido instrumental para afianzar su lealtad. Adicionalmente, su función de resguardo de fronteras, puertos, aeropuertos y carreteras los posiciona favorablemente para extorsionar a comerciantes, transportistas y ciudadanos en general, que usan estos servicios. Lugar destacado en estas prácticas tiene la Guardia Nacional. Más recientemente se ha denunciado su incautación de bienes y de alimentos de hogares particulares, al hacer sus razias en barriadas populares junto a las brigadas de exterminio (FAES). Si el sueldo más alto de la FF.AA., el de General en Jefe, era de apenas USD 17 (al mes) para finales de 2020[3], puede esperarse cualquier cosa. ¡Y ese es el régimen que defienden!

Pero esta aberración tiene un ingrediente que la hace aún más perversa. La insólita labor de destruir patria, que es, en fin, su resultado, se excusa con un artificio ideológico inventado por Chávez, quien calificó a estos militares como herederos del Ejército Libertador de Simón Bolívar. Y como tal, son ellos, y solamente ellos, los custodios de la patria. Mejor dicho, son sus dueños. Se la debemos. Por antonomasia, lo que hacen, así sean crímenes registrados en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de la Misión Independiente de determinación de los hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos –ambos de las Naciones Unidas--, del Consejo Interamericano de Derechos Humanos o de numerosas ONGs, ¡es labor de Patria (ahora con mayúscula)! Subordinarse a Cuba y apoyar la contracción de la economía a la cuarte parte de la de 2013, ¡también! Y, cobijados en su burbuja ideológica, para los militares tales crímenes contra la patria no existen, ¡porque son ellos la patria! Invierten la argumentación conceptual del comienzo. Si la patria se asocia con el pueblo, sólo son “Pueblo” quienes dan su anuencia a esta particular noción de patria, propiedad de militares. Así, el ochenta y tanto por ciento de los venezolanos que repudiamos a Maduro no somos “Pueblo”. En su recetario maniqueo se nos reserva la condición de “enemigos”.

Uno de los elementos más indignantes de esta postura fascistoide es su pretensión de ejercer la supremacía moral. Así, Delcy Rodríguez, vice-presidente de Maduro, rechaza airadamente unos 12 millones de vacunas contra el Covid, gestionadas por Guaidó con el programa de COVAX de la OMS, ¡porque no va a aceptar “limosnas”! Las muertes que se hubieran podido evitar no existen en su cálculo; ya Maduro anunció remedios milagrosos y una remesa eventual de vacunas rusas. ¿Cuándo llegan? ¿Cómo serán financiadas? “Detalles” irrelevantes porque, al igual que con el registro de contagios y muertes por Covid, no habrá forma de verificar esta afirmación. Total, ya la élite chavista fue vacunada.

Y ahora, para encubrir la participación de componentes de la FF.AA. en un enfrentamiento entre bandas de la guerrilla colombiana en Apure, presuntamente por el control del tráfico de drogas, se reproduce una de las peores actuaciones del ejército en el pasado –la masacre de El Amparo en 1988—, montando unos “falsos positivos” con campesinos de El Ripial, también del estado Apure. La intensidad de la acometida militar ha obligado a casi 4.000 civiles a cruzar la frontera a Colombia en busca de refugio. Denuncian, además, el robo de sus pertenencias por parte de militares venezolanos que allanan sus viviendas.

A raíz del incidente de El Amparo y a pesar del lamentable escarceo entre tribunales militares que evitó condenar a los asesinos, el Estado venezolano, a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció su responsabilidad ante la masacre. ¿Cuál ha sido ahora la actitud de Padrino López?

¿Quiénes son responsables de nuestra tragedia? ¿Quiénes traicionan a la patria? ¿Con quiénes cuenta?

[1] http://impactocna.com/el-ejercito-de-ocupacion-que-opera-en-venezuela/

[2] Manuel Quevedo de la Guardia Nacional, quien estuvo al frente del Comando Regional número 5 en 2014 que desató una represión contra opositores que manifestaron en contra del presidente Maduro en Caracas. El Observatorio Venezolano de Conflictividad social reportó que durante ese año fueron asesinadas 43 personas en manifestaciones de calle contra el presidente Nicolás Maduro. Se contabilizaron 973 heridos y 3 mil 306 detenidos. Fue destituido como presidente de PdVSA y ministro de Petróleo y Minería el 26 de abril de 2020.

[3] nfobae.com/america/venezuela/2020/11/09/el-regimen-de-nicolas-maduro-le-aumento-el-salario-a-los-militares-ahora-un-general-en-jefe-de-venezuela-ganara-unos-17-dolares-al-mes/

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Todos sabemos que la actual tragedia económica que padecen los venezolanos no se debe a una penuria de recursos, sean estos naturales o formados por la inversión y el esfuerzo de años, como es el caso de las instalaciones productivas, la infraestructura física y del capital humano. Afuera, nuestro país suele ser referido por su dotación en recursos minerales.

Si bien es cierto que la infraestructura de carreteras, puertos, aeropuertos y de servicios públicos está, hoy, bastante deteriorada, que el capital productivo ha sido destruido en gran parte y que el talento ha emigrado o se encuentra degradado a labores de subsistencia por la desaparición de empleos calificados, esa no es la Venezuela que conocimos antes del chavismo, ni la que debe perdurar.

Durante la segunda mitad del siglo pasado, nuestro país se distinguió en la región por sus autopistas, sistema de generación y distribución eléctrica (represas del Caroní, Guri, Planta Centro), de edificaciones educativas y hospitalarias, sin hablar de la compleja infraestructura asociada a la explotación, distribución, refinación y comercialización de petróleo y sus productos.

Los graduados de las universidades nacionales –UCV, ULA, USB, LUZ y de Oriente--, así como de la UCAB, eran aceptados en las mejores universidades del globo para proseguir sus cursos de postgrado, en reconocimiento de la calidad de las instituciones donde se formaron. Al IVIC venían a hacer investigación y/o a completar su formación doctoral científicos de variadas disciplinas de toda América Latina e, incluso, de más allá. El talento venezolano existente en estas Casas de Estudio, en la industria petrolera, y en muchos institutos y empresas públicas, en absoluto era despreciable, como tampoco el que se había forjado en el sector privado.

Gracias a la fortaleza del bolívar, el empresario venezolano pudo equipar sus plantas o explotaciones agropecuarias de maquinaria moderna, de avanzada tecnología. Y, todo eso en un territorio copioso en recursos minerales, agua fresca abundante, más de mil kilómetros de costa, una geografía diversificada y rica en ambientes naturales atractivos para el turismo.

Desde luego, no todo fue color de rosas. Esta abundancia no fue aprovechada debidamente y, ante la prodigalidad del PetroEstado, la caza de rentas fue desplazando, progresivamente, el esfuerzo productivo, sobre todo con las dificultades confrontadas luego de los años 70. Intentos de corrección bajo la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez tropezaron, como se recordará, con los intereses creados en torno a las prácticas populistas y clientelares que fueron colmando nuestra cultura política, abonando un clima de rechazo que le tendió la cama al triunfo de Chávez.

Lo que interesa destacar con las referencias citadas, es que Venezuela fue un país de enorme potencialidad, a pesar de los desaciertos de política y de los errores que se han podido haber cometidos. Y lo sigue siendo, en buena medida, no obstante los destrozos del régimen chavo-madurista. Pero la realización de esa potencialidad enfrenta formidables obstáculos.

En primer lugar, está el régimen de expoliación implantado por mafias militares y civiles, bajo tutela cubana. Lo que menos las motiva son los intereses de la nación o la suerte de los pobres. Duchos en la neolengua Orwelliana, cuando vociferan su disposición nacionalista y su compromiso con el pueblo, están, en realidad, confesando exactamente lo contrario. Su apego a los clichés los delata. Sin remover a esta camarilla criminal, Venezuela seguirá deslizándose hacia su ocaso.

El segundo gran obstáculo es la superación de la cultura y del sesgo institucional forjada en torno al usufructo de la renta petrolera, y que este régimen de expoliación ha llevado a extremos. Por razones que, esperemos, sean harto conocidas –la destrucción de la capacidad productiva local de petróleo y la transición mundial hacia fuentes energéticas distintas a los combustibles fósiles— el futuro de Venezuela descansará crecientemente en el potencial de sectores no petroleros.

En un artículo anterior, hicimos referencia al marco general de políticas que permitirían el aprovechamiento cabal de esta potencialidad[1]. Muchas tomarán tiempo en rendir sus frutos. Además, estarán sujetas a una acertada conducción política del gobierno de transición que surja del desplazamiento del régimen fascista actual.

Un aspecto, en particular, podría ser decisivo en el corto plazo para apuntalar esa viabilidad política y enrumbar el país de manera sólida hacia su recuperación: el aprovechamiento de la capacidad ociosa existente del aparato productivo.

De acuerdo con la última encuesta de coyuntura de la Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA), la capacidad utilizada de sus afiliados apenas superaba el 20%. Peor aún, de 12.471 empresas registradas en 1997, sólo sobrevivían, para finales de 2020, 2.121. Know-how, experiencias, esfuerzos, empleos y capital productivo sucumbieron ante la voracidad criminal de un régimen empeñado en controlarlo todo.

Similares destrozos se evidencian en los sectores agropecuario, transporte, financiero y comercial. Recuperar en lo posible tan valioso acervo, en el marco de políticas de estabilización que generen confianza, tropieza con numerosos cuellos de botella. Entre éstos, destacan la ausencia (por emigración) de mano de obra calificada y de talento profesional; el colapso de los servicios públicos y de la infraestructura física; leyes y reglamentos asfixiantes y punitivos; la destrucción del tejido industrial, representado por proveedores, industrias complementarias y servicios especializados de apoyo (clusters); una banca atrofiada; y el colapso de la administración pública en muchas áreas.

De afrontarse exitosamente estos obstáculos, habría un salto importante en la productividad que serviría para aumentar significativamente las remuneraciones en el corto plazo. La satisfacción de las expectativas de mejora de la población trabajadora es crucial para el éxito político de un programa de transición. Ello sembraría confianza para subsiguientes emprendimientos. “Nothing succeeds like success”, reza un conocido proverbio gringo.

Entre los elementos que coadyuvarían con este éxito ansiado, destaca el incremento de la demanda proveniente de la inyección de significativos recursos externos, negociados con organismos multilaterales en el marco de un plan de estabilización macroeconómica y de reforma del Estado. La provisión, asimismo, de financiamiento para solventar urgentemente deficiencias en materia de servicios públicos e infraestructura, para muchas de las cuáles ya existen proyectos formulados. La inversión extranjera, atraída por la potencialidad a que hicimos referencia y por el costo –criminalmente bajo, a causa de la gestión de Maduro—de la mano de obra. También la aparición de un espíritu de emprendimiento en muchos, adormecido por el petropopulismo, que las penurias han hecho brotar. El venezolano ha tenido que aprender a resolverse por iniciativa propia para subsistir. Igual, el talento emigrado estaría mucho más dispuesto a contribuir con sus iniciativas, aun cuando muchos de sus portadores decidieran quedarse en el extranjero.

Las bonanzas petroleras son cosas del pasado, pero es menester conservar el optimismo sobre las posibilidades de recuperar una vida digna para los venezolanos. El país tiene con qué. Nos lo imposibilita, empero, un formidable impedimento: la existencia de un régimen fascista amparado en una cúpula de militares corrompidos que han traicionado a la nación.

No hay excusa para que la dirigencia opositora no aúna voluntades en torno a una estrategia capaz de lograr el cambio político tan deseado por todos. El valioso apoyo de la democracia internacional debe encontrar el terreno propicio para que su compromiso fructifique provechosamente.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

[1] https://www.elnacional.com/opinion/productividad-y-expectativas-desafio-...

El régimen de expoliación que quedó del “Socialismo del Siglo XXI” hizo de Venezuela el país más pobre de América Latina, después de haber sido uno de sus más prósperos. Su economía es, hoy, apenas la cuarta parte de la de hace siete años y de igual dimensión a la de 1965, pero sirviendo a una población tres veces superior. El ingreso real por habitante alcanza solo a la mitad de la que gozaba el ciudadano promedio en 1950. Y ello ha ocurrido en una nación que, entre 2008 y 2014, disfrutó de la mayor bonanza de exportación experimentada en su historia, con precios para su crudo de USD 100 el barril o más.

Infelizmente, esta enorme riqueza fue dilapidada, esquilmada por contratos leoninos con países “amigos” o simplemente robada. En los años subsiguientes, los venezolanos sufrieron la mayor destrucción de medios de vida registrada en épocas recientes para un país que no esté en guerra. Más de cinco millones decidió emigrar.

Recuperar niveles de bienestar que hagan de nuevo a Venezuela una nación en que vale la pena residir constituye, sin duda, el mayor reto a enfrentar por las fuerzas democráticas, una vez recuperada de la horrible aberración militar que hoy la consume.

Nuestro país enfrentó en el pasado crisis económicas –ninguna, ni remotamente, con las dimensiones de la actual— que fueron solventadas, en mayor o menor grado, gracias a aumentos oportunos en los precios internacionales del petróleo. Proveyeron a la nación con mayores ingresos de exportación para afrontar sus dificultades. El dispendio a discreción de la renta petrolera por parte de diferentes gobiernos sirvió también para cosechar réditos políticos y sembró una expectación en el venezolano de que el Estado estaba ahí para asegurarle su bienestar material.

Esto pasó a ser percibido como un derecho adquirido, no condicionado por otras consideraciones. La captación de rentas internacionales por Venezuela durante décadas obnubiló la vinculación entre la remuneración salarial y la productividad. Las actitudes y valores inherentes a la cultura rentista mellaron, asimismo, las presiones para emprendimientos competitivos. Más rentable fue, para muchos, dedicarse a cazar las rentas que deparaba el intervencionismo del Estado. La viabilidad social, política y económica de un gobierno de transición democrática habrá de verse seriamente comprometida si no logra revertir esta visión.

Repartir la renta petrolera ya no es posible como solución, lo que genera serios desafíos a la hora de querer satisfacer las expectativas de mejora de los venezolanos. El país produce, hoy, apenas 16% de cuando Maduro ocupó la presidencia, privando a Venezuela de las divisas y de los encadenamientos productivos que, en otras oportunidades, dinamizaban al llamado sector conexo de industrias del metal, químicas, de la construcción, como de numerosos servicios. Haberle entregado PdVSA a los militares como premio por su apoyo, terminó la destrucción de su capacidad productiva que había iniciado Rafael Ramírez, cuando hizo de ella una empresa “roja-rojita” al servicio de intereses chavistas.

A nivel mundial es notoria la transición energética a fuentes renovables, hecha posible por los desarrollos tecnológicos, y los intentos deliberados por reducir el uso de combustibles fósiles. En el marco de los acuerdos de París, países europeos se han propuesto como meta reducir sus emisiones netas de gases de carbono a cero para 1950. Muchos se han comprometido, también, a dejar de producir autos de combustión interna para 2030. Metas como estas hacen que la vuelta de precios de bonanza para el crudo sea muy improbable. Los análisis anticipan, más bien, el arribo a una situación de “Peak Demand” en los próximos lustros, a partir del cual el consumo de hidrocarburos se irá reduciendo de forma sostenida. ¿Cuántos años podemos esperar seguir como proveedor importante de recursos energéticos al mundo? Difícil precisar, pero debe tenerse en cuenta, además, que Venezuela no es, actualmente, la provincia petrolera más llamativa para atraer inversiones al sector.

Recuperar un nivel de producción de unos 2,5 millones de b/d tomará al menos 5 años en el mejor de los escenarios. Requerirá, entre otras cosas, una reducción sustancial de la carga fiscal para atraer ingentes inversiones internacionales al sector, sin los cuales ello sería imposible. En consecuencia, el monto de ingresos petroleros del que dispondría el Estado para transferir en auxilio de los sectores más desasistidos será bastante menor. Hoy, parte importante de las exportaciones ni siquiera se cobran por la necesidad de amortizar los préstamos otorgados por China y Rusia al régimen, y por el petróleo que todavía insiste Maduro en regalarle a Cuba.

Enfrentar las expectativas de la población acostumbrada a “soluciones mágicas” provenientes del petróleo constituirá un problema fundamental para la transición democrática. Satisfacer, hasta donde sea posible, sus ansias de superación, implica optimizar el aumento de la productividad, a la vez que se busca cambiar la cultura rentista por una de emprendimiento y competitividad. Si bien se espera negociar un generoso financiamiento internacional con los organismos multilaterales --parte del cual debería destinarse por razones humanitarias a mejorar de inmediato la situación de los más desfavorecidos-- su disponibilidad dependerá de un programa consistente que augure una respuesta favorable de la economía, capaz de asegurar en el tiempo el reintegro de buena parte de los préstamos desembolsados y un crecimiento sostenido que, en un marco de equidad, provea la estabilidad del régimen democrático.

Políticas para fortalecer la productividad y, consecuentemente, la competitividad, serán decisivas para la transición y la consolidación de una Venezuela democrática. Esto supone lo siguiente:

1) Un retorno al ordenamiento constitucional y a las garantías inherentes al Estado de Derecho;

2) Un programa exitoso de estabilización macroeconómica, con un tipo de cambio estabilizado en torno a sus valores de equilibrio o una economía totalmente dolarizada;

3) Aprovechamiento cabal de la capacidad ociosa del aparato productivo nacional en el corto plazo;

4) El desarrollo de un marco y una cultura favorables al emprendimiento productivo;

5) Una estrategia de desarrollo explícitamente orientada al desarrollo de la competitividad, en la cual ocupen papel importante políticas industriales bien concebidas y articuladas;

6) Un esfuerzo especial por insertar al aparato productivo en la ola de la 4ª Revolución Industrial, fortaleciendo sus capacidades de innovación y de desarrollo tecnológico.

La capacidad para atraer inversiones extranjeras, de estimular también la inversión nacional y de aprovechar, de una manera u otra, el talento que emigró –así sea que sus portadores no regresen al país—será sumamente importante. Asimismo, requiere, como se mencionó, del apoyo de los organismos multinacionales, tanto para la provisión de un importante financiamiento externo, como para apoyar al país en la reestructuración de su deuda externa, de forma de hacer compatible su manejo con las metas de desarrollo propuestas.

La instrumentación de un programa de esta naturaleza, ambicioso y con su visión puesta en el largo plazo, es inconcebible bajo un régimen como el actual, guiado por la idea de que la riqueza no necesita ser producida, sino aprovechada, siguiendo intereses personales y políticos. Es lo que se denomina un régimen de expoliación. Descansa en las jerarquías y relaciones de poder articuladas en torno al Estado, y en la ausencia de normas y contrapoderes. Es el reino de las mafias, muchas de ellas, militares.

Es crucial tener en mente qué se está jugando cuando se propone negociar con personeros del régimen una salida pacífica a la actual tragedia. ¿Podrá ser una solución verdadera, hacia la recuperación de niveles de vida dignos y en libertad? ¿Qué hace falta para ello? Valgan estas líneas como referencia.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

A la memoria de Héctor Silva Michelena, amigo, humanista y economista crítico,

comprometido con el triunfo último de la libertad y de la razón.

La posibilidad de una negociación para acordar una salida electoral confiable a la actual tragedia parece asomarse tímidamente. Hacerla realidad obliga a conocer a qué responde la contraparte con la que se pretende negociar, en este caso, la representación del régimen. Con esto en mente y en el ánimo de impedir que las fuerzas democráticas sean burladas --una vez más— por quienes ocupan el poder, es útil un somero enfoque de economía política para entender mejor lo está en juego.

Instituciones, para qué

El quehacer económico responde a los incentivos del marco institucional en que se desenvuelve. Las instituciones son las reglas que acotan el comportamiento económico, político y social de una sociedad. Pueden ser formales --leyes y normas escritas—o informales: hábitos, valores y códigos que guían la vida en colectividades. La economía política busca entender los intereses en juego de una sociedad, las razones a que responden y las instituciones con las que están asociadas.

En Venezuela, las instituciones de la democracia representativa, en particular, el Estado de Derecho, como de la economía de mercado, fueron desmanteladas por la llamada “Revolución Bolivariana”. ¿Por qué? Pueden señalarse las ambiciones de poder de Chávez, empeñado en abatir todo obstáculo a la centralización de decisiones en sus manos por creerse el auténtico heredero del Libertador y, por ende, el nuevo “salvador de la Patria”, y/o los pruritos socialistas de sus conmilitones de extrema izquierda. Sea como fuere, llevó a que se eliminase la transparencia, la rendición de cuentas y toda actividad de supervisión y control externo por parte de los órganos de representación social sobre el uso de los bienes y dineros públicos. Asimismo, ahogó al mercado como mecanismo autónomo para asignar recursos y determinar la remuneración de los agentes productivos, con su sistema de precios que empalma las presiones de demanda con las posibilidades de oferta. Por ende, la asignación, distribución y usufructo de los recursos económicos pasó a determinarse por criterios ajenos a la racionalidad económica y a la preservación del patrimonio público nacional. ¿Qué implicaciones tuvo, qué surgió de eso?

Puede que al comienzo Chávez realmente creyese que, pasando por encima de las instituciones, redimía a un pueblo oprimido, y sus partidarios izquierdosos que el sistema socialismo fuese superior. No importa. El hecho cierto es que la ausencia de controles sobre la gestión pública y su sometimiento a la voluntad personal de un caudillo condujo a un proceso para el disfrute económico cada vez más discrecional y arbitrario. Al imponer una serie de leyes punitivas, con regulaciones y controles de precio que desafiaban las fuerzas de mercado, surgieron fuertes incentivos para lucrarse arbitrando entre precios y extorsionando a comerciantes y empresarios. Cabe recordar, además, que la captación de formidables rentas por la venta de crudo en los mercados internacionales había proveído a gobiernos anteriores de un margen amplio para el gasto discrecional.

Ello dio lugar a prácticas populistas y clientelares, que Chávez llevó a extremos. Incentivos perversos como estos se alimentan de la vulneración del Estado de Derecho, sea por la no aplicación de leyes o por su desvirtuación por parte de policías y jueces abyectos. Dio lugar a intereses consustanciados con una situación de anomia, de ausencia de normas y resguardos, en la que reina el arbitrio de los que tienen poder. Como tal, la conflictividad actual y la tragedia de los venezolanos no obedece a proyecto ideológico alguno, ni debe ubicarse en el plano de una disputa entre izquierda y derecha. Sobre esto invito a leer mi último libro[1].

Corrupción militar como eje

El eje del régimen es el componente militar, por monopolizar los medios de violencia. Su incursión inicial en irregularidades fue con el “Plan Bolívar 2000”, luego aparecieron las corruptelas del Central Azucarero Ezequiel Zamora (CAEZ), con asesoría cubana, y, progresivamente, una sucesión de escándalos relacionados con dinero para obras públicas, procuras, importaciones y, sobre todo, para la adquisición de dólares preferenciales. Aún más notorio fue su participación activa en el narcotráfico, recogida como “cartel de los soles”. Estas irregularidades fueron generando un entramado cada vez más denso de complicidades, que torcían a su favor la toma o instrumentación de medidas. Chávez no enfrentó la corrupción militar. Utilizó su conocimiento de ella como Espada de Damocles para asegurar la lealtad de los oficiales involucrados. Para ello armó un sistema judicial sumiso que castigara a los rebeldes o echase un manto protector (impunidad) sobre los que le eran fieles. Los criterios de justicia y de legitimidad de muchas acciones pasaron a ser determinadas, no por su apego al ordenamiento legal y/o al interés de la nación, sino por su funcionalidad para con el ejercicio de poder de Chávez. Maduro llevó esto todavía más allá. Elevó a altos cargos públicos a militares señalados de narcotráfico y violación de derechos humanos, y edificó una institucionalidad paralela –asamblea constituyente y TSJ secuaz— que anuló la supervisión y el control sobre su gestión por la representación popular en la Asamblea Nacional. Terminó por corromper a altos oficiales, colocándolos al frente de ministerios e institutos del área económica, empresas públicas, inversiones, servicios y permitiendo las trapisondas ejecutadas en la custodia de fronteras, puertos, aeropuertos y alcabalas, como de la extorsión en general.

Ello destruyó a la FAN como institución, suplantando la disciplina, obediencia y respeto por la jerarquía, como la unidad de mando, por alianzas o componendas entre quienes estaban mejor posicionados para sacarle provecho a las oportunidades de depredación de la riqueza social emanadas de la destrucción de la legalidad. Dio lugar a un régimen de expoliación, comandado por una confederación de mafias que cooperan o rivalizan entre sí, por “cotos de caza” específicos. Estas mafias incluyen funcionarios civiles, así como empresarios inescrupulosos –la llamada “boliburguesía”. La situación de anomia permitió extender sus tentáculos a todos los niveles, incorporando, por ejemplo, a consejos comunales de base y a colectivos chavistas, al reparto de bolsas CLAPS o la exacción de “vacunas” a comerciantes.

Vulnerabilidades

Pueden sacarse las siguientes inferencias de lo anterior: 1) el poder, lejos de ser monolítico, está diluido entre la mencionada confederación mafiosa; 2) las alianzas entre y con esas mafias, son la base real de apoyo al régimen; 3) el mayor desafío de Maduro está en alimentar ese apoyo con oportunidades de lucro y, así, mantener su lealtad y adhesión; 4) ello se fundamenta en actividades que parasitan a la nación, que la han dejado exangüe; 5) el encogimiento resultante del botín agudiza los conflictos internos al régimen, causando reacomodos y desplazamientos; 6) éstos debilitan las bases de apoyo de Maduro.

La situación descrita se complica por la situación de default en que se encuentra Venezuela, como por las sanciones impuestas al régimen, que imposibilitan acudir a los mercados financieros internacionales. Ha obligado a éste a concertar alianzas con bandas criminales internacionales y gobiernos “paria”, con el fin de burlar las sanciones, obtener recursos y financiar desarrollos que reemplacen los “negocios” agotados. Maduro se fue convirtiendo, así, en rehén del ELN, las FARC disidentes y de otras organizaciones criminales para explotar las riquezas minerales de Guayana; de Irán y de Rusia para parapetear la industria petrolera destruida y encontrarle salidas de mercado (con enormes descuentos y aquéllos cobrando su parte); de Turquía, para la compra de oro ilegalmente extraído; y de Cuba, por su asesoría en el funcionamiento del Estado de Terror, tan vital para un régimen fascista como el suyo.

La dilución de la autoridad central y la formación de nudos de poder dispersos se ha visto acompañada de un relajamiento de los controles y regulaciones de la legislación punitiva, otrora “socialista”. La liberación (de hecho) de controles de cambio y de precio ha estimulado iniciativas comerciales en la forma de “bodegones” y mercados virtuales, que transan mercancías importadas en divisas, cobrando precios bastante superiores a los internacionales en muchos rubros. La anuencia del régimen con este despliegue de “capitalismo salvaje” obedece a que representa una veta para lavar dineros mal habidos y, además, da una sensación de prosperidad a sectores de clase media alta y funge de aliviadero para satisfacer las necesidades de quienes perciban divisas. Ello atemperaría su actitud opositora. Mantener los controles era contraproducente, tanto por los estragos causados (escasez, mercados negros), como por su futilidad para la prédica populista. Pero la dolarización desnuda más que nunca la enorme desigualdad en el consumo entre quienes tienen acceso regular a las divisas y quienes deben conformarse con comprar en bolívares y depender de las bolsas CLAP. Además, introduce una dinámica que puja por mayores libertades en distintas actividades. Ello atenta contra las prácticas de expoliación amparadas en los controles, por lo que esta “flexibilización” económica, amén de negar el supuesto socialismo, añade a los conflictos y reacomodos en el seno del chavo-madurismo. La visita de Jorge Rodríguez, a Fedecámaras, ya como presidente de la Asamblea Nacional ilegítima, podría verse dentro de este contexto.

Inferencias para una eventual negociación

Entender los intereses en juego ayuda a precisar qué se puede negociar y con quién. El cómo es potestativo de políticos, bien asesorados, y de las circunstancias que puedan presentarse.

La expoliación de la renta y de la riqueza social ha sido la razón de ser del régimen. Su resiliencia en aferrarse al poder se vale de una burbuja ideológica que ha creado una realidad alterna, ante la cual sus integrantes consiguen la absolución de sus crueldades y cobijo a sus desafueros. La destrucción de la economía, de la industria petrolera y de los medios de sustento de los venezolanos, les rueda. Se desentienden absolutamente del hambre, la inseguridad, el colapso de los servicios y el deterioro de su calidad de vida. Pretender, por tanto, que el bienestar de la población o el “interés de la nación” puedan ser fundamento para incitarlos a negociar su salida, no tiene ningún sentido.

Puede distinguirse, en particular, a un núcleo perverso, sin escrúpulos, en el cual destacan Maduro, Diosdado, los hermanos Rodríguez, Padrino López y los que están al frente de los órganos de terror (Sebin, DGCIM), que aplastan toda objeción ética, humanitaria, legal o moral a sus atropellos, repitiendo clichés e inventando conspiraciones que los obligan a “defenderse”. Son sociópatas, profundamente dañados por esa falsa realidad a que se han entregado: la maldad hecha poder. Algunos tienen encima, además, requisitorias por violación de derechos humanos y tráfico de drogas. De tanto huir hacia adelante, se quedaron sin salida. Se les pasó el tiempo para una posible reinserción. Y ellos lo saben.

Su permanencia depende de su capacidad por renovar continuamente las complicidades que le sirven de sustento. El encogimiento del botín y las sanciones aumentan su vulnerabilidad: hay cada vez menos renta para repartir. En el contexto de poderes anarquizados, compromisos con socios externos (que cobran su parte) y flexibilización creciente de algunos aspectos de la economía. ¿podrán impedir su salida? Depende, por supuesto, de la existencia de una oposición capaz de cobrársela, con el apoyo internacional. Esto último supone un esfuerzo por despejar toda duda acerca de la naturaleza fascista, proto totalitaria, de Maduro y de los militares que lo acompañan, de manera de no caer –una vez más—en las ilusiones de sus cantos de sirena, para ganar tiempo y desmoralizar al país. No concederán nada que apunte al restablecimiento pleno de la democracia, a menos que las circunstancias los obliguen a ello.

Una estrategia inteligente desde la oposición, con apoyo de los gobiernos de EE.UU., la UE, Canadá y algunos latinoamericanos, deberá incidir en aislar a Maduro de los socios de los cuales es rehén. Las sanciones podrían ser la carta decisiva para aprovechar las crecientes vulnerabilidades del régimen y producir su resquebrajamiento interno, siempre que estén acompañadas de la reactivación interna de la protesta. Es menester, por tanto, diseñar una estrategia con estos propósitos, que restablezca la confianza mayoritaria en un liderazgo opositor comprometido con el restablecimiento de la democracia.

[1] Venezuela, una nación devastada. Las nefastas consecuencias del populismo redentor, Ediciones Kalathos

De acuerdo con una encuesta hecha a finales del año pasado en 14 ciudades principales del país por la consultora Ecoanalítica, un 68% de las transacciones comerciales se estarían haciendo en dólares. Por esas fechas Maduro había declarado que la dolarización era de apenas el 17% y que no pensaba abandonar el bolívar como moneda nacional.

Estamos acostumbrados a que el régimen inventa cifras a conveniencia, pero en este caso ambas aseveraciones no tendrían por qué ser contradictorias. Se entiende que Ecoanalítica se refiere al valor (68% del valor total transado), mientras que, con respecto al número total de transacciones, las realizadas en dólares podrían ser tan solo del 17%. De ser así, estaría indicando varias cosas: 1º., que las compras en dólares son de bienes que, en promedio, son bastante más caros; 2º., que estas compras están concentradas en las ciudades principales; y/o 3º., que el valor consumido por todos aquellos que no tienen acceso regular a las divisas, es muy reducido.

Lo que sí es inobjetable es que el régimen acabó con el bolívar como moneda. No sirve como unidad de cuenta, cada vez menos como medio de transacción y, claro está, nadie lo usa como reserva de valor. ¿Significa que la economía terminará de dolarizarse también en lo financiero y que el dólar suplantará definitivamente al bolívar? Como han pregonado algunos desde hace tiempo, ¿es ésta la mejor forma de abatir la inflación? ¿Empezará a reactivarse la economía? Ya el banco Credit Swiss anticipa para este año una ligera recuperación del PIB, en el orden del 3%, relacionado, en parte, con la mayor estabilidad y previsibilidad que otorga la creciente dolarización de las transacciones.

Hace poco argumentamos que una dolarización completa era improbable. Primero, porque en Venezuela existen muy pocas divisas para sustentar una reactivación de la actividad económica. Su monto quedaría sujeto a las reservas existentes, al saldo de la balanza de pagos y a la política monetaria de EE.UU. En segundo lugar, porque el gobierno sólo puede financiar su enorme brecha fiscal con emisión monetaria del BCV.

Si se completara la dolarización, esta potestad del Instituto Emisor desaparecería. Como el Estado venezolano está en default, sin acceso a los mercados financieros internacionales, no tendría cómo financiar esta brecha y tendría que recortar brutalmente su gasto, lo que representaría una verdadera debacle política y social. Cabe recordar que el ingreso tributario está en el piso por el derrumbe de la economía y la destrucción de la industria petrolera.

Finalmente, en un escenario de dolarización, el sector externo se ajusta –si el Estado no controla el suministro de las divisas-- moviendo el salario real. Saldos positivos en la B de P requerirán salarios bajos, a menos que la productividad aumente, contrario a lo que sería el objetivo de cualquier gobierno que prioriza el bienestar nacional.

Sabemos, empero, que el bienestar de la población no es preocupación que le quite el sueño a quienes están actualmente al mando del Estado. ¿Qué significa, entonces, la dolarización creciente de las transacciones, si la dolarización completa no está contemplada como política? Podría afirmarse que es el resultado inevitable de la destrucción de la moneda nacional y del abandono, por parte del régimen, de toda pretensión de imponer su proyecto económico.

El gobierno entendió, como confesó Maduro, que permitir la dolarización de las transacciones, dejando el funcionamiento de la economía doméstica a la libre, sin controles de cambio o de precio, representaba una importante válvula de escape a las tensiones que se venían acumulando por la escasez y por las restricciones externas.

Pero esta dolarización transaccional habrá de modificar la dinámica económica de algunos integrantes de la oligarquía militar - civil. Las mafias clásicas buscaban lavar sus dineros mal habidos en negocios legítimos. Claro está, sus ganancias ahí eran siempre menores a las exacciones obtenidas por medios ilegales. Pero el riesgo de pasar largos años en la cárcel indudablemente influía en su decisión de buscar amparo legal para sus fortunas. Hoy, en EE.UU., muchos lujosos casinos tienen este origen.

En Venezuela, la rapiña de la coalición criminal que comanda al Estado sin duda está enfrentando obstáculos a nivel internacional en la forma de sanciones, requisitorias, congelación de activos, detenciones y otras medidas. En comparación con los años de gloria, cuando el barril de crudo estaba en USD 100 y abundaban oportunidades para parasitar la renta, el “negocio” actual se les ha puesto chiquito y con riesgos crecientes. Se les encoge el pastel a las mafias.

Por otro lado, las penalidades acechan. Los incentivos por legitimar dineros amasados en sus trapisondas y saqueos estarían ahí, a pesar de que el marco legal en que operarían es más restrictivo. Las inversiones en montar bodegones en las grandes ciudades, surtidos de todo tipo de mercancía importada para ser pagada en dólares, pudieran ser una salida. Pero implicaría fricciones internas y un reacomodo de algunos intereses comprometidos con el régimen, que afectaría a sus bases de apoyo.

Siendo negocios privados que escapan, así, de las sanciones impuestas al Estado venezolano, su autonomía de acción se amplía. Podrían favorecer el restablecimiento de garantías institucionales para repatriar capitales y ampliar el mercado interno. Asimismo, podrían impulsar cambios políticos para que se les aliviasen ciertas sanciones en lo personal.

Tampoco es que les interesa, empero, una economía competida, a juzgar por los precios especulativos con que cobran muchos bienes. Pero con el tiempo, estas iniciativas podrían socavar la cohesión que genera la dinámica de expoliación existente, dependiente de la estructura de poder. No compagina con la persistencia de depender del bolívar para el gasto público. En fin, sin pretender que la dolarización creciente subvierta al régimen –los privilegios otorgados seguirán negociándose a cambio de lealtad-- si parece incidir en su reacomodo interno.

Por otro lado, esta dolarización agrava la desigual distribución del ingreso que viene agudizándose bajo Maduro, siendo la de Venezuela la segunda peor de América Latina, superada solo por Brasil. Porque la cara adversa de esta dolarización transaccional es que alimenta la inflación de aquellos que sólo tienen posibilidades de comprar con bolívares. En efecto, la emisión monetaria con que el gobierno financia sus gastos impulsa el precio del dólar al alza y éste sirve de marcador de precios para las transacciones en moneda local.

Si en lo formal, ello implica un capitalismo salvaje que contradice toda esa cháchara socialista, en los hechos, desnuda abiertamente una odiosa realidad en la que los que una minoría que tiene divisas vive a cuerpo de Rey, mientras que la gran mayoría, con ingresos en bolívares, languidece con unos CLAPs y unos “bonos de la patria” cada vez más escuálidos y menos frecuentes.

Como conclusión, no parece realista confiar la reactivación de la economía en esta dolarización parcial y silvestre. Como se ha insistido una y otra vez, sin un cambio radical de políticas que restablezca garantías y estabilidad a la iniciativa privada, elimine las corruptelas y logre concertar una generosa ayuda externa, la situación general del país seguirá empeorando.

Esta dolarización parcial, sin embargo, estaría agudizando las contradicciones en el seno del régimen fascista. Podrían estarse asomando grietas en sus bases de sustento que deben ser aprovechadas por la oposición democrática.

Una negociación inteligente que, desde posiciones de fuerza y con apoyo internacional, explote estos puntos débiles ayudaría a abrir las puertas a un acuerdo en torno a elecciones confiables. Un elemento a considerar para producir los cambios políticos que los venezolanos imploran para mejorar sus deplorables condiciones de vida. Es menester, entonces, forjar esa fuerza en el campo opositor.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

El peor gobierno de la era petrolera

A finales de 2018, concluía el período constitucional de Nicolás Maduro. Advenido a la presidencia en virtud de un cuestionado triunfo electoral en 2013, nos encauzó a la peor tragedia sufrida por país alguno que no estuviese en guerra. Bajo su mandato, redujo la economía a la mitad, desplomándose las actividades de construcción (-90%), comerciales y de reparación (-76,4%), la de las instituciones financieras (-74,9%) y la manufactura (-71,6%)[1]. La producción petrolera se encogió en 50%, obligando a la importación de gasolina y otros productos para satisfacer la demanda interna, y de petróleo liviano para mejorar los crudos pesados. Incrementó la descomunal deuda dejada por su predecesor a niveles muy por encima del valor del PIB venezolano. La caída en más de dos tercios de las exportaciones petroleras hizo imposible cancelar su abultado servicio, colocando al país en default. Valiéndose de un control de cambio que estimuló todo tipo de corruptelas, Maduro intentó generar excedentes para pagar este servicio, contrayendo las importaciones en 2018 a apenas la quinta parte de las de 2012. Contrajo el consumo privado por habitante (promedio) a los niveles de 1970, víctima, además, de la terrible hiperinflación que desató el financiamiento monetario de los déficits generados por su irresponsable gestión. En consecuencia, el poder adquisitivo del salario mínimo disminuyó un 70%, deprimiendo la estructura general de remuneraciones. En fin, Maduro descargó sobre los hombros de los venezolanos todo el peso de un severísimo ajuste contractivo, mucho peor que los denostados ajustes “neoliberales”, producto de las distorsiones que ocasionó su conducción (y la de Chávez) de la economía.

Pero los daños infligidos a la población no se reducían al ámbito económico. La represión de manifestaciones de protesta, con más de 200 muertos a manos de militares y colectivos fascistas, y la detención arbitraria y tortura de muchos opositores --denunciadas por Foro Penal y otras ONGs--, añadían un cariz terriblemente inhumano a la gestión de Maduro. A ello habría que agregar la sumisión de los venezolanos a las arbitrariedades, extorsiones y exacciones de militares, policías y otros funcionarios, dada la anomia resultante de la destrucción del Estado de Derecho. Luego está la indignante corrupción, abierta y desmedida, en tantas ejecutorias del Estado, despojando a los servicios públicos, entre otros, de recursos y degradando la calidad de vida de la población. Finalmente, el régimen pisoteó la voluntad popular que eligió una mayoría calificada de demócratas para la Asamblea Nacional en diciembre, 2015, anulando todas las prerrogativas de ese cuerpo, persiguiendo y encarcelando a muchos de sus diputados, y usurpando sus funciones con dictámenes de un tsj rastrero y una asamblea constituyente tramposamente constituida. No en balde, la desaprobación del gobierno se encontraba, en la mayoría de las encuestas, por encima del 80%.

La aberración de Maduro

Todo lo anterior era razón de sobra para haber cambiado de gobierno, una vez vencido el período de Maduro. Pero, como sabemos, ello fue impedido. Además de sabotear el referendo revocatorio de su mandato en 2017, se hizo reelegir en una pantomima comicial, con dirigentes y partidos opositores proscritos, sin auditoría del registro electoral ni participación de observadores internacionales de confianza, y bajo un CNE constituido con militantes del oficialismo. El régimen que de ahí surgió en absoluto responde a la voluntad popular y rompe, por ende, con el ordenamiento constitucional. Es, en términos políticos, una aberración. El diccionario define este término como: “Acción, comportamiento o producto que se aparta claramente de lo que se considera normal, natural, correcto o lícito.” Por tanto, el mando impuesto por Maduro no debería existir. Constituye un extravío inadmisible, que debe ser eliminado. Lamentablemente, la complicidad activa de militares corruptos, que emplean el terrorismo de Estado contra opositores, ha permitido que cumpla dos años. Son dos años en guerra contra la población venezolana, usurpando funciones que debería haber asumido un gobierno democráticamente elegido.

Las consecuencias de tal aberración no podían ser más trágicas. La economía se redujo adicionalmente en más de un 40%, terminando el 2020 con un tamaño que es solo la cuarta parte de cuando Maduro accedió por primera vez a la presidencia. Se profundizó la destrucción de la industria petrolera, que actualmente produce unos 400 mil barriles diarios, un 17% de la cantidad de entonces. La hiperinflación multiplicó el alza de precios unas 230 veces más, haciendo de Venezuela el país más pobre de América Latina, según estimaciones basadas en la encuesta de las universidades, ENCOVI. Por otro lado, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos en Venezuela, del Consejo de Desarrollo Humano (CDH) de la ONU[2], confirmó las denuncias que venían realizando diversas ONGs nacionales e internacionales con relación a la violación extendida de derechos humanos por parte del régimen. Documentó lo que consideró crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población, señalando responsabilidades en los más altos niveles del Estado. Ello fue confirmado también en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de esa organización, Michele Bachelet. Finalmente, la Corte Penal Internacional encontró “fundamentos razonables” para creer que en Venezuela “se cometieron crímenes de competencia de la corte desde al menos abril de 2017”[3].

La eliminación de la política

Hoy sabemos que la tragedia venezolana. no es resultado de la ignorancia o de errores de política. Es deliberada, resultado de acciones tomadas conscientemente por Maduro y sus cómplices, militares y civiles, a fin de asegurar oportunidades para depredar al país. La eliminación del Estado de Derecho y la sumisión de las actividades económicas a sus dictados obedecen a los imperativos de expoliación de la riqueza social. Y, al aniquilar los derechos del ordenamiento constitucional, reprimir los medios de comunicación independientes y perseguir a las organizaciones civiles (y políticas) autónomas, acabaron con las condiciones para relevarlos por vías democráticas. Desnudaron a Maduro como dictador.

Su insistencia en cobijar su dictadura bajo formas democráticas --eso sí, totalmente adulteradas para vaciarlas de toda capacidad de expresar la voluntad popular-- ha confundido a algunos opositores, que se empeñan en circunscribir la lucha política a los métodos propios de una democracia. En otros, la retórica utilizada y la tutela cubana llevan a percibir al régimen –en mi opinión, de manera equivocada— como una clásica dictadura comunista. Asumen que lo impulsa un proyecto ideológico, conducido por un Partido Comunista –en este caso, el PSUV-- monolítico y disciplinado, que, desde el poder, impone acciones con base en el patrón doctrinario conocido de los países de la antigua órbita soviética.

Pero lo que cohesiona a la dictadura no es ningún imperativo ideológico, sino el tinglado de alianzas y concesiones que se ve obligada a concertar con las distintas agrupaciones que expolian al país, para mantenerse en el poder. La dinámica que se desprende de esa red de complicidades tejidas entre militares, “boliburgueses”, agentes cubanos –Maduro, los hermanos Rodríguez y otros— y agrupaciones criminales (colectivos, pranes, FARC, ELN), es la que determina las acciones de gobierno. El poder terminó siendo capturado, como tantas veces se ha denunciado, por una confederación de mafias que conviven y rivalizan entre sí para explotar las oportunidades de lucro surgidas con la destrucción del Estado de Derecho. En el estado de anomia resultante, prevalecen los más fuertes y los que logran aliarse con estos. Esto hace de los militares corruptos el eje de la alianza mafiosa, capaces de detener, torturar e, incluso, matar a quienes se interponen. Son los artífices de las extorsiones, confiscaciones, exacción de comisiones a toda transacción con el Estado, tráfico de estupefacientes, etc. y otras ejecutorias basadas en la fuerza, el pegamento que mantiene a las mafias cohesionadas como régimen.

El neofascismo bolivariano

La consustanciación del régimen con acciones de fuerza y de violencia por parte de militares corruptos, autoridades civiles y bandas paramilitares, lleva a categorizarlo de fascista o neofascista. Comparte sus métodos totalitarios o proto-totalitarios, pero camuflado en un populismo extremo para proyectarse como campeones del pueblo. Ahora la ideología no ejerce la función de inspirar un proyecto político, en pugna con otras opciones de poder, sino como burbuja en la cual refugiarse para escapar de la realidad del mundo circundante, resistente a sus propósitos. Sirve como credo para invocar lealtades y reclamar la obsecuencia de sus partidarios. Edifica una realidad falsa, conformando una secta de fanáticos que se identifican con ella, refractaria a toda posibilidad de convivencia con quienes piensan diferente. Sus nociones de verdad y de razón se construyen a partir de su funcionalidad para con el ejercicio del mando y la preservación de sus oportunidades de lucro, no de su capacidad para explicar la realidad existente, mucho menos como referencia para proponer soluciones. Representa un blindaje contra acuerdos de política basadas en criterios racionales aceptables para los demócratas. Éstos deben ser aplastados. Las objeciones desde afuera, señalando los sufrimientos de la población, en absoluto lo perturban[4].

La mitología comunista, al justificar la liquidación del Estado de Derecho, por burgués, y someter a las fuerzas del mercado para sustituirlas en el reparto de la riqueza y del producto social con criterios políticos –basadas en relaciones de fuerza--, ha sido de utilidad para legitimar la expoliación del país. Se destruye, así, la economía, pero echándole la culpa a una “guerra económica” contra la “revolución” por parte del imperialismo y la burguesía. La burbuja ideológica sirve, asimismo, para criminalizar toda protesta, tildándola de “terrorista”, y justificar toda suerte de disparates, siempre y cuando contribuyan a galvanizar a sus partidarios en torno a sus desmanes. Nada más parecido a las turbas de extrema derecha que irrumpieron en el Capitolio de EE.UU. que las bandas fachas de Chávez y Maduro.

La vulnerabilidad del régimen

El hecho de depender de una armazón de complicidades a distintos niveles para sostenerse constituye la mayor vulnerabilidad del régimen. No se basa en un poder monolítico, que obedece a un mando único, centralizado, como haría creer la invocación de las experiencias comunistas. En la medida en que su depredación ha ido reduciendo los recursos con base en los cuales tejer esas alianzas, más precario se ha tornado su poder y mayor fricción interna concita. Y no tiene escapatoria. No puede revertir el deterioro económico, porque la “premiación” a sus secuaces ocurre, precisamente, con base en la expoliación de la economía. No puede ofrecer garantías y seguridades para atraer inversiones, eliminar las coimas y otras exacciones, porque acabaría con esta expoliación. Tampoco puede desmontar el terrorismo de Estado para negociar el levantamiento de las sanciones impuestas a muchos de sus personeros por violación de derechos humanos porque, más allá de las complicidades, es la herramienta que le queda para evitar ser desplazado. Lamentablemente, ello hace al régimen aún más virulento, preso de las rivalidades, de la anarquización de las líneas de mando y de la impunidad que se deriva de la anomia. Al no poder desmontar los mecanismos de expoliación, la situación económica empeorará todavía más, sobre todo en el marco de los estragos causados por el COVID-19.

La instalación de su asamblea nacional partidista, ahora con unos 270 diputados, además de pretender borrar la representación popular electa de la anterior asamblea –la única legítima—ofrece un espacio ampliado para zanjar ambiciones de los diversos intereses que se mueven en la constelación fascista. Las elecciones para autoridades municipales constituirán otro escenario. Si bien ayudan a aliviar las tensiones, también diluyen el poder de la cúpula central, cada vez más aislada y vulnerable.

Los nuevos escenarios

La elección de Biden como presidente de Estados Unidos, más las nuevas condiciones creadas por el vencimiento del período constitucional de Guaidó y demás diputados elegidos en 2015, suponen un escenario diferente a aquel imaginado antes por algunos ilusionados por la retórica de Trump. Todo hace pensar que el apoyo internacional al cambio democrático en Venezuela habrá de enfatizar la negociación para acordar elecciones presidenciales y para la Asamblea Nacional, que sean confiables. Por lo pronto, no pareciera que fuésemos prioritarios en la agenda de Biden, ocupado inicialmente en sanear las heridas dejadas por su antecesor, ni tampoco de los países del llamado Grupo de Lima, por la necesidad que tiene cada uno de centrar sus esfuerzos en superar el grave impacto causado por el Coronavirus sobre sus sociedades. La Unión Europea mantendrá una posición similar a la que ha venido sosteniendo, una vez barajado un nuevo status para su relación con el liderazgo opositor. Es de suponer, entonces, que las cosas se mantengan más o menos igual en los próximos meses, aunque continuará deteriorándose la situación país, como la represión y persecución de opositores.

En tal escenario, la negociación no puede enredarse en “solucionar los problemas del país”. Esto es una excusa del fascismo para ganar tiempo. En absoluto le interesa el bienestar de la población. Tampoco puede dejarse enmarcar en una supuesta confrontación “izquierda – derecha” o de defensa ante el acoso imperialista, con que Maduro busca tocar sensiblerías “progre” a nivel mundial. Su fin solo puede ser apurar salidas a la aberración social y política que representa una dictadura primitiva y oprobiosa, que le niega posibilidades de sustento al pueblo para esclavizarlo con bolsas CLAP. Los países democráticos deben entender esto y no prestarse a engaños que alarguen su permanencia. Las negociaciones deben plantearse desde una posición de fuerza, que lleve a que algunos integrantes de la mafia tomen en serio las ofertas para que se vayan. Ello no será posible mientras la oposición se mantenga dividida, acusándose mutuamente y sin vincularse con los padecimientos y las luchas de una población cada vez más oprimida. No hay otra opción, entonces, que dejar de lado los afanes de protagonismo personal y subordinar todo interés secundario a los esfuerzos para construir, unidos, esa fuerza mayoritaria.

La cabeza visible del fascismo –Maduro, Cabello, los Rodríguez, Padrino López y sus secuaces—está demasiado enferma con sus delirios onanistas para pensar que accedería honestamente a este tipo de negociación. Tampoco se puede negociar con la FAN, pues ésta, como institución, fue destruida. Pero sí tiene sentido focalizar los esfuerzos en quienes sirven de sustento a la médula militar corrupta. Éstos se sienten inseguros, ya que su permanencia depende de criterios políticos, no de las jerarquías o de los méritos institucionales ya destruidos. Al achicarse las oportunidades de lucro, serían los primeros en ser excluidos. Además, sobre ellos pesan severas sanciones por violación de derechos humanos, narcotráfico y otras corruptelas, lo cual los hace vulnerables a negociaciones que ofrecen salidas.

Negociar significa, por mucho que nos asquea, estar en disposición de ceder. Al fascismo no le interesa consolidar ningún proyecto de sociedad porque lo anima la confrontación permanente. Basta observar el gozo que invade el rostro de Cabello cuando anuncia, por TV, medidas contra la oposición. Pero tampoco la oposición está en condiciones de desplazarlo con la fuerza. Con el pañuelo en la nariz, busquemos resquebrajar el sostén militar del régimen con negociaciones que permitan elecciones confiables a cambio de suspender sanciones. Son unos 195 sancionados. Algunos tienen que ceder. Procuremos abrir las rendijas para que pueda expresarse la voluntad popular mayoritaria. La alternativa de conservar nuestra posición impoluta, amparada en nuestros principios y razones para no negociar con criminales, es que Venezuela se deslice todavía más por la pendiente chavista, hasta su desaparición como país.

[1] Cifras oficiales. www.bcv.org.ve

[2] https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx

[3]https://cnnespanol.cnn.com/video/venezuela-corte-penal-internacional-nic...

[4] Remito al lector a escritos míos al respecto, para no repetir aquí sus argumentos:

http://redinternacionaldelcolectivo.blogspot.com/2013/05/humberto-garcia...

https://politicom15.wordpress.com/2017/02/08/fascismo-comunismo-y-la-pre...

El fascismo de siglo XXI: La amenaza totalitaria de Hugo Chávez Frías, Random House Mondadori, Colección Actualidad Debate, Caracas, 2008.

Venezuela, una nación devastada. Las nefastas consecuencias del populismo redentor, Ediciones Kalathos, 2020. Cap. 6, 7.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com