La coyuntura venezolana de octubre de 2025 combina tres vectores que se retroalimentan: (1) la presión externa derivada del despliegue militar estadounidense en el Caribe; (2) la deriva jurídico-política interna —con el anunciado “estado de conmoción externa”— que habilita mayores márgenes de represión; y (3) una economía frágil, tensionada por la brecha cambiaria, la inflación y cuellos de botella, pese al supuesto repunte de exportaciones petroleras. Entender cómo interactúan estos planos permite anticipar posibles escenarios.

La dimensión internacional: disuasión, señales y ventanas de oportunidad

Desde agosto, Washington ha escalado su postura regional con un despliegue naval-aéreo que, oficialmente, se enmarca en la lucha contra el narcotráfico. Fuentes abiertas reportan el arribo de buques, aeronaves y personal, y acciones puntuales contra embarcaciones vinculadas al tráfico ilícito. El Financial Times subraya que es la presencia más robusta en el Caribe desde 1994 y que para el día de hoy ya han destruido cuatro embarcaciones presuntamente usadas por narcos, en un contexto donde la oposición interpreta la señal como un refuerzo a la presión sobre Caracas para producir un cambio político. 

En paralelo, la agenda militar regional no se limita a Venezuela. UNITAS 2025, el ejercicio multinacional más longevo del hemisferio, reúne a 25 países y concluye el 6 de octubre, fortaleciendo la interoperabilidad de fuerzas navales aliadas en el Atlántico occidental —un dato operativo que contextualiza la ventana temporal de decisiones y capacidades en el teatro caribeño. 

Mientras tanto, la narrativa confrontacional no desescala: el ministro de Defensa venezolano denunció la presencia de combate estadounidenses el pasado 1 y 2 de octubre cerca del litoral central y advirtió “medidas excepcionales” ante una agresión. Por su parte, la Casa Blanca endurece el discurso anti-carteles y responde informando al Congreso de los Estados Unidos sobre un “conflicto armado” o “guerra contra los carteles del narcotráfico” y la planificación de acciones terrestres. Estas señales cruzadas elevan el riesgo de accidentes, errores de cálculo o escaladas “por etapas” (por ejemplo, golpes de precisión contra nodos logísticos de drogas en tierra), con efectos políticos internos. 

La respuesta del régimen: “conmoción externa” como arquitectura de control

El anuncio de un estado de conmoción externa —presentado como activable por el gobierno ante la materialización de una agresión— debe leerse en clave de gobernabilidad autoritaria: busca dar apariencia de legalidad a restricciones de derechos, reforzar la narrativa nacionalista y disuadir protesta y deserciones. Organizaciones de derechos humanos como Provea han advertido un “abuso crónico” de estados de excepción durante la última década, es decir, la normalización de lo excepcional para afianzar el control social. El reciente pronunciamiento público reitera ese patrón. 

A esta arquitectura legal se suma la constatación internacional de la represión. La Misión de Determinación de Hechos de la ONU (FFM) reportó, el 22 de septiembre, intensificación de persecución política y detenciones arbitrarias; Reuters adelantó que el informe documenta arrestos de familiares de opositores como táctica de amedrentamiento. Ello eleva el costo de movilización y reduce los márgenes de acción de la sociedad civil, justo cuando la incertidumbre estratégica es mayor. 

En este sentido podríamos afirmar que nos encontramos en un chicken game asimétrico cuyo resultado lógico es que aquel que tiene menos recursos y corre un mayor riesgo en el caso de una colisión sea quien doble el volante para evitar la colisión.

En este caso la respuesta del régimen venezolano, como el jugador en desventaja, ha sido la de intentar un movimiento estratégico para aumentar los costos ante la amenaza de una posible intervención de Estados Unidos. Es así como, mientras Trump apunta sus cañones hacia el régimen liderado por Maduro, estos últimos intentan generar un escudo humano con la presencia de varios millones de milicianos que nadie ha visto, y apuntan sus armas hacia adentro, hacia la oposición, como el secuestrador que muestra al secuestrado con un arma en la cabeza y amenaza con dispararla si hay algún intento de agresión contra él.

En suma, el “andamiaje” jurídico-represivo cumple tres funciones: (i) señal externa de “resistencia” frente a la presión internacional y amenaza con un aumento de costos si se intenta una acción de fuerza; (ii) gestión interna del miedo para contener protestas y fracturas; (iii) cobertura para medidas económicas y cambiarias de emergencia.

La economía: más exportaciones, menos caja utilizable

Paradójicamente, el frente externo luce mejor en volúmenes, pero peor en liquidez. Reuters reportó que las exportaciones petroleras promediaron 1,09 millones b/d en septiembre, el mayor registro mensual desde 2020, con China absorbiendo la mayor parte vía intermediarios, y con Chevron incrementando envíos autorizados. Sin embargo, descuentos de comercialización, licencias parciales, fletes, diluyentes y el “peaje” de intermediarios drenan caja; además, una fracción de los cobros migra a criptoactivos (USDT/DAI), lo que introduce fricción operativa y costos de conversión. El resultado neto no equivale, contablemente, a más divisas líquidas disponibles para estabilizar el mercado, como lo demuestra la constante devaluación interdiaria del bolívar.

El efecto visible es una brecha cambiaria persistente, presión inflacionaria y restricciones de pagos a proveedores —un cóctel que asfixia a las empresas y deteriora expectativas. Proyecciones de analistas locales advertían desde abril que la inflación podía cerrar 2025 cerca de 200%, en ausencia de anclas creíbles; los últimos meses no han desmentido esa trayectoria, y por el contrario la superan. Incluso la respuesta represiva a la “información cambiaria” (persecución de difusores de tasas paralelas) alimenta opacidad y prima de riesgo. 

Reflexión final y posibles caminos

El “juego de gallina” (Chicken Game) político entre Washington y Caracas ha configurado una dinámica donde ambas partes escalan la confrontación, pero evitan por ahora una colisión frontal. Analistas anticipan que si los actores internos no producen una solución las probabilidades de una intervención directa y disruptiva aumentan.

El gran riesgo es que la excepcionalidad se normalice aún más, profundizando la autocratización y agravando el sufrimiento social. El desenlace depende tanto de factores locales—rupturas internas, presión social, posible transición negociada—como de las decisiones geopolíticas de potencias externas, y en especial de los Estados Unidos. El problema central sigue siendo la incapacidad institucional para procesar el conflicto en términos democráticos, como consecuencia de la colonización interna por el régimen de todas las instituciones del Estado, mientras la crisis política y económica actúan como catalizadores del descontento social.

En suma, Venezuela se enfrenta hoy a la intersección de una crisis multicausal: internacional, política, institucional, militar, social y económica, que redefine los límites de resistencia y transformación en el país. Más allá de la incertidumbre, el desafío central radica en retornar a la democracia para construir escenarios viables para la reconstrucción nacional, conscientes del enorme costo humano que implica mantener el statu quo.

https://www.elnacional.com/2025/10/venezuela-en-vilo-entre-la-escalada-hemisferica-el-estado-de-conmocion-y-una-economia-al-borde