En menos de un mes, las fuerzas estadounidenses han realizado tres ataques marítimos letales y un abordaje en el Mar Caribe contra embarcaciones supuestamente vinculadas al Cartel de los Soles de Venezuela y su aliado, el Tren de Aragua. La campaña marca la llegada de una nueva doctrina estadounidense que podría tener un gran impacto en América Latina: los traficantes ligados a organizaciones terroristas designadas ya no son tratados como criminales para ser enjuiciados, sino como combatientes enemigos que pueden ser neutralizados sin procedimientos legales.
La magnitud del despliegue subraya cuán en serio se está tomando Washington esta campaña. Los activos navales y aéreos concentrados en el Mar Caribe hoy representan más poder de fuego que el que EE. UU. comprometió en la Batalla de Midway en 1942—una de las confrontaciones clave de la guerra en el Pacífico—y es la mayor movilización militar desde la deposición de Manuel Noriega en Panamá en diciembre de 1989. La comparación ilustra el nivel de recursos que Washington dedica a enfrentar las redes de cocaína protegidas por el Estado venezolano, ya que el despliegue de estas fuerzas representa un elevado gasto multimillonario diario.
"Recientemente hemos comenzado a usar el supremo poder de las fuerzas armadas estadounidenses para destruir terroristas venezolanos y redes de tráfico lideradas por Nicolás Maduro", dijo el presidente Donald Trump la semana pasada ante las Naciones Unidas.
Comprensiblemente, Maduro ha visto los incidentes recientes como una amenaza a su régimen ilegítimo. Golpeándose el pecho para pedir diálogo con Washington y exhortando a la población general a defender la soberanía nacional, incluso envió recientemente una carta a Trump solicitando conversaciones con Richard Grenell, el Enviado Presidencial Especial para Misiones Especiales, quien a principios de este año visitó Caracas para negociar un intercambio de prisioneros. Hasta ahora, su retórica no ha cambiado la postura de Washington, y Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que la misiva estaba llena de "muchas mentiras". El lunes, Maduro firmó un decreto de estado de emergencia tras denunciar la "agresión" estadounidense en una alocución televisada. Hasta el momento, las implicaciones para Maduro y su círculo íntimo son serias, pero no sugieren una invasión tradicional. Los ataques indican que Washington está dispuesto a saltarse procedimientos legales y tratar a los operativos vinculados a carteles como combatientes enemigos terroristas, socavando el escudo protector que las fuerzas armadas venezolanas han brindado por años. Esto eleva los costos de mantener redes ilegales y reduce la percepción de impunidad en el mar, pero no llega a una intervención terrestre.
Más que prepararse para una invasión a gran escala, EE. UU. parece enfocado en mantener una presión sostenida combinando acciones militares selectivas, aislamiento financiero a través de la designación SDGT y reconocimiento diplomático de la oposición para debilitar gradualmente el control de Maduro. No obstante, el presidente Trump puede usar cualquier facultad disponible que considere necesaria para provocar un cambio de comportamiento, incluso aumentando la acción militar para forzar la salida de Maduro, como han informado algunos medios estadounidenses.
Reacción y efecto
El marco legal y financiero que sustenta este enfoque es tan importante como los ataques en sí. En julio, el Tesoro de EE.UU. designó al Cartel de los Soles como organización Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT), sumando el nombre a la lista de organizaciones criminales señaladas desde el primer día del mandato de Donald Trump. Ese paso extendió los poderes antiterroristas al ámbito antinarcóticos e impuso restricciones financieras, cortando a oficiales y redes asociadas al cartel del sistema bancario internacional. Al tratar formalmente al cartel como un grupo terrorista, Washington limitó el apoyo externo al régimen de Nicolás Maduro y aumentó los costos para aliados y facilitadores en el exterior... La designación también considera las alianzas del cartel más allá del hemisferio. Investigaciones estadounidenses y regionales han documentado cómo Venezuela provee espacio logístico y cobertura financiera a grupos como Hezbollah y Hamas. Además, está el tema de la protección estatal. El Cartel de los Soles no es un sindicato criminal suelto sino una estructura enraizada en las fuerzas armadas venezolanas. Genera miles de millones de dólares en rentas ilícitas, dando al régimen de Maduro recursos para eludir sanciones y mantener la lealtad militar. El tráfico de cocaína se ha convertido en sustituto de ingresos legítimos en un Estado en bancarrota.
La administración Trump respalda sus acciones en el Título 50 del Código de EE.UU., que regula operaciones encubiertas e inteligencia, mientras que la Autorización de 2001 para el Uso de la Fuerza Militar faculta al presidente a actuar contra grupos terroristas y sus fuerzas asociadas.
Administraciones previas usaron estos poderes para atacar líderes de Al-Qaeda en Yemen y Afganistán. Bajo Barack Obama, las mismas autoridades permitieron ataques letales con drones que mataron a tres ciudadanos estadounidenses involucrados en actividades de Al-Qaeda en Yemen en 2011, un precedente que muestra que la ciudadanía no protegía a los operativos una vez considerados combatientes enemigos. Hoy, esos mismos instrumentos se aplican contra operativos de carteles en el mar.
Uso de la fuerza y reacciones hemisféricas
La mayoría de los observadores internacionales consideraron que la reelección de Maduro en 2024 careció de legitimidad democrática. El candidato opositor Edmundo González recopiló actas de escrutinio que sugieren que ganó por amplio margen, aunque el consejo electoral controlado por el gobierno se negó a publicarlas. El pasado noviembre, EE.UU. reconoció formalmente a González como “presidente electo” de Venezuela. Este contexto hace que la campaña estadounidense no solo sea una operación antinarcóticos sino también un desafío a un régimen ya debilitado por profundas dudas de legitimidad... Las reacciones en la región han sido mixtas. Algunos gobiernos advirtieron que los ataques violan la soberanía y podrían establecer un precedente para intervenciones. Otros, sobre todo en la Cuenca del Caribe, acogieron con discreción la disposición de Washington a enfrentar los corredores de tráfico venezolanos; mientras que esta semana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió investigar penalmente a Trump por los ataques en el Caribe que dejaron 17 muertos. En el ámbito global, Rusia y China se espera que utilicen los incidentes en campañas informativas, presentando a EE.UU. como agresor en América Latina. Sin embargo, la designación SDGT da a Washington herramientas financieras poderosas que dificultan el acceso de las redes venezolanas y sus socios al sistema financiero global.
Es probable que esta doctrina resuene en toda América Latina a medida que el gobierno de Trump obtiene más respaldo legal, remodelando la forma en que Washington aborda los carteles más allá de Venezuela. En México, grupos como el cartel de Sinaloa y el CJNG podrían ser tratados como organizaciones narco-terroristas sujetas a acción directa. En Colombia, las facciones disidentes de las FARC y el ELN calificadas ya como terroristas podrían quedar incluidas en operaciones conjuntas bajo este marco. La mezcla violenta de pandillas y carteles en Haití podría incentivar respuestas similares, mientras que la creciente violencia de carteles y rutas de tráfico de drogas en Ecuador también podría llevar a intervención estadounidense. El mensaje es que los carteles conectados al terrorismo serán enfrentados como grupos armados hostiles y no sólo como organizaciones criminales.
Una ventana estrecha, una estrategia estadounidense
Si los recientes ataques y el abordaje fueron los disparos iniciales de una nueva era, cinco prioridades determinarán si esta doctrina estadounidense logra su cometido. La administración Trump necesita institucionalizar la fusión de las autoridades antinarcóticos y antiterroristas, asegurando que el enfoque siga siendo efectivo incluso con cambios de gobierno. Segundo, reconstruir la inteligencia sobre el lado de la oferta restaurando el monitoreo de cultivos de coca y mejorando el análisis conjunto de datos con Colombia, Brasil y Ecuador. Al mismo tiempo, debe intensificar la presión sobre Venezuela combinando sanciones, diplomacia y operaciones de inteligencia y coordinar las interdicciones marítimas con operaciones de interrupción terrestre, incluyendo erradicación y programas de desarrollo rural. Por último, debe elevar el combate antinarcóticos como misión de salud pública para fortalecer el apoyo doméstico a la participación internacional.EE.UU. puede hundir embarcaciones y capturar toneladas récord, pero las victorias tácticas por sí solas no determinarán el resultado. La medida definitiva del éxito no es cuántos traficantes son eliminados ni cuántas toneladas son interceptadas. Tres ataques y un abordaje han abierto un nuevo capítulo; la prueba ahora será si Washington logra convertir acciones audaces en una estrategia duradera…
Traducido por Comet
1 de octubre de 2025