De acuerdo con la disponibilidad de la información, es bastante evidente que la comparación de políticas es prácticamente imposible. Los datos lamentablemente condicionan que el seguimiento de la calidad de las políticas sea prácticamente una actividad más parecida a la arqueología que al análisis de políticas públicas de corto plazo.
Los terremotos del 24 de junio dejaron en evidencia las restricciones de la gestión de riesgos ante amenazas naturales que confronta Venezuela. Los indicios se convirtieron en realidad contundente. La comprobación de las prácticas que se ejecutan en otros países de la región demuestra que tales restricciones son absolutamente mejorables.
El problema radica en conocer el tamaño de la brecha que tiene el país con respecto a las mejores prácticas. A comienzos de la década pasada, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó una serie de documentos sobre el «Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión del Riesgo de Desastres (iGOPP)».
Este índice se propuso para evaluar la existencia formal de las condiciones legales, institucionales y presupuestarias para que los procesos de la gestión de riesgo puedan ser implementados en los países.
El iGOPP toma en cuenta dos pilares: (1) el marco conceptual de la gestión de riesgo de desastres y sus principales procesos, y (2) el marco conceptual de la gobernabilidad y las fases de política pública.
Se proponen seis componentes como expresión de los procesos para orientar e implementar políticas públicas. Estos componentes son: (1) marco general de la gobernabilidad, (2) identificación y conocimiento del riesgo, (3) reducción del riesgo, (4) preparativos para la respuesta, (5) planificación de la recuperación post desastre, y (6) protección financiera.
Como resultado de la estimación del iGOPP para 26 países de América Latina y el Caribe se diseñó una plataforma interactiva (Monitor Risk). De la revisión de esta plataforma se puede indicar que sólo seis países cuentan con estimaciones del iGOPP en los últimos cinco años (Belice 2023, Bolivia 2024, Guatemala 2021, Honduras 2021, y Panamá 2021).
Los países que tienen estimaciones con más de 10 años de rezago son: Colombia (2013), Haití (2013), Perú (2013), y Venezuela (2015).
De acuerdo con la disponibilidad de la información, es bastante evidente que la comparación de políticas es prácticamente imposible. Los datos lamentablemente condicionan que el seguimiento de la calidad de las políticas sea prácticamente una actividad más parecida a la arqueología que al análisis de políticas públicas de corto plazo.
Esta situación indica de manera directa las prioridades de atención que tienen las políticas de reducción de riesgo en la región. No puede extrañar las inmensas dificultades de gestión que se expresan cuando se producen los efectos de las amenazas naturales.
A pesar de estas grandes restricciones, es posible establecer la medición de base en el caso de Venezuela. Como parte de la serie de documentos del BID anteriormente mencionada, se publicó en septiembre de 2016 el informe correspondiente a Venezuela: «Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgos de Desastres (iGOPP), Informe Nacional de Venezuela».
Dentro de las conclusiones del informe se señalan algunos aspectos que tienen especial valor en la circunstancia que ha confrontado el país luego de los terremotos del 24 de junio.
Se señaló en ese momento (2016) que Venezuela era el único país de la región que contaba con una ley específica para los procesos de preparación y respuesta. Se consideró un acierto que el país hubiera optado por legislar de manera complementaria los aspectos prospectivos y correctivos, así como la creación de una instancia de coordinación de los procesos de ambas normativas.
De acuerdo con los resultados de la estimación del iGOPP, se destaca la puntación «apreciable» (40%-60%) de las fases de política pública «coordinación y articulación central de la política» y «definición de responsabilidades territoriales».
La menor puntuación corresponde a «evidencias de progreso en la implementación» (14%, considerada como «bajo»).
En el análisis de los componentes de reforma en política pública en gestión de riesgo de desastres, la puntuación más alta se registró en el «marco general de gobernabilidad» (62%), mientras que la puntuación más baja se registró en «protección financiera» (18%).
Las condiciones del país han cambiado sustancialmente en la década transcurrida. Los resultados en la gestión del riesgo observados a partir de los terremotos del 24 de junio indican que las mediciones de 2016 expresaban déficits muy relevantes que se acentuaron con el transcurso del tiempo.
También es bastante evidente que el escenario de una recuperación exitosa supone una actualización de estas mediciones. No se puede operar en esta nueva etapa con mediciones con una década de rezago.
La brecha que tiene Venezuela con respecto a las pautas más avanzadas de la gestión de riesgo no es una excepción en la región. La carencia de datos para el análisis comparado en un área de políticas públicas de tanta relevancia indica sencillamente que no es prioritario medir.
Si no es prioritario medir es porque tampoco es prioritario actuar anticipadamente. Los gobiernos de la región, en su inmensa mayoría, enfrentan los riesgos de forma reactiva. Las dificultades para contar con datos lo expresan con claridad.
Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).
X e Instagram: @marinojgonzalez