En Venezuela, el salario mínimo es una burla. Según el Banco Central, el dólar oficial cotiza en 132 bolívares, mientras que el salario mínimo de un trabajador es de apenas 130 bolívares. Menos de un dólar al mes. Sí, leyó bien. Aunque algunos bonos intentan paliar la miseria, estos no se traducen en derechos laborales reales: no cubren vacaciones, prestaciones sociales ni garantías dignas. La consecuencia es clara: el venezolano promedio debe multiplicarse en dos, tres o más trabajos solo para sobrevivir, desgastando su salud física y mental en el intento. 

Pero si el panorama ya es desolador para todos, para las mujeres es una condena. A la precariedad laboral se suman las cargas invisibles del cuidado del hogar y la familia, el pink tax que encarece productos básicos —desde higiene menstrual hasta medicamentos— y un sistema de salud en ruinas. Y en medio de esta crisis, hay una negligencia que duele: la ausencia de la vacuna contra el VPH en el esquema público de salud. 

El cáncer de cuello uterino, prevenible en gran medida con la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), sigue cobrando vidas. En Venezuela, esta vacuna —que protege contra nueve cepas de alto riesgo— tiene un costo prohibitivo: alrededor de 220 dólares por dosis (y se requieren varias). Para una mujer que gana el salario mínimo, significaría trabajar 30 años sin gastar un solo bolívar solo para costearla. ¿Cómo puede un Estado que se jacta de su "protección social" ignorar esto? 

No es un problema de rechazo a las vacunas. Los venezolanos, por lo general, cumplen con los esquemas de inmunización infantil. Pero cuando se trata de la salud de las mujeres adultas, el gobierno las abandona. La negligencia es política: la falta de acceso a la vacuna contra el VPH condena a miles —especialmente a las más pobres— a un sufrimiento evitable. El cáncer de cuello uterino no es solo una enfermedad; es un síntoma de la desigualdad y el abandono institucional. 

Mientras el salario no alcance ni para un café y el sistema de salud siga colapsado, Venezuela no solo empobrece a su gente, la sentencia a muerte. Exigir vacunas accesibles, salarios dignos y políticas públicas con perspectiva de género no es un lujo: es un derecho. Y hoy, en este país, ambos brillan por su ausencia. 

Negar la vacuna contra el VPH a las mujeres pobres no es austeridad, es femicidio de Estado.