Los temas politicos se amontonan, se agolpan y sobreponen: Los informes sobre derechos humanos, la “misión” enviada por Josep Borrell a Venezuela para hablar sobre elecciones, el retiro de los candidatos de Capriles, la amenaza de promulgación de una ley totalitaria antibloqueo, las protestas y disturbios populares… por solo mencionar algunos; pero como siempre hay que escoger, creo que lo relativo a las reacciones ante los informes sobre la violación de derechos humanos en Venezuela es el más apropiado.

En efecto, el mes de septiembre fue muy movido y muy intenso en materia noticiosa sobre Venezuela, particularmente en materia de derechos humanos (DDHH).

Como bien sabemos, por el despliegue noticioso internacional y nacional, el 16 de septiembre se dio a conocer el Informe, detallado, de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la violación de los DDHH en Venezuela –ese no es el nombre exacto, pero para tener claro de que se trata–; y el viernes 25, se conoció en Ginebra el Informe Oral, presentado por la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, sobre el mismo tema.

Esos informes se vienen a sumar a otros: los anteriores de Michelle Bachellet, el Informe de la Secretaría General de la OEA y el Panel de Expertos de 2018 –que ha tenido menos difusión que estos de septiembre de 2020– y algunos otros, que acompañan diversas demandas que descansan en la Corte Penal Internacional, que no ha tenido mayor actividad, pero que tampoco ha estado inactiva y en cualquier momento –por ejemplo cuando se produzca en pocas semanas el cambio de la Fiscal de la Corte, la inefable Fatou Bensouda– puede haber movimientos importantes, sobre todo porque algunos de sus organos de investigación preliminar han estado documentando y recogiendo los casos sobre Venezuela.

Para muchos la presentación y divulgación de estos informes de septiembre son signos esperanzadores, otros son mas escépticos; pero, al menos se puede decir que la situación de la violación de los derechos humanos en Venezuela ya es mucho más conocida mundialmente, y lo más importantes es que ha sido revelada por expertos independientes, ya no es solo lo que dice la oposición venezolana.

Ademas de la cruda descripción de los hechos –de lo detallado y minucioso de los casos que examinó y reporta, de la desripción de la sistemática represión, del horror que produce tan solo pensar en los daños causados a las víctimas y la indignación que produce saber que se trata de patrones de conducta–, es significativo destacar del informe de la Misión Internacional Independiente, que califica la actuación del regimen Venezolano de crimenes de lesa humanidad y responsabiliza de los mismos y de su planificación, a altas autoridades del gobierno de Nicolás Maduro y al propio Nicolás Maduro.

Por supuesto ha habido reacciones a dichos informes; el régimen ha tratado de desprestigiarlos, de desconocerlos, con sus voceros “calificados”, como el Ministro de Relaciones Exteriores y el ilegitimo Fiscal General, nombrado por el TSJ; incluso por declaraciones del propio Nicolás Maduro y por políticos supuestamente opositores –de la llamada “mesita”– y representantes de los paises aliados y complices del régimen, que han calificado de “sesgados”, esos informes. El propio gobierno usurpador ha emitido un documento de cientos de páginas para decir “su verdad”, donde presenta fotos de algunos detenidos como si estuvieran recluidos en un lujoso Spa; curiosamente sin embargo, no son muy enfáticos en negar los hechos, sino mas bien en exculpar o apartar a Nicolás Maduro de ellos, o afirmar su desconocimiento de lo ocurrido.

Pero la reacción más significativa y positiva fue el discurso del Presidente Juan Guaidó, en el contexto de la Asamblea General de la ONU; un discurso importante, impactante, y que entre sus elementos más significativos destaca lo que ha muchos ha parecido una invocación al Principio de Responsabilidad de Proteger (R2P) de la ONU. Las preguntas que surgen tras los informes y el discurso de Juan Guaidó son: ¿Qué sigue ahora? ¿Qué efecto práctico pueden tener esos informes para resolver la crisis humanitaria, política, en Venezuela? ¿Fue realmente esa la intención del presidente Guaidó, invocar el R2P? Y si es así, ¿Podemos esperar que tenga alguna finalidad práctica la invocación de ese principio, R2P? y la pregunta más importante de todas, que la copio del título de un artículo de Adolfo Salgueiro del 26 de septiembre: “¿Quién nos va a proteger? (https://www.elnacional.com/opinion/r2p-quien-nos-va-a-proteger/)

En opinión de muchos expertos la aplicación del llamado Principio de la Responsabilidad de Proteger –el famoso (R2P)– que en la práctica implicaría una ayuda humanitaria apoyada por los cascos azules, es un instrumento novedoso, poco o nada utilizado por la ONU y que solo se activa por mandato del Consejo de Seguridad y en esa instancia, no lo olvidemos, tienen capacidad de veto dos importantes aliados del régimen: Rusia y China. Aunque algunos voceros opinan que esto no es así, que al haber sido solicitado por el Presidente Encargado, al que reconocen unos 60 países, no necesita pasar por la aprobación del Consejo de Seguridad. En cualquier caso, de resolverse esa primera dificultad, nos queda responder a la pregunta de Salgueiro: ¿Quién nos va a proteger?, pues hasta el momento los países que han anunciado su respaldo al gobierno interino de Venezuela y al presidente Juan Guaido, han declarado no estar dispuestos a conformar ninguna fuerza para intervenir en Venezuela.

De manera que las preguntas formuladas no son de facil respuesta y encierran un peligro latente de generar falsas expectativas.

Hay muchos que se escudan en la pureza de principios abstractos, en la lógica de los argumentos, en la interpretación lineal de la constitución y las leyes, en argumentos jurídicos prístinos y supuestamente contundentes. No se detienen a pensar que todos esos principios a los que aluden y argumentan, con conocimiento y razon, funcionan en el mundo del derecho abstracto, en un estado de derecho, constitucional, pero en Venezuela no vivimos en un estado de derecho y la constitución es solo un librito azul que sirve para blandirlo por TV y enseñarlo a los periodistas y corresponsales internacionales en las ruedas de prensa. Todos esos principios son para un mundo ideal, pero no para el mundo real; no darse cuenta de eso, ignorarlo, puede obnubilar y anular la necesaria acción de política eficaz que, en estos momentos, como nunca, debe ser con cabeza fria. A menos que se trate de simple demagogia, lo cual sería muy grave.

No basta con el saldo positivo mencionado más arriba, que la situación de Venezuela y los crimenes calificados como de lesa humanidad cometidos por el regimen esten debidamente documentados, recogidos y señalados por una fuente independiente y que no son meras denuncias de la oposición. Corresponde una tarea política doble, dar a conocer más esos informes en la población venezolana, que se filtre por todos los intersticios de la sociedad; y lo más importante, que nuestras organizaciones políticas –partidos y de la sociedad civil– se incorporen a la tarea de organizar al pueblo que sufre esta situación, para resistir y combatir estas violaciones.

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Desconozco lo que están haciendo internamente los partidos por desarrollar sus estrategias y por tratar de renovarse o mantenerse a flote en esta difícil contingencia que estamos atravesando –en cualquier caso, este tampoco sería el espacio para ventilar esa actividad– por lo tanto en el análisis del despliegue de la estrategia de la llamada oposición democrática me limitaré a lo que cualquier ciudadano común puede observar por los signos externos y la actuación de los principales líderes opositores.

Me referiré a la oposición democrática, la que se desgrana o desangra en tres fracciones –encabezadas por Juan Guido, Henrique Capriles y M.C. Machado, respectivamente– y que solo a efectos de este análisis las consideraré en “pie de igualdad”, cosa que dista mucho de ser cierta, a tenor de encuestas y resultados electorales; como es evidente excluyo de mi análisis a la llamada “mesita” –que no considero realmente una opción opositora que busque la salida del régimen– y excluyo también a los chavistas no maduristas, que se han diseminado en algunas de las opciones señaladas.

Comienzo por la opción que encabeza Henrique Capriles Radonsky, que en esencia plantea aplazar el proceso electoral, pero participando en el mismo, luchando por lograr mejores condiciones y dejando abierta la posibilidad de retirar sus candidatos y no concurrir a la votación el 6D sí no se logra un cambio en las condiciones electorales.

Esta es la estrategia opositora más fácil de desarrollar, pues la mecánica electoral es algo bien conocido –sobre todo por los partidos políticos– y sobre la que hay vasta experiencia, de éxitos y fracasos, en más de 35 procesos electorales durante estos 21 oprobiosos años. La tarea, aunque no trivial, es: escoger los candidatos, inscribirlos, organizar los comandos de campaña, recorrer el país con los candidatos, organizar los testigos para cubrir –por lo menos– el 90 o 95% de las mesas, garantizar que todos los testigos acudan a todo lo largo del proceso de votación, hasta que los resultados se envíen a los comandos y a los centros de totalización del CNE, y esperar los resultados de la auditorias en el cincuenta y pico por ciento de las mesas, para asegurar la fidelidad de esos resultados.

La mecánica política, sin embargo, ya no es tan simple. Aunque se “participe” en el proceso y no se vote el 6D, lo que está planteado con esta estrategia es movilizar a la gente, de una manera segura, para hacer planteamientos políticos, críticas y ofertas; entre los planteamientos estarían los de solicitar un proceso con unas condiciones electorales mínimas –por ejemplo: transparencia, habilitación de todos los partidos y candidatos, observación nacional e internacional, no utilización de recursos del estado en la campaña y otras similares– que, de no darse, de no lograrse para una fecha determinada, se denunciaría el proceso y se retirarían los candidatos. Se habría logrado así el efecto de participación y movilización y la decisión de retirar los candidatos serviría para denunciar internacionalmente el proceso una vez más y tratar de recuperar posiciones para una negociación política. De llegar al final, al día de la votación, esperemos que exista alguna opción –que no tiene por qué revelarse ahora a viva voz– para resolver el eterno dilema: ¿Qué hacer si el régimen hace fraude o peor aún, sin hacerlo, desconoce el resultado electoral y busca cualquier estratagema jurídica para ello, apoyada naturalmente en su fuerza militar?

Por su parte, la estrategia liderizada por Maria Corina Machado (MCM), plantea que la solución a la crisis provendrá, dicho más o menos en sus palabras, de la intervención de una fuerza extranjera, multifacética, conformada por una coalición internacional que despliegue una Operación de Paz y Estabilización en Venezuela (OPE); habla igualmente de invocar el artículo 187, numeral 11 de la Constitución que permite “…el empleo de misiones militares … extranjeras en el país”; de invocar el principio de la “Responsabilidad para Proteger (R2P)” suscrito por las Naciones Unidas y en la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, (TIAR); todo ello para lograr “… salir de Maduro y su régimen en el plazo más corto posible a través de una operación nacional e internacional que lo logre…”.

Aparte de otras consideraciones, que ya he expuesto y no repetiré, (https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2020/09/12/la-carta-de-maria-corina-machado/), siempre me ha parecido que la propuesta de MCM tiene dos debilidades intrínsecas. Una, es que no nos dice mucho de la vía interna, de cómo lograr esa parte de lo que denomina la “operación nacional”; y dos, que su estrategia descansa excesivamente en terceros, no en la acción que ella o los venezolanos podamos desplegar.

Invocar el artículo 187, numeral 11 de la Constitución, que dependería de la AN y no de las fuerzas que moviliza MCM, no es lo único que se necesita para la creación de una fuerza extranjera multilateral, y esto último no es algo que se resuelve levantando el teléfono y llamando al presidente de los Estados Unidos o de alguno de los países vecinos. Invocar el principio R2P, tampoco es algo simple –como veremos en detalle cuando hablemos de la estrategia de Guaidó– o que dependa de los esfuerzos que podamos hacer en el país; lo mismo podemos decir de invocar el TIAR, con el agravante de que ya se ha intentado esa vía y ha sido negada en la última reunión de la OEA en diciembre de 2019 y rechazada por la mayoría de los países de América Latina.

En síntesis, la estrategia de MCM depende excesivamente de factores o decisiones que ni ella ni nadie en el país controla, por más que se alegue que el trabajo político consiste en hacer “intentos o gestiones” para lograr esa fuerza extranjera multilateral, con base en el TIAR o en el R2P.

Veamos por último la estrategia de la fracción que se congrega en torno a Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y el G4, que la dejamos para el final por el insospechado giro que ha tenido la última semana. Como es sabido la estrategia de este grupo se bifurca en dos vías; en lo interno la no participación electoral el 6D y la organización de una consulta popular; en lo internacional, que creo que es su carta fundamental y más fuerte, pretende continuar el proceso para que la comunidad internacional mantenga la presión sobre el régimen venezolano que lo obligue a una negociación de una salida política a la crisis.

La vía interna, debemos decirlo, no ha tenido mayores avances tras la propuesta de Juan Guaidó hace un par de semanas. Nada se ha dicho acerca de qué hacer para evitar esa mortífera inmovilidad que acompaña a todas las abstenciones –aunque no la llamen de esa manera– y hasta ahora la única propuesta de acción inmediata se concreta en realizar una “consulta popular” que se pretende tenga carácter vinculante, con base en los artículos 70 y 71 de la Constitución Nacional, y sobre la cual tampoco se ha dicho mucho.

La vía internacional, también prácticamente adormecida, sin nuevas ideas ni propuestas de acción, recibió sin embargo un impulso inesperado con la publicación del informe sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela que dio a conocer la Misión Internacional Independiente designada por las Naciones Unidas y que se refuerza esta semana que concluye, con la presentación oral del informe de Michelle Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Tras el anuncio de la referida Misión, el presidente Juan Guaidó ha renovado los esfuerzos sobre la comunidad internacional, para que esta a su vez mantenga la presión sobre el régimen venezolano, que lo lleve a suspender o aplazar el proceso electoral y buscar una vía de negociación, que abra la posibilidad de un Gobierno Transitorio y un nuevo proceso electoral, que incluya elecciones amplias y libres, observadas internacionalmente, en un periodo corto de tiempo.

En ese contexto, el presidente Guaidó, con base en el mencionado informe de la Misión Internacional Independiente, en una intervención dirigida a la Asamblea General de la ONU, solicitó “…alinear los esfuerzos de asistencia internacional para restablecer la soberanía efectiva en Venezuela, y proteger a la población civil desarmada, ante la comisión sistemática y reiterada de crímenes de lesa humanidad a manos del régimen dictatorial que usurpa la presidencia de Venezuela”. Naturalmente, sin que el presidente Guaidó lo dijera expresamente, a todos nos saltó de manera inmediata, la idea de que se trataba de una invocación al principio de responsabilidad de proteger (R2P) de la ONU; sí esa era la intención, no lo sé, pero así fue recogido en las redes sociales y en muchos medios de comunicación.

Ahora es sano advertir, antes de que se generen falsas expectativas, que hasta el momento la decisión de aplicar el R2P ha dependido del Consejo de Seguridad, en donde tienen capacidad de veto Rusia y China –aunque algunos señalan que, al ser una solicitud directa del representante de un gobierno legítimo, no se sometería al referido Consejo–. Además, también hay que considerar que hasta el momento los países –tanto de la ONU, como del TIAR– que podrían formar parte de una “fuerza interventora” que actué en Venezuela, han declarado que no apoyan esa opción. En todo caso, se puede decir que se cumplió el “tramite” que algunos solicitaban de invocar el R2P, que dudo que pase a una fase de acción. Si nada ocurre no faltara quienes digan que se invocó “muy tarde”.

Estas son las opciones que nos presenta una oposición dividida, que sin que hagamos un fetiche de la unidad, ninguna de las tres fracciones pareciera estar haciendo nada por lograrla; la unidad —y mantenerla— dada la naturaleza del régimen que enfrentamos, creo que es un valor estratégico, no un mero instrumento y, aun como instrumento, creo que es más importante que los demás que están sobre el tapete: votar, abstenerse o una consulta popular. El de la “unidad” es un tema pendiente, por encarar más a fondo.

https://www.noticierodigital.com/2020/09/estrategias-opositoras-en-desarrollo/ y también en: https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2020/09/26/estrategias-opositoras-en-desarrollo/

Las estrategias están definidas de manera clara y en proceso de desarrollo. El objetivo del régimen es mantener el poder a cualquier precio y consolidarlo a partir de enero de 2021, contando con una Asamblea Nacional (AN), única institución que le falta en su cuenta, para ejercer un total dominio, repito, institucional, del país.

Lograr el objetivo de controlar la AN, a partir de enero de 2021, le permitiría al régimen legitimar algunos de los contratos que sus cómplices internacionales le reclaman que sean avalados por el parlamento. Además, el régimen autoritario se quitaría de encima esa molestia de un “gobierno interino”, con un presidente designado por una AN que le es hostil, pero que es aceptado por una parte importante de la comunidad internacional. Y de paso, que no es poco, al sector madurista le serviría para quitarse de encima esa remora inútil de la ANC y al “cabellismo” que la controla.

Invalidar a la AN ha sido un objetivo del régimen, desde el mismo diciembre de 2015 cuando fue humillantemente derrotado en las elecciones parlamentarias. En ese esfuerzo ha hecho todo tipo de maniobras en contra de la AN: desconociendo a sus diputados, ha dejado sin representación a los electores del Territorio Amazonas durante cinco años; desconoció a la AN con sentencias de su obsecuente TSJ; persiguió y apresó diputados, obligando a algunos a exilarse y otros a esconderse o asilarse en embajadas; le quitó presupuesto y recursos; trató de dejarla de lado con una ilegitima ANC, cuya elección no fue reconocida ni nacional ni internacionalmente y que al final ha dejado de lado; trató, infructuosamente, de quitarle funciones en 2017 a través de fallidas sentencias del TSJ, intento que fue resistido por la población con grandes manifestaciones, que el régimen convirtió en violentos disturbios, que costaron vidas humanas; finalmente, comprando y corrompiendo diputados opositores, intentó tomarla por la fuerza en un chusco intento en enero de 2020.

Todo eso fueron inútiles intentos de doblegar la resistencia democrática del pueblo venezolano y sus diputados electos en 2015; al final, opta por la vía electoral. Pero no es suficiente. Al régimen no le importa lo que piensen u opinen los venezolanos, ni el mundo, con respecto a lo que hace en el país; pero lo perturba que una mala opinión sobre su régimen por parte de la comunidad internacional, le ha cerrado las puertas al crédito y financiamiento internacional y al comercio, que le impide contar con recursos para continuar sus trapacerías con las importaciones y no puede seguir haciendo demagogia en el país, mientras enriquece a sus cómplices internos e internacionales. El régimen sabe que es necesario que el proceso electoral que ha convocado y organizado goce de una cierta “legitimidad” internacional.

En esa dirección ha emprendido algunas tareas: por una parte, envía cartas a la ONU y a la Unión Europea, describiendo las “bondades” de su proceso y pidiendo observación internacional para el mismo; por la otra da muestras de apertura y magnanimidad liberando algunos presos políticos. Pero ninguna de las artimañas parecen dar resultados. Por una parte, los organismos internacionales, particularmente la Unión Europea (UE), no se conforman con cartas ni solicitudes, exigen ver cambios en las condiciones electorales: “… para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo”, dicen. Por otra parte, al régimen no le basta liberar unos pocos presos políticos, sabiendo como se sabe que son muchos más los que quedan en las mazmorras de la tiranía. Para mayor desgracia del régimen, esta semana se ha dado a conocer el Informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, presentado a la ONU, que denuncia los crímenes de Lesa Humanidad que se cometen en el país, lo que compromete mucho más su imagen y le coloca al cuello una piedra de molino en su objetivo de lograr legitimidad y reconocimiento internacional.

Pero sus mayores esfuerzos siguen siendo en el campo interno y con el propósito de garantizarse un resultado favorable en el proceso electoral, sin tener recursos para hacer demagogia y comprar electores y sin tener que emplear todavía las “municiones” del fraude el día de la votación o el desconocimiento de los resultados –como hizo con los resultados de la gobernación del Estado Bolívar en 2017– ha desplegado grandes esfuerzos en dos direcciones, una, “agenciarse” una oposición a su medida, que participe y legitime su proceso; y dos, lograr que la oposición mayoritaria se abstenga de concurrir a las elecciones.

Su primer objetivo, solo está logrado parcialmente. Los denominados “alacranes” y la llamada “mesita”, no dan muestras de despegar en las encuestas y ni siquiera han logrado presentar una lista única de candidatos a la AN. Ese arroz con mango, sigue siendo un arroz con mango y de esta manera, no solo no sirven a los propósitos propagandísticos del régimen, sino que lo más probable es que ellos mismos no lograrán figurar en “pizarra” para obtener algunas curules. El segundo objetivo, sin embargo, sí parece logrado. La oposición democrática –más bien la población opositora– ha decidido no participar el 6D; y aun cuando se ha anunciado la defección a esta política de un sector encabezado por Capriles Radonsky, no se vislumbra que tenga una fuerza que logre arrastrar a votar una parte importante de la oposición. Aparte de que el propio Capriles ha dicho no estar seguro de llegar al final del proceso, al día de la votación, pues si no logra modificar algunas de las condiciones electorales, retiraría a sus candidatos.

Por otra parte, no se descarta que el régimen juegue una nueva carta, el aplazamiento de las elecciones, con la justificación de la pandemia, si en el camino percibe que se enreda más la legitimidad del proceso. Hasta ahora esa posibilidad ha sido negada, y personalmente creo que ese aplazamiento es difícil que ocurra, pero todo es posible. Por lo tanto, lo que luce más probable es que a partir de enero de 2021 tengamos una AN completamente dominada por el chavismo, con algún “salpicado” de diputados de la denominada “mesita” y, eventualmente, algún diputado opositor, si el sector “caprilista” llega hasta el final del proceso.

Es decir, a partir de enero de 2021, cesará en sus funciones la actual AN y la presidencia interina de Juan Guaidó; posiblemente el régimen no se consolide más, pues su legitimidad está en declive, pero seguirá ejerciendo de facto el poder y tanto la comunidad internacional, como el liderazgo opositor deberán redefinir sus estrategias.

Es momento de ir pensando la estrategia que desplegará la oposición a partir de esa fecha. Hasta ahora, ni la actividad febril y constante de la oposición, ni la presión internacional han conseguido que el régimen acceda a sentarse a negociar, realmente, una salida a la crisis humanitaria, severa, que vive el país y permitir una salida constitucional y electoral. Hasta el 6D y sobre todo a partir de enero de 2021, será mucho más imperativo que los líderes y los partidos políticos realmente opositores se reinventen, como hemos estado insistiendo, para elevar el costo político de la permanencia del régimen en el poder.

La presión interna, que sobradas razones existen para que se dé, debe incrementarse, organizarse, y acompañar a la presión internacional, para que se produzca el quiebre del bloque hegemónico de poder que permita alguna salida política a la crisis que vive el país.

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En el complicado ajedrez político opositor, las piezas se están moviendo. Henrique Capriles Radonsky (HCR) hizo su movida y alborotó el patio; ya anunciábamos la semana pasada (https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2020/08/29/la-propuesta-de-capriles-tomando-distancia/ ) su posición de distanciamiento con respecto a Guaidó/G4, que se convirtió en abierta ruptura.

HCR está “jugando” a la política, a su manera, como él la sabe hacer. No siempre a la gente –me incluyo– le gusta lo que hace y no siempre lo que hace le resulta bien; por ejemplo, sin ser exhaustivo, pues no viene al caso, a veces tiene frases infelices –“el tiempo de Dios es perfecto”–; otras veces lo acusan de que le falta decisión, como lo fue –para algunos, no es mi caso– al no haber sacado la gente a la calle en el 2013 cuando perdió la presidencia con NM.

Pero más allá del disgusto que cause su posición, de las diatribas e insultos que se le profieren ahora, es indudable que HCR, políticamente, ha tenido una trayectoria respetable y exitosa; ha sido diputado, en 1998, cuando incluso fue el presidente de la última Cámara de Diputados que hemos tenido en el país; ha sido alcalde, gobernador y candidato presidencial dos veces, logrando en ambas entusiasmar(nos) y motivar(nos) a miles de seguidores y millones de votantes, sacando más de 6,5 millones de votos en ambas oportunidades; en fin, aunque no todo le sale bien, su trayectoria no se puede borrar de un plumazo con insultos y descalificaciones. En términos generales hay que decir que es un político que ha corrido con suerte.

Ahora ya no hay duda de que está negociando, creo que con apoyo de una buena parte de la UE, sino de toda; eso lo sabremos pronto; si lo habilitan y es candidato o inscribe candidatos –por lo pronto ya anunció que lo hará–, para algunos será la confirmación.

Con respecto a la “negociación” de HCR, yo soy de los que cree que de esto no salimos sin una negociación, que al final nos lleve a un proceso electoral, ¿O cómo se van a elegir los presidentes después de esta tiranía? Y la negociación no será con la congregación de las hermanitas de la Madre Teresa de Calcuta, ni con los obispos de la Conferencia Episcopal, sino con los que hoy están en el gobierno, a quienes además habrá que ofrecerles “alguna salida”, para que dejen el omnímodo poder que hoy tienen, se vayan y quede un gobierno temporal, de transición, interino, o como lo quieren llamar, pero que ofrezca garantías a todos, sin exclusión, de que se respetarán las reglas del juego y así evitar que esto termine en un baño de sangre, porque seguro que si hay un baño de sangre en las circunstancias que hoy tenemos, lo más probable es que sea la nuestra.

Ahora bien, a lo mejor a HCR no le interesa volver a ser diputado, sino estar “habilitado” para lo que pueda ocurrir, pues allí se abren varios escenarios, de los que ya se empieza a hablar:

1) una postergación de las elecciones, y que se abran negociaciones para ampliar la elección, en el 2021, a alcaldes, gobernadores, parlamento e incluso presidenciales;

2) que no haya ampliación, pero que HCR mismo sea candidato a diputado –cosa que no es hoy posible pues está inhabilitado–, para tratar de animar a la oposición a votar, que no lo logrará, pero saldrán electos varios de sus seguidores,

3) que en efecto presente candidatos, participen en la campaña, traten de que se pospongan las elecciones por la pandemia, busquen mejorar las condiciones y al no lograrlo –que es lo más seguro– se retiren a última hora; esta ha sido una posibilidad que el mismo HCR ha esbozado en alguna oportunidad

4) en cualquier caso, si logra movilizar, posponer, cambiar las condiciones o retirarse, se tratará de una victoria política sobre la cual reconstruir la oposición, con eje principal en HCR y su fracción de diputados, a partir de enero 2021...o bien,

5) todo esto no pasará, HCR no será habilitado –que es lo más probable–, las elecciones seguirán como van, el régimen recupera el control de la AN, con unos poquitos diputados de la “mesita” y habrá algunos del grupo de HCR, sí finalmente presenta candidatos.

Lo que es cierto es que la oposición democrática –G4/G27/Guaidó– está en estos momentos en total reflujo, varios pasos por detrás del régimen, reaccionando y sin una política de masas o que entusiasme a la gente; ni siquiera le está sacando provecho al tema de la abstención –cosa por demás difícil– y no han podido articular nada para movilizar a la gente en torno a esa idea. Lo único concreto de lo que han hablado, o apenas balbuceado, es de una supuesta “consulta”, que no han logrado aun definir. En otras palabras, estamos en la situación perfecta para que el régimen trate de terminar de destruir la ya malograda oposición y que surjan más oportunistas, como los de la mesita… o para que surja una opción encabezada por alguien como HCR, a quien –dígase lo que se diga–, nadie puede acusar de chavista o de estar con la gente de la “mesita”. HCR puede estar equivocado, eso se verá con el tiempo, pero no es ningún “traidor” o “vendido”; es un disidente, uno muy importante, pero no más que eso, digan lo que digan los que hoy lo atacan furiosamente.

Sin duda a la oposición le está haciendo falta una estrategia que la movilice, que la organice, que le dé un objetivo y finalidad logrables, medibles, en el corto y mediano plazo, que no apunte solo al largo y desconocido plazo. Creo que HCR ha elegido una estrategia de movilización más fácil que la de Guaidó/G4, porque es más fácil organizar a la gente en torno a un objetivo concreto, una finalidad: elegir unos candidatos, que movilizar a la gente en torno a una idea abstracta como la “unidad” o una consulta, que todos sabemos que por más que se predique y se argumente, no tendrá nunca ese carácter vinculante que algunos extraen con pinzas de la Constitución; ni ayudará a ir más allá de recoger miles o millones de firmas, tarea nada fácil con la apatía política reinante, sin gasolina y grandes dificultades de desplazamiento y en medio de una pandemia. Además, lo ocurrido con la consulta del 16 de julio de 2017 demuestra que sí no hay una finalidad práctica detrás de una consulta, esa movilización para firmar, ese esfuerzo, se pierde. Pretender que había un “mandato”, oculto, en el 16J es fantasioso y abstracto.

Sin embargo, creo que la estrategia de HCR tiene tres fallas. Una, paradójicamente, a pesar de que como dije la movilización electoral es la estrategia más fácil, en este momento creo que es utópico pensar que tendrá un éxito importante en movilizar a la oposición a votar. Han sido muchos años de campaña del régimen descalificando el voto, minando su importancia, su carácter de secreto o de instrumento para tomar decisiones; y lo más grave, es que los opositores los hemos ayudado en esa tarea, con todas esas consejas de “dictadura no sale con voto”, “la ineficacia de las elecciones”, “en estas condiciones no se puede votar”, etc.; lo cierto es que eso ha logrado una total apatía y desesperanza en grandes sectores de la población, que difícilmente se moverán a votar y menos tras percibir la aguda división opositora en torno al tema.

La segunda falla creo que es el tema de la unidad, que ahora algunos descalifican y la rebajan como valor y objetivo, minimizándola a un mero medio o instrumento para alcanzar cosas; sin duda lo es, pero es también un valor y objetivo fundamental. Una dictadura como la que gobierna en Venezuela, difícil de enfrentar y derrotar, lo es mucho más si quienes la adversamos estamos dispersos y con peleas a cuchillo entre nosotros. HCR, sea ese su objetivo o no, cosa que dudo, ha puesto una piedra de molino en el cuello de la unidad política del país, tan difícil de lograr y sobre la cual se habían dado pasos importantes. Ese no es un buen registro para el currículo de cualquier político.

La tercera falla, más bien duda, ¿Agotó Capriles todos los medios posibles, todas las discusiones para resolver este tema a lo interno de la oposición, a lo interno de su partido, antes de dar este paso de ruptura? ¿O simplemente actuó movido por su interés político personal, que tiene derecho a tenerlo, pero que puede significar un descalabro o desajuste importante para toda la oposición?

En conclusión, algunos están felices por la propuesta de Capriles; unos porque llama a votar –podría ser mi caso, pero no es así, no al precio de la unidad–; pero otros, precisamente por eso, porque ven en su acción un golpe noble y certero a la unidad de la oposición.

De cualquier manera, la oposición tendrá que reconstruirse desde ahora y a partir de enero 2021 será imperativo y HCR –al igual que el G4– será uno de los ejes sobre los cuales se reconstruirá. Creo que en el fondo esa es la estrategia de HCR, estar en ese juego. ¿Es su estrategia la más adecuada? ¿No implicará un alto costo, innecesario, para toda la oposición? Como dice el dicho popular, amanecerá y veremos; pero en todo caso, lo bueno es que el escenario político se está moviendo.

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