Los economistas Rosana Sosa y Alejandro Grisanti y la abogada Dolores Dobarro coincidieron en que la reestructuración de la deuda que adelanta el gobierno interino con Centerview Partners no cumple las condiciones de transparencia, solidez jurídica y sostenibilidad económica necesarias. Lo plantearon en un nuevo encuentro del ciclo Reconstruir Venezuela, transmitido por Analítica TV y moderado por Emilio Figueredo.

Una deuda que nadie sabe cuánto suma

Para Sosa, la raíz del problema es la falta de estadísticas confiables. Recordó que Venezuela no reporta al Fondo Monetario Internacional las cifras del artículo IV desde 2004, y que por eso circulan estimaciones que van de 150.000 a 300.000 millones de dólares. Propuso una auditoría forense con trazabilidad como “pilar cero” de cualquier negociación, para descartar bienes no recibidos, servicios no prestados y “deuda contaminada”. Citó los casos de los extesoreros Alejandro Andrade y Claudia Guillén, sentenciados en Estados Unidos, y consideró que los bonos emitidos entre 2007 y 2013 requieren verificación.

Sin FMI, “sin credibilidad”

Las tres voces insistieron en que el Fondo debe participar. “Plantear una reestructuración sin el Fondo Monetario Internacional carece absolutamente de credibilidad, porque el Fondo hace escenarios de sostenibilidad basados en distintas proyecciones de lo que llamamos margen fiscal”, afirmó Sosa. La abogada coincidió: “No veo una reestructuración sin el Fondo, sin los multilaterales”.

Grisanti describió un proceso “inédito” en el que “el deber ser va por un lado y lo que está pasando va por otro”. Anticipó una negociación acelerada, sin el FMI y concentrada en acreedores estadounidenses y del mercado financiero, y señaló que el mercado en Nueva York descuenta una quita de alrededor de 55 %. Sostuvo que si esa quita es suficiente depende de lo que paguen las petroleras al Estado, un monto que, dijo, hoy no está claro tras la nueva ley de hidrocarburos. Sobre la selección de Centerview, afirmó que fue “un proceso muy poco transparente”.

Capacidad de pago y riesgos

Sosa cuestionó los escenarios que prevén duplicar la producción petrolera en pocos años, dado el estado del sistema eléctrico, y advirtió que un acuerdo fragmentado abre la puerta a litigios de acreedores rezagados, como ocurrió con el fondo Elliott en Perú o Argentina. “Todos queremos pagar. Somos solventes. Los venezolanos siempre hemos sido solventes, pero queremos hacer las cosas bien”, dijo.

La abogada Dobarro calificó el esquema como un “paño caliente” y advirtió que las cifras que se exhiben podrían no existir en buena parte. Pidió respaldo institucional, incluida la aprobación de la Asamblea Nacional: “El dinero tiene un comportamiento muy especial: es un poco miedoso y siempre busca bases más sólidas”.

Grisanti no descartó que el proceso fracase y que un gobierno electo deba negociar una segunda fase con el FMI.

La condición indispensable

Al cierre, Grisanti resumió: “La palabra que ha sido la gran ausente de los primeros nueve meses de este experimento que nos ha tocado vivir es transparencia”. La abogada añadió la legitimidad. Para el moderador, el éxito se medirá en que Venezuela pueda cumplir lo acordado, recuperar la confianza y contar con recursos para su recuperación.

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