El deterioro de la infraestructura de agua y saneamiento en Venezuela, la coloca en una  situación de inseguridad  hídrica, dentro  de  la emergencia  humanitaria compleja que vive por más de una década. 

Cuando se cierra el ciclo que va desde marzo del 2020 hasta agosto del 2025, la narrativa de Venezuela no puede escribirse sin mencionar el sonido de los grifos secos y el peso de los bidones cargados a cuestas. Lo que comenzó como una crisis de servicios públicos se ha consolidado, cinco años después, en una privación estructural que desafía cualquier noción de dignidad humana. Los datos de los diagnósticos comunitarios de HumVenezuela no son solo cifras; son la crónica de un país que, a pesar de poseer una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta, vive en una sequía inducida por el colapso sistémico en su infraestructura de abastecimiento de agua y saneamiento. 

Históricamente, Venezuela se enorgullecía de tener una red de acueductos que alcanzaba a la gran mayoría de los hogares. Sin embargo, los últimos cinco años han demostrado que estar "conectado" a la red no es sinónimo de tener agua. 

En 2020, al inicio de la pandemia por Covid19, ya se advertía que cerca de 14,9 millones de  personas  sufrían restricciones  severas.  Para agosto  de  2025, la situación se ha transformado en una "normalización" de la precariedad. Los reportes indican que, aunque la cobertura formal de la red se mantiene, la interrupción severa es la norma: estados como Falcón, Zulia y Nueva Esparta entre otros, han registrado periodos donde el agua llega una vez cada dos meses, o simplemente nunca llega a pesar de existir la red de tuberías. 

El análisis de los datos de HumVenezuela, muestra una tendencia alarmante, tal como se muestra en el gráfico. En 2020, el 62.7% de la población presentaba deficiencias en el acceso a servicios de agua y saneamiento. Cinco años después, tras un pico devastador en 2024 del 86.6%, la cifra se ha estancado en un 84.1%. 

Esto significa que, para agosto del 2025, 8 de cada 10 venezolanos no solo luchan por conseguir agua, sino que viven en entornos donde la gestión de aguas servidas y los drenajes han fallado, convirtiendo el hogar en un espacio de riesgo biológico permanente. 

Si observamos la serie histórica, el año 2023 actúa como un epicentro. El salto de más de 13 puntos porcentuales en la deficiencia sanitaria marca el momento en que las plantas de tratamiento y las redes de cloacas simplemente se rindieron ante la falta de  inversión.  Vivir en  Venezuela  hoy implica  la  paradoja cruel  de  estar conectado a tuberías que solo transportan aire o agua contaminada, mientras las calles se inundan de aguas servidas. 

Para mediados de 2025, el 47,8 % de la población conectada a la red de acueducto experimento interrupciones severas de acceso a agua. Uno de los puntos más críticos que han revelado los diagnósticos comunitarios hasta 2025 es el deterioro de la calidad. No solo es que el agua no llega, sino que cuando lo hace, es una amenaza. La falta de inversión en plantas de potabilización y la desinfección ineficaz han obligado a las familias a un gasto adicional insostenible: el 40% de los hogares debe recurrir a la compra de botellones, mientras que los sectores más vulnerables terminan recolectando agua de fuentes no seguras tales como manantiales, ríos, abriendo la ventana a posibles enfermedades de origen hídrico. 

La crisis del agua ha permeado todas las capas de la vida venezolana. En los últimos cinco años, las escuelas funcionan a media jornada o cierran días enteros por falta de agua en los baños. Para agosto de 2025, los hospitales siguen operando bajo un esquema de "traiga su propia agua", lo que imposibilita protocolos básicos de  higiene y esterilización.  La  inseguridad hídrica  ha  forzado a millones  de venezolanos a reducir la ingesta de líquidos o a cocinar con agua de dudosa procedencia. 

Llegamos a 2026 con una realidad ineludible: la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela no ha cesado; se ha vuelto parte de la cotidianidad. Los diagnósticos de HumVenezuela ente 2020 y 2025 muestran en parte, que el país sufre de un colapso en su sistema de agua potable y saneamiento. La solución no puede ser cosmética. Basándonos en la severidad de los datos de HumVenezuela, la hoja de ruta debe ser técnica y urgente en cuanto a considerar: 

a.         Descentralización Real: Devolver la gestión del agua a empresas regionales y municipales autónomas, alejándolas del manejo centralizado que ha demostrado su ineficiencia. 

b.         Inversión en la infraestructura: No basta con arreglar tuberías; es urgente rehabilitar las plantas potabilizadoras y las de tratamiento de aguas servidas para frenar la contaminación de ríos y costas, que hoy son focos de enfermedades. 

Finalmente, restaurar el acceso al agua no es solo una tarea de ingeniería, es un imperativo de derechos humanos. Mientras el acceso al agua potable dependa del bolsillo de cada ciudadano y no de un sistema público eficiente, Venezuela seguirá siendo un país donde la vida misma está en riesgo. 

Presidente de la Fundación Agua Sin Fronteras/Venezuela.