La corrupción no se derrota ni con discursos ni solo con “gente honesta”; se derrota con un sistema de control interno robusto, rediseño del Estado y cambio cultural sostenido. ​ El nuevo gobierno de Edmundo y María Corina recibirá una sociedad donde la corrupción dejó de escandalizar y pasó a verse como “lo normal”, y como una extensión de la viveza criolla.

El punto de partida del “deber ser” es admitir que la corrupción es un efecto, no la causa, y que la tarea central es desmontar las condiciones que la hacen posible y rentable. Mirar al futuro implica dejar de vivir en caza de brujas retrospectiva y concentrar la energía política en prevenir, y no solo castigar, que ya vimos que en muy pocos casos funciona, y que en general, el corrupto se retira con su fortuna mal habida intacta y logra que sus hijos y nietos sean “millonarios” sin culpa y sin remordimientos. ​

El “deber ser” del nuevo gobierno exige achicar sustancialmente el aparato estatal y reorganizarlo casi desde cero, asignando responsabilidades directas, medibles y exigibles a cada nivel. Menos Estado no es menos presencia, sino un Estado concentrado en pocas funciones claras, con procesos simples y metas de servicio al ciudadano como cliente y accionista de la República. Esto incluye limitar el ámbito de acción económica del gobierno, reducir espacios discrecionales y transparentar reglas en áreas sensibles como gasto público, tipo de cambio y manejo macroeconómico.

El cambio cultural debe reflejarse en la experiencia diaria del ciudadano al relacionarse con el Estado: trámites rápidos, reglas claras, colas mínimas y ninguna “ventanilla oculta” donde se paga por lo que debería ser un derecho.

El “deber ser” implica diseñar procesos bajo el principio de presunción de honestidad del ciudadano, reduciendo legalizaciones inútiles, firmas superpuestas y controles redundantes que hoy solo justifican la existencia del gestor y la coima. Simplificar no es relajar controles, sino trasladarlos a sistemas de información y a responsabilidades personales, con tiempos de respuesta obligatorios y verificables. ​

En la visión del nuevo gobierno, toda actividad de perfil privado en manos del Estado debe privatizarse o reestructurarse bajo criterios estrictos de gobierno corporativo, analizando como caso especial empresas estratégicas, ya sin considerar a Pdvsa que debería ser liquidada y disuelta.

La experiencia demuestra que donde no hay un “doliente de bolsillo” aparecen sobreprecios, baja calidad, nóminas fantasmas y acuerdos opacos que drenan recursos públicos. El “deber ser” exige que, incluso donde el Estado mantenga propiedad, la gestión se rija por estándares de empresa privada, sin injerencia política en las decisiones de negocio. ​Hay que ver con cuidado el caso de Noruega, quienes, además de haberle otorgado el Premio Nobel de la Paz a María Corina, y de haber “aguantado” año tras año las mentiras y engaños del chavismo, desarrollaron en relativamente corto tiempo un negocio petrolero próspero, sin deberle nada a nadie, y haber generado el fondo de inversión más grande del mundo: Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega (Government Pension Fund - Global) que es gestionado por el Norges Bank Investment Management (NBIM) en nombre de la población noruega.

Porque una República reconstruida como la que deberemos encarar tal vez este mismo año 2025, requiere que el flujo completo del dinero público sea visible: presupuesto, tesorería, órdenes de pago, prioridades de gasto y ejecución por organismo.

El ciudadano, como accionista del Estado, debe poder acceder en tiempo real y en lenguaje sencillo a cómo se recauda, en qué se gasta y quién autoriza cada pago, de manera que la sociedad pueda preguntar, exigir y denunciar sobre bases objetivas. Proyectos como un banco del tesoro moderno e integrado a los sistemas de gestión financiera deben concebirse desde el inicio para que la información sea pública, y no un registro cerrado solo al alcance de tecnócratas. ​

En el “deber ser” del gobierno de Edmundo y María Corina, las compras y contrataciones del Estado (tratado un par de Vitrinas atrás) deben dejar de ser un territorio oscuro y pasar a ser un mercado abierto, competitivo y trazable; lo cual supone profesionalizar la función de comprador público, crear una institucionalidad rectora de compras, utilizar sistemas electrónicos abiertos y contratar referencias de precios nacionales e internacionales para evitar sobreprecios sistemáticos.

Cada licitación, adjudicación y contrato debe ser consultable por cualquier ciudadano, con historial de oferentes, criterios de selección y desempeño del proveedor en el tiempo.​

El núcleo del nuevo modelo es privilegiar el control interno sobre el control externo, sin sustituirlo, pero sí dándole el rol de primera línea de defensa contra la corrupción. El “deber ser” requiere que los responsables directos de los procesos de negocio asuman controles explícitos, acompañados por auditorías internas fuertes y una Superintendencia de Control Interno con mandato presidencial y capacidad operativa. Esta figura, equivalente a un Auditor Interno del Poder Ejecutivo, se convierte en los ojos preventivos del Presidente, anticipando desvíos antes de que el daño sea irreversible. ​

Un gobierno que quiere erradicar la cultura de la corrupción tiene que reducir al mínimo el contacto manual en los procesos y maximizar el uso de tecnología de información. Bases de datos integradas, flujos de trabajo digitales, validaciones en línea, firma electrónica y trazabilidad completa de cada trámite, disminuyen las oportunidades de “arreglos” personales. El diseño de una arquitectura de información alineada con el “nuevo Estado” debe ser una decisión política temprana, no un proyecto técnico postergable. ​

Cambiar la cultura de la corrupción internalizada exige un programa masivo de gerencia del cambio que eduque a funcionarios y ciudadanos en reglas, deberes y consecuencias. La gente no puede comportarse distinto si nunca se le explicó que dejar basura en la calle, trancar una calle o eludir una norma administrativa es parte del mismo ecosistema de irrespeto que sostiene la gran corrupción.

El “deber ser” es una oficina de alta jerarquía, con objetivos claros, midiendo resultados de campañas de información, formación ética y educación cívica continua. ​

Invitación al 19 de diciembre de 2025

Más que una consigna anticorrupción, se propone al país una arquitectura institucional y cultural donde el funcionario da cuenta, el ciudadano exige y la corrupción deja de ser “lo normal” para convertirse, otra vez, en lo inaceptable. ​

Noticias destacadas

• El Pitazo: María Corina Machado salió de Oslo, confirma su equipo político. Pedro Urruchurtu aseguró que la líder opositora se encuentra bien y que “durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación”.
• The New York Times: Armada venezolana escolta buques tras amenaza de bloqueo de Trump
• Bloomberg: Venezuela enfrenta posible cierre de pozos por saturación de depósitos y bloqueo de petroleros.
• La Patilla: Trump designó oficialmente al régimen de Maduro como organización terrorista extranjera (bueno… lo que faltaba… ahora sí ya no debería haber excusas… la gente está cansada y descreída…).
• The New York Times: Armada venezolana escolta buques tras amenaza de bloqueo de Trump. Se dice que el gobierno venezolano ordenó la escolta, según dos personas familiarizadas con el asunto. No quedó claro de inmediato si los buques estaban sujetos a sanciones estadounidenses.
• Transparencia Venezuela/Monitoreamos. Contrabando petrolero: 23 buques sancionados o furtivos visitaron Venezuela en noviembre.
• Tal Cual (análisis): Buques fantasma y sancionados: pilares del negocio petrolero de Maduro en jaque por Trump.
• El Nacional: Rusia expresa “profunda preocupación” ante las declaraciones beligerantes de Estados Unidos sobre Venezuela (si no fuera tan dramático, hasta sería gracioso que los rusos digan eso… deberían mirarse al espejo de lo que ellos están haciendo en Europa).
• El Pitazo: Politólogo Nicmer Evans está detenido en El Helicoide: su esposa exige saber qué delitos le imputan (la” revolución” sigue comiéndose a sus hijos).
• EFE: Trump abre su discurso a la nación atacando a los migrantes y al sistema político anterior. El Nacional: Sin referencias a Venezuela, Trump hace balance de gobierno y celebra el “renacer” de Estados Unidos. AP: Trump anuncia bono de 1.776 dólares para tropas estadounidenses; afirma que la economía se fortalece.

Lo que no fue noticia (y debería serlo)   

• Que el auge de nuevas franquicias y marcas estadounidenses en Caracas y otras ciudades muestra un aumento visible del consumismo en ciertos estratos, en abierto contraste con el relato oficial de modelo “socialista” y antiimperialista. La presencia de estas marcas revela un país partido: una minoría dolarizada que puede pagar precios internacionales y una mayoría que solo mira desde afuera ese nuevo mapa de consumo. ​​ Esta “normalización” comercial corre el riesgo de ser leída como recuperación general, cuando en realidad consolida un mercado de nicho y una narrativa de bienestar que no refleja la experiencia cotidiana del ciudadano promedio. Se trata de franquicias de legalidad sospechada… usan las marcas, pero no todas tienen los permisos… Y así comprometen la reputación de esas marcas.
• Ni que las reservas petroleras de Venezuela se mantienen entre las mayores del mundo, pero la producción sigue muy por debajo de su capacidad histórica; en gran parte por deterioro operativo y dependencia extrema del crudo… y en menor medida por las sanciones. Para el futuro inmediato, la combinación de nuevas sanciones a petroleros y amenazas de “bloqueo total” coloca a la economía en un callejón donde se prioriza salvar ingresos petroleros de corto plazo, mientras se posterga una diversificación real que beneficie a ciudadanos y empresas no petroleras.​ Esta asfixia externa e interna termina trasladándose a servicios públicos más precarios y a un tejido empresarial que opera sin crédito, con alta incertidumbre regulatoria y atado a los vaivenes del mercado energético global… y ni qué decir del 90% de la población que está en pobreza, y que el 67% está en la indigencia… Bien por la “revolución bonita”.
• O que mientras el gobierno habla de “bloqueo militar”, “submarinos nucleares” y “ataques inminentes” de Estados Unidos, buena parte de la población escucha con una mezcla de cansancio y escepticismo, tras años de anuncios de invasiones que nunca llegaron. Analistas señalan que el régimen ha usado reiteradamente la narrativa de “amenaza imperial” para cohesionar a sus bases y justificar estados de excepción, lo que desgasta la credibilidad de cada nueva alerta de guerra.​ La verdadera noticia que casi no aparece en titulares es que una franja creciente de venezolanos ya procesa estos anuncios como ruido de fondo, similar al cuento del pastorcito mentiroso: cuando la amenaza pudiera ser más seria (despliegue aeronaval real, ataques a embarcaciones, designaciones terroristas), la reacción social se diluye entre la incredulidad y la apatía.
• Tampoco que el Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec destacan planes de mantenimiento, jornadas de atención y mejoras en subestaciones para “optimizar” el suministro a cientos de miles de usuarios. Sin embargo, la verdadera noticia no contada es cuánto pierden las pequeñas y medianas empresas por los cortes frecuentes, la inestabilidad de voltaje y la necesidad de depender de plantas y baterías para poder operar. Cada hora de apagón implica producción perdida, alimentos dañados, equipos quemados y más costos que se trasladan al consumidor en precios finales, erosionando aún más el poder de compra que las estadísticas oficiales de crecimiento no logran capturar.

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