Editorial
El sábado pasado casi 600.000 venezolanos en Estados Unidos se despertaron convertidos en indocumentados. La decisión de la Corte Suprema que avala a la administración del presidente Donald Trump para suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado en 2021 marca un giro tan drástico como contradictorio: el gobierno que denuncia a Venezuela como un narcoestado acaba de declarar que es lo suficientemente segura como para devolver a sus ciudadanos.
El fallo, que permite al Departamento de Seguridad Nacional iniciar deportaciones mientras el caso se dirime en cortes inferiores, no solo deja a cientos de miles de personas sin amparo legal. Revela, además, una fractura profunda en la estrategia de Washington hacia Venezuela: una política exterior orientada a la liberación y una política migratoria interna guiada por la exclusión.
Se trata de una contradicción interna: dos alas del mismo gobierno actúan en direcciones opuestas. El ala de seguridad interna busca proyectar autoridad y control migratorio; el ala geopolítica intenta proyectar liderazgo moral y liberar al continente de la influencia criminal del madurismo. El resultado es un movimiento incoherente: se fortalece el discurso de la fuerza, pero se debilita la legitimidad moral que hace posible ejercerla.
El impacto humano de la suspensión del TPS es devastador. Entre los venezolanos afectados hay pacientes en lista de trasplante, enfermos crónicos, familias con hijos nacidos en EE UU que ahora enfrentan la posibilidad de la deportación a un país sin Estado de derecho, sin pasaportes, sin embajada ni garantías mínimas de supervivencia. Es, en palabras simples, una crisis humanitaria dentro del territorio estadounidense.
Este episodio, insistimos, pone en cuestión la coherencia estratégica de Washington. No se puede pretender liberar a un pueblo del totalitarismo mientras se castiga a sus refugiados. No se puede exigir a Maduro respeto por los derechos humanos mientras se vulneran los derechos básicos de quienes huyeron de su represión. Y no se puede pedir legitimidad internacional mientras se destruye el fundamento moral sobre el que se construye toda política exterior democrática.
El TPS no es un tecnicismo burocrático: es una declaración de principios. Su cancelación transforma la compasión en cálculo y convierte la diplomacia de la libertad en una política de frialdad administrativa.
Aún hay margen para rectificar. Restablecer la protección humanitaria a los venezolanos no debilitaría el discurso de fuerza de Trump; al contrario, sería una jugada coherente: el único modo de alinear el poder con el propósito.
https://www.elnacional.com/2025/11/error-moral-de-washington