La historia de la universidad pública venezolana ha estado marcada en los últimos años por un rosario de agravios institucionales, presupuestarios y laborales. Sin embargo, hay agravios que duelen de manera particular porque atacan el núcleo mismo de la dignidad humana: la seguridad de los adultos mayores que entregaron su vida a la docencia, la investigación y la extensión. Un ejemplo lacerante de esta política de exclusión es la discriminatoria negativa de cancelar el llamado Bono de Responsabilidad Académica a los profesores jubilados.
Para el sentido común, e incluso para el más elemental marco jurídico nacional y contractual, la condición de jubilado es la cúspide de una carrera consagrada al servicio público. No es, ni puede ser entendida, como una suerte de "baja deshonrosa" o una cláusula de exclusión de derechos. Sin embargo, en la práctica gubernamental y presupuestaria que se le aplican al sector universitario, al profesor jubilado se le trata como a un ciudadano de segunda categoría, despojándolo de los beneficios que premian la formación de postgrado y la jerarquía escalafonaria.
El argumento implícito detrás de esta exclusión es tan absurdo como perverso: se sugiere que, al dejar el aula activa, el grado de doctor, de magíster o la categoría de profesor titular se evaporan, o que la experiencia acumulada durante décadas pierde valor para la sociedad. Nada más falso. Quien fue formador de formadores mantiene su condición académica intacta de por vida. Más aún, ante la diáspora y el colapso del personal activo, son innumerables los profesores jubilados que, por un genuino sentido de pertenencia y amor por la institución, continúan tutorando tesis, asesorando departamentos o colaborando ad honorem para evitar el cierre técnico de nuestras casas de estudios superiores.
Excluir al profesor jubilado de esta bonificación —mientras se fragmenta el salario a través de bonos discrecionales y no salariales que pulverizan las prestaciones sociales y los aguinaldos— forma parte de una política deliberada de asfixia. Es la consagración de un modelo de bonificación del ingreso que viola flagrantemente el artículo 91 de la Constitución, dejando al docente en retiro en una absoluta indefensión frente a una economía hiperinflacionaria.
La Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (APROJUPEL) y el gremio universitario en su conjunto no hacen más que exigir una reivindicación de estricta justicia: la vigencia plena del principio de homologación. La homologación nunca fue una graciosa concesión, sino la garantía histórica de que las conquistas del personal activo se extiendan de manera proporcional y automática a quienes abrieron el camino.
Vulnerar los derechos de los jubilados es vulnerar la memoria institucional de la universidad venezolana. Pretender apagar la voz y la subsistencia de quienes formaron a generaciones de educadores es un flanco más de la agresión contra la academia libre. El Bono de Responsabilidad Académica no es un capricho gremial; es un acto de estricta justicia con el mérito, la constancia y la dignidad de quienes se negaron a claudicar en su labor intelectual. La lucha por su cancelación no es solo por una chequera; es por la supervivencia misma de la dignidad universitaria en Venezuela.