La organización no gubernamental Provea presentó este jueves su informe anual titulado “El eclipse de la Constitución”. Durante el acto en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, Oscar Murillo, coordinador general de la ONG, advirtió que el país enfrenta un riesgo elevado de consolidar un esquema autoritario que busca legitimidad internacional a través de la economía. Para el activista, la nación atraviesa un terreno frágil donde la voz de la sociedad civil resulta necesaria para recuperar la vigencia de la carta magna.
«Se gesta un camino a una tecnocracia autoritaria y no es lo que pide el pueblo. Las medidas económicas marcan el camino hacia un modelo más ordenado, pero no necesariamente transparente y menos respetuoso de los derechos humanos», señaló Murillo.
Sostuvo que la actual apertura financiera, bajo la gestión de la administración de Delcy Rodríguez, es insuficiente para garantizar la democracia. Según el vocero, existe el peligro de que la estabilidad nacional se limite a ofrecer seguridad jurídica para inversiones extranjeras, mientras quedan en el olvido la justicia, la memoria y el Estado de derecho. “Ningún proceso de liberación económica sin libertades democráticas, participación ciudadana y transparencia puede ser cónsono sin principios básicos de derechos humanos”, afirmó el representante de la organización.
El reporte sostiene que la supuesta normalización del país es superficial. Provea asegura que el aparato represivo estatal permanece intacto y que el marco legal que lo sustenta sigue vigente para perseguir a la disidencia política. Murillo denunció que las víctimas de torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas aún no reciben garantías reales de justicia. “El eclipse no debe ser eterno sino temporal, pero faltará mucho esfuerzo de los venezolanos para devolver la luz de los derechos humanos y la democracia”, recalcó durante su intervención.
La crisis social también ocupa un lugar central en el documento de la ONG. La institución alertó sobre el estancamiento de los salarios frente a la inflación y el colapso de los servicios públicos, factores que socavan el derecho a la alimentación y al trabajo. Esta situación afecta con mayor severidad a grupos vulnerables, como las comunidades indígenas que padecen hambre y enfermedades como la malaria ante la falta de políticas de protección.
Provea exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos y una reforma transparente de los poderes Judicial y Electoral. La organización sostiene que estas instituciones mantienen su subordinación al Ejecutivo, lo que impide una recuperación democrática genuina y elecciones libres.
Registro de una crisis
El Informe Anual 2025 de PROVEA describe la mayor regresión democrática de la región en décadas, caracterizada por un asedio estructural a la sociedad civil. Este periodo cierra un ciclo histórico de 27 años tras la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, dejando un país que debe reconstruir su institucionalidad y justicia desde las ruinas de una autocracia.
En el ámbito de los derechos civiles, el reporte documenta un alarmante incremento del 196% en las desapariciones forzadas y la ejecución de 513 detenciones por motivos políticos durante 2025. La impunidad es la norma en un sistema judicial que ocupa el último lugar mundial en el índice de Estado de Derecho, mientras que la cifra total de personas asesinadas por agentes estatales desde el inicio del gobierno de Maduro asciende a 10.853.
La precariedad económica ha llegado a niveles extremos, con un salario mínimo que cerró el año en 0,45 dólares mensuales, cubriendo apenas el 1% de la canasta básica alimentaria. Esta brecha ha provocado que uno de cada tres ciudadanos recurra a la mendicidad para sobrevivir y que la desnutrición aguda en comunidades vulnerables se mantenga en el 9,1%.
Los servicios públicos y la salud enfrentan un colapso permanente, con un 89,8% de los hospitales sin medicamentos básicos y un 77% de la población sin acceso regular a agua por tuberías. Por otro lado, el déficit habitacional supera las dos millones de viviendas, en un contexto donde el Estado solo entregó 1.415 unidades nuevas en 2025 a pesar de las promesas de construcción masiva.
Finalmente, el sector educativo refleja el deterioro social con promedios estudiantiles en matemáticas y lectura por debajo de la nota aprobatoria. La crisis se agrava por el hecho de que el 63% de los estudiantes no recibe alimentación escolar, mientras los docentes lideran la conflictividad laboral tras años de salarios congelados y persecución sindical.
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