Durante años, algunos sectores de la oposición venezolana han insistido en pedir sanciones económicas y petroleras contra el país, bajo el argumento de que toda actividad productiva, especialmente el ingreso de divisas por la vía del crudo, fortalece al gobierno de Nicolás Maduro.

Esa visión no solo ha demostrado ser ineficaz en términos políticos, sino que además resulta profundamente incoherente desde el punto de vista económico, moral y estratégico. Si se parte de la premisa de que “todo lo que genere ingreso al Estado fortalece al gobierno oficialista”, entonces habría que dejar de pagar absolutamente todos los impuestos y servicios que millones de ciudadanos y empresas pagan día a día. Que por cierto esa estrategia también fue inviable en el año 2002 cuando se inició una huelga general que termino aumentando el poder del gobierno oficialista.

La realidad es que todos los días todos los ciudadanos financian al Estado… y no solo los que producen petróleo. El ciudadano común paga impuestos al consumir bienes y servicios, y ese dinero va al mismo Estado. ¿Deberíamos entonces prohibir las compras en supermercados, las operaciones bancarias o el uso del transporte público? Veamos ejemplos: IVA (16%) sobre cada compra, desde pan hasta medicinas. ISLR, que pagan empleados, comerciantes y profesionales independientes. Servicios públicos como electricidad, agua, aseo y gas. Tasas por registros, notaría, licencias, pasaportes, etc. Aranceles aduaneros sobre productos importados, incluso por empresas privadas.

Y un caso simbólico: incluso quien paga un tanque de gasolina está generando ingresos para PDVSA, empresa del Estado. Toda venta interna de combustible genera flujo de caja para una empresa pública que pertenece al mismo aparato estatal que se busca sancionar.

Entonces, ¿prohibiremos que los ciudadanos se movilicen, que las empresas transporten sus productos, o que el campo reciba combustible para producir alimentos? Por supuesto que no. Eso sería usar la economía como rehén de una estrategia política que ha mostrado fallar en Venezuela repetidas veces.

El petróleo es una riqueza nacional. Que haya sido mal administrado no convierte al recurso en culpable. Venezuela no necesita menos petróleo, sino más inversión privada, más transparencia y más control ciudadano sobre cómo se usa esa riqueza.

Negarse a que empresas internacionales como Chevron, Repsol o ENI operen en el país, alegando que “eso ayuda a Maduro”, es tan ilógico como prohibir que se vendan repuestos porque pagan IVA. Lo que Venezuela necesita no es cerrar las puertas a la producción, sino abrirlas para que más ciudadanos participen cada vez más en el PIB.

Pero ¿qué falla cognitiva motiva a algunos líderes opositores a seguir pidiendo sanciones? ¿Será que creen que el pueblo confunde la mala administración del oficialismo con medidas punitivas a la actividad económica privada? ¿O suponen que, si la empresa privada genera ingresos, automáticamente esos ingresos fortalecen al gobierno y no al mismo que produce?

Este razonamiento revela una peligrosa simplificación. Es como si, por miedo a que el Faraón se beneficie, Moisés hubiera decidido que los hebreos dejaran de trabajar, de producir, de comerciar y de progresar. Pero Moisés no paralizó al pueblo: lo organizó, lo formó, y lo sacó adelante, construyendo una nación. No confundió la lucha contra el Faraón con medidas de castigo a su propio pueblo.

La alternativa sensata es enseñar al pueblo a exigir contratos públicos auditables, reglas fiscales justas, y marcos jurídicos que garanticen que los ingresos no financien corrupción sino desarrollo.

Eso implica: Educar al ciudadano en temas fiscales: cómo se recauda y gasta el dinero público. Fomentar el control del gasto: con auditorías sociales, observatorios y exigencia de cuentas. Promover inversión privada: nacional e internacional, para aumentar el PIB privado. Ayudar a proponer leyes que generen seguridad jurídica: para que el capital vuelva y el empleo se multiplique. Participar en todas las elecciones de cargo público y, si no están conformes con el conteo del CNE, motivar a más gente a participar y votar. Ser interlocutores válidos del empresariado.

Un país que produce, que comercia, que genera empleo y que controla sus finanzas, es mucho más difícil de someter que un país paralizado, sancionado y empobrecido. Eso decía Ronald Reagan.Usar la economía como arma política contra un gobierno ha sido un error costoso.

Venezuela necesita una oposición que no castigue al país, sino que construya futuro, libertad y prosperidad desde lo productivo. Las malas políticas de un gobierno no pueden ser atacadas con venganzas desde la oposición.

La oposición venezolana debería pedir al gobierno de EE.UU. que abra todo financiamiento internacional a las empresas privadas venezolanas. De esta manera, no solo los chinos, los turcos y los rusos participarían en la apertura de las empresas del Estado, que desde el año 2022 impulsó el gobierno del presidente Maduro. De esta manera habría más PIB en manos de los privados venezolanos cada día.

X: @alejandrojsucre

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