El riesgo que implicará la pobreza para nuestra nueva democracia

La pérdida de la democracia venezolana que comenzó hace 20 años tiene mucho que ver con la elevación de la pobreza. Ella se gestó entre mediados de la década de 1970 y 1998, años en los cuales la pobreza creció de menos de un 30% a más del 60% de la población y el régimen político derivó hacia un populismo clientelar que manipulaba a los pobres sin sacarlos de su situación, creando así el caldo de cultivo que aprovechó el chavismo para llegar al poder.ii La historia más reciente es muy conocida; durante el tiempo transcurrido del Siglo XXI, el régimen socialista exacerbó la manipulación clientelar de los pobres sin reducir la pobreza, la cual de hecho se elevó, y sembró eficazmente el odio entre clases sociales, el cual no se reducirá automáticamente con la salida del socialismo del poder.

El riesgo latente que implica la pobreza para la nueva democracia, puede entenderse de las tres consideraciones siguientes:

 Para finales de 2017 el nivel total de la pobreza de ingresos era el 87% de la población venezolana, estimándose en más del 66% el nivel de la pobreza crónica (20 millones de un total de 30 millones de personas), cuya reducción a niveles cercanos a un 20% -si lo hacemos bien- nos tomará 20-25 años (10 millones de un total de 50 millones).

 Si bien será indispensable que los futuros gobiernos democráticos empleen subsidios focalizados para atender la precariedad de las familias más vulnerables, esto sólo atenderá a una pequeña fracción de los hogares pobres y tendrá que ser rápidamente decreciente en el tiempo, porque está probado que no contribuye a la superación de la pobreza y a la larga no es económicamente sostenible ni políticamente eficaz para defenderse del populismo, ya que por el contrario consolida en la sociedad la cultura clientelar y eleva la probabilidad de que el mismo régimen democrático se descomponga como sucedió en los últimos años del Siglo XX.

 El chavismo y otros populismos de izquierda radical sobrevivirán a la recuperación de las libertades, continuarán con sus siembras de odios e intentarán permanentemente provocar tensión e incluso violencia en las comunidades pobres, para desprestigiar a la democracia y llegar nuevamente al poder apoyados en sus discursos de redención social.

La propuesta política: un Pacto para el Progreso de Todos

La reducción significativa de la pobreza sólo es posible elevando las capacidades de la mayoría de los venezolanos para que se hagan agentes de sus propias vidas. Es decir, sólo será posible mediante un proceso que genere oportunidades para el progreso de todos y que evite las desviaciones populistas que ha vivido nuestra política en el pasado.

Por otra parte, es necesario que ese proceso garantice dos condiciones para que los grupos populares desarrollen lealtad con la nueva democracia, y para que todos los venezolanos combatamos con éxito los intentos disolventes que el chavismo y otros populismos de izquierda radical estarán probablemente haciendo entre los pobres. En primer lugar, es necesario que el proceso tenga victorias tempranas, es decir que los hogares pobres vivan logros crecientes de bienestar desde su inicio; en segundo lugar, es indispensable que toda la sociedad venezolana incluyendo su clase media, los empresarios y los trabajadores, y no sólo las organizaciones políticas, valoren y le brinden su apoyo efectivo al proceso para darle viabilidad política.

En fin, tanto por motivos éticos asociados a la equidad que debe tener nuestro desarrollo futuro, como por las razones políticas antes comentadas, es necesario iniciar tempranamente la aplicación de una estrategia que asegure el progreso de todos, en función de cuyo éxito se propone promover en el seno de las organizaciones políticas democráticas, las organizaciones laborales y empresariales, las principales ONGs y las iglesias, la suscripción de un Pacto para el Progreso de Todos, cuya ejecución se guíe por las tres líneas siguientes:

 La asignación de la más alta prioridad política real a un conjunto de programas apoyados en reformas institucionales y en políticas económicas, educativas, de seguridad social y de infraestructuras y mejora del hábitat popular, que se mantenga a través de sucesivos períodos presidenciales hasta completar no menos de 20-25 años. Programas dirigidos a la creación de capacidades y oportunidades para el progreso de todos y al propósito de reducir la pobreza, con logros específicos en los horizontes de largo, mediano y corto plazo, los cuales se integren en un pacto de políticas públicas que comprometa a los partidos políticos, las organizaciones empresariales y laborales y las iglesias, entre otros actores.

 La incorporación al pacto de programas de solidaridad social activa que contribuyan a neutralizar los efectos de la siembra de odios varias veces mencionada, a ser ejecutados en el corto plazo por la clase media, los estudiantes, los profesionales universitarios, los empresarios y otros grupos sociales específicos, para la creación de capacidades en niños y jóvenes de los hogares populares.

 El seguimiento y la evaluación sistemática de los programas, en función de cómo se van logrando sus objetivos, a cargo de un Consejo del Pacto, órgano independiente de muy alto nivel político, que mantenga permanentemente informada a la población de las experiencias de solidaridad social activa y de las ejecutorias de los programas en general, y que haga recomendaciones periódicas al (a los) poder(es) ejecutivo (y legislativo) y a los demás actores firmantes del Pacto, para realizar los ajustes que sean necesarios en ellos.

i El contenido de la presente Nota se basa en las propuestas del capítulo 14 del libro “Venezuela, Vértigo y futuro” de

Tanya Miquilena y Werner Corrales (editorial Dahbar y Unimet, 2018).

ii En las cinco décadas que van de 1929 a 1978, Venezuela progresó en todos los ámbitos, pero a partir de 1979 y hasta terminar el Siglo XX, nuestro desarrollo entró en una recesión que para 1990 había llevado la pobreza a ser superior a un

60% de la población, nivel en que se mantuvo hasta finales del siglo y que no se redujo en lo que va del Siglo XXI. Entre

1978 y 1998, el salario medio real del trabajador venezolano se redujo en un 65% y para 2017 la reducción acumulada ya era de un 93%; la pobreza creció de un 30 % a más del 60% y a un 87 % respectivamente en los dos lapsos, y la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 10 a 20 entre 1979 y 1998 para superar los 80 en 2018.