Tras la captura de Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez, el reconocimiento de esta última por parte de la administración de Donald Trump como "la única jefa de Estado" de Venezuela no es solo un hito diplomático; es, en la práctica, una sentencia de deportación para quienes buscaban asilo argumentando persecución política.
Bajo la nueva premisa de Washington, la normalización de relaciones facilitará la estabilidad y la reconciliación. Sin embargo, para los venezolanos en suelo estadounidense, este argumento es un arma de doble filo: si el país ya tiene una presidenta reconocida y "estable", las condiciones de crisis que justificaban el asilo dejan de considerarse extraordinarias.
Desde la llegada de Trump a su segundo mandato, el desmantelamiento de protecciones como el TPS y el parole humanitario avanzó con paso firme. La narrativa oficial cambió y ya no se ve a Venezuela como un Estado fallido, sino como un socio en transición. Esto ha provocado que jueces migratorios endurezcan sus criterios, viendo en figuras como Rafael Rubio —un analista de datos del Concejo Municipal de Nueva York recientemente detenido— el inicio de una ola de expulsiones.
Sobre este nuevo escenario, Laura Dib, directora del programa de Venezuela en WOLA, advierte que la situación es crítica. "En Estados Unidos se han desmantelado prácticamente todas las rutas que existían para la población migrante y refugiada venezolana".
Riesgo que cruza fronteras
El peligro de este reconocimiento oficial a Delcy Rodríguez es que crea un "efecto dominó" en todo el continente. Al validarse la legitimidad del nuevo mando en Caracas, otros países de la región podrían seguir el ejemplo de Estados Unidos y retirar sus propias medidas de protección.
A esto se suma un socavamiento generalizado del derecho al asilo que, aunque afecta a todas las nacionalidades, golpea con especial dureza a la comunidad venezolana, que ya supera el millón de personas en EE UU (según cifras oficiales que podrían ignorar un amplio subregistro).
Mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justifica detenciones alegando ingresos irregulares o antecedentes, la realidad de fondo es política. El reconocimiento de Rodríguez ha blindado al Estado venezolano ante los tribunales internacionales de migración, dejando a los solicitantes de asilo sin su principal argumento: el miedo creíble al retorno. Para muchos, la "reconciliación" que pregona Washington es, en realidad, el prólogo de un vuelo de repatriación forzada.
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