Aragua en Red
Ante la designación del Fiscal General de la Republica y la Defensora del Pueblo.

           La designación de Larry Devoe como Fiscal General de la República y de Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo, por parte de la Asamblea Nacional, no representa un avance hacia la democracia, sino la consolidación de un sistema de "enroques" diseñado para garantizar la supervivencia del régimen. Este proceso, lejos de cumplir con el espíritu de la Constitución, ha sido una puesta en escena para revestir de legalidad una decisión tomada en los despachos del Poder Ejecutivo.

I. Perfiles de la Complacencia y el Incumplimiento Legal
     La Ley Orgánica del Poder Ciudadano y la Constitución exigen para estos cargos una trayectoria técnica intachable y, sobre todo, autonomía e independencia política. Los perfiles designados contradicen estos principios:
•       Larry Devoe (Fiscal General): Su mérito no reside en la defensa de la justicia, sino en su rol histórico como escudo jurídico del régimen ante organismos internacionales. Su vinculación directa con el Ejecutivo lo inhabilita moral y legalmente para ejercer una acción penal autónoma, especialmente en casos de violación de derechos humanos donde él mismo actuó como defensor de los presuntos victimarios.
•       Eglée González Lobato (Defensora del Pueblo): Su designación es el resultado de una maniobra de distracción política. Su perfil, aunque presentado bajo un barniz de academia y moderación, carece de la independencia necesaria para enfrentar al Estado en defensa de los ciudadanos.

II. La Colaboración de la "Oposición a Medida": El Caso de Fuerza Vecinal y Antonio Ecarri
      Es imperativo denunciar el papel colaboracionista de sectores que, bajo el nombre de "oposición", sirvieron de fachada para legitimar esta farsa.
•       Fuerza Vecinal y el factor Antonio Ecarri: Actuaron como el "comodín" necesario para simular una pluralidad inexistente. Al proponer y respaldar nombres que terminaron favoreciendo la agenda del régimen, estas organizaciones se convirtieron en la mampara política que permitió proyectar una falsa imagen de consenso y diálogo ante la comunidad internacional. Su participación no fue un ejercicio de política real, sino un servicio de gestoría para el mantenimiento del statu quo.

III. Irregularidades del Proceso: La Justicia "A puerta cerrada"
      Como han denunciado organizaciones como Transparencia Venezuela y Justicia, Encuentro y Perdón, el proceso careció de:
1.      Transparencia: Evaluaciones realizadas en secreto, sin mecanismos de escrutinio público.
2.      Participación Ciudadana: Se ignoraron las objeciones de la sociedad civil sobre la falta de idoneidad de los postulados.
3.      Trayectoria Técnica: Se privilegió la lealtad política sobre el conocimiento jurídico y el compromiso con los derechos humanos.

IV. Consecuencias para la Nación
       Estos nombramientos anulan cualquier esperanza de justicia interna tras los eventos electorales y las sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales. Al colocar a un "defensor del gobierno" como Fiscal y a una figura pactada como Defensora, el Estado venezolano envía un mensaje claro: la impunidad es política de Estado.
      El país no asiste a una renovación de poderes, sino a un perfeccionamiento de la hegemonía. El tiempo de las "mesas de diálogo" y las "reformas estructurales" cosméticas se ha agotado. Desde esta tribuna, criticamos la legitimidad de funcionarios cuya única credencial es la complicidad con el sistema que hundió a Venezuela en su peor crisis institucional.
La justicia no es un enroque de nombres; es un derecho del pueblo que hoy sigue siendo secuestrado.
V. Exigencias a Organismos Internacionales y Tribunales de Justicia Universal
      Ante la evidente captura del Poder Ciudadano por parte de actores comprometidos con la estructura de poder, nos dirigimos a la Corte Penal Internacional (CPI), al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para exigir:
1.      Desconocimiento de la Idoneidad Institucional: Instamos a la Fiscalía de la CPI a que desestime cualquier informe de "complementariedad" o "avances en la justicia interna" presentado por el nuevo Fiscal General, Larry Devoe. Su pasado como defensor técnico del Estado ante organismos internacionales lo inhabilita para llevar a cabo investigaciones genuinas e independientes sobre crímenes de lesa humanidad.
2.      Alerta sobre la Obstrucción de Justicia: Solicitamos a la ONU que registre estas designaciones como una prueba fehaciente de la falta de voluntad del Estado venezolano para investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos, lo cual refuerza la necesidad de que los mecanismos internacionales mantengan y profundicen su jurisdicción sobre el caso Venezuela.
3.      Vigilancia sobre la "Defensoría de Cuota": Pedimos al Comité de Coordinación Internacional de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (GANHRI) que revise el estatus de la Defensoría del Pueblo venezolana, dado que el proceso de designación de Eglée González Lobato —marcado por pactos políticos y opacidad— viola flagrantemente los Principios de París.
4.      Sanciones a los Colaboradores de la Impunidad: Exhortamos a la comunidad internacional a identificar a los responsables de este "enroque" institucional, incluyendo a los actores de la falsa oposición que sirvieron de mampara, como cómplices en la ingeniería de impunidad que prolonga el sufrimiento del pueblo venezolano.
5.      Exigencia de Elecciones Transparentes: Recordamos que la transparencia de los lapsos constitucionales para las elecciones presidenciales está directamente amenazada por un sistema judicial y ciudadano que no ofrece garantías de imparcialidad. Los organismos internacionales deben condicionar cualquier reconocimiento diplomático a la restauración real del Estado de Derecho y no a simulacros institucionales.
Sirva este documento como testimonio de la resistencia civil frente al intento de normalizar la autocracia. El nombramiento de Devoe y González Lobato no es un cierre de ciclo, sino la apertura de un nuevo capítulo de lucha por la verdadera independencia de poderes.

Prensa Aragua en Red

Maracay 11/04/26