Mines sostiene que la captura de Nicolás Maduro por las Fuerzas Especiales estadounidenses en enero abre una ventana única; sin embargo, el traspaso a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, cuyo objetivo es abrir el sector petrolero a empresas estadounidenses, corre el riesgo de cerrar la posibilidad de una gobernanza democrática duradera
En el complejo tablero de la crisis venezolana, donde las soluciones convencionales parecen haberse agotado, surge una propuesta que apela a la técnica y a la experiencia en terrenos de conflicto global. Keith Mines, una de las voces más autorizadas en la arquitectura de Estados fallidos, ha puesto sobre la mesa una premisa contundente: para alcanzar una estabilidad duradera, Venezuela no solo necesita un cambio político, sino un proceso de paz integral.
Mines no es un teórico de escritorio. Su visión está forjada en más de tres décadas de servicio en la primera línea de la diplomacia y el estamento militar de los Estados Unidos. Como exdiplomático, militar retirado y vicepresidente del programa para América Latina en el United States Institute of Peace (USIP), ha gestionado crisis de estabilización en escenarios tan volátiles como Afganistán, Colombia e Irak.
En esta ocasión, Mines utiliza la plataforma de Just Security —el prestigioso foro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU), reservado para la élite académica y exfuncionarios de alto nivel— para desglosar una ruta crítica hacia la normalización institucional del país. Su análisis trasciende el ciclo de noticias diario para proponer un esquema de gobernanza y seguridad basado en las lecciones aprendidas en los conflictos más intrincados del siglo XXI:
Habla Keith Mines
Tras años de sufrimiento extremo, los venezolanos tienen hoy la oportunidad de un cambio real tras la sorpresiva captura del presidente Nicolás Maduro por parte de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos en Caracas en enero.
Sin embargo, el traspaso del país a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con el objetivo limitado de abrir el sector petrolero a las empresas estadounidenses, amenaza con clausurar una oportunidad de oro para devolver al país a una gobernanza democrática y a una relación a largo plazo más productiva con los Estados Unidos.
Lo que Venezuela necesita ahora es un proceso de paz que ayude a sanar las fracturas internas y las heridas de las últimas dos décadas, restaurando las instituciones del país. No será fácil.
No obstante, el mejor camino para lograrlo es mediante un diálogo nacional riguroso que conduzca al establecimiento de un gobierno de unidad nacional con poder compartido, integrado por todas las facciones venezolanas, para guiar al país a través de un periodo de despolarización, fortalecimiento institucional y, finalmente, nuevas elecciones.
Un proceso de este tipo crearía el espacio necesario para la restauración de la democracia, permitiendo al mismo tiempo una transformación digna del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El partido aún cuenta con el apoyo de 30% de la población y, aparentemente, de la mayoría de las fuerzas militares y de seguridad. Este proceso no trataría de una “salida limpia” para el régimen de Maduro, sino de una convivencia final entre las diversas facciones y movimientos del país, incluidos los chavistas. De este modo, estaría mejor alineado con las transiciones exitosas de décadas pasadas, evitando los escollos de aquellas que fracasaron.
El segundo cambio de régimen impulsado por EE UU
La captura de Maduro marcó la segunda vez en siete años que Venezuela se ve sometida a un gran experimento de cambio de régimen por parte de Estados Unidos. En 2019, EE UU apoyó a una facción de la oposición que utilizó un oscuro mecanismo constitucional para establecer un gobierno alternativo. Fue una jugada audaz, pero hoy es evidente que tenía pocas probabilidades de éxito dada la intransigencia de las fuerzas armadas y la falta de una base de poder real dentro del país.
La iniciativa más reciente comenzó de forma aún más temeraria: con la captura de Maduro y la primera dama por parte de la Delta Force. En el vacío de poder resultante, EE UU empoderó rápidamente a Rodríguez como presidenta interina, estableciendo una suerte de relación de vasallaje supervisada por funcionarios estadounidenses.
El presidente Donald Trump descartó la opción de empoderar a la figura opositora más popular, María Corina Machado, argumentando que no tenía la capacidad para gobernar el país eficazmente en la coyuntura actual. La administración Trump ha aceptado que la democracia electoral regresará solo de forma gradual tras un periodo de estabilización, aunque ha exigido el cese de los mecanismos autoritarios más severos, comenzando por la liberación de presos políticos.
¿Una tercera vía?
Entre las opciones de devolver el gobierno a los chavistas o empoderar a una oposición debilitada, existe una tercera vía. Estados Unidos podría utilizar su considerable influencia para atraer a ambas partes y a líderes independientes clave a un proceso de paz que restaure las instituciones democráticas mediante un gobierno de unidad nacional.
Este ambicioso proceso buscaría un arreglo de gobernanza funcional y permitiría tiempo para sanar la dinámica política disfuncional de las últimas décadas. Se asemejaría más a los Acuerdos de Paz de Dayton (Bosnia, 1995) o a la Loya Jirga afgana (2002) que a las transiciones centradas exclusivamente en elecciones como las de Polonia o Chile en 1989-1990.
Aunque aquellos modelos tuvieron limitaciones a largo plazo, sus procesos fueron efectivos para lograr un “reinicio” político. Para Venezuela, esto implicaría convocar a todos los sectores: la oposición ganadora de la última elección, líderes de partidos menores que sirven de puente, la comunidad empresarial, la Iglesia Católica y la sociedad civil. Por parte del régimen, el sector militar y de seguridad debería tener un papel directo y prominente, dado su potencial como “saboteadores” del proceso.
La experiencia venezolana en transiciones
Venezuela ya ha hecho esto antes. El país tuvo una larga historia democrática basada en el Pacto de Punto Fijo de 1958, que puso fin a la lucha política violenta estableciendo la coexistencia entre partidos. En años recientes, han surgido propuestas para un nuevo acuerdo de este tipo, como el “Pacto de Caronoco” o el “Pacto de Coexistencia” propuesto por el economista Víctor Álvarez, que buscan asegurar que el bando perdedor tenga un futuro político viable y evitar la política de “todo o nada”.
Compartir el poder
El objetivo sería un sistema detallado de poder compartido para estabilizar el país rumbo a elecciones libres. Esto incluiría cuotas para la oposición en el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral y otros órganos de control. Sería un gobierno sumamente complejo de gestionar, pero con la selección adecuada de líderes moderados aceptables para ambas partes, podría funcionar.
Este proceso de “reinstitucionalización” priorizaría el compromiso de las élites con el Estado de derecho por encima de la inmediatez electoral. La oposición recibiría garantías de elecciones justas en el futuro cercano, y el chavismo encontraría una salida que no implique la cárcel, permitiéndoles transformarse en un partido socialdemócrata moderno.
Menos garrotes, más zanahorias
Estados Unidos no podrá mantener activos militares en las costas venezolanas indefinidamente. Washington debe empezar a aplicar más “zanahorias”: retirar la amenaza de tomar unilateralmente el sector petrolero (fuente de orgullo nacionalista), levantar recompensas y sanciones a líderes que se consideren recuperables, y ofrecer asistencia directa a sectores como el agrícola.
Por primera vez, Venezuela tiene la oportunidad de un cambio real, pero requerirá el arduo trabajo de un proceso de paz. Los misiles y las fuerzas especiales tienen un límite; la estabilidad duradera nace del consenso político.
11 de marzo 2025