Para quienes rondamos la quinta o mas década de edad y recordamos los años ochenta y noventa del siglo XX es fácil comprender que las verdaderas causas de la caída del sistema político instaurado entre 1958 y 1998 arrancan con un problema permanente en la historia política del país desde 1830, como es la incapacidad de crear instituciones políticas permanentes que funcionen de manera estable y que en dicha época se manifestó concretamente en el rechazo a las recomendaciones de la Copre (Comisión para la Reforma del Estado) y que halló su máxima expresión en el sabotaje institucional contra el proceso de descentralización de 1989, en el que la elección popular de alcaldes y gobernadores no fue correspondida con la transferencia de competencias legales, administrativas y muy especialmente con los recursos financieros para cumplir sus funciones específicas.
La misma situación ha ocurrido con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que a pesar de diseñar una Constitución a su medida y crear una arquitectura de Estado muy original, que pasó de los 3 poderes de Montesquieu (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a 5 con el Poder Electoral para establecer la filosofía política de la democracia participativa y protagónica y el Poder Ciudadano para insertar un planteamiento del Libertador Simón Bolívar sobre un Poder Moral, los resultados han sido absolutamente desastrosos a todos los niveles si se estudian los recursos financieros invertidos entre los años 2000 y 2019, como puede notar cualquier persona que viva en Venezuela y no sea del grupo de disociados que dice que todo está mejorando mes a mes.
Para propósito de este artículo, que requeriría varios volúmenes de críticas y cientos de páginas de anexos de soporte documental, me limitaré a apartados simples que escribo a continuación:
Poder Ejecutivo: con 33 competencias exclusivas y 35 ministerios, abarcan todos los problemas imaginables a nivel nacional y tiene la absoluta responsabilidad en el funcionamiento de todos los demás poderes por su costumbre de influenciar y en muchos casos dirigir directamente algunos de esos poderes con la excusa de la coordinación y corresponsabilidad entre los poderes públicos. Se puede apreciar lo siguiente:
Desarrollo Social: comprende los ministerios de Salud, Proceso Social del Trabajo, Alimentación, Mujeres e Igualdad de Género, Juventud y Deporte y Pueblos Indígenas. Su saldo institucional se puede apreciar en la crisis estructural del sector salud con la caída de todos los indicadores sanitarios y la aparición de epidemias desaparecidas hace décadas, el aumento exorbitante de la desnutrición y la pérdida de peso de gran parte de la población, la migración de 4-5 millones de personas en forma desesperada, especialmente jóvenes, y el virtual exterminio de la etnia warao por enfermedades, lo cual indica que la construcción de los miles de CDI, la creación de los programas asistenciales como Mercal en el pasado y Chamba Juvenil, Hogares de la Patria o la ampliación de la población pensionada a 4 millones de personas actualmente, alivian en gran medida, pero no solucionan la problemática social cada vez más grave, a pesar los recursos invertidos.
Desarrollo Cultural: comprende los ministerios de Educación, Educación Universitaria, Cultura y Ciencia y Tecnología. Su saldo institucional se resume en la reducción de la población escolarizada, en todos los niveles educativos, en los últimos 5 años, el deterioro evidente de las instalaciones educativas, la fuga de cerebros de profesores universitarios e investigadores, el cierre de numerosos teatros comerciales y numerosas instituciones educativas privadas, así como academias y clubes deportivos y culturales que existían desde hace décadas en muchos lugares de la geografía nacional.
Desarrollo Económico: comprende los ministerios de Economía y Finanzas, Turismo, Industria y Producción Nacional, Comercio Interior, Agricultura Productiva y Tierra, Pesca y Acuacultura, Agricultura Urbana, Petróleo, Desarrollo Minero-Ecológico, Comercio Exterior e Inversión Internacional y Planificación. Su saldo institucional se resume en la caída de la economía venezolana a décadas de atraso el cierre de centenares de miles de unidades de producción privada, incluyendo casi 10.000 instalaciones manufactureras, la reducción casi total del turismo foráneo, la ruina casi total del sector agrícola y pecuario, la destrucción de buena parte de la industria petrolera y petroquímica y la incapacidad evidente de todos los organismos de planificación nacional, estadal y local para crear planes de desarrollo conocidos y en aplicación como políticas de Estado, creando un colapso económico que está difícil de prever cuándo terminará.
Infraestructura: comprende los ministerios de Hábitat y Vivienda, Ecosocialismo, Atención de las Aguas, Obras Públicas, Transporte y Energía Eléctrica. Su saldo institucional se puede apreciar en la crisis del sector eléctrico, la deteriorada calidad de las aguas potables, los graves problemas ambientales vigentes desde el crecimiento del lago de Valencia hasta el Arco Minero, la obras abandonadas a medio construir a nivel nacional como el sistema de ferrocarriles, la caída sustancial de los servicios de transporte terrestre y aéreos a todas las escalas y solamente se puede destacar los logros en materia de vivienda, que a pesar de las críticas y ambigüedades sobre la cifras reales, es evidente el número de urbanismos nuevos construidos en los últimos años.
Desarrollo político-institucional: comprende los ministerios del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión del Gobierno, Relaciones Exteriores, Comunicación e Información y Comunas y Movimientos Sociales. Su saldo desastroso se puede ver en la incapacidad para detectar y corregir la corrupción administrativa y la burocratización que el mismo Nicolás Maduro manifestó que le tiene obstinado, la creación de un conflicto total con las clases dominantes de los países capitalistas más importantes, la creación de un sistema de hegemonía comunicacional que no convence a la opinión pública y la implementación de un sistema del poder popular donde en casi 3 lustros han intentado crear una red funcional de comunas y consejos comunales que reducen a la única participación de los militantes del PSUV para su funcionamiento y aceptación en el ministerio del ramo.
Seguridad nacional: comprende los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Nueva Frontera de Paz, Defensa y Servicios Penitenciarios. Su saldo institucional es la anarquía casi total en las fronteras venezolanas, donde nunca se logró controlar el contrabando de gasolina, alimentos y medicinas subsidiados y hasta dinero en efectivo, hasta que la escasez ha ido acabando con estos negocios ilícitos, mientras que una evaluación de los cuerpos de bomberos, de protección civil y policiales se hace imposible por la falta de datos publicados a nivel nacional, estadal y municipal. Lo mismo ocurre con análisis del sector militar a nivel académico que eviten los vicios de la propaganda gubernamental y los ataques de sus adversarios ideológicos, siendo el caso del sector penitenciario, tal vez donde se han logrado muchos mayores progresos que muy pocos quieren admitir por ignorar a la controversial figura política para muchos en el gobierno y la oposición de la ministra fundadora de este despacho.
Seguimos con el análisis de los cinco poderes en los que se asienta la institucionalidad política en Venezuela y que requieren una urgente transformación para la búsqueda de políticas públicas exitosas, que permitan construir una sociedad estable desde todos los indicadores sociales y económicos.
El Poder Ciudadano: creado a partir de las ideas de Simón Bolívar sobre un Poder Moral que ejerciera funciones de rectoría y guía de la conducta republicana, ha sido con pocas dudas la mayor decepción para aquellos que soñaban con un nuevo país y una justicia imparcial, accesible a los ciudadanos, defensora de sus derechos humanos y celosa guardiana de los recursos públicos, azotados por siglos de corrupción administrativa, que empieza desde el inicio de la República en 1830. Veamos en concreto dichos casos:
Contraloría General de la República: sin duda alguna, el primer organismo que debe cambiar en Venezuela, si se pretende salvar a la república, dado que desde su fundación ha fracasado en el control de los fondos públicos, tal como lo demostró el actual fiscal Tarek William Saab al detener a más de 70 altos gerentes de Pdvsa y hacer pública la destrucción de la empresa, por lo que Nicolás Maduro puso el nombre de Mafia Italiana, esta situación se agrava si atendemos las denuncias de ex ministros como Jorge Giordani, quienes hablan de hechos de corrupción por decenas o centenas de miles de millones de dólares. Esto se ha denunciado muchas veces en los medios de comunicación social desde el caso Micabú, de impresión de millones de copias de proyectos de la Constitución de 1999, hasta los más escandalosos casos de Odebrecht y otros del presente.
Es mi opinión que la solución a este problema es una enmienda constitucional que permita la elección por votación popular de todos los contralores y elimine el control partidista de la Asamblea Nacional, el Consejo Legislativo y el Concejo Municipal en sus niveles nacional, estadal y local. Igualmente, el Sistema Nacional de Control Fiscal jamás va a poder funcionar si no se aplican los estándares internacionales de transparencia administrativa, cuya difusión en Venezuela ha sido masiva, gracias al brillante trabajo de la doctora Mercedes de Freitas y la organización Transparencia Venezuela. Con esto se haría sumamente complicada la práctica de la corrupción administrativa en el país, debido a la multiplicidad de controles ciudadanos, a los que unos llamaron contraloría social y que quedó en promesas huecas, por lo que se cerró el círculo de la lucha contra la corrupción administrativa. Ello también después de que se dispuso la obligación anual de hacer la declaración del impuesto sobre la renta y declaración jurada de patrimonio a todas las personas naturales (mayores de 18 años), jurídicas (tengan o no ejercicio económico), y con esto que se acabe para siempre con los testaferros que pululan en la historia nacional.
El Ministerio Público (Fiscalía General de la República): es sin duda alguna la parte más controversial de este poder, ya que si atendemos lo que dice la oposición, jamás ha funcionado desde Isaías Rodríguez hasta el presente, y si atendemos lo que dice el gobierno, durante muchos años este organismo fue secuestrado por la corrupción, la extorsión y el chantaje hasta la llegada del actual fiscal Saab.
Lo que es indudable es que los escándalos han sido abundantes desde el asesinato de Danilo Anderson hasta el presente, y como no se puede generalizar y enlodar a todos los fiscales, es menester irse directamente a la solución, como es la elección directa del fiscal general de la República por votación popular (vía enmienda constitucional), que, a su vez, permita darle independencia política y hacer mucho más estricto el ejercicio de esta función pública, con mayores requisitos académicos y profesionales, que sean un filtro ético y profesional que conlleve la depuración y el escalar en un sentido piramidal dicha actividad fundamental para la aplicación de la justicia.
La Defensoría del Pueblo: siendo el sueño de los defensores de los derechos humanos que lograron insertar esta institución en la Constitución de 1999, se ha convertido en la burla, pesadilla y decepción de muchos de sus antiguos defensores, que hacen un esfuerzo por entender la utilidad de dicho organismo en un país donde ocurren fenómenos sociales de vastas violaciones de los derechos humanos de todos los tipos, sin que este se pronuncie.
Desde aquellas épocas nada gratas en las que los medios señalaban satíricamente el cargo como el de “defensor del puesto”, pasando por las admisiones públicas de la anterior defensora del Pueblo, de que debió ser más “enérgica”, hasta el mutismo mediático de la actual gestión, es un hecho indudable que la eliminación de esta institución sería posible por la deficiente gestión que no ha logrado ningún tipo de apoyo o reconocimiento popular a su labor. Opino que la institución debe ser reestructurada y asignarle directamente poderes de fiscalización de protección al consumidor y atención al ciudadano en los organismos públicos, a la vez que crear mecanismos digitales para su auditoría.
El Poder Electoral: la mayor novedad y esperanza política de la Constitución de 1999, debido al ofrecimiento de la democracia participativa y protagónica, como fórmula para cambiar la cultura política de los venezolanos y crear una especie de “Suiza criolla”, donde las elecciones y referendos fueran normales y comunes, y sin ningún tipo de alteración de la vida cotidiana.
Lo cierto es que desde las denominadas firmas planas, pasando por la lista Tascón, la suspensión de elecciones sindicales, gremiales y universitarias; las graves denuncias de violación de resultados electorales contra los partidos políticos LCR y PCV en comicios regionales y locales; la desaparición legal de los principales partidos políticos de oposición por trámites e interpretaciones para su legalización, incluyendo en este aparte la traumática renovación de las autoridades nacionales del histórico partido Copei; el desconocimiento de los resultados de comicios presidenciales por Capriles Radonski y Henri Falcón en 2013 y 2018, y muy especialmente la paralización de las elecciones más simples de los consejos comunales son la demostración más evidente de que no se han logrado los cambios políticos y electorales que se prometían con la sustitución de la democracia representativa.
Es absolutamente necesario reestructurar este poder de arriba abajo, creando un nuevo Registro Electoral Permanente que sea automático en su funcionamiento y evitando el que se necesite la inscripción tan problemática de los jóvenes y abstencionistas natos; que sea ágil para adaptarse a la movilidad de la población fuera y dentro del país, y auditable desde cualquier PC por parte de los ciudadanos comunes y corrientes. Igualmente, es menester reglamentar las elecciones gremiales, sindicales, universitaria y de consejos comunales para poner fin a todas las denuncias y recursos electorales sobre irregularidades ciertas o supuestas en todos los procesos.
La tragedia vivida con la supuesta imparcialidad política de los miembros del Consejo Nacional Electoral deberá ser resuelta, a mi criterio, con la profesionalización definitiva de todos los funcionarios de este nivel nacional hasta los miembros de juntas estadales y municipales, quedando así el sorteo restringido a la selección de miembros de mesa con mucha mayor preparación y rigor en su funcionamiento. Es una burla sortear miles de miembros de mesa que no se presentan nunca a sus funciones. Se debe abordar esta situación y resolverse con efectividad en el futuro.
De lo contrario, de no aplicar estas medidas u otras de corte similar será inevitable el cumplimiento de la Constitución de 1999 en todos sus sentidos y se habrán abortado las esperanzas de cambio del pueblo venezolano de los últimos veinte años.
Es importante terminar específicamente con los poderes Legislativo y Judicial, por ser los encargados de desarrollar y corregir los actos administrativos que el Estado acomete para lograr sus fines establecidos en la misma carta magna. Esto, con la enorme ventaja de haber sido testigo de muchos acontecimientos históricos en la atrofia y desmesura del funcionamiento del Poder Legislativo y, en cómo todos los demás venezolanos, testigo de los conflictos del Poder Judicial.
El Poder Legislativo: es justo decir que todo comenzó muy mal desde el principio por ser un órgano que funcionó durante 2000-2015 como un vulgar apéndice del Poder Ejecutivo y, en nombre de la cooperación entre poderes o institucional, los proyectos de ley se hacían o corregían en la Vicepresidencia de la República. En este sentido, los diputados eran meras máquinas de decir “sí” (yes/man), lo cual se reflejó en la poderosa personalidad del presidente Hugo Chávez, quien convirtió a esta institución en una de apoyo, la cual fracasó en cumplir las disposiciones transitorias de la Constitución de 1999 que no le interesaban a él. Por ejemplo:
Desarrollo de la Ley de Hacienda Pública Estadal (disposición cuarta, ordinal sexto): dentro de la desafortunada historia del federalismo que empezó en Venezuela en 1864 y la descentralización en 1989, que murió parcialmente en lo político con la desaparición del Senado en la actual Constitución, y la discusión jamás planteada de la creación de recursos fiscales propios e indispensables para el funcionamiento adecuado de las gobernaciones, libre de las arbitrariedades del poder central si el gobernador fuera de un partido político opositor.
Reforma del Código Orgánico Tributario (disposición quinta, ordinales 1.°-11.°): sin duda, una de las reformas más temidas por todos los vagabundos de este país, sobre todo por tres planteamientos específicos que hubiesen hecho muy difícil el disfrute de los recursos de la corrupción administrativa. Estos son:
Aplicación del principio de la renta presunta: es el arma que usaron los inspectores estadounidenses de Hacienda contra Al Capone y que se ha implementado en todos los países serios para evitar la utilización de recursos que no pueden ser justificados en forma lícita y transparente. Se aplica a todo tipo de bienes muebles e inmuebles, desde celulares, joyas y vehículos hasta haciendas y mansiones, e incluye consumos en restaurantes, hoteles y pasajes de avión y barco. Es indudable que esta herramienta hubiese dificultado muchísimo el uso de bienes provenientes del hurto/robo, hubiera complicado bastante los regalos a las amantes y favoritos, y habría sido un insalvable obstáculo para muchos testaferros.
Extensión del principio de solidaridad: medida que hubiera acabado con la tradicional cultura de “empresas quebradas y empresarios prósperos”, ya que los bienes propios de los accionistas hubiesen tenido que cubrir las obligaciones de las empresas mal administradas, que, en nuestro país, se abren y cierran múltiples veces en los mismos locales, con los mismos dueños, para evadir responsabilidades laborales y fiscales.
Aplicación de la inhabilitación profesional: medida que hubiese devastado moral y económicamente a los profesionales universitarios que violaran las disposiciones tributarias en aquellos gremios dedicados a la asesoría administrativa y legal de empresas que han sido condenadas firmemente.
Desde el punto de vista orgánico, se ve una gravísima debilidad en los reglamentos de organización y funcionamiento cuando se estudian las quince comisiones permanentes y se descubre que, por ejemplo, no existe una comisión permanente de Salud, de Trabajo o de Educación, sino que se juntaron todas en una Comisión única de Desarrollo Social, pero sí hay otras que, sin querer menospreciarlas, no manejan los centenares de miles de empleados públicos ni la esencia misma de los recursos fiscales destinados a las políticas sociales. Si tomamos en cuenta la existencia de más de 30 ministerios, es absurdo que existan solo 15 comisiones, de las cuales la de Defensa es la única que durante muchos años tenía una oficina directa de relaciones directa con el Ministerio de la Defensa, en el mismo piso de funcionamiento de la comisión, en el edificio Pajaritos.
Nunca se ha podido corregir este verdadero menosprecio hacia muchos campos y sectores específicos de la vida nacional, sobre todo desde 2016 con la llegada de la mayoría opositora a la Asamblea Nacional, cuando se inició un conflicto con el Tribunal Supremo de Justicia que castró las funciones del Parlamento, mucho más allá de lo que se conoce comúnmente como el desacato de los tres diputados electos del estado Amazonas. En concreto, el TSJ estableció que los informes de impacto económico/financiero que acompañan a las leyes en su primera discusión deben ser elaborados o aprobados por la Vicepresidencia de la República, y con esto le dio un poder de veto a cualquier instrumento legislativo desde el principio.
Igualmente, mucha gente parece haber olvidado que existe un recurso jurídico contra el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, que dio al TSJ la facultad de reescribirlo, y que no se ha aplicado por la dinámica política, por lo que es problemático hacer dichas actividades legislativas, como lo presagiaba la pérdida de la ANTV en el mismo año 2015, después de la pérdida de las elecciones parlamentarias. Con esto se dio por primera vez en la historia un ejercicio legislativo nacional que no ha logrado aprobar un presupuesto anual ni ha podido revisar un informe de gestión ni aplicar su derecho al voto de censura, e incluso para los anales históricos, sacar una ley en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, debido a la actitud del Poder Ejecutivo y a la interpretación de la Ley del Poder Judicial.
Debo finalizar este apartado con el imperioso deber moral de soñar en un futuro con un nuevo reglamento interno que resuelva todas estas contradicciones internas y externas, reformando las comisiones permanentes, reestructurando las unidades especiales de tareas específicas, para exigir resultados acordes con estándares internacionales del primer mundo; resolviendo el siempre asunto político de la inclusión de los diputados suplentes en las responsabilidades determinadas y que se pongan a los mejores profesionales de cada campo para asesorar a los diputados en la búsqueda de un mejor destino para Venezuela y su vida cotidiana.
El Poder Judicial: como testigo político de la lucha interminable de bandos políticos, que tratan sus diferencias en el campo judicial y no en el político, como se ha denunciado muchas veces a escala internacional y muchísimas otras en el país, es importante concretar las críticas, sin caer en personalizaciones ni coyunturas, pero puntualizando lo siguiente:
Se hace indispensable acabar con el interinato en el Poder Judicial, lo que implica que se trabaje desde la base con una carrera judicial que convierta a los jueces en los funcionarios mejor pagados de la Administración Pública y con los mayores beneficios sociales contractuales. El propósito consiste en eliminar la corrupción y crear mecanismos tanto transparentes como públicos de acceso a los cargos en los tribunales de primera instancia en todos los niveles.
Se hace indispensable despartidizar el Poder Judicial y para ello, que se creen mecanismos electorales a fin de que los jueces de segunda instancia sean elegidos por los ciudadanos. Por ende, el requisito indispensable para ser candidato sería el de ejercer como juez fijo de primera instancia, y la elección posterior de los jueces del TSJ pasaría a ser un asunto de la AN, organismo que debe exigir que los candidatos sean funcionarios electos de segunda instancia. Esto, a fin de que se garantice que no se vuelva a producir la conversión “mágica” de diputados y operadores políticos en jueces independientes de un día para otro, con el simple mecanismo burlón de firmar un documento de renuncia a la militancia partidista.
Se hace indispensable la digitalización de todos los tribunales para que sean transparentes y auditables por parte del ciudadano común, y que sea verdaderamente pública, gratuita y accesible a todas las personas.
Se requiere, en mi opinión, traspasar los servicios penitenciarios, registros y notarías al Poder Judicial, aunque amerite una reforma constitucional. Igualmente, considero que el Cicpc y la Medicatura Forense no pueden estar bajo el control del Ejecutivo nacional (Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz), sino que deberían depender del Ministerio Público.
Conclusiones
Los cinco poderes requieren profundos cambios estructurales en materia organizacional, si se desea que funcionen adecuadamente para atender los preceptos constitucionales.
Los cinco poderes requieren un cambio total de su funcionamiento a través de la aplicación masiva de las tecnologías de la información y los estándares de transparencia internacionalmente aceptados.
Es fundamental que se privaticen muchísimas empresas y servicios públicos, así como la transferencia de muchas competencias a estados y municipios, de acuerdo con la Constitución de 1999.
Se requiere una enmienda constitucional que vuelva a repartir las competencias exclusivas de algunos poderes a escalas estatal y local y, si de verdad creen en la democracia participativa y protagónica, adapten los mecanismos legales a los mecanismos políticos creados.
@danielarias2
Publicados originalmente como tres artículos en El Nacional