En documento oficial del 12 de marzo 2026, la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional resume las conclusiones sobre la situación en Venezuela tras una denuncia del propio gobierno venezolano contra Estados Unidos, en la que se planteó que  las sanciones económicas impuestas por el gobierno estadounidense constituían crímenes de lesa humanidad, tales como persecución o exterminio. Tras evaluar las pruebas, el organismo determinó que no existe un vínculo causal suficiente ni evidencia de intencionalidad criminal para iniciar una investigación formal. El informe aclara que, si bien las medidas pudieron agravar la crisis humanitaria, no cumplen con los requisitos legales del Estatuto de Roma, precisando, finalmente, que esta decisión es independiente de otros procesos judiciales en curso relacionados con el país.