La economía venezolana siempre ha estado definida por la tensión entre la abundancia petrolera y la repartición de dinero paternalistamente, desde las oficinas del gobierno y los políticos hacia la población. Ha surgido una clase de captadores de renta desde el estado y ha opacado al resto de la sociedad. Mientras Estados Unidos construyó un sistema capitalista diversificado, anclado en la propiedad privada, el emprendimiento y las reglas de juego para todos los actores económicos, Venezuela optó por un modelo rentista en el que el Estado recibía la regalía de las empresas petroleras internacionales y el resto de la sociedad competía por obtener parte de la renta petrolera. El resultado ha sido un capitalismo frágil que ha oscilado entre auges y colapsos según vayan los precios del petróleo, dejando al país más pobre hoy que al inicio del siglo XX.
En Estados Unidos, el capitalismo maduró gracias a que los individuos eran los propietarios de las tierras y eso generó un dinamismo industrial, energético, una cultura emprendedora y la existencia de instituciones que hacían cumplir con los contratos y los mercados. El poder económico estuvo descentralizado y, aunque las desigualdades eran grandes, la movilidad social y la innovación fueron constantes y no se generaba resentimiento social. El territorio de EEUU era grande y cada vez que aparecía un monopolio, los ciudadanos se iban a conquistar nuevas tierras y a generar sus propias industrias.
Venezuela, en cambio, pasó directamente de una economía cafetalera de exportación a un sistema rentista petrolero de carácter estatal en la década de 1920. Las compañías extranjeras extraían, el Estado cobraba y los ciudadanos dependían de la redistribución. Cuando el petróleo era caro, los gobiernos expandían subsidios, empleo e importaciones; cuando colapsaba, llegaban las crisis. En lugar de promover una inversión privada diversificada en el sector petróleo, el Estado se convirtió en árbitro y jugador a la vez, borrando la frontera entre política y producción.
La nacionalización del petróleo en 1976 fue el punto culminante de este modelo: PDVSA se transformó en un Estado y el gobierno en una enorme máquina de distribución de rentas. La política industrial, la expansión del gasto social y el clientelismo quedaron atados al precio de un solo recurso.
La caída de los precios del petróleo en la década de 1980, seguida por las reformas fondomonetaristas que consistían en aumentar impuestos y endeudamiento soberano para preservar el estado rentista de 1989, reveló la fragilidad estructural del modelo venezolano. El “socialismo del siglo XXI” de Hugo Chávez profundizó el capitalismo estatal, las expropiaciones y la redistribución y desplazó más lejos la iniciativa del ciudadano como fuente de riqueza. Cuando los precios se desplomaron en 2014, el sistema implosionó: hiperinflación, desindustrialización y migración masiva.
Caracas debió haber sido un centro financiero comparable a Houston. Lo crucial que no se hizo y apenas se comienza a hacer desde el año 2024 es que la renta petrolera se produzca bajo concesiones a empresas privadas, otorgadas con reglas claras y no por discrecionalidad clientelar. El gobierno no ha hecho suficiente esfuerzo por definir unas reglas de concesión claras, ni las sanciones de EEUU permiten que se hagan concesiones rápidamente para reimpulsar a la economía nacional
Qué pasos se deben tomar hoy: El primer paso es que el gobierno exponga un plan claro y público de cómo se harán las concesiones de campos petroleros. La gobernanza petrolera requiere un regulador independiente quien debería supervisar licitaciones, regalías y acceso a la infraestructura intermedia, mientras PDVSA se reestructura. Todos los contratos y pagos deben hacerse públicos para recuperar la confianza de los inversionistas.
El segundo paso es que los tribunales respeten los derechos de propiedad y los contratos. Para ello los tribunales deben reformarse y el arbitraje internacional reconocerse. El Banco Central debe comprometerse con la estabilidad de precios, manteniendo la dolarización de facto hasta recuperar credibilidad.
EEUU debe definir una política exterior hacia Venezuela que no afecte al sector privado, como hasta ahora lo ha afectado con sanciones prolongadas, que más afectan al sector privado que al oficialismo, ya que impiden acceso a los mercados de capitales internacionales para invertir en el país ahora que hay más apertura petrolera y ganar mayor participación en el PIB. La apertura petrolera gracias a las sanciones de EEUU excluye a los venezolanos y estadounidense y la aprovechan China y Rusia entre otros.
En tercer lugar, una regla fiscal debe limitar cuánto dinero petrolero entra al presupuesto, suavizando auges y caídas. Para cimentar la legitimidad social, una parte de los rendimientos del fondo podría distribuirse directamente a los ciudadanos, siguiendo el modelo del Fondo Permanente de Alaska. Tales dividendos convierten al petróleo de herramienta política en patrimonio nacional defendido por todos.
Reduciendo el costo que el estado impone sobre la economía con impuestos, exceso de procedimientos y exceso de gastos clientelares, no hace falta endeudamientos con el FMI ni con otros organismos multilaterales para recuperar la economía del país.
X: @alejandrojsucre
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