Son indispensables procesos participativos debidamente documentados que garanticen que las políticas orientadas a conservar, mejorar y proteger el ambiente y los recursos naturales se traduzcan en resultados tangibles.
No obstante, la gobernanza necesaria para que dichas políticas cumplan sus objetivos se ha visto afectada por deficiencias críticas en la conciliación de intereses. Por una parte, los intereses particulares de actores interesados en ocupar el territorio y aprovechar recursos naturales para ejecutar actividades asociadas a la producción de bienes y servicios; por otra, los intereses colectivos de las comunidades aledañas a dicho territorio y de la sociedad en general. A ello se suman los lamentables e innumerables actos de corrupción que han afectado la gestión administrativa.
La gobernanza y la gobernabilidad ambiental requeridas para catalizar de manera racional la apertura económica prevista para el país —y así garantizar, junto con el sector público, privado y la sociedad civil, un desarrollo sostenible— no atraviesan actualmente su mejor momento. En este contexto, será necesario establecer reglas claras y asegurar el respeto de los derechos y deberes establecidas en ellas; consolidar estructuras formales que garanticen la continuidad administrativa; redefinir roles y responsabilidades para un funcionamiento eficiente; y promover patrones de conducta basados en la probidad, la transparencia y la primacía del interés general.
Igualmente, será clave la adaptación a las realidades territoriales, el fortalecimiento de la credibilidad institucional y el incremento de la formalidad. En síntesis, se requiere desarrollar relaciones, prácticas y procedimientos que consoliden la protección ambiental como un valor esencial de la sociedad venezolana. Satisfacer estos requerimientos no constituye un evento puntual, sino un proceso continuo, complejo y evolutivo. Implica revisar y evaluar de manera objetiva y rigurosa el plan estratégico original, a la luz de los resultados y de la experiencia acumulada durante 50 años, con el fin de mejorar la gestión pública, cumplir la misión institucional y fortalecer la gobernanza.
En este contexto, la descentralización se presenta como un instrumento clave de transformación. Sin embargo, no constituye una solución única ni sustituye las reestructuraciones internas ni las acciones correctivas derivadas del análisis situacional; por el contrario, debe responder a este.
En consecuencia, es fundamental comprender con precisión el significado y alcance del término ―descentralización, dado que puede adoptar diversas formas: vertical u horizontal, administrativa, política, funcional u operativa, así como modalidades mixtas.
La descentralización implica la transferencia de competencias, poder de decisión y recursos hacia entidades autónomas, como los gobiernos estatales y municipales dotados de personalidad jurídica propia. Conviene diferenciarla de la desconcentración, entendida como una etapa inicial o de menor intensidad dentro del proceso de descentralización, mediante la cual se transfieren funciones administrativas y/o técnicas a niveles inferiores de la institución, como las direcciones estatales y áreas administrativas, manteniendo el poder de decisión en el nivel central.
Mientras la desconcentración acerca la gestión pública al ciudadano, la descentralización otorga autonomía política y administrativa. Desde su origen, la institución rectora en materia ambiental ha operado bajo un esquema desconcentrado, con unidades administrativas regionales —posteriormente estatales— y dependencias a nivel municipal, a las cuales se les han transferido funciones bajo la supervisión del nivel central. Paralelamente, se han desarrollado procesos de descentralización en áreas específicas. Por ejemplo, la gestión de la tala urbana fue transferida a los gobiernos municipales (descentralización administrativa), mientras que la captación, tratamiento y distribución de agua potable y saneamiento fue delegada a entidades hidrológicas regionales y municipales (descentralización funcional). No obstante, a partir de enero de 2026, este servicio fue recentralizado inexplicablemente bajo la C.A. Hidrológica Venezolana (HIDROVEN).
Independientemente del grado de descentralización, resulta fundamental fortalecer las capacidades a nivel local para que las entidades puedan asumir sus responsabilidades con eficacia, eficiencia y efectividad, generando confianza entre los actores y propiciando alianzas estratégicas. Este fortalecimiento debe abarcar el talento humano, los recursos financieros, los equipos, los suministros, los procesos, la tecnología y la cultura organizacional, atendiendo siempre a las particularidades de cada territorio.
Bajo estas premisas, se infiere que el nivel de descentralización que la institución ambiental debe alcanzar en el futuro dependerá del análisis situacional objetivo, independiente, exhaustivo, integral, iterativo, orientador y claro que se realice en el marco de la evaluación de su plan estratégico.
El objetivo final es lograr que la gestión ambiental en Venezuela avance de manera sistemática hacia la construcción y consolidación de un modelo de desarrollo sostenible.
5 de Mayo de 2026
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