La pobreza y la supervivencia de la nueva democracia de Venezuela

Venezuela vive un trance que la comunidad internacional califica de Emergencia Humanitaria Compleja. Pero la gestación de esta crisis comenzó en las últimas décadas del Siglo XX con una involución del desarrollo que el país había experimentado por cincuenta años continuos, la cual llevó a una descomposición progresiva de su tejido social, es decir a la pérdida paulatina de la cohesión de los venezolanos, al desvanecimiento de su disposición a cooperar por el bien común y al incremento de los potenciales de violencia entre grupos sociales.

La ampliación de la pobreza iniciada en los últimos veinte años de la democracia es producto de aquella involución y es a la vez raíz y expresión de la descomposición mencionada del tejido social, llegando a convertirse por esa vía en una de las causas fundamentales de la pérdida de la democracia. La pobreza de ingresos pasó de ser menos de un 30% de la población venezolana en la década de 1970 a ser más del 60% en 1998, y como en otras sociedades, ese crecimiento de la pobreza se acompañó desde entonces de una degradación de la política, que año tras año profundizó el populismo clientelar, abandonando las prioridades que habían tenido las políticas de Estado de los primeros 20 años de la democracia, cuando se concentraron en la creación de capacidades y oportunidades reales de progreso. Este giro en el estilo de la política, y su correlato en el incremento de la pobreza, crearon el caldo de cultivo social y político que aprovechó el Socialismo del Siglo XXI para llegar al poder.1

La historia reciente es más conocida; durante el tiempo que ha transcurrido del presente siglo, la gestión del régimen revolucionario destruyó la economía productiva y las instituciones de la democracia liberal, lo que ha conducido a Venezuela al desastre económico y la pérdida total de las libertades; exacerbó la manipulación clientelar de los pobres y promovió activamente la confrontación al interior de la sociedad hasta deshacer el tejido social; y creó las condiciones objetivas que han magnificado la pobreza hasta alcanzar niveles superiores al 90 % de la población en la actualidad.

Reducir a un mínimo la pobreza y asegurar progreso real para todos los venezolanos es por encima de todo un imperativo ético del nuevo estilo de desarrollo al que se debe encaminar la reconstrucción de Venezuela, pero es además una necesidad política para preservar la democracia y no perderla nuevamente a manos del neopopulismo, una vez recuperada.

Los neopopulismos de izquierda y derecha, de vocación autoritaria e incluso de deriva totalitaria, están amenazando a las democracias liberales de todo el mundo, y es un hecho que los de izquierda radical sobrevivirán a la recuperación de las libertades en Venezuela. Apoyándose en las frustraciones propias de la pobreza, esos movimientos neopopulistas intentarán muy probablemente provocar tensión y violencia social para desprestigiar a la nueva democracia y llegar nuevamente al poder.

Resumen de la propuesta: un acuerdo nacional para el desarrollo y la superación de la pobreza

Un desarrollo con reducción significativa de la pobreza sólo será posible si la reconstrucción de Venezuela genera oportunidades efectivas para el progreso de todos. Ello implica otorgar prioridad real a la elevación de las capacidades de la mayoría de los ciudadanos para que ellos se hagan agentes de sus propias vidas, y conducir políticamente el proceso con la decisión de desterrar la manipulación populista que el Estado venezolano asumió como estilo en el pasado.

Por otra parte, para que la mayoría de la población desarrolle lealtad para con la nueva democracia, y para que no caiga nuevamente víctima del neopopulismo, el proceso de la reconstrucción debe garantizar dos condiciones con relación a esa alta proporción de los hogares venezolanos que está en la pobreza. En primer lugar, es indispensable que los hogares pobres experimenten logros reales de bienestar desde muy temprano y además vivan una experiencia de prosperidad continuada. En segundo lugar, es necesario que todos los sectores de la sociedad incluyendo su clase media, los empresarios y los trabajadores, se hagan presentes apoyando con su solidaridad activa el progreso de todos.

En fin, tanto por motivos éticos asociados a la equidad que debe tener nuestro desarrollo futuro, como por las razones políticas antes comentadas, es necesario iniciar tempranamente la aplicación de una estrategia de desarrollo que asegure el progreso de todos, en función de cuyo éxito la propuesta se basa en un Acuerdo Nacional para el Desarrollo y la Superación de la Pobreza que persigue la creación de capacidades humanas y oportunidades para el progreso de todos y la reducción de la pobreza.

El acuerdo propuesto busca comprometer a las organizaciones políticas democráticas, las organizaciones laborales y empresariales, las iglesias y las principales organizaciones comunitarias y ONGs, con un conjunto de acciones cuya ejecución está basada en los siguientes lineamientos estratégicos:

El primer lineamiento es asignar la más alta prioridad política a cinco conjuntos de reformas institucionales, políticas públicas y programas que se integren bajo una estrategia y un seguimiento común, dirigidos a asegurar el progreso de todos rompiendo las trampas que mantienen en la pobreza a la mayoría de la población venezolana:

• El funcionamiento de una economía de mercado con marcos regulatorios que propicien un crecimiento estable, de muy baja inflación y de alta generación de empleos formales, los cuales abran todos los sectores productivos a la inversión privada y a los emprendimientos de la economía solidaria y la economía privada popular, otorgando seguridad jurídica a sus agentes;

• El acceso efectivo de todos los niños y jóvenes de los hogares populares a la educación de calidad, lo que implica realizar importantes reformas en el sistema, e innovar para ampliar muy pronto la oferta de calidad. Las reformas deben incorporar la formación en valores, actualizar los curricula, fortalecer a los docentes y perfeccionar las opciones de capacitación y formación técnica. Las innovaciones para ampliar la oferta implican actuar en la organización, el financiamiento y los métodos de la educación pública en general, para incorporar nuevas ofertas de calidad originadas, entre otras fuentes, en organizaciones autónomas de educadores y en escuelas privadas;

• La creación e implementación de un sistema eficaz de salud y de seguridad social para pensiones y desempleo, que cubra a todos los venezolanos y que eleve progresivamente sus estándares de servicio;

• La elevación de la calidad del hábitat de todos los barrios populares del país a través de un ambicioso programa de 20-25 años que equipare en ese horizonte los estándares de esas zonas con los de las áreas reguladas de las ciudades; que dé cabida a alianzas público-privadas y a iniciativas de la economía solidaria y la economía privada popular, dirigido a la regularización de la tenencia de la tierra en favor de las familias de los barrios, la mejora del ordenamiento urbanístico y la elevación progresiva de los niveles de los equipamientos, infraestructuras y servicios públicos; y

• Una reforma institucional que ponga el Estado al servicio del ciudadano, que eleve el protagonismo del municipio y que destierre tanto las aberraciones del poder comunal impuesto en los últimos 15 años como el vicio del populismo clientelar que persiste desde hace cuatro décadas, y que abra vías de participación efectiva de los grupos populares en las decisiones de lo público que los afectan.

El segundo lineamiento radica en la incorporación al acuerdo de programas de solidaridad social activa que contribuyan a neutralizar los efectos de la siembra de odios que ha dominado la acción política del Estado en los últimos veinte años, a ser ejecutados en el corto plazo por la clase media, los estudiantes, los profesionales universitarios, los empresarios y otros grupos sociales específicos, para dinamizar tempranamente la creación de capacidades en niños y jóvenes de los hogares populares.

El tercer lineamiento consiste en que un Consejo Ciudadano del Acuerdo realice el seguimiento y la evaluación sistemática de los programas, en función de cómo se van logrando sus objetivos. El Consejo sería un órgano independiente de muy alto nivel político, que mantendría permanentemente informada a la población de las experiencias de solidaridad social activa y de las ejecutorias y logros de los programas en general, y que haría recomendaciones periódicas al (a los) poder(es) ejecutivo (y legislativo) y a los demás actores firmantes del Acuerdo, para realizar los ajustes que sean necesarios en ellos.

1 En las cinco décadas que van de 1929 a 1978, Venezuela progresó en todos los ámbitos, pero a partir de 1979 y hasta terminar el Siglo XX, nuestro desarrollo entró en una recesión que para 1990 había llevado la pobreza a ser superior a un 60% de la población, nivel en que se mantuvo hasta finales del siglo y que no se redujo en lo que va del Siglo XXI. Entre 1978 y 1998, el salario medio real del trabajador venezolano se redujo en un 65% y para 2017 la reducción acumulada ya era de un 93%; la pobreza creció de un 30 % a más del 60% y a un 87 % respectivamente en los dos lapsos, y la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 10 a 20 entre 1979 y 1998 para superar los 80 en 2018.